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Lo que la semana nos dejó
Otra nueva metodología para el pliego de colectivos, la sexta sesión ordinaria del Concejo, las tensiones en el “Modelo Mar del Plata”, entre lo más importante de la semana de la mano de La Tecla.
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Pliego de transporte: “nueva” metodología, críticas y una salida que llamó la atención
El pliego para la licitación del transporte público volvió a quedar en el centro de la escena este lunes en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante. El expediente, que ya había generado cuestionamientos de distintos sectores, sumó nuevas modificaciones planteadas por Unión por la Patria y terminó con una “nueva” metodología de trabajo propuesta por el oficialismo para intentar avanzar hacia un despacho.
Durante la reunión, el edil de Unión por la Patria Pablo Obeid señaló que su bloque presentó una nota con “cuatro aspectos sobre los cuales nosotros creemos que hay que incorporar o modificar”.
Uno de los planteos está vinculado con la flota. Mientras el pliego establece que el 20% de las unidades debe renovarse, desde la oposición propusieron elevar ese porcentaje al 40%. Además, cuestionaron que no se establezca una pauta concreta para la renovación total y plantearon que cada cinco años “el total de la flota debe llegar a 0 km respecto a la fecha de inicio de la concesión”.
El segundo punto está relacionado con los combustibles. Según explicó Obeid, el texto contempla únicamente el uso de gasoil, por lo que reclamaron que también se incorporen alternativas como GNC y unidades eléctricas.
La georreferenciación fue otro de los aspectos señalados. Desde Unión por la Patria plantearon que debe “quedar expresamente escrito la obligación de la empresa de brindar los datos abiertos”, de manera que los usuarios puedan conocer “en tiempo real la ubicación y la circulación del total de las unidades”, además de incorporar una aclaración respecto de las unidades accesibles.
El cuarto planteo apunta a crear un ámbito tripartito entre la empresa, el Municipio y representantes de la sociedad civil. La propuesta es que ese espacio se reúna dos veces al año, cada seis meses, para evaluar las frecuencias y los recorridos.
En ese marco, Obeid también volvió a reclamar la presencia del Ejecutivo en la discusión. “Lo que seguimos reclamando y preguntar expresamente, ¿cuándo vamos a poder trabajar cara a cara con los funcionarios?”, planteó.
El reclamo por los funcionarios
El pedido de mayor presencia del Departamento Ejecutivo atravesó buena parte de la discusión. El edil de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Horacio Taccone, cuestionó la modalidad de intercambio y sostuvo: “Nosotros no vamos a hacer sugerencias, propuestas, pedidos”. En ese sentido, remarcó que “no tenemos dudas de que el método en un parlamento es parlar, debatir, conversar”.
El concejal fue más allá y sostuvo que “las preguntas por escrito sirven para que la gente no pueda tomar conocimiento” y consideró que “me parece no hacer nada de espalda a la gente”.
Taccone también recordó el tratamiento de otro expediente en la Comisión de Legislación, donde había concurrido el subsecretario de Gobierno Digital, José Luis Dranuta. Según señaló, el funcionario estuvo “8 o 10 minutos”, explicó el proyecto y desde su espacio terminaron acompañándolo pese a que inicialmente “no veíamos con buenos ojos” la iniciativa.
“Deberían estar sentados acá los funcionarios”, insistió Taccone. Luego, el edil volvió a cuestionar el expediente: “Nosotros creemos que el pliego es malo, y la metodología es malísima”.
El concejal kicillofista también puso el foco en la antigüedad de las unidades y en el consumo de combustible, y pidió que no se dilate la llegada de los funcionarios al Concejo.
La propuesta del oficialismo
Frente a los distintos planteos, el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, Guido García, señaló que las sugerencias de Unión por la Patria serían incorporadas para su análisis. También recordó que se trata del tercer pliego elaborado para abordar la concesión del servicio y que el actual proyecto recoge parte de experiencias anteriores.
“Es una nueva etapa, un nuevo momento, y eso amerita que podamos hacer el tratamiento serio y responsable, como lo venimos haciendo hasta ahora”, sostuvo Guido García.
El titular de la comisión propuso entonces generar una instancia de trabajo por fuera de la reunión ordinaria de Movilidad Urbana. La idea es que participen representantes de los distintos bloques y funcionarios o técnicos del Ejecutivo para analizar las modificaciones planteadas.
“La propuesta que le vamos a hacer es generar un espacio a partir del lunes próximo”, explicó García. La intención es que, durante las próximas tres semanas, se pueda “articular, sistematizar y analizar las modificaciones sugeridas por los bloques”.
Según explicó, las reuniones se realizarían después de la Comisión de Legislación y contarían con un representante de cada bloque, además de integrantes del Departamento Ejecutivo. Una vez consolidado el texto, la intención es que el expediente regrese a Movilidad Urbana para avanzar con su tratamiento definitivo.
“No sería una comisión especial, sería complementaria”, aclaró García. En esa línea, sostuvo que se trata de “ordenar” el trabajo y que “no hace falta un proyecto de ordenanza, falta voluntad de los miembros”.
La propuesta de García generó además una escena llamativa en el recinto. Mientras el presidente de la comisión explicaba la nueva metodología de trabajo, la edil de la UCR–Nuevos Aires, Vilma Baragiola, se mostró visiblemente molesta y decidió levantarse de su banca y retirarse del lugar. La salida de la concejal se produjo en medio de la discusión por el modo en que continuará el tratamiento del pliego y sumó tensión a una reunión que ya venía marcada por los cuestionamientos de la oposición.
Cruces y un pedido de “no dilatar”
La propuesta generó nuevas diferencias. El edil del PRO Marcelo Cardoso respaldó la metodología planteada por García y consideró que “deberíamos avanzar con una nueva etapa”.
Obeid, encambio, volvió a cuestionar el modo en que se viene desarrollando la discusión. “Si queremos que salga un pliego serio y prolijo, tenemos que ser al menos serios y prolijos en el tratamiento”, manifestó. Y lanzó una de las frases más fuertes de la jornada: “Me da la sensación que nos vienen corriendo el arco, y nos van entreteniendo como chicos”.
Taccone insistió en que la comisión es “el ámbito natural” para discutir el expediente y pidió que se cumpla con el compromiso de convocar a los funcionarios. “No va a ser necesario que vengas más de dos lunes”, señaló, al tiempo que reclamó “no seguir dilatando”.
El dirigente también advirtió que el proceso “no puede ser jamás de espalda a los vecinos” y pidió que las reuniones sean grabadas.
Desde Unión por la Patria, Obeid volvió a marcar diferencias con el camino elegido y sostuvo que “no es el rumbo”. También planteó que la mesa de trabajo debería ser instrumentada mediante un proyecto de ordenanza.
García respondió que la propuesta no busca crear una nueva comisión sino ordenar el trabajo y volvió a remarcar: “No estamos diciendo que no vengan los funcionarios, tienen que venir”.
En el mismo sentido, el edil de UxP Diego García reclamó definiciones concretas: “Cumplimos con todas las instancias. ¿Cuándo se van a sentar acá los funcionarios? Pongan una fecha”.
“¿No se entiende por qué los funcionarios del Municipio no pueden ser escuchados?”, cuestionó el peronista. Para luego lanzar: “¿Qué es lo que se quiere esconder?”.
La moción que no prosperó
El debate tuvo otro capítulo cuando Taccone, amparándose en el artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, planteó que era competencia de la comisión abordar el expediente y propuso una moción para que los funcionarios concurran el próximo lunes a explicar el proyecto.
