12 de septiembre de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Una semana atravesada por la pelea política, los cruces por la seguridad y una nueva pulseada entre Provincia y Municipio. Mientras Punta Mogotes volvió a quedar en manos de la Justicia tras la prórroga de las concesiones, la Bahía Bristol abrió otro frente entre el kicillofismo y la oposición. En paralelo, el Concejo avanzó con proyectos de altura y excepciones urbanísticas, las cuentas municipales quedaron bajo la lupa y los espacios políticos comenzaron a mover sus fichas con la mira puesta en 2027.
Giri cruzó a Pulti y lo acusó de jugar al “cuanto peor, mejor”
Con referencias a la Rusia revolucionaria y un mensaje cargado de ironía, el titular del PRO local apuntó contra el exintendente por sus críticas a la administración que encabeza Agustín Neme.Al señalar que detrás de sus denuncias hay una estrategia política para capitalizar los problemas de la ciudad.
La ofensiva de Gustavo Pulti contra la gestión municipal no pasa inadvertida en el oficialismo local. Las críticas del concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro sobre la inseguridad, el empleo y la situación de la industria local acumularon una nueva respuesta, esta vez desde la conducción del PRO marplatense.
El presidente del partido amarillo en Mar del Plata-Batán, Emiliano Giri, apuntó directamente contra el exintendente y actual edil, a quien acusó de hacer política bajo una lógica conocida: cuanto peor esté la ciudad, mejor para sus intereses.
Bajo el título “CUANTO PEOR, MEJOR”, Giri eligió un tono irónico para cuestionar a Pulti y hasta se remontó a los orígenes de la frase. “No es una frase de Lenin. Tampoco de Marx. Su origen nos lleva a la Rusia revolucionaria del siglo XIX y a Nikolai Chernyshevsky”, señaló.
Y, luego de esa introducción, puso nombre y apellido a su destinatario. “Casi 200 años después, la fórmula parece haber encontrado un inesperado discípulo en Mar del Plata: el Dolorense, estudiante tardío de filosofía y letras y ex intendente Mar del Plata Gustavito”, lanzó Giri, en una referencia directa a Pulti.
La crítica no aparece en el vacío. En las últimas semanas, el concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro viene cuestionando distintos aspectos de la administración municipal que encabeza interinamente Agustín Neme. La inseguridad, la situación del empleo y las dificultades de la industria local forman parte de los temas sobre los que el espacio referenciado en el exintendente viene elevando el tono.
Para Giri, sin embargo, esa seguidilla de cuestionamientos responde a una estrategia política. La lógica del “cuanto peor, mejor” supone que el deterioro de una situación puede convertirse en una oportunidad para aquellos actores que buscan obtener un beneficio político o electoral de ese escenario.
El mensaje del presidente del PRO apunta, precisamente, a colocar a Pulti dentro de esa categoría. No se trata solamente de una discusión sobre el diagnóstico de los problemas de Mar del Plata, sino sobre qué lugar ocupa la oposición frente a ellos: denunciar las falencias de la gestión o, según la acusación de Giri, alimentarlas políticamente.
Y Giri eligió hacerlo sin demasiados rodeos: con una vieja máxima política, una escala histórica y un apodo dirigido al exintendente para resumir su acusación. Para el presidente del PRO Mar del Plata-Batán, detrás de las críticas de Pulti habría algo más que preocupación por la seguridad, el empleo o la industria: una estrategia en la que, cuanto peor, mejor.
La conexión marplatense: los hilos locales de la red que habría movido $27 mil millones del lavado
La investigación habría comenzado con la captación de personas vulnerables para utilizar sus identidades en operaciones financieras provenientes de los casinos clandestinos. Mauro Perrotta, Ignacio Leonel Marchioni entre otros aparecerían en distintos eslabones de la presunta maniobra.
Una investigación judicial busca determinar cómo habría funcionado una presunta organización que habría movilizado más de $27.149 millones y cuyos fondos podrían estar vinculados, según la hipótesis de la pesquisa, principalmente con el juego online ilegal y los casinos clandestinos.
La causa habría permitido reconstruir, al menos de manera preliminar, una estructura con distintos niveles y funciones. El circuito comenzaría con la captación de personas en situación de vulnerabilidad, continuaría con la apertura de cuentas y billeteras virtuales a su nombre y terminaría, presuntamente, en un entramado financiero destinado a recibir, dispersar y transformar el dinero.
En el primer eslabón de esa cadena aparecería Albertina Mangini, señalada como la primera implicada en la maniobra investigada.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la funcionaria habría aprovechado su vínculo laboral con el Patronato de Liberados para captar a personas en situación de vulnerabilidad económica o bajo tutela judicial. A cambio de dinero, habría obtenido documentación, fotografías y datos biométricos que, posteriormente, habrían permitido abrir cuentas y billeteras virtuales a nombre de esas personas.
Así, quienes entregaban sus datos habrían quedado formalmente como titulares de las cuentas, aunque el control efectivo de teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves habría permanecido en manos de otros integrantes de la presunta estructura.
Esas cuentas habrían funcionado como una primera estación dentro del circuito. El dinero habría ingresado allí y, posteriormente, habría sido transferido hacia otros niveles de la organización, en una cadena que la Justicia intenta reconstruir. Y en ese recorrido aparecería la conexión con Mar del Plata.
La conexión marplatense
Uno de los nombres que surgiría en ese capítulo sería el de Mauro Perrotta, a quien la investigación ubicaría en un lugar central dentro del funcionamiento operativo de la presunta organización.
Su intervención habría comenzado una vez obtenidos los datos de las personas captadas y abiertas las cuentas a su nombre. Según la pesquisa, Perrotta habría tenido bajo su control teléfonos, dispositivos, correos electrónicos y accesos necesarios para administrar esas billeteras virtuales y ejecutar las operaciones.
Su papel, de acuerdo con esa reconstrucción, habría sido el de un nodo operativo entre el primer eslabón de la cadena y el tramo financiero posterior. Es decir, habría administrado las cuentas que recibían los fondos y habría realizado las transferencias necesarias para que el dinero continuara su recorrido.
La presencia de Perrotta en Mar del Plata también tendría un costado empresarial. El investigado estaría vinculado a la cadena de gimnasios Red Line, con actividad en la ciudad, aunque la hipótesis fiscal buscaría ubicarlo en un rol que iría mucho más allá de esa actividad.
Pero el recorrido de los fondos habría llevado la investigación hacia otro nombre: Ignacio Leonel Marchioni.
Marchioni aparecería, según la pesquisa, como una de las piezas centrales del denominado nivel financiero de la presunta estructura. Sobre una cuenta vinculada a él, los investigadores habrían detectado movimientos por más de $27.149 millones, con créditos superiores a los $13.574 millones y débitos por una cifra prácticamente idéntica.
La escasa diferencia entre los ingresos y los egresos habría despertado la atención de los investigadores, que analizarían si la cuenta habría funcionado como una suerte de canal de paso dentro de la maniobra. Un “pasamanos” de fondos que permitiría trasladar grandes sumas a través de múltiples operaciones.
Marchioni integraría así un escalón diferente al que habría ocupado Perrotta. Mientras el empresario marplatense habría quedado señalado en la administración y operación de las cuentas abiertas a nombre de terceros, Marchioni aparecería en el tramo financiero posterior, donde el dinero habría sido recibido, redistribuido y eventualmente transformado a través de distintas herramientas financieras.
