31 de agosto de 2026
CRISIS
Más de 73 mil familias de la región recurren al crédito para comprar alimentos
Un relevamiento sindical advierte que el 16% de los hogares de Mar del Plata y Batán atraviesa situaciones de grave morosidad por la brecha entre salarios y costo de vida. La central obrera exige recomposición de ingresos y regulación frente a tasas financieras abusivas.
El paulatino deterioro del poder adquisitivo y el incremento sostenido en el costo de los bienes esenciales han configurado un escenario crítico para la economía doméstica en el partido de General Pueyrredon. De acuerdo con un informe elaborado por la CGT Regional Mar del Plata - Batán, la imposibilidad de cubrir la canasta básica con los ingresos habituales obligó a miles de trabajadores a recurrir a diferentes vías de financiamiento no para la adquisición de bienes durables, sino para resolver consumos de primera necesidad como comida, medicamentos y servicios públicos.
La dimensión del fenómeno se refleja en los indicadores locales: más de 73.000 familias de la zona se encuentran actualmente en condición de morosidad, lo que representa una tasa cercana al 16% dentro del distrito. El endeudamiento se distribuye entre la banca tradicional, entidades financieras no bancarias, préstamos informales y, con creciente frecuencia, las plataformas y billeteras digitales. Sobre estas últimas, el análisis sindical pone foco en los elevados costos financieros totales, que en determinados instrumentos virtuales alcanzan tasas anuales de entre el 400% y el 500%, transformando la búsqueda de liquidez inmediata en una espiral de deuda compleja de revertir.
Este panorama local se inserta en una tendencia nacional que afecta a cerca de seis millones de personas en todo el país. La problemática muestra una incidencia particular en el sector público y en las fuerzas de seguridad, donde se registran niveles de incumplimiento crediticio de hasta el 29% en determinadas áreas del Estado, con trabajadores que acumulan más de tres meses de retraso en sus compromisos financieros.
Desde la conducción de la central sindical sostienen que el trasfondo de esta dinámica no responde a un déficit en la conducta de pago de las familias, sino al desfasaje estructural entre los haberes percibidos y los gastos fijos asociados al alquiler, transporte, educación y tarifas. En ese sentido, remarcan que el fenómeno trasciende la esfera estrictamente financiera para consolidarse como un problema socio-laboral que compromete la calidad de vida de los sectores asalariados.
Frente a este diagnóstico, la conducción regional de la CGT instó a la implementación urgente de políticas públicas orientadas a la recuperación del valor real del salario. Asimismo, remarcaron la necesidad de establecer mecanismos institucionales de protección ante el sobreendeudamiento familiar y garantizar marcos regulatorios que eviten abusos en las condiciones de concesión de créditos a los sectores vulnerables.