La iniciativa no prosperó debido al rechazo de los bloques del oficialismo. En paralelo, quedó establecida la nueva metodología de trabajo para comenzar el lunes próximo, luego de la reunión de la Comisión de Legislación.
La discusión derivó además en un cruce reglamentario entre Guido García y la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, quien pidió precisar si lo planteado por el titular de Movilidad Urbana era efectivamente una moción.
Cuesta sostuvo que una iniciativa de esas características debía tramitarse mediante un proyecto de decreto y acusó a García de saltear los pasos reglamentarios. “Usted se está salteando todos los pasos”, cuestionó.
“Nosotros nos manejamos con el reglamento”, insistió la dirigente, quien también afirmó: “Lo que usted quiere hacer no existe por reglamento”.
García defendió la modalidad elegida y sostuvo que el trabajo se realizaría dentro del ámbito del Concejo.
Finalmente, Guido García precisó que el próximo lunes se buscará reunir a todos los bloques que quieran participar junto con representantes del Departamento Ejecutivo. El objetivo será trabajar sobre las modificaciones y, una vez consolidado el despacho, regresar con el expediente a la Comisión de Movilidad Urbana.
Así, el pliego volvió a quedar en comisión y abrió una nueva etapa de negociación. Mientras el oficialismo apuesta a sistematizar los cambios antes de avanzar, la oposición mantiene el reclamo para que los funcionarios se sienten en el Concejo y dé explicaciones cara a cara sobre el futuro del transporte público.
La desarticulación del oficialismo deja al desnudo sus grietas en el Concejo Deliberante
El portazo de la concejal Vilma Baragiola durante la última reunión de la Comisión de Movilidad Urbana no fue una reacción aislada. Fue, en rigor de verdad, la exteriorización pública de una caldera política que lleva semanas juntando presión en los pasillos del Palacio Municipal. La discusión por el pliego del transporte público de pasajeros dejó al descubierto la profunda crisis de convivencia que atraviesa el interbloque oficialista, una alianza que sobre el papel ostenta una mayoría de 14 bancas frente a las 10 de la oposición, pero que en la práctica camina a ciegas y sin hoja de ruta.
En las entrañas del oficialismo se admite en voz baja un dato demoledor: las reuniones de interbloque entre el PRO, la Coalición Cívica (CC), La Libertad Avanza (LLA) y la UCR + Nuevos Aires (UCR+NA) dejaron de existir. Aquellas mesas de conducción estratégica que hasta el año pasado servían para unificar posturas antes de exponerse en las comisiones son hoy un recuerdo lejano. Sin diálogo ni coordinación previa, la bancada mayoritaria opera por impulsos, obligando a sus propios aliados a enterarse de las jugadas en pleno debate parlamentario. "Hace falta política. Piensan que están en el interbloque del año pasado, pero está todo raro", deslizan desde los sectores desplazados del núcleo duro.
El intento de crear una mesa de trabajo por fuera del esquema ordinario para intentar encauzar el proyecto terminó por dinamitar la frágil cohesión interna. La maniobra no solo generó el rechazó opositor, sino que rozó la irregularidad técnica al ignorar el artículo 51 del Reglamento Interno del Cuerpo, el cual exige expresamente un decreto del Concejo para la creación de comisiones especiales o de asesoramiento.
Así, forzar un mecanismo sin respaldo reglamentario para eludir el cauce institucional expuso una peligrosa fragilidad estratégica y avivó las sospechas sobre la verdadera intencionalidad del oficialismo.
Tanto en la oposición como en las filas de los aliados más molestos cobra fuerza una hipótesis: la intención de la gestión municipal no es acelerar el expediente, sino embarrar la cancha para ganar tiempo. El rumor que circula en los pasillos sostiene que el núcleo duro busca congelar los plazos hasta conocer si Guillermo Montenegro, actualmente de licencia como intendente para ocupar su banca en el Senado bonaerense, decide regresar a la intendencia. La falta de una conducción de fondo alimenta la percepción de una estrategia que prefiere postergar el debate antes que asumir el costo de defender un proyecto cuestionado.
La matemática legislativa es implacable. La suma de 5 concejales del PRO, 1 de la Coalición Cívica, 4 de La Libertad Avanza y 4 de la UCR + Nuevos Aires da los 14 votos que sostienen el control del cuerpo. Sin embargo, perder acompañamiento deja a la gestión al borde de ceder la mayoría frente a los 10 votos de la oposición.
A esta hora, nadie se atreve a confirmar si la meta del núcleo duro es aprobar el proyecto, cajonearlo o usarlo como rehén para tensionar la cuerda política. Lo único certero en esta polvareda es que los puentes entre bloques están destruidos, los teléfonos arden fuera de micrófono y el tratamiento del pliego se transformó en un terreno minado donde cualquier jugada en falso puede dinamitar las pocas certezas que le quedan al mapa político local.
El municipio y la "salida" privada
En tiempos de “no hay plata”, el gobierno municipal convirtió una consigna en una herramienta de gestión: si el Estado local no alcanza para sostener por sí solo el ritmo de obras y servicios que demanda Mar del Plata, el privado aparece como socio. Esa es, desde hace años, una de las banderas del llamado “Modelo Mar del Plata” y, con Agustín Neme al frente del Ejecutivo, la articulación público-privada mantiene su lugar como uno de los principales caballitos de batalla de la administración.
La política tomó forma con Guillermo Montenegro desde 2019. Durante su primer mandato, la asociación entre ambas esferas comenzó a instalarse como una alternativa frente a las restricciones presupuestarias y, en el segundo, pasó a ocupar un lugar central en el discurso oficial. La llegada del interinato de Neme no modificó esa hoja de ruta. La consigna apareció en las conferencias de prensa del COM, en las redes de los funcionarios y en distintos proyectos elevados al Concejo Deliberante.
La explicación oficial tiene un componente económico difícil de ignorar. La percepción de tasas promedió el 51%, lejos del 71% de 2019 y en niveles comparables con los de la pandemia. A eso se sumó la caída del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que alimentó las críticas del Ejecutivo hacia la Provincia y las acusaciones de discriminación contra Axel Kicillof. En paralelo, el cierre de la obra pública impulsado por Javier Milei dejó al Municipio con menos margen para esperar inversiones estatales, justo cuando la iniciativa privada alcanzó nuevos récords de metros cuadrados aprobados.
Con ese escenario como telón de fondo, la “creatividad” se transformó en una palabra recurrente dentro del oficialismo. El primer estandarte fue el “padrinazgo de espacios públicos”, una iniciativa que Neme había presentado como concejal y que luego retomó el Ejecutivo. El mecanismo era sencillo: un privado podía poner en valor una plaza u otro espacio público a cambio de publicidad. La idea buscaba resolver necesidades de mantenimiento sin cargar todo el costo sobre las cuentas municipales y abrió una discusión que todavía atraviesa la gestión: hasta dónde puede avanzar el capital privado sobre bienes que tradicionalmente estuvieron bajo responsabilidad estatal.
La apuesta más ambiciosa llegó en 2025, con la concesión por 30 años, prorrogable por otros 10, de los estadios José María Minella, Polideportivo Islas Malvinas y espacios comunes del Parque de Deportes. La operación fue presentada como una oportunidad para recuperar infraestructura deteriorada, pero quedó “embarrada” por cuestionamientos vinculados a la falta de obras, un cambio societario y la judicialización de la concesión, con una causa que alcanza a Minella Stadium y al Municipio. El caso puso en tensión una de las premisas del modelo: que el privado pueda hacerse cargo de aquello que las arcas públicas no logran sostener.