Según la investigación Marchioni, Juan Ignacio Campoli Sillero y Cristian Alejandro Scigliano el grupo que habría conformado el tramo financiero de la presunta organización. La pesquisa habría detectado incluso transferencias directas por ejemplo a Marchioni, movimientos que formarían parte de la reconstrucción judicial sobre el recorrido del dinero.
De esta manera, la ciudad aparecería conectada con la causa a través de protagonistas que habrían ocupado lugares diferentes dentro de la presunta estructura.
Una causa que habría comenzado con la presunta captación de personas vulnerables y que ahora busca seguir el recorrido de millones de pesos a través de cuentas, billeteras virtuales y operaciones financieras.
En ese mapa, Mar del Plata también tendría sus propios nombres. Y, según la hipótesis de la investigación, Perrotta y Marchioni habrían aparecido en distintos puntos de una misma trama, con roles diferentes dentro de un circuito que la Justicia todavía intenta terminar de reconstruir.
Recalt apuntó contra la Justicia: “Todavía convivimos con el garantismo que libera chorros"
El presidente del Concejo Deliberante reaccionó tras la liberación de un adolescente de 15 años, aprehendido durante el fin de semana por robo y portación de un arma, en el marco de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. “La herramienta está, es hora que la justicia empiece a escuchar más y a fallar menos”, sostuvo.
La primera aplicación en Mar del Plata del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil ya generó una fuerte reacción política. Un adolescente de 15 años fue aprehendido durante el fin de semana en una causa por robo y portación de un arma, pero recuperó la libertad luego de que la Justicia rechazara el pedido de detención solicitado por la Fiscalía.
El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, había solicitado que el menor permaneciera detenido. Sin embargo, la jueza de Garantías Libertad Cordido rechazó el planteo al considerar que, por la calificación legal y la pena en expectativa, una eventual condena podría ser de ejecución condicional.
La resolución rápidamente llegó al ámbito político y tuvo como uno de sus principales críticos a Emiliano Recalt, presidente del Concejo Deliberante y referente de La Libertad Avanza en Mar del Plata.
El concejal puso el foco precisamente en el argumento utilizado por la magistrada para rechazar la detención. “Interesante el extracto. La jueza de garantías consideró que una eventual condena podría ser de ejecución condicional”, señaló Recalt.
A partir de allí, el titular del Concejo Deliberante endureció su cuestionamiento y apuntó directamente contra el funcionamiento de la Justicia. “Una vez más la justicia FALLANDO en todos los sentidos”, sostuvo.
La crítica de Recalt no quedó limitada a la resolución del caso. El dirigente libertario aprovechó el episodio para reivindicar el nuevo régimen impulsado por el gobierno de Javier Milei y cuestionar lo que considera una persistencia del garantismo en el sistema judicial.
“Después de lograr algo histórico gracias a la decisión de Javier Milei todavía convivimos con el garantismo que libera chorros”, subrayó.
En ese sentido, Recalt planteó que el problema ya no estaría en la falta de herramientas legales, sino en el criterio con el que son utilizadas por los magistrados. “La herramienta está, es hora que la justicia empiece a escuchar más y a FALLAR menos”, concluyó.
La primera aplicación del nuevo régimen penal juvenil, entonces, abrió en Mar del Plata un debate que rápidamente pasó del caso puntual a una discusión más amplia sobre seguridad, Justicia y el alcance efectivo de las nuevas herramientas para intervenir frente a delitos cometidos por adolescentes.
General Pueyrredon quedó séptimo entre los municipios con mayor déficit
El distrito quedó por detrás de La Plata, Moreno, Morón, José C. Paz, Vicente López y Quilmes en un ranking que reúne a las comunas con mayor resultado fiscal negativo en el 2025.
General Pueyrredon cerró 2025 dentro del top 10 de los municipios bonaerenses con mayor déficit y quedó ubicado en el séptimo lugar del ranking elaborado por el sitio menosimpuestos.com.ar. El distrito acumuló un rojo de $11.259 millones, según el relevamiento que analizó el resultado de las cuentas de 43 comunas de la Provincia.
El ranking es encabezado por La Plata, con un déficit de $45.082 millones, seguida por Moreno, con $21.495 millones, y Morón, con $14.923 millones. Más atrás aparecen José C. Paz ($13.002 millones), Vicente López ($12.631 millones) y Quilmes ($11.824 millones). En el séptimo puesto se encuentra General Pueyrredon.
De esta manera, el municipio marplatense quedó por encima de San Pedro, San Isidro y Olavarría, que completan el listado de las diez comunas con mayor resultado fiscal negativo durante el año pasado.
El informe forma parte del denominado “Semáforo de indicadores fiscales de municipios bonaerenses”, una herramienta que permite comparar el desempeño de las cuentas públicas locales y observar el nivel de equilibrio fiscal de distintos distritos.
En el caso de General Pueyrredon, los números de 2025 muestran ingresos totales por $365.381 millones, mientras que los gastos alcanzaron los $376.639 millones. La diferencia entre ambos conceptos determinó el resultado fiscal negativo de $11.259 millones que ubicó al distrito en el séptimo lugar del ranking.
El relevamiento también señala que la inversión representó el 2,40% de los ingresos durante el período analizado, mientras que el indicador correspondiente al peso de los gastos en personal sobre los ingresos figura sin datos.
El dato vuelve a poner bajo la lupa el estado de las cuentas municipales y el equilibrio entre los recursos que recauda la comuna y el nivel de gasto que afronta. En el mapa provincial, General Pueyrredon quedó así entre los diez distritos que terminaron el año con los mayores números en rojo.
Mientras La Plata concentra el mayor déficit del ranking, con un rojo superior a los $45.000 millones, el municipio conducido por la administración marplatense aparece en el séptimo escalón, con una diferencia negativa de $11.259 millones entre sus ingresos y gastos de 2025.
Plaza Colón: juegos nuevos, una polémica compensación y un arrepentido de la Causa Cuadernos
La intervención sobre el sector infantil se financia con fondos surgidos de una excepción edilicia aprobada para un desarrollo inmobiliario en Gascón al 1300, vinculado a Patricio Gerbi. La trama combina desarrollo inmobiliario, preservación patrimonial y una herramienta de financiamiento público cuyo funcionamiento todavía despierta cuestionamientos por la falta de reglas precisas.
La Plaza Colón tendrá un renovado espacio para los más chicos. Habrá nuevos juegos, piso antigolpes, luminarias, bancos, mesas y equipamiento urbano. Pero la obra tiene una segunda lectura, bastante menos amable. La compensación que permite financiarla está vinculada a una excepción urbanística y vuelve a poner en discusión la ausencia de un criterio general para establecer estas contraprestaciones. Y, además, tiene entre sus protagonistas a un empresario que declaró como arrepentido en una de las causas de corrupción más resonantes de la Argentina.
El interinato de Agustín Neme puso en marcha los trabajos en el sector infantil de la plaza, que incluyen el retiro del actual arenero, la colocación de un piso de caucho reciclado, la renovación de los juegos y la incorporación de nuevo mobiliario. De acuerdo con la información oficial, la intervención estará finalizada antes de fin de año y no requerirá cortes de tránsito. Hasta ahí, una obra pública más. El problema aparece cuando se sigue el recorrido de los recursos que la hacen posible.
