2 de septiembre de 2026
SEGURIDAD Y MILLONES
$3.696 millones para mantener las cámaras de seguridad de Mar del Plata
La empresa NEC Argentina fue adjudicada por $3.696 millones para mantener durante 24 meses las 1.383 cámaras municipales, los servidores, el software y buena parte de la red que sostiene el monitoreo urbano. El contrato llega mientras los delitos contra comercios y los robos de vehículos vuelven a mostrar cifras preocupantes. La pregunta que queda abierta es cuánto control tendrá el Estado sobre una infraestructura estratégica que concentra la videovigilancia de toda la ciudad.
El Municipio de General Pueyrredon resolvió adjudicar a NEC Argentina el mantenimiento integral del sistema de videovigilancia municipal por los próximos 24 meses, con una eventual prórroga de un año. La empresa presentó una oferta de $3.696 millones, inferior al presupuesto oficial de $3.960 millones obteniendo el máximo puntaje en la evaluación. El dato económico, sin embargo, es apenas una parte de una contratación que pone bajo la órbita de una empresa privada una infraestructura considerada estratégica para la seguridad de Mar del Plata y Batán.
El alcance del contrato va bastante más allá de “arreglar cámaras”. NEC deberá garantizar el funcionamiento de las 1.383 unidades existentes y de las que eventualmente se incorporen, intervenir sobre el equipamiento y el software de captura, transporte y almacenamiento de imágenes, mantener servidores y administrar el sistema Milestone. También tendrá a su cargo tareas sobre la red de fibra óptica municipal, que comprende unos 300 kilómetros con tecnología GPON y otros 150 kilómetros bajo una arquitectura de anillo, además de nodos inalámbricos y otros componentes de la red metropolitana. Es decir, durante dos años, la firma no sólo será responsable de que las cámaras funcionen, sino de buena parte de la infraestructura tecnológica que permite que esas imágenes lleguen al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
El pliego fija una disponibilidad mínima del 90% por cámara y admite hasta 36 horas mensuales sin servicio por dispositivo, mientras que los incidentes deberán ser solucionados en un máximo de 48 horas. Traducido al funcionamiento cotidiano, el contrato contempla que una cámara pueda permanecer fuera de servicio durante un día y medio al mes sin que eso implique, por sí solo, incumplir el estándar establecido. En un sistema que pretende funcionar como herramienta preventiva y probatoria frente al delito, el porcentaje puede parecer razonable en términos técnicos, pero también abre un interrogante ante cómo será su plan ante fallas simultáneas.
Así, detrás de los $3.696 millones no hay solamente 1.383 cámaras. Hay servidores, licencias, fibra óptica, nodos, información sensible y una dependencia tecnológica que se extenderá, como mínimo, durante los próximos dos años. El Municipio deberá demostrar que el desembolso se traduce en un sistema efectivamente operativo, auditable y útil para combatir el delito. Porque si la inseguridad sigue creciendo mientras las cámaras acumulan horas fuera de servicio, la millonaria inversión podría terminar siendo, más que una política de prevención, otro contrato caro para sostener una estructura que los vecinos ya financian y que todavía debe demostrar cuánto aporta realmente a su seguridad.