Otro capítulo se abrió a comienzos de 2024 con la tercerización del estacionamiento medido. Bajo el argumento de modernizar el sistema, el Ejecutivo avanzó con una licitación y dejó en manos privadas la operación del servicio. La concesión quedó en manos de B0l Tech, empresa controlada por la familia Tabanelli, por nueve años. La misma lógica aparece, aunque de manera más solapada, en el Régimen de Incentivos a la Construcción, creado en 2021 para reactivar la obra privada tras la pandemia y prorrogado hasta 2027. Los desarrolladores reciben beneficios y excepciones urbanísticas para obras en la ciudad a cambio de “compensaciones urbanísticas”, aunque el esquema carece de un marco preciso.
Así, el “Modelo Mar del Plata” fue construyendo un mapa en el que el privado aparece como padrino de una plaza, concesionario de un estadio, operador de un sistema municipal, desarrollador beneficiado por excepciones urbanísticas o aliado para recuperar recursos. Son instrumentos distintos, pero responden a una misma premisa: hacer con recursos privados aquello que el Estado municipal asegura no poder afrontar solo. Desde el oficialismo sostienen que no se trata de una retirada del Estado, sino de multiplicar sus capacidades en un contexto de recursos escasos. La oposición, en cambio, cuestiona el “modus operandi” y advierte que detrás puede haber una definición política sobre qué tareas debe conservar el Municipio y cuáles está dispuesto a delegar. Incluso señala que determinados espacios pueden quedar sin mantenimiento para luego ser presentados como “elefantes blancos” que el Estado ya no puede sostener.
El debate ya no pasa por si hay plata para cumplir con las obligaciones municipales. La pregunta es cuánto de la gestión está dispuesto el Ejecutivo a compartir, delegar o entregar para conseguir resultados. Mientras Neme profundiza una estrategia que Montenegro convirtió en marca, el “caballito de batalla” del gobierno enfrenta una discusión: si la articulación público-privada es una salida frente a un Estado sin recursos, la consecuencia de un Estado que hace cada vez menos o si hay algo más atrás.
La política tomó forma con Guillermo Montenegro desde 2019. Durante su primer mandato, la asociación entre ambas esferas comenzó a instalarse como una alternativa frente a las restricciones presupuestarias y, en el segundo, pasó a ocupar un lugar central en el discurso oficial. La llegada del interinato de Neme no modificó esa hoja de ruta. La consigna apareció en las conferencias de prensa del COM, en las redes de los funcionarios y en distintos proyectos elevados al Concejo Deliberante.
La explicación oficial tiene un componente económico difícil de ignorar. La percepción de tasas promedió el 51%, lejos del 71% de 2019 y en niveles comparables con los de la pandemia. A eso se sumó la caída del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que alimentó las críticas del Ejecutivo hacia la Provincia y las acusaciones de discriminación contra Axel Kicillof. En paralelo, el cierre de la obra pública impulsado por Javier Milei dejó al Municipio con menos margen para esperar inversiones estatales, justo cuando la iniciativa privada alcanzó nuevos récords de metros cuadrados aprobados.
Con ese escenario como telón de fondo, la “creatividad” se transformó en una palabra recurrente dentro del oficialismo. El primer estandarte fue el “padrinazgo de espacios públicos”, una iniciativa que Neme había presentado como concejal y que luego retomó el Ejecutivo. El mecanismo era sencillo: un privado podía poner en valor una plaza u otro espacio público a cambio de publicidad. La idea buscaba resolver necesidades de mantenimiento sin cargar todo el costo sobre las cuentas municipales y abrió una discusión que todavía atraviesa la gestión: hasta dónde puede avanzar el capital privado sobre bienes que tradicionalmente estuvieron bajo responsabilidad estatal.
La apuesta más ambiciosa llegó en 2025, con la concesión por 30 años, prorrogable por otros 10, de los estadios José María Minella, Polideportivo Islas Malvinas y espacios comunes del Parque de Deportes. La operación fue presentada como una oportunidad para recuperar infraestructura deteriorada, pero quedó “embarrada” por cuestionamientos vinculados a la falta de obras, un cambio societario y la judicialización de la concesión, con una causa que alcanza a Minella Stadium y al Municipio. El caso puso en tensión una de las premisas del modelo: que el privado pueda hacerse cargo de aquello que las arcas públicas no logran sostener.
Otro capítulo se abrió a comienzos de 2024 con la tercerización del estacionamiento medido. Bajo el argumento de modernizar el sistema, el Ejecutivo avanzó con una licitación y dejó en manos privadas la operación del servicio. La concesión quedó en manos de B0l Tech, empresa controlada por la familia Tabanelli, por nueve años. La misma lógica aparece, aunque de manera más solapada, en el Régimen de Incentivos a la Construcción, creado en 2021 para reactivar la obra privada tras la pandemia y prorrogado hasta 2027. Los desarrolladores reciben beneficios y excepciones urbanísticas para obras en la ciudad a cambio de “compensaciones urbanísticas”, aunque el esquema carece de un marco preciso.
Así, el “Modelo Mar del Plata” fue construyendo un mapa en el que el privado aparece como padrino de una plaza, concesionario de un estadio, operador de un sistema municipal, desarrollador beneficiado por excepciones urbanísticas o aliado para recuperar recursos. Son instrumentos distintos, pero responden a una misma premisa: hacer con recursos privados aquello que el Estado municipal asegura no poder afrontar solo. Desde el oficialismo sostienen que no se trata de una retirada del Estado, sino de multiplicar sus capacidades en un contexto de recursos escasos. La oposición, en cambio, cuestiona el “modus operandi” y advierte que detrás puede haber una definición política sobre qué tareas debe conservar el Municipio y cuáles está dispuesto a delegar. Incluso señala que determinados espacios pueden quedar sin mantenimiento para luego ser presentados como “elefantes blancos” que el Estado ya no puede sostener.
El debate ya no pasa por si hay plata para cumplir con las obligaciones municipales. La pregunta es cuánto de la gestión está dispuesto el Ejecutivo a compartir, delegar o entregar para conseguir resultados. Mientras Neme profundiza una estrategia que Montenegro convirtió en marca, el “caballito de batalla” del gobierno enfrenta una discusión: si la articulación público-privada es una salida frente a un Estado sin recursos, la consecuencia de un Estado que hace cada vez menos o si hay algo más atrás.
La violencia en Mar del Plata llegó a la agenda nacional y expone la parálisis judicial
La crisis de seguridad que atraviesa Mar del Plata quebró definitivamente las fronteras locales para instalarse en la agenda nacional. En una reciente emisión de Infobae al Mediodía, la periodista Maru Duffard expuso la gravedad del escenario al relatar los episodios de extrema violencia que azotan a la ciudad. “Vamos a contarte ahora una historia que debe suceder en la ciudad de Mar del Plata. Es una historia de terror. Son 20 minutos de desesperación y de terror que sufre una familia entera a la que golpean físicamente, pero sobre todo psicológicamente”, describió la cronista al abordar una violenta entradera en el barrio San Carlos. El análisis televisivo no solo visibilizó la crudeza de los robos —graficados también con el despojo a mano armada de una camioneta Volkswagen Amarok a plena luz del día—, sino que apuntó directamente a las responsabilidades políticas e institucionales: “¿Quién es el intendente? Yo no sé si todos los días, pero por lo menos día por medio contamos un caso de una situación de inseguridad y de mucha violencia en Mar del Plata”.