La contraprestación está relacionada con una excepción otorgada para un emprendimiento inmobiliario ubicado en Gascón al 1300, entre Olavarría y Güemes. Allí se encuentran los chalets “Vaia Po” y “Félix Pachano”, ambos reconocidos como inmuebles de interés patrimonial.
El proyecto contempla conservar y poner en valor esas construcciones, pero también sumar un edificio de diez pisos, por encima de los parámetros urbanísticos establecidos para el sector. Entre los empresarios vinculados al expediente aparece Patricio Gerbi, relacionado con la firma Coarco. Y hay otro detalle que suma tensión al caso: la compensación no nació pensando en Plaza Colón.
En una primera instancia, la contraprestación tenía como destino las obras del programa “Prioridad Peatón” en el área céntrica, particularmente vinculadas con la puesta en valor de la Peatonal San Martín. Durante el tratamiento legislativo, sin embargo, se modificó el alcance del destino previsto y el texto aprobado terminó permitiendo que los recursos fueran utilizados en otras obras de infraestructura y mejoras del espacio público dentro del Partido de General Pueyrredon. El cambio abrió la puerta para que aquella compensación terminara, finalmente, en Plaza Colón.
Una compensación que cambia de destino
El recorrido resulta significativo porque muestra cómo funciona, en la práctica, un mecanismo que desde hace años genera discusión en el ámbito municipal.
Un privado obtiene una modificación de las condiciones urbanísticas que le permite desarrollar un proyecto de mayor escala. A cambio, realiza una contraprestación para la ciudad. El punto conflictivo aparece en los criterios que determinan cuánto debe aportar y qué destino tendrá ese recurso.
En el caso de Gascón, el beneficio urbanístico quedó asociado a la posibilidad de incorporar una construcción de diez pisos junto a dos inmuebles patrimoniales.
La contraprestación, en tanto, terminó convertida en una intervención sobre Plaza Colón.
El resultado puede ser beneficioso para los vecinos, pero el mecanismo deja una pregunta abierta: ¿qué parámetros utiliza el Municipio para establecer el valor de aquello que el desarrollador obtiene y cuánto debe devolver a cambio?
El régimen que nunca terminó de cerrarse
La discusión no es nueva. En 2021, el Concejo Deliberante aprobó las Ordenanzas 25.113, 25.114 y 25.115, vinculadas al denominado “Régimen de Incentivos a la Construcción”. Dentro de ese paquete se contempló la creación de una comisión especial destinada a elaborar una normativa específica para establecer un régimen de compensaciones urbanísticas.
La intención era terminar con la lógica de resolver cada contraprestación como un caso aislado y avanzar hacia criterios previsibles.
La discusión se encontraba además relacionada con la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que establece herramientas vinculadas con la recuperación de parte de las valorizaciones producidas por decisiones urbanísticas.
Pero el régimen general nunca terminó de consolidarse con el nivel de precisión que reclamaba el debate.
Así, los expedientes continúan avanzando y las compensaciones siguen apareciendo como parte de las negociaciones asociadas a determinadas excepciones.
El problema no es que una compensación termine financiando una plaza. El problema es que no siempre resulta sencillo reconstruir, con reglas generales y transparentes, cómo se llegó desde el beneficio inmobiliario hasta la contraprestación y luego hasta el destino final de esos recursos.
Cuando el patrimonio también entra en la ecuación
El proyecto de Gascón forma parte de una discusión más amplia sobre el desarrollo inmobiliario en sectores donde todavía sobreviven construcciones de valor patrimonial.
La fórmula se repite: preservar una casona o chalet protegido puede convertirse en parte del argumento para viabilizar un emprendimiento de mayor escala.
En este caso, los chalets “Vaia Po” y “Félix Pachano” quedan incorporados al proyecto y se plantea su conservación y refuncionalización. A la vez, se habilita una construcción de diez pisos que excede los parámetros originales.
La compensación aparece entonces como una pieza del equilibrio entre ambas cuestiones: el beneficio que recibe el privado y la contraprestación que obtiene la ciudad.
Pero cuando ese equilibrio no está definido por una metodología común para todos los desarrollos, el expediente adquiere un componente inevitablemente político. Quién obtiene el beneficio, cuánto representa y dónde termina la compensación pasan a ser preguntas que se responden caso por caso.
El nombre que viene de la Causa Cuadernos
A esa discusión local se suma el antecedente nacional de Patricio Gerbi. El empresario tomó notoriedad pública por su participación en la Causa Cuadernos, la investigación judicial originada en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno sobre un presunto circuito de pagos ilegales vinculado con funcionarios y empresarios durante los gobiernos kirchneristas.
En 2018, Gerbi declaró como imputado colaborador y reconoció haber realizado pagos ilegales vinculados con la renegociación de una concesión vial. Su versión fue que esos desembolsos se produjeron en un contexto de presiones y extorsiones.
Su declaración lo ubicó dentro del grupo de empresarios que buscaron acogerse a la figura del arrepentido para aportar información a la investigación y obtener beneficios procesales.
La historia judicial, sin embargo, no quedó definitivamente archivada.
En 2026, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de suspensión del juicio a prueba que contemplaba una reparación económica cercana a los $210 millones, la realización de tareas comunitarias en Mar del Plata y la aplicación de medidas de integridad corporativa.
Mientras ese capítulo continúa en los tribunales, el nombre de Gerbi aparece ahora asociado a otro expediente, esta vez estrictamente marplatense: un proyecto inmobiliario que obtuvo una excepción urbanística y cuya compensación terminó financiando una intervención sobre Plaza Colón.
Una plaza nueva, una vieja discusión
La renovación del espacio infantil difícilmente pueda ser cuestionada por su objetivo. Recuperar juegos, mejorar las condiciones de seguridad y renovar el equipamiento de una plaza de esa importancia representa una mejora concreta para la ciudad.
La compensación que permite financiar la obra nació de un beneficio urbanístico, inicialmente tenía otro destino y terminó aplicada a Plaza Colón dentro de un esquema que todavía carece de reglas generales suficientemente claras.
El caso vuelve a exponer una discusión que atraviesa al desarrollo inmobiliario marplatense: cuánto vale una excepción, cuánto debe retornar a la ciudad quien obtiene ese beneficio y quién decide dónde se materializa esa devolución.
En el medio aparece, además, un nombre que no pasa inadvertido: Patricio Gerbi, empresario vinculado al proyecto y conocido a nivel nacional por haber declarado como arrepentido en la Causa Cuadernos.
Plaza Colón tendrá nuevos juegos. La ciudad tendrá una obra más. Pero detrás de esa postal renovada queda pendiente una discusión bastante más incómoda: si las compensaciones urbanísticas van a seguir dependiendo de cada expediente y de las decisiones políticas de turno, o si finalmente se establecerá reglas claras para saber cuánto, cómo y dónde deben devolver a la ciudad quienes reciben una excepción para construir.
El oficialismo logró destrabar el proyecto de alturas en la comisión de Obras
Con la aprobación de un pedido de informes a la Secretaría de Obras y la abstención de bloques opositores, el expediente que amplía los beneficios a la construcción avanzó a Legislación, su último tramo antes de llegar al recinto.
Tras semanas de parálisis y luego de un fallido primer intento de tratamiento, la Comisión de Obras del Concejo Deliberante de General Pueyrredon dio este martes dictamen favorable al expediente 1474/26. La iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo, busca reformar el Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción extendiendo beneficios morfológicos a los distritos R2 y C2, característicos del macrocentro de Mar del Plata. Con el aval del bloque oficialista y el acompañamiento de una solicitud de informes técnicos planteada por la oposición, la norma fue derivada a la Comisión de Legislación, última instancia previa a su debate en el recinto.
