9 de septiembre de 2026
JUSTICIA
Régimen penal juvenil: apelaron el fallo que lo suspende y crecen los pedidos de jury
Desde el PRO, La Libertad Avanza y Hechos quieren avanzar con el juicio a la jueza Marta Pascual que suspendió por sesenta días al régimen que aprobó el Congreso. Un fiscal de menores apeló dicha decisión.
Sigue el revuelo por la suspensión por sesenta días del Régimen Penal Juvenil, normativa aprobada por el Congreso de la Nación que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Pese a que entró en vigencia el lunes, la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, ordenó suspender durante 60 días la aplicación de este sistema mediante la presentación de un habeas corpus.
La jueza puso el foco en las condiciones materiales e institucionales con las que cuenta el Estado bonaerense para implementar la nueva legislación. La superpoblación tanto en las cárceles como en los institutos de menores hacen que se complique la aplicación de la normativa que impulsó el gobierno de Javier Milei.
Luego de conocerse la decisión de la jueza Pascual, dirigentes cercanos al gobierno nacional y de otros sectores opositores a Axel Kicillof pusieron el grito en el cielo tanto contra la jueza como con el Gobernador. Desde La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, presidido por el diputado nacional Sebastián Pareja, fueron los primeros en pedir el juicio político contra la magistrada.
Al pedido libertario se le sumaron algunos bloques opositores en la Legislatura bonaerense. Por el lado del PRO, el senador Guillermo Montenegro, adelantó que presentará un pedido de jury contra la jueza. Entre sus argumentos, el intendente en uso de licencia de Mar del Plata, sostuvo que la jueza tuvo un acto de “gravedad institucional” y rechazó la cautelar que presentó: “Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. De los que tienen miedo, de los que fueron robados, de los que se encierran cuando cae la noche. El Estado tiene que estar del lado de ellos”.
“Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley. Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, de los vecinos que quieren vivir tranquilos y de los que cumplen la ley. Por eso vamos a pedir el jury”, aseguró el senador del PRO.
Por su parte, el diputado bonaerense por Hechos, Manuel Passaglia, también denunció a la jueza Pascual y presentó un pedido de juicio político en su contra. En esa línea, el exintendente expresó: “Hoy denuncié a la jueza Marta Pascual y presenté un pedido de jury en su contra. El Congreso votó la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal juvenil. A la jueza no le gusta y decidió frenarla en toda la Provincia de Buenos Aires”.
“No declaró la ley inconstitucional. Ni siquiera había terminado de resolver si era competente. Pero igual se arrogó el poder de dejarla sin efecto durante 60 días para 17 millones de bonaerenses. Esto no es independencia judicial. Es extralimitarse”, argumentó el legislador nicoleño.
Un fiscal de menores apeló el fallo que frenó el nuevo régimen penal juvenil
El titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Hernán Ceruti, cuestionó la resolución de la jueza Pascual, que había dispuesto suspender la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La decisión de la magistrada generó un nuevo capítulo en la disputa judicial en torno a la implementación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ahora, el fiscal Hernán Ceruti resolvió recurrir el fallo y pidió que la medida que dejó en suspenso el régimen sea revisada por una instancia superior.
Ceruti, al frente de una fiscalía especializada en materia penal juvenil, planteó sus objeciones contra la resolución dictada por la jueza Pascual, quien había ordenado interrumpir la aplicación del nuevo esquema en territorio bonaerense.
El planteo de la Fiscalía busca que la Cámara correspondiente analice los argumentos utilizados para suspender el régimen y determine si corresponde mantener la medida cautelar o permitir que continúe su implementación.