De este modo, la mirada nacional puso bajo la lupa la conducción del municipio, hoy a cargo de Agustín Neme tras la licencia de Guillermo Montenegro para ocupar su banca en el Senado bonaerense. Duffard cuestionó con dureza el enfoque del Ejecutivo local y el contraste entre el relato oficialista y la realidad cotidiana: “Ayer, mientras robaban en San Carlos, había una manifestación en reclamo de seguridad en Mar del Plata y después hacen reels de mega show sacando trapitos de la calle. Me parece que si vamos a hablar de prioridades, evidentemente hay una cuestión que no están atacando, porque todo bien con el show de los reels y los videitos para difundir en Internet sacando a gente que duerme en la calle o corriendo a los cuidacoches, pero evidentemente hay un reclamo por seguridad que es un poquito más intenso”. Ese choque entre propaganda y delito violento quedó expuesto frente a las publicaciones del propio intendente interino, quien al exhibir los operativos municipales en redes sociales suele plasmar consignas como “NI TRAPITOS NI TRABAJADORES: DELINCUENTES DEL ESPACIO PÚBLICO. No les vamos a regalar un centímetro de la calle” o “QUE LES QUEDE CLARO A ESTOS PARÁSITOS: LA CALLE NO ES DE USTEDES. En Mar del Plata, el orden se respeta”.
Sin embargo, el despliegue publicitario comunal dista de ser el único foco de desgaste. La escalada delictiva dejó al descubierto una falla estructural mayor: el abandono y la falta de respuestas por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense, bajo el mando operativo del ministro Javier Alonso y la conducción política de Axel Kicillof, muestra una pasividad galopante para brindar prevención real en el distrito más poblado de la Costa Atlántica. El propio análisis en Infobae dejó flotando la duda de fondo sobre de quién es la falencia real: "No sé si es la Intendencia, si es la departamental de la Policía Bonaerense, pero evidentemente hay ahí un llamado de atención". Mientras la gestión bonaerense diluye responsabilidades operativas y escatima recursos o patrullajes efectivos en el territorio marplatense, los delincuentes ganan las calles de barrios históricamente tranquilos con un nivel de agresividad inusitado.
Frente a la desatención combinada del municipio y la Provincia, las reacciones ciudadanas se multiplican. La propia Duffard rescató el caso de Robos MDP, la aplicación desarrollada por un vecino marplatense que estructuró un mapa del delito ante el vacío estatal. Pero el descontento alcanzó su punto más alto en la masiva concentración realizada frente a los Tribunales en respaldo al comerciante Ulises Cristiano, imputado tras matar a un adolescente de 16 años en un intento de robo en el barrio Regional y a quien se le concedió el arresto domiciliario. Los manifestantes no solo expresaron su solidaridad con el comerciante, sino que apuntaron directamente a “la madre del borrego”: el rol del Poder Judicial frente al delito y la falta de respaldo de las fuerzas provinciales.
El reclamo popular dejó al descubierto que la sociedad identifica la raíz de la impunidad en la ineficacia de los jueces y la "puerta giratoria". La detención del menor de 16 años tras la entradera en San Carlos —quien se negó a declarar y ya registraba antecedentes en el Fuero Penal Juvenil— reavivó el debate sobre la reincidencia. Mientras los informes de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria advierten sobre una sobrepoblación carcelaria del 116% en la provincia, reflejo del colapso del sistema penitenciario bonaerense, los vecinos exigen respuestas judiciales concretas antes de que la violencia vuelva a cobrarse nuevas víctimas. En una ciudad acorralada donde ya no hay sensación de seguridad en ningún rincón, ni el marketing municipal ni el repliegue del gobierno provincial de Kicillof logran tapar el abismo entre la política, la parálisis judicial y la realidad social que la agenda nacional ya sacó a la luz.
El Municipio reordenó el Tribunal de Faltas y concentró las fotomultas en un solo juzgado
El gobierno interino de Agustín Neme decidió meter mano en el esquema de funcionamiento del Tribunal Municipal de Faltas y avanzar con una nueva distribución de competencias entre los cinco juzgados que actualmente funcionan en General Pueyrredon. El cambio tiene como principal novedad que todas las infracciones detectadas mediante cinemómetros fijos y controladores de semáforos quedarán bajo la órbita del Juzgado de Faltas N°3.
La modificación fue formalizada a través del Decreto 1661/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se produce después de que el Municipio completara las vacantes que durante los últimos años habían condicionado el funcionamiento del organismo. En los fundamentos, el Ejecutivo planteó que la nueva estructura busca mejorar la distribución de tareas y hacer más eficiente la respuesta de la Justicia Municipal de Faltas.
Detrás de la decisión aparece además un tema que viene ganando peso: el funcionamiento del sistema de fotomultas. La Provincia había solicitado precisiones respecto de la gestión de este tipo de infracciones y ahora el Ejecutivo local resolvió darle una competencia exclusiva a uno de los cinco juzgados.
Así, el Juzgado N°3, actualmente a cargo de Pedro López Martucci, será el encargado de tramitar, juzgar y eventualmente sancionar las infracciones de tránsito que sean detectadas mediante dispositivos electrónicos fijos. El universo incluye, entre otras, las actas generadas por excesos de velocidad y cruces de semáforos en rojo.
La decisión implica sacar esas actuaciones del esquema general de distribución de las faltas de tránsito. Hasta ahora, los expedientes vinculados al área eran repartidos entre los Juzgados N°1, N°2 y N°5 mediante un sistema de turnos semanales. Desde la entrada en vigencia del nuevo régimen, esos tres tribunales conservarán el tratamiento de las infracciones de Transporte y Tránsito, pero ya no intervendrán cuando el acta provenga de un cinemómetro fijo o de un controlador semafórico.
El movimiento administrativo ocurre, además, mientras se acerca una fecha que puede ser clave para el futuro del sistema. En diciembre vence el convenio celebrado entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de San Martín que permitió poner en funcionamiento el esquema de fotomultas en la ciudad. El acuerdo tiene una duración de cinco años y, hasta el momento, el Ejecutivo no comunicó si habrá continuidad.
La reforma no se limita a las infracciones captadas por cámaras. El decreto también vuelve a establecer una especialización para el Juzgado de Faltas N°4, que quedará dedicado exclusivamente a los expedientes relacionados con Defensa del Consumidor y los derechos de los usuarios.
Ese tribunal, conducido por Fernando Mumare, aplicará las sanciones correspondientes en el marco de la normativa nacional y provincial que regula la protección de los consumidores. A partir de la nueva organización, además, quedará fuera del reparto de las faltas municipales generales.
Para el resto de las materias que no correspondan ni a tránsito ni a Defensa del Consumidor, el Ejecutivo diseñó un esquema de rotación semanal entre los Juzgados N°1, N°2, N°3 y N°5. La Mesa General de Entradas tendrá un rol central en esa mecánica, ya que será la encargada de derivar cada nueva actuación al tribunal que corresponda.
El nuevo mapa se completa con los jueces que actualmente ocupan los cinco cargos. Franklin Llan de Rosos está al frente del Juzgado N°1; María Paula Hernández, del N°2; Martucci, del N°3; Mumare, del N°4; y Leandro Gabás, del N°5.
La reorganización se vuelve posible luego de que el Concejo Deliberante aprobara el año pasado los nombramientos destinados a cubrir tres de las vacantes existentes. Con la estructura completa, el Ejecutivo optó ahora por modificar la asignación de expedientes y avanzar hacia una división temática más precisa.