El expediente había quedado frenado a fines de junio luego de que la propia Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano elevara una corrección por errores en la redacción del texto original. Esa enmienda redefinió las condiciones del artículo 4º del Anexo I de la Ordenanza 25.113. La modificación habilita soluciones tipológicas híbridas que combinan edificaciones entre medianeras o de semiperímetro libre hasta el plano límite del distrito con volúmenes superiores de perímetro libre o adosados, fijando retiros laterales mínimos de 3,15 y 4,15 metros.
Durante la reunión de este martes, el presidente de la comisión, Fernando Muro (PRO), explicó los alcances de la versión rectificada enviada por el Ejecutivo. El edil detalló que la meta central del proyecto es que las desarrolladoras puedan agotar la capacidad edilicia que concede el Factor de Ocupación Total (FOT) en distritos céntricos como R1, C1, C1A, R2 y C2. Para ello, la propuesta permite prescindir del plano límite —entendido como una restricción de altura estrictamente local—, al tiempo que mantiene el respeto por los indicadores urbanísticos de densidad y las previsiones de la Ley Provincial 89/12. En la misma línea, Marcelo Cardoso (PRO) destacó que la actualización no elimina parámetros ni habilita construcciones sin control, valorando además que el gobierno local haya remitido la versión corregida antes de avanzar con su sanción.
Pese a permitir el avance del expediente, la oposición planteó cuestionamientos sobre el impacto de la medida. Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), se advirtió sobre la falta de estudios previos respecto al impacto vertical en zonas que actualmente no albergan torres de altura. Asimismo, el bloque opositor criticó que la norma delegue la configuración edilicia en la propuesta particular de cada privado sin un criterio municipal previo, y sugirió evaluar si no debiera contemplarse un límite máximo de altura.
Frente a estas dudas, UP solicitó la elaboración de un informe técnico por parte de la Secretaría de Obras para determinar el alcance concreto del incremento de alturas. En sintonía con este planteo, los concejales del Frente Renovador y de AM-MDF solicitaron autorización para abstenerse en la votación hasta tanto dicho informe ingrese al cuerpo deliberativo.
Ante la conformidad del interbloque oficialista para habilitar el requerimiento opositor, la comisión aprobó la iniciativa bajo el compromiso de tramitar la consulta técnica de manera paralela. Con este dictamen, el plan oficialista para expandir los incentivos constructivos en el macrocentro supera su primer filtro legislativo, aunque su destino final en la Comisión de Legislación continuará supeditado a la información que aporte el área de Obras respecto al impacto edilicio y de servicios en la trama urbana.
El juez Isacch dio por terminada la tregua y se encamina a definir el conflicto de Punta Mogotes
Con la reanudación de los plazos procesales y la incorporación formal de las respuestas pendientes desde junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 cerró la instancia conciliatoria. Sin un acuerdo tras el vencimiento de la tregua de 72 horas, la causa por la medida cautelar que enfrenta a la Comuna con la Gobernación vuelve al carril litigioso y deja en manos del magistrado las decisiones inmediatas sobre la prórroga de las concesiones.
El margen para seguir negociando bajo el paraguas de la conciliación judicial llegó formalmente a su fin. A través de una resolución dictada en las últimas horas, el juez Simón Isacch, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata, ordenó la reanudación de los plazos procesales en el expediente que enfrenta a la Municipalidad de General Pueyrredon con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La medida ratifica el agotamiento de la tregua de 72 horas otorgada en la audiencia del pasado lunes 31 de agosto, sepultando la posibilidad de un escrito conjunto y devolviendo la discusión sobre la administración del predio a la dinámica estricta del tribunal.
El proveído firmado por el magistrado no solo descongela los tiempos del proceso, sino que dio por contestados los traslados que la representación provincial había presentado a fines de junio pero que habían quedado en pausa cuando el juez decidió abrir la mesa de conciliación. Con el levantamiento de ese freno de mano, el expediente recuperó su impulso formal y dejó habilitado al juez Isacch para expedirse en lo inmediato sobre la medida cautelar promovida por el Ejecutivo municipal, mediante la cual busca anular la prórroga de los contratos balnearios hasta 2027 dictada por el ente mixto.
Este movimiento del tablero ratifica el diagnóstico de estancamiento que admitían por lo bajo las terminales políticas de ambas jurisdicciones. Pese a que tanto en los despachos de la gobernación bonaerense como en el Palacio Municipal aseguran que el diálogo informal se mantendrá abierto —con la coincidencia teórica de garantizar la actividad durante la temporada 2026/2027 y proyectar una futura licitación compartida—, la imposibilidad de plasmar una propuesta técnica homogénea ante el juzgado forzó la reactivación del litigio. La vía de la mediación institucionalizada pierde así su centralidad para dar paso al cruce de escritos procesales y a las decisiones unilaterales del fuero contencioso.
El retorno a las reglas del combate judicial traslada la urgencia a la lapicera del magistrado. Isacch deberá resolver en primer lugar la cautelar que define el marco de seguridad jurídica para los 24 balnearios a las puertas del verano, mientras de fondo persiste el reclamo comunal por la cancelación de la deuda histórica y el traspaso definitivo del complejo. Tras más de dos meses de audiencias en pausa y treguas acotadas, la disputa por la hegemonía y la gestión de la franja costera marplatense vuelve a quedar sujeta al ritmo del código procesal, a la espera de un pronunciamiento judicial que ordene lo que la política no logró acordar.
La concesión del Minella suma problemas: denuncias, reclamos millonarios y la Justicia en escena
Minella Stadium enfrenta dos expedientes por más de $54 millones, mientras atraviesa un cambio societario. Una empresa gráfica reclama casi $30 millones y presentó una denuncia por presunta estafa e insolvencia fraudulenta. A su vez, un exvigilador inició una demanda laboral por otros $25 millones.
La concesión del Estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas atraviesa un momento particularmente delicado. A la investigación penal que busca determinar si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación se le suma ahora una doble disputa judicial contra Minella Stadium, en un contexto atravesado además por un cambio en la composición societaria de la firma.
El escenario suma así distintas capas de incertidumbre alrededor de una concesión que desde su puesta en marcha quedó asociada a una fuerte expectativa por la recuperación y explotación de uno de los principales polos deportivos de Mar del Plata.
Ahora, una empresa que realizó trabajos para la concesionaria llevó su reclamo a la Justicia penal y sostiene que podría haber existido una maniobra defraudatoria. En paralelo, un trabajador que cumplió funciones de vigilancia en el Polideportivo inició una acción laboral por una suma millonaria.
Entre ambos reclamos, el monto involucrado supera los $54 millones. Pero más allá del dinero en discusión, lo que vuelve especialmente sensible el escenario es el momento en que aparecen estos expedientes: mientras la empresa atraviesa modificaciones en su estructura societaria y todavía permanece abierta una investigación sobre el propio proceso que terminó con la adjudicación de los espacios.
Un proveedor que terminó recurriendo a la Justicia penal
Uno de los conflictos nació a partir de una relación comercial con una empresa gráfica. Según surge de la denuncia presentada ante la Fiscalía N° 10, Julio Alberto Monzón fue convocado para realizar trabajos de cartelería, impresión y señalización destinados al Minella y al Polideportivo.
