26 de agosto de 2026
RADARES
Radares bajo la lupa: el expediente que busca correr el velo del negocio de las fotomultas y su impacto en Mar del Plata
Un proyecto de solicitud de informes presentado por Diego Garciarena en la Cámara de Diputados bonaerense apunta contra presuntas irregularidades en los controles de velocidad en Mar Chiquita, la empresa privada detrás de la recaudación y la eventual invalidez de las multas. Las alertas encendidas en General Pueyrredon por la circulación en la Ruta 2, la jurisdicción y la sombra sobre la licitación del sistema local.
El control de velocidad en los accesos y rutas de la Costa Atlántica volvió a quedar en el ojo de la tormenta política y jurídica. Un voluminoso proyecto de solicitud de informes ingresado a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, firmado por el presidente del bloque UCR , Diego Garciarena, pone la lupa sobre el funcionamiento del sistema de fotomultas en el partido vecino de Mar Chiquita. Sin embargo, la onda expansiva del documento cruza en forma directa los límites municipales e impacta de lleno en Mar del Plata.
El detonante fue un registro audiovisual viralizado el pasado 21 de agosto de 2026, donde se observa un operativo móvil de control de velocidad sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura del kilómetro 386, en las inmediaciones del ingreso a Santa Clara del Mar. Allí, según la denuncia, la cartelera preventiva que anunciaba la presencia del cinemómetro estaba colocada a apenas 50 metros del equipo, infringiendo de manera flagrante el artículo 28 bis de la Ley Provincial Nº 13.927, que exige una señalización clara con una antelación mínima de 500 metros en zonas con límites reducidos.
Pero el reclamo legislativo no se agota en la distancia de un cartel. El expediente penetra en el entramado económico y contractual entre los municipios y los operadores privados, dejando al descubierto una serie de grises institucionales que salpican al tránsito marplatense.
El proyecto reconstruye la trama administrativa que comenzó con la Licitación Pública Nº 019/21 en Mar Chiquita, destinada a la "Gestión de Ingresos por Fotomultas" y adjudicada a la firma Publi-Vial S.R.L. mediante el Decreto Municipal Nº 299/2022. La empresa se quedó con la concesión bajo un esquema de remuneración fijado en el 20% de los ingresos generados por las actas de infracción.
A través de 31 puntos de indagatoria dirigidos al Poder Ejecutivo bonaerense, la Cámara de Diputados exige saber el reparto de la caja, cuál es el esquema exacto de distribución de los fondos cobrados por multas entre la Provincia, el Municipio y las firmas privadas; la delegación de facultades públicas, si personal privado participó activamente en la captura de imágenes, la confección de actas, la identificación de dominios o la gestión de cobro, tareas que la Ley 13.927 reserva con carácter de indelegable a funcionarios públicos; la diversificación de negocios, se solicita información sobre la participación de la misma empresa (Jet Publicidad S.R.L.) en otros expedientes municipales vinculados al cobro de tasas, espacio público, antenas y catastro.
Aunque las actuaciones hacen foco en la jurisdicción de Marchiquita, el impacto para el municipio de General Pueyrredon y la comunidad de Mar del Plata es inmediato y multidimensional. El kilómetro 386 de la Ruta 2 es un punto neurálgico del tránsito diario entre Mar del Plata, Mar de Cobo, Santa Clara del Mar y las localidades de la costa norte. De comprobarse la nulidad de los operativos por falta de señalización reglamentaria, se abre la puerta a un aluvión de reclamos administrativos y judiciales por actas labradas de manera irregular.
Las acciones de constatación y fiscalización vial son potestades exclusivas e indelegables del Estado. El pedido de informes busca determinar hasta qué punto las empresas privadas operan los softwares, manipulan los registros o interfieren en el juzgamiento de las faltas. Este ojo crítico sobre las "zonas grises" de los convenios de fotomultas salpica el modelo operativo que rige en las calles y avenidas marplatenses, reavivando las sospechas sobre el rol de las empresas adscritas a los convenios tecnológicos.
El proyecto de Garciarena exige al Gobierno provincial que detalle los montos totales recaudados entre 2022 y 2026, las transferencias giradas a las empresas concesionarias y los antecedentes societarios evaluados al momento de habilitar a los proveedores.
En los pasillos del Palacio Municipal de Mar del Plata y en la Legislatura provincial, el expediente es leído como un tiro de elevación para reordenar un mercado lucrativo. Con la seguridad vial en el centro del debate, la discusión ya no es si se debe controlar la velocidad, sino quién se queda con el negocio y bajo qué reglas de juego se mide a los automovilistas en los accesos a la ciudad.