El decreto, sin embargo, establece un límite para evitar que la nueva estructura altere procesos que ya están en marcha. Las causas iniciadas antes de la publicación de la norma continuarán bajo las reglas de competencia que regían cuando fueron iniciadas, salvo que exista una disposición expresa que determine lo contrario.
También se contempló qué ocurrirá si aparecen disputas entre los juzgados respecto de quién debe intervenir en una determinada actuación. En esos casos será la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda la que deberá resolver los conflictos de competencia.
De esta manera, el Municipio busca cerrar una etapa de funcionamiento condicionado por vacantes y distribución de tareas y avanzar hacia un Tribunal de Faltas con áreas más definidas. En el centro de ese nuevo esquema quedan las fotomultas, que desde ahora tendrán un juzgado exclusivo y una estructura propia de tramitación, justo cuando el Ejecutivo debe definir qué hará con el sistema una vez que llegue a su fin el convenio que permitió ponerlo en marcha.
La modificación fue formalizada a través del Decreto 1661/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se produce después de que el Municipio completara las vacantes que durante los últimos años habían condicionado el funcionamiento del organismo. En los fundamentos, el Ejecutivo planteó que la nueva estructura busca mejorar la distribución de tareas y hacer más eficiente la respuesta de la Justicia Municipal de Faltas.
Detrás de la decisión aparece además un tema que viene ganando peso: el funcionamiento del sistema de fotomultas. La Provincia había solicitado precisiones respecto de la gestión de este tipo de infracciones y ahora el Ejecutivo local resolvió darle una competencia exclusiva a uno de los cinco juzgados.
Así, el Juzgado N°3, actualmente a cargo de Pedro López Martucci, será el encargado de tramitar, juzgar y eventualmente sancionar las infracciones de tránsito que sean detectadas mediante dispositivos electrónicos fijos. El universo incluye, entre otras, las actas generadas por excesos de velocidad y cruces de semáforos en rojo.
La decisión implica sacar esas actuaciones del esquema general de distribución de las faltas de tránsito. Hasta ahora, los expedientes vinculados al área eran repartidos entre los Juzgados N°1, N°2 y N°5 mediante un sistema de turnos semanales. Desde la entrada en vigencia del nuevo régimen, esos tres tribunales conservarán el tratamiento de las infracciones de Transporte y Tránsito, pero ya no intervendrán cuando el acta provenga de un cinemómetro fijo o de un controlador semafórico.
El movimiento administrativo ocurre, además, mientras se acerca una fecha que puede ser clave para el futuro del sistema. En diciembre vence el convenio celebrado entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de San Martín que permitió poner en funcionamiento el esquema de fotomultas en la ciudad. El acuerdo tiene una duración de cinco años y, hasta el momento, el Ejecutivo no comunicó si habrá continuidad.
La reforma no se limita a las infracciones captadas por cámaras. El decreto también vuelve a establecer una especialización para el Juzgado de Faltas N°4, que quedará dedicado exclusivamente a los expedientes relacionados con Defensa del Consumidor y los derechos de los usuarios.
Ese tribunal, conducido por Fernando Mumare, aplicará las sanciones correspondientes en el marco de la normativa nacional y provincial que regula la protección de los consumidores. A partir de la nueva organización, además, quedará fuera del reparto de las faltas municipales generales.
Para el resto de las materias que no correspondan ni a tránsito ni a Defensa del Consumidor, el Ejecutivo diseñó un esquema de rotación semanal entre los Juzgados N°1, N°2, N°3 y N°5. La Mesa General de Entradas tendrá un rol central en esa mecánica, ya que será la encargada de derivar cada nueva actuación al tribunal que corresponda.
El nuevo mapa se completa con los jueces que actualmente ocupan los cinco cargos. Franklin Llan de Rosos está al frente del Juzgado N°1; María Paula Hernández, del N°2; Martucci, del N°3; Mumare, del N°4; y Leandro Gabás, del N°5.
La reorganización se vuelve posible luego de que el Concejo Deliberante aprobara el año pasado los nombramientos destinados a cubrir tres de las vacantes existentes. Con la estructura completa, el Ejecutivo optó ahora por modificar la asignación de expedientes y avanzar hacia una división temática más precisa.
El decreto, sin embargo, establece un límite para evitar que la nueva estructura altere procesos que ya están en marcha. Las causas iniciadas antes de la publicación de la norma continuarán bajo las reglas de competencia que regían cuando fueron iniciadas, salvo que exista una disposición expresa que determine lo contrario.
También se contempló qué ocurrirá si aparecen disputas entre los juzgados respecto de quién debe intervenir en una determinada actuación. En esos casos será la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda la que deberá resolver los conflictos de competencia.
De esta manera, el Municipio busca cerrar una etapa de funcionamiento condicionado por vacantes y distribución de tareas y avanzar hacia un Tribunal de Faltas con áreas más definidas. En el centro de ese nuevo esquema quedan las fotomultas, que desde ahora tendrán un juzgado exclusivo y una estructura propia de tramitación, justo cuando el Ejecutivo debe definir qué hará con el sistema una vez que llegue a su fin el convenio que permitió ponerlo en marcha.
Tensión en el “Modelo Mar del Plata”: internas y una versión que vuelve a poner a Montenegro en escena
El denominado “Modelo Mar del Plata”, construido desde 2019 sobre la convivencia de distintos espacios políticos, podría estar atravesando una instancia de mayor tensión. A más de siete meses del inicio del interinato de Agustín Neme, las diferencias dentro del oficialismo comenzarían a hacerse más evidentes y, sobre ese escenario, la posibilidad de un eventual regreso de Guillermo Montenegro al Municipio empezaría a cobrar cada vez más fuerza en las conversaciones políticas.
El equilibrio interno se estructuraría alrededor de cuatro patas. Por un lado, el montenegrismo, que conservaría peso propio dentro del esquema. Por otro, el sector que responde a Neme y al presidente del PRO local, Emiliano Giri. A ellos se sumarían la UCR referenciada en el senador nacional Maximiliano Abad y La Libertad Avanza, con el diputado nacional Alejandro Carrancio como una de sus principales figuras.
La convivencia entre esos espacios habría permitido hasta ahora sostener la arquitectura política del oficialismo, pero el escenario comenzaría a cambiar. Los reproches cruzados por la marcha de la gestión ganarían espacio y, puertas adentro, crecería la discusión sobre quién conduce, quién decide y, sobre todo, quién termina pagando el costo político de los problemas que enfrenta el Municipio.
En ese marco, la eventual vuelta de Montenegro dejaría de ser apenas una versión de pasillo para convertirse en una hipótesis que distintos sectores comenzarían a mirar con mayor atención. No habría una decisión tomada ni un regreso anunciado, pero la posibilidad empezaría a pesar cada vez más sobre el tablero interno y a tensar el vínculo entre quienes hoy comparten el oficialismo.
Inseguridad, recursos y desgaste
El escenario se complicaría además por dos cuestiones que aparecen cada vez con mayor fuerza en la agenda local: la inseguridad y las restricciones presupuestarias.
Aunque la responsabilidad de la seguridad corresponde fundamentalmente a la Justicia, a la Provincia y a la Policía Bonaerense, y en última instancia al Municipio, pero el deterioro de la percepción ciudadana comenzaría a generar presión sobre el Ejecutivo local. A eso se sumarían reclamos vinculados con el estado de las calles, servicios y otras demandas cotidianas para las que la gestión contaría con recursos limitados.