La firma realizó tareas vinculadas con la señalización de los establecimientos y posteriormente emitió facturas por $40.283.940,30. De acuerdo con la presentación judicial, recibió $10.804.200 y quedó pendiente un reclamo cercano a los $29,5 millones, además de los intereses.
La discusión tomó otra dimensión cuando el empresario decidió no limitar su reclamo al cobro de la deuda y pidió que se investigara si detrás del incumplimiento podía existir una conducta penal.
La denuncia apunta también contra Michael Stura y Christian Garrabos, a quienes Monzón identifica como las personas que se presentaron como responsables de Operaciones y Finanzas de Minella Stadium.
El denunciante sostiene que la contratación habría sido posible a partir de una representación de respaldo económico que, según su hipótesis, no se habría correspondido con la capacidad real de la empresa para afrontar los compromisos asumidos.
Por eso pidió a la Fiscalía que avance con distintas medidas, entre ellas el análisis de documentación comercial y contable, información bancaria y procedimientos en domicilios vinculados a la firma.
La hipótesis deberá ser probada o descartada durante la investigación. Por ahora, se trata de una denuncia y no de una responsabilidad penal determinada.
Un segundo frente, esta vez laboral
El otro expediente transita por un camino diferente. Luis Basualdo acudió al fuero laboral contra Minella Stadium y MK Soluciones. El hombre sostuvo que prestó tareas de vigilancia en el Polideportivo Islas Malvinas durante poco más de dos meses, entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
En su presentación afirmó que trabajaba extensas jornadas y que la relación no habría sido registrada formalmente. También reclamó diferencias vinculadas con horas extras y adicionales y cuestionó la ausencia de cobertura de riesgos laborales.
El expediente incorpora además un episodio ocurrido durante el período en que se desempeñaba como vigilador. Según su relato, sufrió un accidente de tránsito cuando regresaba en motocicleta de su jornada laboral y debió afrontar por su cuenta la atención derivada de las lesiones.
Basualdo sostuvo que intentó que las empresas reconocieran la relación y regularizaran la situación, pero afirmó que recibió una respuesta negativa. A partir de allí inició la acción judicial, con un reclamo indemnizatorio de $25 millones.
El contexto que vuelve más incómodos los expedientes
Los dos procesos podrían ser analizados de manera independiente. Sin embargo, aparecen en un momento que agrega sensibilidad política a la situación de Minella Stadium.
La concesionaria atraviesa un cambio societario, mientras que en paralelo continúa una investigación penal vinculada con el proceso de adjudicación de los espacios deportivos.
Ese expediente busca determinar si el procedimiento que terminó con la concesión del Minella, el Polideportivo y otros sectores del Parque de los Deportes se desarrolló conforme a las reglas correspondientes o si existieron irregularidades que deban ser investigadas.
Por eso, los nuevos reclamos no llegan sobre un terreno neutral. Se incorporan a una concesión que ya está bajo observación judicial por otra cuestión y que, además, atraviesa modificaciones en su estructura empresarial.
El dato no implica vincular las distintas causas ni anticipar responsabilidades. Pero sí configura un escenario que obliga a mirar con mayor atención cómo funciona la empresa que quedó a cargo de administrar algunos de los espacios deportivos más emblemáticos de Mar del Plata.
Una concesión que deberá dar explicaciones
Entre una denuncia penal de un proveedor, una demanda laboral y una investigación que pone bajo análisis el proceso de adjudicación, Minella Stadium enfrenta ahora distintos interrogantes desde varios frentes.
La Justicia tendrá que determinar qué ocurrió en cada uno de los expedientes y si existen responsabilidades que puedan atribuirse a la concesionaria o a otras personas involucradas.
Mientras tanto, el cambio societario suma otra variable a una historia que todavía está lejos de cerrarse. La discusión ya no pasa solamente por cómo se explotarán el Minella y el Polideportivo. También empieza a girar alrededor de qué empresa está detrás de la concesión, cómo asumió sus compromisos y qué sucedió desde que obtuvo el manejo de esos espacios.
Y en una concesión que tiene como escenario uno de los símbolos deportivos de Mar del Plata, las respuestas empiezan a ser tan importantes como las obras, los eventos y los negocios que prometió poner en marcha.
Montenegro pedirá el jury de la jueza que frenó el régimen penal juvenil
El senador provincial anunció que irá contra la magistrada Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en toda la Provincia de Buenos Aires. Cuestionó el alcance de la medida cautelar y apuntó contra las falencias del sistema penitenciario bonaerense.
Guillermo Montenegro decidió avanzar contra la jueza Marta Elba Pascual luego de que la magistrada suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en toda la Provincia de Buenos Aires. El intendente en uso de licencia anunció que presentará un pedido de jury y volvió a poner a la seguridad y a la política criminal en el centro de la discusión.
“Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. De los que tienen miedo, de los que fueron robados, de los que se encierran cuando cae la noche. El Estado tiene que estar del lado de ellos”, sostuvo Montenegro.
El senador provincial cuestionó que una jueza provincial pueda suspender, mediante una medida cautelar y con alcance para todo el territorio bonaerense, la aplicación de una norma vinculada al régimen penal juvenil. “Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso. Y si una ley es constitucional, se cumple”, afirmó.
El planteo de Montenegro apunta directamente contra los argumentos vinculados a las condiciones actuales del sistema penitenciario bonaerense. La resolución de Pascual abrió nuevamente el debate sobre la capacidad de la Provincia para implementar el nuevo esquema y sobre la infraestructura disponible para alojar a los jóvenes alcanzados por el régimen.
Para Montenegro, sin embargo, las deficiencias del Estado no pueden convertirse en un motivo para dejar sin efecto una norma. “Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley”, sostuvo.
La disputa judicial suma así un nuevo capítulo a la discusión política sobre seguridad. Mientras la Justicia puso un freno temporal a la implementación del régimen, Montenegro eligió endurecer su posición y llevar el conflicto al ámbito del jury. “Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, de los vecinos que quieren vivir tranquilos y de los que cumplen la ley. Por eso vamos a pedir el jury”, concluyó el senador.
El Concejo desempolva un viejo proyecto para convertir a Mar del Plata en capital del kiwi
La Coalición Civica volvió a poner en agenda una iniciativa que ya había sido impulsada años atrás para declarar a General Pueyrredon capital del kiwi. El proyecto busca instalar a Mar del Plata como referente de la actividad, pero productores cuestionan las cifras de empleo y advierten que gran parte de las inversiones no está en manos de productores locales.
En el Concejo Deliberante volvieron a poner sobre la mesa una idea que de nueva tiene poco. La Coalición Civica presentó una batería de tres proyectos para declarar a General Pueyrredon como Capital Provincial y Nacional del Kiwi, crear la “Fiesta del Kiwi Mar y Sierras – Expo Kiwi Mar del Plata” y generar herramientas de financiamiento para la actividad. Pero la iniciativa llega con aroma a archivo. La idea de convertir a Mar del Plata en capital del kiwi ya tuvo distintos intentos durante los últimos años y ahora vuelve a ser desempolvada desde el recinto.
El nuevo capítulo legislativo parte de un dato que sí resulta difícil de discutir, el crecimiento de la superficie cultivada. Mientras registros del INTA difundidos en 2024 hablaban de unas 800 hectáreas en General Pueyrredon, estimaciones actuales ubican la superficie por encima de las 1.000. Sobre ese escenario, Guido García busca instalar al distrito como referencia de la actividad y propone que Mar del Plata funcione como plataforma de comercialización y salida hacia nuevos mercados.
La cuestión es que más hectáreas no necesariamente significan más productores marplatenses. Productores y personas vinculadas de cerca con la actividad advierten que buena parte de las grandes inversiones realizadas en el kiwi no fueron protagonizadas por productores locales, sino por inversores que desembarcaron en el negocio. Incluso remarcan que quienes actualmente conducen técnicamente buena parte de las explotaciones son ingenieros y profesionales especializados. El cultivo puede crecer dentro de General Pueyrredon, pero eso no implica que el crecimiento tenga el mismo correlato en el entramado productivo tradicional de la ciudad.
El otro punto que genera reparos es el impacto laboral que García utiliza como uno de los principales argumentos para justificar la iniciativa. El concejal calcula entre tres y cinco puestos de trabajo directos por hectárea y suma los empleos indirectos vinculados al empaque, la logística, el riego, la tecnología y la comercialización. Desde el entorno productivo cuestionan directamente esa escala y consideran que las cifras no se acercan demasiado a la realidad del cultivo. Como referencia, sostienen que una explotación frutihortícola puede requerir hasta diez veces más trabajadores que una plantación de kiwi.
Mientras tanto, la pelea por el supuesto liderazgo regional tampoco es tan sencilla como plantea el proyecto. Aunque General Pueyrredon tendría una superficie cultivada significativa, en el sector señalan que la Provincia viene concentrando buena parte de la promoción del kiwi en Miramar, donde se desarrollan acciones para posicionar la actividad. De esta manera, la discusión sobre quién merece el título de “capital” excede una declaración del Concejo y se mete directamente con la geografía real del negocio.
También es cierto que se trata de un cultivo que requiere una inversión inicial importante y varios años hasta alcanzar una producción comercial, por lo que el financiamiento puede resultar determinante para ampliar la superficie.
Pero el proyecto vuelve a abrir una pregunta que el Concejo ya se hizo varias veces. ¿Qué significa realmente ser la “capital del kiwi”? Porque si la respuesta es solamente una declaración, una fiesta y una nueva etiqueta institucional, el aporte será más simbólico que productivo. Después de varios intentos que quedaron en el camino, el Concejo vuelve a sacar el proyecto del cajón. Ahora falta saber si esta vez habrá algo nuevo detrás del título o si el kiwi volverá a servir como una bandera política que se cosecha cada algunos años.
Unidad de Coordinación Bahía Bristol: Kicillof creó una estructura para intervenir en el paseo
La nueva dependencia funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y tendrá injerencia sobre uno de los sectores más emblemáticos de Mar del Plata. Una Dirección Ejecutiva, con rango y remuneración de Director Provincial, será la encargada de coordinar proyectos de infraestructura, turismo, cultura y desarrollo urbano. La incógnita política pasa ahora por quién ocupará ese lugar y qué sector del peronismo local podría quedarse con el cargo.
El gobierno de Axel Kicillof creó una nueva estructura con la mirada puesta en uno de los sectores más emblemáticos de Mar del Plata. A través del Decreto 1516/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, la Provincia formalizó la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y tendrá como objetivo articular las distintas políticas que atraviesan el conjunto integrado por el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los espacios públicos y equipamientos vinculados.
La nueva unidad no tendrá solamente una función administrativa. El decreto le asigna tareas de seguimiento de planes y proyectos vinculados con infraestructura, desarrollo económico, turismo, cultura y urbanismo, además de la posibilidad de promover convenios y mecanismos de cooperación con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales. También deberá producir y sistematizar información técnica para la planificación y la toma de decisiones sobre el área.
Uno de los puntos centrales de la medida es la creación de una Comisión Asesora, integrada por representantes del Ministerio de Gobierno, Producción, Infraestructura, Economía y Seguridad, además del Instituto Cultural, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y la Dirección General de Cultura y Educación. Los funcionarios tendrán rango no inferior a Director Provincial y cumplirán la tarea ad honorem. La puerta, además, queda abierta para sumar a otras jurisdicciones que tengan incidencia sobre el sector.
La estructura estará encabezada por un o una Director/a Ejecutivo/a, con rango y remuneración equivalentes a Director Provincial, cuya designación quedará en manos del ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El decreto también establece que la cartera deberá proponer las adecuaciones presupuestarias necesarias para poner en marcha la nueva dependencia, aunque dentro de las previsiones del actual ejercicio.
Lo más político de la decisión, sin embargo, aparece en el casillero que todavía está vacío: ¿quién será el elegido para ocupar la Dirección Ejecutiva? El cargo tendrá rango y remuneración equivalentes a Director Provincial y será designado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En Mar del Plata, la pregunta ya abre otra discusión: ¿el lugar quedará en manos de un dirigente del universo kicillofista, de una figura cercana al kirchnerismo o de algún referente del massismo local? La respuesta permitirá conocer, más allá de la función administrativa, qué sector del peronismo tendrá una silla privilegiada en una estructura que tendrá injerencia sobre uno de los puntos estratégicos de la ciudad.
La decisión adquiere especial relevancia porque la Bahía Bristol concentra una fuerte presencia del Estado bonaerense. Allí funcionan el Casino Central, bajo la órbita del Instituto Provincial de Loterías y Casinos; el Teatro Auditorium, dependiente del Instituto Cultural; establecimientos educativos y dependencias de Seguridad y Turismo. A partir de ahora, todas esas áreas tendrán un ámbito institucional específico para coordinar sus acciones.
En los fundamentos, la Provincia define al conjunto como un espacio de “singular relevancia histórica, arquitectónica, urbanística, turística, ambiental y paisajística” y recuerda que cuenta con la máxima categoría de protección patrimonial prevista por la normativa local. Pero el decreto también introduce otro elemento: la articulación con organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas. Así, la nueva oficina podría convertirse en una pieza relevante para discutir qué se hace —y qué no— con uno de los sectores más sensibles y estratégicos de la costa marplatense.
La creación de la Unidad de Coordinación se da mientras continúa la puesta en valor de la Rambla, cuyos trabajos atraviesan actualmente su primera etapa. Según el cronograma previsto, la segunda fase de las obras comenzaría hacia fin de año, con nuevas intervenciones sobre uno de los sectores más emblemáticos del paseo marplatense. De esta manera, la nueva estructura provincial tendrá como uno de sus principales desafíos articular las distintas acciones que se proyecten sobre el conjunto.
La creación de la unidad abre, además, un interrogante político hacia adelante: quién ocupará la Dirección Ejecutiva y qué proyectos terminarán pasando por esa mesa. Por ahora, el decreto deja formalizada la estructura. El próximo movimiento será ponerle nombres, presupuesto y agenda a una oficina que tendrá bajo su órbita uno de los principales activos urbanos y turísticos de Mar del Plata.
Se volvió a activar la fábrica de excepciones en el Concejo: buscan habilitar un sexto piso en pleno distrito R4
El Departamento Ejecutivo giró un expediente para autorizar a la firma S&R Arquitectura S.A. a perforar el plano límite en la calle 20 de Septiembre al 874. El mecanismo de la compensación urbanística vuelve al centro de la escena en el recinto.
La "morfología de la excepción" volvió a poner en marcha sus engranajes en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Con la firma del Departamento Ejecutivo, ingresó un proyecto de ordenanza que busca otorgar una dispensa especial a la firma S&R Arquitectura S.A. para perforar el plano límite en un desarrollo inmobiliario multifamiliar sobre la calle 20 de Septiembre Nº 874.