En ese contexto, dentro del oficialismo comenzaría a crecer una preocupación: que el desgaste de la administración interina termine impactando sobre todo el espacio de cara a 2027.
De allí surgiría una advertencia que empieza a circular en la rosca política marplatense: “Gobierne quién gobierne, si sigue la interna pierden en el Municipio en el 2027”.
La frase sintetizaría uno de los principales temores del oficialismo. La eventual fragmentación del espacio podría dejar terreno fértil para que sectores opositores hoy dispersos encuentren puntos de encuentro y lleguen con mayores posibilidades al próximo turno electoral.
Montenegro, otra vez en las conversaciones
En paralelo, volvería a tomar fuerza una versión que hasta hace algunos meses parecía de difícil concreción: un eventual regreso de Montenegro al Palacio Municipal.
No existe, por ahora, una decisión confirmada ni una fecha para que eso ocurra. Pero la posibilidad comenzaría a circular con mayor intensidad entre dirigentes del oficialismo, en un contexto en el que la gestión de Neme enfrenta mayores niveles de presión.
La hipótesis tendría además un componente nacional. Según esa versión, un eventual retorno de Montenegro podría darse acompañado por cambios en el gabinete, respaldo político desde Nación y herramientas financieras destinadas a aliviar las cuentas municipales. Incluso se especularía con una mayor presencia de fuerzas federales para reforzar el combate contra el delito.
Todo permanece, por ahora, en el terreno de las versiones. Pero el hecho de que el escenario haya comenzado a discutirse revela que la continuidad del esquema actual ya no sería observada con la misma tranquilidad que algunos meses atrás.
Hay, además, una cuestión institucional que podría resultar determinante. Montenegro ocupa actualmente una banca en el Senado bonaerense, y para regresar al Ejecutivo debería resolver previamente esa situación. La eventual licencia de su banca tendría que ser tratada por la Legislatura provincial.
En principio, podría haber una sesión durante septiembre, aunque su realización dependería del avance parlamentario: deberían existir despachos de comisión y el tratamiento de los expedientes correspondientes en la Cámara de Diputados antes de que el tema pueda llegar al Senado. Es decir, tampoco allí habría todavía un camino despejado.
Mientras tanto, las diferencias dentro del propio PRO agregarían una capa adicional de complejidad. El oficialismo no tendría hoy una conducción monolítica. El espacio que responde a Montenegro convive con el sector de Neme y Giri, mientras que radicales y libertarios tienen intereses propios y peso territorial dentro de la alianza que sostiene al gobierno.
Esa convivencia, que fue una de las claves para construir el “Modelo Mar del Plata”, podría convertirse ahora en una de sus principales debilidades. Una definición que circula puertas adentro resume esa preocupación: “Un gobierno loteado corre riesgo de quebrarse”.
La expresión apunta a una tensión que excedería las diferencias personales. El problema sería político: si cada componente del Ejecutivo comienza a atribuirle al otro los costos de la gestión, el oficialismo podría terminar enfrentando hacia afuera una crisis que comenzó puertas adentro.
En ese sentido, algunos dirigentes observarían una situación llamativa: mientras los audios y mensajes internos se multiplicarían con reproches cruzados, la discusión por un eventual regreso de Montenegro comenzaría a ganar espacio en paralelo. La rosca, por ahora, parecería estar un paso por delante de las decisiones concretas.
La licencia que podría cambiar el tablero
Si finalmente Montenegro optara por abandonar su banca para retomar el Ejecutivo, también habría que definir quién ocuparía su lugar en la Cámara alta provincial. De acuerdo con el esquema electoral, asumiría María Luján Fiego, concejal tandilense de La Libertad Avanza, que había ocupado el cuarto lugar de aquella lista. Ese eventual movimiento agregaría otra pieza al complejo tablero político provincial y podría tener derivaciones dentro de la propia alianza oficialista.
Por ahora, no hay regreso anunciado, modificaciones de gabinete confirmadas ni una fecha definida. Pero sí existiría un dato político que empieza a ganar peso: la posibilidad de que el interinato deje de ser leído como una solución de transición y comience a ser evaluado en función de su costo electoral.
El “Modelo Mar del Plata” nació justamente de la capacidad de convivir entre sectores diferentes. El desafío, ahora, sería demostrar que esa convivencia puede sostenerse cuando llegan los problemas.
Porque si la discusión interna sigue creciendo mientras la gestión pierde margen de maniobra, la pregunta ya no sería solamente quién conduce el Municipio. Sería si el modelo que permitió construir una mayoría política puede sobrevivir a sus propias internas.
Pueblo Chapa y un nuevo problema para el Municipio: cambios de normativa, obras anticipadas y compensaciones sin reglas claras
El proyecto de Pueblo Chapa abrió un nuevo frente de discusión para el Municipio de General Pueyrredon. La impugnación presentada por el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur en 2025 cuestionó el avance del emprendimiento, los movimientos de suelo, la promoción inmobiliaria y la falta de un encuadre urbanístico específico. Un año después, la respuesta de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial dejó un dato no menor, bajo la normativa vigente, no corresponde otorgar la Convalidación Técnica Preliminar al proyecto.
Según el informe provincial, Pueblo Chapa abarca 107,22 hectáreas y contempla 580 lotes y 647 unidades funcionales, entre viviendas unifamiliares, multifamiliares y usos comerciales. Sin embargo, la Provincia advirtió que la zona donde se proyecta, identificada como Complementaria del Litoral Marítimo 1, mantiene un carácter rural y turístico-recreativo y no contempla usos urbanos o extraurbanos como los previstos para el barrio cerrado.
La situación deja al Municipio ante un problema. Un proyecto privado que avanzó en su planificación mientras el marco normativo necesario para habilitarlo no está consolidado. La propia Dirección Provincial señaló que cualquier adecuación deberá atravesar una modificación normativa, la intervención de los organismos competentes y la correspondiente convalidación provincial. Hasta entonces, la prefactibilidad no puede ser otorgada.
El caso también reabre la discusión sobre las obras anticipadas. El Observatorio había denunciado movimientos de suelo, apertura de calles y desmontes durante 2024, además de la promoción del desarrollo inmobiliario. La Provincia, por su parte, detectó en imágenes satelitales un grado inicial de avance y recordó que la Convalidación Técnica Preliminar no habilita la realización de obras ni la formalización de compromisos de venta.
Pero Pueblo Chapa suma otro problema para las arcas y la planificación municipal, las compensaciones urbanísticas. La Ley de Acceso Justo al Hábitat considera a este tipo de conjuntos inmobiliarios como grandes desarrollos y prevé la participación del Municipio en la valorización generada, con una contribución que no puede ser inferior al 10%. Sin embargo, General Pueyrredon todavía no cuenta con un régimen general que establezca criterios objetivos para calcular y cobrar esas contraprestaciones.
Pueblo Chapa puede terminar siendo así una nueva prueba para el sistema urbanístico de General Pueyrredon. No sólo por el futuro de un barrio cerrado en Chapadmalal, sino porque obliga al Municipio a responder una pregunta que se repite en distintos desarrollos ¿Primero se planifica la ciudad y se fijan las reglas, o primero avanza el proyecto privado y después el Estado busca la normativa, las compensaciones y los controles necesarios para encuadrarlo?
“No ven, no oyen, no hablan”: el Concejo volvió a ser escribanía y aprobó el cambio de uso de suelo para Plaza Rumencó
n la sexta sesión ordinaria pública del Honorable Concejo Deliberante, finalmente se aprobó el cambio de uso de suelo que permitirá avanzar con el proyecto del mega shopping Plaza Rumencó, aunque la medida cautelar que frenó las intervenciones materiales sobre el predio continúa vigente. El emprendimiento, proyectado sobre un terreno lindero al arroyo Corrientes, contempla además un estacionamiento subterráneo para 340 vehículos.