El expediente (EX-2025-00378229-MUNIMDP-DGOP#SOPU) busca torcer los parámetros del Código de Ordenamiento Territorial (COT) en un lote de 562,90 m² ubicado en el Distrito Residencial Cuatro (R4), una zona pensada para mediana densidad con viviendas individuales y colectivas según el artículo 6.6.4 de la norma.
La obra, que ya contaba con planos aprobados (a orden 42) para un edificio entre medianeras con planta baja (hall, quincho, bauleras y cocheras) y cinco pisos superiores con diez departamentos de tres ambientes, busca ahora sumar una planta adicional retirada de las medianeras. De esta forma, pasará a tener planta baja y seis niveles superiores, saltando el límite de altura permitido.
La ingeniería argumental para romper el Código
Para justificar la dispensa, el mensaje de elevación firmado por el Ejecutivo se aferra a un malabarismo técnico: sostiene que la propuesta utiliza un Factor de Ocupación del Suelo (FOS) de 0.38, netamente inferior al 0.60 que permite la norma. Según la Dirección de Ordenamiento Territorial, al "liberar terreno" y dejar superficie descubierta en planta baja para el quincho, el proyecto requiere de mayor altura para volcar los indicadores remanentes del Factor de Ocupación Total (FOT) y la Densidad Poblacional Neta (Dn), los cuales se encuentran en regla.
El informe técnico de la comisión (orden 48) avala que esto aporta "mejores condiciones de habitabilidad, visuales y ventilación". Además, la gestión comunal fundamentó que en las cercanías existen torres de similar y mayor envergadura, destacando la colindancia de la manzana con el distrito R1 (alta densidad) y la cercanía de solo una cuadra con el corredor comercial densificado de la avenida Libertad. Con esa percha teórica, la Comisión Asesora (Decreto 50/96) dictaminó por unanimidad aconsejar la autorización (acta a orden 50).
Compensaciones "a gusto y piaccere" y plazos vencidos
Sin embargo, el punto más sensible del expediente no está en los metros cúbicos de cemento, sino en la letra chica del esquema financiero y normativo. El artículo 6° de la ordenanza estipula el pago de una "contribución a modo de compensación urbanística" bajo el amparo de la Ley Provincial N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, destinada a obras de infraestructura y espacio público.
El problema radica en que Mar del Plata aún carece de una ordenanza marco que regule, tabule y fije con claridad cómo se calculan las compensaciones urbanísticas. A este vacío normativo se le suma un dato clave que surge de las actuaciones: la presentación del anteproyecto se encuentra vencida desde febrero de este 2026.
Al no existir un parámetro fijo por norma aprobada y con el trámite con los plazos administrativos caducos, la fijación de la tasa compensatoria queda completamente a "gusto y piaccere" de la discrecionalidad del Departamento Ejecutivo, que determinará "a ojo" cuánto deberá desembolsar la empresa antes de la aprobación definitiva de los planos en Obras Privadas.
Con el expediente ya ingresado, las comisiones de Obras y Legislación prometen convertirse en un nuevo ring político sobre la falta de reglas claras en el desarrollo urbano y la proliferación de excepciones a medida del mercado inmobiliario.
Bahía Bristol: un nombre del katopodismo empieza a sonar y Pulti queda relegado
Mientras avanza la puesta en valor del paseo costero, la Provincia creó una oficina específica para coordinar las distintas intervenciones sobre el área. En ese escenario, el nombre de Santiago Gutiérrez comenzó a circular para ocupar una silla con rango provincial y con señales hacia el ministro de Infraestructura hacia el 2027. El exintendente vuelve a perder terreno dentro del esquema político de Kicillof y queda cada vez más lejos de los espacios donde se definen las principales jugadas del oficialismo bonaerense.
La nueva Unidad de Coordinación Bahía Bristol que creó Axel Kicillof no tardó en convertirse en una pieza de la interna peronista marplatense. Aunque el decreto la presenta como una estructura destinada a articular las políticas provinciales sobre el Hotel Provincial, el Casino, la Rambla y los espacios públicos del sector, el dato que concentra la atención política está en otro lado: quién se quedará con la Dirección Ejecutiva y, con ella, con una posición privilegiada sobre uno de los principales activos urbanos y turísticos de Mar del Plata.
En los pasillos del peronismo bonaerense ya comenzó a circular un nombre. Se trata de Santiago Gutiérrez, referente local del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien tendría mayores chances de quedarse con el cargo. Licenciado en Comunicación, con formación en Economía Política y Gestión Pública, Gutiérrez se desempeña como asesor local de la cartera que conduce Katopodis y forma parte del entramado político que el ministro viene construyendo en la Quinta Sección. Su eventual designación no sería, entonces, una decisión meramente administrativa: representaría también una señal hacia el espacio katopodista en la región.
La lectura adquiere otra dimensión si se mira el tablero que comienza a configurarse de cara a la sucesión de Kicillof en la Gobernación. Katopodis es uno de los dirigentes que busca posicionarse en esa carrera, en una disputa en la que también aparecen nombres como Carlos Bianco y Julio Alak. En ese escenario, cada movimiento territorial empieza a leerse como una señal y la creación de una estructura con rango de Dirección Provincial en Mar del Plata difícilmente pase inadvertida.
Para Gutiérrez, el desembarco significaría además ganar volumen político en una ciudad donde el kicillofismo busca consolidar referencias propias. Su vínculo con el espacio Encuentro Peronista, un sello con presencia dentro del armado provincial, también forma parte de las credenciales que aparecen alrededor de su nombre. En ese entramado confluyen dirigentes vinculados al peronismo y sectores con llegada a organizaciones de la sociedad civil y al ámbito eclesial.
El eventual nombramiento tendría un perdedor político inmediato: Gustavo Pulti. El exintendente y actual concejal de Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro viene atravesando un progresivo corrimiento del esquema más cercano al gobernador. Su figura, que durante años tuvo peso propio en la política marplatense y que mantiene vínculos con sectores del peronismo, no aparece esta vez como la opción que podría quedarse con una estructura que tendrá injerencia sobre un área estratégica de la ciudad.
Así, mientras la Provincia avanza con la puesta en valor de la Rambla —la primera etapa ya está en marcha y la segunda se proyecta para fin de año—, la disputa política comenzó a correr por debajo de la obra. La Unidad tendrá capacidad para coordinar áreas de Infraestructura, Producción, Turismo, Cultura, Seguridad y otros organismos provinciales, además de impulsar convenios con actores públicos y privados. No es poco poder para una oficina cuyo director tendrá rango y remuneración de Director Provincial.
El decreto, en definitiva, creó una estructura. Ahora resta ponerle nombre y apellido. Y en Mar del Plata, ese nombre podría ser el de un hombre de Katopodis. Si finalmente Gutiérrez ocupa la silla, el mensaje trascenderá la Bahía Bristol: será una señal del lugar que el ministro de Infraestructura pretende ocupar en la Quinta Sección y una muestra de cómo la sucesión de Kicillof empieza a jugarse también en el territorio. En esa partida, Pulti volvería a quedar mirando desde afuera.