El aval del Concejo se dio sin debate y con los votos positivos del interbloque oficialista, integrado por el PRO, la UCR, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica. En tanto, el Frente Renovador y Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro optaron por abstenerse, mientras que Unión por la Patria fue el único bloque que votó en contra del expediente.
Durante el tratamiento, el concejal Ariel Bordaisco, del bloque UCR-Nuevos Aires, solicitó que se leyera expresamente el artículo 6° de la ordenanza, que sería incorporado al expediente. Por cuestiones de salud, pidió que la lectura estuviera a cargo de la Secretaría.
El artículo establece una contribución en concepto de compensación urbanística, en aplicación de los artículos 46 y 51 de la Ley Provincial N.º 14.449, destinada a financiar infraestructura de alumbrado público en la ampliación del sector de la avenida Jorge Newbery.
Uno de los cambios centrales incorporados antes de la votación estuvo relacionado con quién deberá afrontar esa compensación. La redacción establece que la obligación estará a cargo del titular registral de los inmuebles alcanzados por la ordenanza o de quien resulte adquirente o titular del dominio con posterioridad a su sanción, mientras subsista la obligación de compensar.
La modificación se produjo luego de que la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda respondiera a los pedidos de informes realizados durante el tratamiento del expediente y señalará que no existían impedimentos legales para avanzar con la modificación de la normativa urbanística.
En ese mismo informe, el área municipal había aclarado que la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 no impedía que el Concejo continuará con el procedimiento para modificar las normas urbanísticas aplicables al predio. Sin embargo, esa modificación no implica autorizar ni habilitar materialmente las obras, que continúan alcanzadas por la medida judicial y por la obligación de completar la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
La cautelar había sido dictada en abril, luego de las intervenciones realizadas en el terreno antes de que se completara el proceso de evaluación ambiental. El proyecto implicó el desmonte de una superficie que se encontraba densamente forestada y distintos movimientos de suelo, situación que derivó en reclamos y posteriormente en una disputa judicial.
El aporte previsto estará destinado a infraestructura de alumbrado público sobre la avenida Jorge Newbery, una obra que también tendrá impacto directo sobre el entorno donde se emplaza el propio emprendimiento.
Así, mientras el Concejo dio luz verde al cambio de uso de suelo, la aprobación no implica el levantamiento de la cautelar ni habilita por sí misma el inicio de las obras. Plaza Rumencó consiguió el aval urbanístico que necesitaba para avanzar administrativamente, pero todavía deberá atravesar las instancias ambientales y judiciales que mantienen frenadas las intervenciones materiales sobre el predio.
Control remoto, “datos truchos” y una banca caliente: el festival de chicanas que dejó la sesión del Concejo
La sexta sesión ordinaria pública del Concejo Deliberante tenía una agenda cargada de expedientes, pero terminó dejando un verdadero catálogo de chicanas políticas. Entre reclamos vecinales, discusiones por seguridad, cuestionamientos a la gestión municipal y pases de factura, el recinto volvió a mostrar que la convivencia entre oficialismo y oposición atraviesa uno de sus momentos más ásperos.
Bussetti y la “falsa representación” de los vecinos
Uno de los capítulos de la jornada llegó cuando Julián Bussetti puso bajo la lupa la denominada “Banca 25” y, especialmente, la representatividad de algunas instituciones que se presentan ante el Concejo para llevar sus reclamos.
El concejal del PRO fue directo contra quienes aseguran representar a decenas de entidades. “Viene una persona y dice ‘vengo a hablar en nombre de 40 instituciones’. Completamente mentira”, disparó.
Para Bussetti, el problema no está en que los vecinos reclamen, sino en que se utilicen representaciones que, según sostuvo, no existen formalmente. “Nuevo Golf no tiene personería, San Martín no tiene personería, Antártida no tiene personería, Marisol y seguimos dándole atribuciones a gente que realmente no representa a nadie”, enumeró.
Incluso aseguró que algunas instituciones son incorporadas en comunicados sin siquiera haber avalado esos planteos. “Lomas del Golf” fue uno de los ejemplos mencionados. “Hablemos con propiedad y de forma seria acá”, reclamó. La frase que terminó sintetizando su intervención fue contundente: “No vengan a robar ningún tipo de representación de la cual carecen”.
La respuesta no tardó en llegar. Diego García, desde Unión por la Patria, salió al cruce y apuntó directamente contra la actitud del oficialismo frente a los vecinos que habían pasado por el Concejo. “Hay que tener valentía para encarar la seguridad, la misma valentía que hay que tener para hablar de los vecinos después de que se van”, lanzó.
El concejal planteó que la presencia de los vecinos en el recinto era una oportunidad para responderles cara a cara y no una vez terminado el reclamo. “¿Qué oportunidad que nos perdemos? ¿Cuál es la primera vez que vienen los vecinos acá y después de una o dos horas se les responde? Hay que responderles en vivo, en el momento”, cuestionó.
El contrapunto dejó expuesta una discusión que atraviesa buena parte del debate político local ¿Quién escucha a los vecinos, quién los representa y, sobre todo, quién se hace cargo de responderles cuando las cámaras están encendidas?
Seguridad, el Minella y el pase de facturas por la gestión
La cuestión de la seguridad también funcionó como combustible para otro cruce entre oficialismo y oposición. Desde el sector ligado al gobernador Axel Kicillof plantearon cuestionamientos y reclamaron medidas concretas tanto al Ejecutivo como al Legislativo municipal.
Bussetti respondió apuntando contra la oposición y cuestionando que, desde que el PRO llegó al gobierno municipal, se haya encontrado con una negativa sistemática a sus proyectos. También defendió a la gestión actual frente a los cuestionamientos por el estado del Minella y el Parque de los Deportes. El argumento fue que buena parte de las condiciones actuales de esos espacios son consecuencia de administraciones anteriores.
La discusión terminó abandonando rápidamente el terreno de los expedientes para entrar de lleno en la pelea por quién heredó qué y quién debe hacerse cargo de los problemas de Mar del Plata.
“Concejales manejados a control remoto”
Fue entonces cuando apareció una de las frases que seguramente quedará entre las joyas de la jornada. Desde la oposición acusaron a buena parte del bloque PRO de ser “concejales manejados a control remoto”, en referencia a supuestas órdenes que llegarían desde fuera del recinto.
La chicana fue todavía más lejos ya que se mencionó a dirigentes que toman decisiones a través del celular y de personas que “viven en Recoleta” y manejan los hilos de la política local.
La respuesta de Bussetti no fue verbal. Se levantó de su banca y abandonó el recinto cuando comenzó la intervención opositora. El gesto fue leído por sus adversarios como una forma de ningunear el discurso opositor. Una postal bastante gráfica de cómo estaba el clima dentro del recinto.
Bordaisco, pálido, y otra chicana que no perdonó
Otro de los episodios que llamó la atención tuvo como protagonista involuntario a Ariel Bordaisco. Durante buena parte de la sesión, el concejal de UCR–Nuevos Aires se mostró visiblemente cansado y con signos de malestar.
La situación se hizo evidente cuando, durante el tratamiento del expediente relacionado con Plaza Rumencó, pidió que la Secretaría leyera el expediente por él.
La oposición tampoco dejó pasar la oportunidad. En medio de sus críticas aparecieron referencias a quienes tienen “preferencias nocturnas”. El comentario sumó otra capa a una sesión en la que prácticamente ninguna intervención quedó exenta de una respuesta política.
El Unzué: de la formación laboral a pedir que vuelva Montenegro
La cuestión previa que presentó el radicalismo sobre el Asilo Unzué parecía destinada a transitar por un terreno bastante más institucional. La propuesta apuntaba a recuperar el histórico edificio como espacio de formación laboral, luego de la visita de la ministra de Capital Humano de la Nación y del proyecto impulsado por Vilma Baragiola.
Pero el debate tomó un giro inesperado cuando Gustavo Pulti coincidió con la importancia de recuperar el espacio y aprovechó para poner sobre la mesa una cuestión mucho más incómoda. Pulti reclamó que el intendente en uso de licencia vuelva a ocupar el Ejecutivo municipal y se haga cargo de la situación de la ciudad.
El planteo generó rápidamente una respuesta desde el espacio de la cámpora. La postura fue que Montenegro no debería volver simplemente para solucionar los problemas actuales, sino hacerse responsable de los seis años de gestión que dejó atrás. Además dijeron que su llegada al Senado bonaerense habría funcionado como una salida anticipada antes de que los problemas de su administración terminaran de explotar.
Así, lo que había empezado hablando del Unzué terminó convirtiéndose en otro capítulo de la pelea por la herencia de Montenegro.
Bordaisco pidió bajar un cambio
Con la sesión ya cargada de cruces, Bordaisco pidió explícitamente al presidente del Concejo, Emiliano Recalt, que recuperara el sentido de la cuestión previa y ordenará el debate.
El radical cuestionó que mientras algunos hablaban de “miseria especulativa”, “recuperar la dignidad” y otros conceptos institucionales, el intercambio termina reducido a acusaciones personales. “Escuché hablar en varias alocuciones sobre miseria especulativa, de recuperar la dignidad, en el mismo momento que se hablaba de que alguien era manejado a control remoto o que alguien tenía preferencias nocturnas”, sostuvo.
Y para cerrar, apeló a una referencia política al recordar una entrevista de Carlos Menem con Mirtha Legrand para cuestionar a quienes hacen bandera de la transparencia y la honestidad, pero luego terminan haciendo exactamente lo contrario.
Una sesión a full con la rosca
La sexta sesión ordinaria dejó expedientes aprobados y discusiones legislativas, pero también una fotografía bastante más política del Concejo: vecinos cuya representación fue puesta en duda, concejales acusados de responder órdenes externas, cruces por seguridad, reproches por gestiones anteriores, chicanas personales, un pedido para que vuelva Montenegro y un concejal que directamente decidió abandonar un debate.
La Libertad Avanza salió a caminar Mar del Plata y empezó a “mover los melones” rumbo a 2027
Aunque todavía falta para las próximas elecciones ejecutivas y ni siquiera están definidas las “reglas de juego” bajo las cuales se desarrollará la disputa de 2027, la política marplatense parece haber empezado a acelerar. Algunos espacios comienzan a mostrar señales de movimiento y, entre ellos, La Libertad Avanza ya puso en marcha un despliegue territorial que empieza a dejar algunas lecturas hacia adelante. El esquema libertario que conduce en Mar del Plata el diputado nacional Alejandro Carrancio comenzó a recorrer distintos sectores de la ciudad.
La última muestra llegó de la mano de la senadora provincial Cecilia Martínez, una de las dirigentes de La Libertad Avanza que integra el armado político referenciado en Carrancio y que constantemente “patea los barrios”. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de una nueva recorrida por distintos puntos de Mar del Plata y dejó una definición que resume el sentido de la actividad.
“Solo se puede transformar lo que se conoce”, expresó Martínez. La legisladora señaló que durante la jornada recorrieron distintos sectores de la ciudad, conversaron con vecinos y conocieron el trabajo de quienes “todos los días aportan desde su lugar”.
“Cada recorrida nos permite entender mejor qué pasa, qué hace falta y dónde podemos acompañar”, sostuvo la senadora provincial. Y completó: “Conocer la ciudad es estar cerca. Y estar cerca es el primer paso para transformarla”.
El mensaje podría leerse, en principio, como una actividad territorial más. Sin embargo, se produce en un momento en el que los distintos espacios políticos comienzan, lentamente, a mirar el calendario que desemboca en 2027.
Todavía queda mucho camino por recorrer. La definición de las reglas electorales, la eventual configuración de alianzas y, fundamentalmente, la discusión por las candidaturas son capítulos que todavía no están cerrados. Pero eso no impide que algunos sectores comiencen a posicionarse.
En ese tablero, La Libertad Avanza parece haber decidido que el territorio también será parte de la construcción política que viene. La gente de Carrancio empezó a caminar la ciudad y, mientras el resto de las piezas todavía busca su lugar, el diputado nacional ya comenzó a “mover los melones” dentro del tablero marplatense.
Hacienda se consolida como el verdadero bastión del montenegrismo
La gestión interina de Agustín Neme al frente del Municipio atraviesa sus semanas más complejas. La creciente preocupación por la inseguridad en los barrios, sumada a la escasez de recursos para atender reclamos básicos de infraestructura urbana, comenzó a acelerar los tiempos políticos en General Pueyrredon. En los pasillos del Palacio Municipal crecen las versiones sobre un eventual desgaste del esquema interino que podría precipitar el regreso de Guillermo Montenegro desde su banca en el Senado bonaerense. Sin embargo, por debajo del ruido político y las especulaciones electorales, el engranaje administrativo del oficialismo no se detiene.
En ese tablero de equilibrios frágiles, la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, conducida por Mauro Martinelli —histórico brazo ejecutor y hombre de máxima confianza de Montenegro—, continúa consolidando su dominio sobre las áreas más sensibles del Estado municipal. La paradoja queda expuesta en el propio Boletín Oficial: mientras Neme administra el costo político del día a día, firma con su propia pluma las resoluciones que traspasan poder operativo a la cartera económica.
A través de los decretos 1683 y 1684, el Ejecutivo apela a las facultades otorgadas por la Ordenanza de Presupuesto 2026 (N° 26900) para reasignar partidas de personal sin incrementar el gasto salarial. El mecanismo implica desmantelar casilleros en dependencias descentralizadas para volcar esos recursos a Hacienda. De este modo, se dio de baja un cargo de Oficial Primero en el Juzgado de Faltas N° 3 para crear la Jefatura de División de Asistencia Técnica y Legal en la Dirección General de Contrataciones. En simultáneo, se eliminó un puesto de Supervisor en la División Notificaciones para dar de alta un cargo técnico en el Archivo General.
La maniobra excede el reordenamiento de legajos y expone una estrategia de preservación del poder duro. Al concentrar las estructuras encargadas de auditar los expedientes, resguardar la memoria documental y controlar el circuito de compras y licitaciones públicas, el montenegrinismo se asegura el manejo exclusivo de la caja comunal. Todo esto ocurre en momentos donde abundan los trascendidos sobre movimientos tácticos destinados a desgastar a la conducción interina.
Al encauzar estas modificaciones bajo el formato de concursos internos y sumar la veeduría del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), la conducción económica evita sobresaltos gremiales y mantiene la fachada de orden institucional. De esta manera, mientras el intendente interino asume la exposición pública en una coyuntura adversa, la central de decisiones que responde al intendente en licencia se fortalece silenciosamente para garantizar el control del Presupuesto, sea cual fuere el desenlace del escenario político local.
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