La oposición provincial repudió el avance de Kicillof sobre la Bahía Bristol
La creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol generó críticas desde la UCR, el PRO y La Libertad Avanza. Diego Garciarena habló de “cargos rentados” para “invadir” la ciudad, mientras Cecilia Martínez ironizó con “el cargo del cargo del cargo del nuevo cargo”. En Diputados, el radicalismo y el PRO, con Alejandro Rabinovich, presentarán un proyecto de declaración para repudiar la medida y reclamar participación municipal.
El Gobierno de Axel Kicillof decidió ponerle estructura a la Bahía Bristol. A través del Decreto 1516/2026, la Provincia creó la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, que tendrá bajo su órbita la articulación y seguimiento de proyectos vinculados con infraestructura, turismo, cultura, desarrollo económico y urbanismo en uno de los sectores más emblemáticos de Mar del Plata. La medida, sin embargo, ya encontró resistencia en las bancadas opositoras.
El diputado provincial del radicalismo Diego Garciarena salió contra la decisión y cuestionó especialmente la creación de nuevos cargos y la falta de participación del Municipio de General Pueyrredon. En paralelo a sus críticas en redes sociales, desde el radicalismo presentarían, en conjunto con el presidente del bloque de diputados del PRO Alejandro Rabinovich, un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados bonaerense para manifestar su “más enérgico repudio” al decreto.
El texto que impulsarían pone el foco en que la nueva unidad tendrá un director ejecutivo con rango y remuneración equivalentes a Director Provincial y contará con una Comisión Asesora integrada por distintos organismos bonaerenses. El detalle que genera mayor ruido para la oposición es que el Municipio no forma parte de esa mesa, pese a que la estructura tendrá injerencia sobre la Rambla, el Casino Central, el Hotel Provincial, la Plaza Almirante Brown y otros espacios de la Bahía Bristol.
Desde la oposición provincial consideran que no se trataría simplemente de una mesa técnica, sino de “una estructura administrativa nueva, con autoridad propia, funciones permanentes y costo presupuestario”. Y apuntan directamente al artículo del decreto que establece que el Ministerio de Gobierno deberá proponer las adecuaciones presupuestarias necesarias para ponerla en funcionamiento.
En el proyecto legislativo que impulsarían la UCR y el PRO, también se reclamaría que se revise el decreto y que cualquier instancia de planificación y decisión sobre la Bahía Bristol cuente con una participación institucional efectiva del Municipio.
Por otro lado, de una manera típicamente libertaria, la senadora provincial Cecilia Martínez eligió la ironía para cuestionar la medida. Con un gif de Homero Simpson como acompañamiento, la legisladora publicó: “Ah, como no tenía nada que hacer decidió crear el cargo del cargo del cargo del nuevo cargo para administrar la Rambla”.
Pero el reclamo de la oposición provincial también instala una pregunta: ¿quién decide sobre Mar del Plata? Advierten que la Provincia viene ampliando su presencia sobre espacios estratégicos de General Pueyrredon y menciona como antecedentes los proyectos vinculados con la Rambla y la Unidad Turística Chapadmalal, además del conflicto abierto por Punta Mogotes.
En ese marco, el radicalismo plantea que Rambla, Chapadmalal y Punta Mogotes son situaciones jurídicas diferentes, pero políticamente importantes. Espacios centrales para la identidad, el turismo y el desarrollo de Mar del Plata donde, según su mirada, la Provincia buscaría conservar o ampliar su capacidad de decisión sin darle al Municipio el protagonismo institucional que debería tener.
Liceaga Viñas cruzó a Kicillof por la nueva Unidad Bahía Bristol: “Es una tomada de pelo”
El titular de la UCR marplatense cuestionó la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol y apuntó contra Kicillof por sumar una nueva estructura estatal mientras persisten reclamos por seguridad y salud en la ciudad.
El presidente del Comité Radical de Mar del Plata y Batán, Ricardo Liceaga Viñas, salió al cruce de la decisión del gobernador Axel Kicillof de crear la Unidad de Coordinación Bahía Bristol y apuntó contra la Provincia por sumar una nueva estructura estatal para intervenir sobre uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.
“Es una tomada de pelo para todos los marplatenses”, disparó el dirigente radical, quien cuestionó que la Provincia haya optado por crear un nuevo organismo en lugar de utilizar las estructuras que ya existen para abordar las problemáticas de la Bahía Bristol.
“Otra vez lo mismo: en lugar de gestionar con lo que ya tienen, inventan una estructura nueva, con un director ejecutivo con rango y remuneración de director provincial, para coordinar cosas que ya deberían estar coordinadas. Es más Estado para hacer menos”, sostuvo Liceaga.
En esa línea, el titular del radicalismo marplatense endureció sus críticas contra la administración bonaerense y apuntó contra la proliferación de organismos y cargos. “Los supuestos adalides del Estado presente son, en los hechos, sus sepultureros. Cada vez que crean un organismo nuevo para coordinar organismos viejos, convierten al Estado en un meme: una caja de superposiciones, sillones y gastos, que no resuelve un solo problema real de la gente”, afirmó.
El cuestionamiento se da además en un contexto en el que desde distintos sectores de Mar del Plata se reclama mayor presencia de la Provincia en áreas sensibles. Liceaga puso el foco particularmente en seguridad y salud, al comparar la creación de la Unidad con las dificultades que atraviesan los servicios provinciales en la ciudad.
“Mientras Mar del Plata sufre la falta de recursos para la Policía y la seguridad, mientras se recortan los servicios de IOMA y miles de afiliados no consiguen turnos ni cobertura, el Gobierno provincial malgasta sus recursos inventando otro virrey, como ya hicieron en Mogotes. Las prioridades de Kicillof no son las de los marplatenses”, remarcó.
Finalmente, el dirigente radical reclamó que la Provincia transparente el costo de la nueva estructura y explique cuánto dinero demandará su funcionamiento. En paralelo, pidió que esos recursos sean destinados a reforzar áreas que considera prioritarias para la ciudad.
“No hace falta un virrey para la Bahía Bristol. Hace falta que la Provincia cumpla con lo que ya tiene que hacer”, concluyó Liceaga Viñas.
El radicalismo enciende motores y pone a Mar del Plata en el centro de su armado hacia 2027
Con el abadismo como principal referencia, la UCR bonaerense desembarca este sábado en Mar del Plata con un acto que prevé reunir a más de mil personas y la puesta en marcha del Foro de Concejales. La ciudad aparece como una pieza de peso para un partido que comienza a mover su estructura de cara a las elecciones de 2027.
El radicalismo bonaerense empieza a mover sus fichas de cara al próximo calendario electoral y este sábado 12 de septiembre tendrá a Mar del Plata como uno de sus principales escenarios. La actividad tendrá como protagonista al senador nacional Maximiliano Abad y al titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín, en una jornada que tendrá como punto fuerte un acto del abadismo en el Club River, ubicado en avenida Juan B. Justo 5775.
Desde el sector calculan que más de mil personas podrían participar del encuentro, que comenzará cerca de las 13 horas y que además servirá como marco para la asunción de las nuevas autoridades de la UCR marplatense, encabezadas por el concejal Ricardo Liceaga Viñas.
Más allá de la cantidad de asistentes, el dato político pasa por el lugar elegido y por el momento en que se realiza. Mar del Plata no es una ciudad más para el radicalismo bonaerense, es el principal bastión territorial del abadismo y una de las estructuras con las que el senador construyó buena parte de su poder dentro de la UCR provincial. La movilización busca, en ese sentido, mostrar capacidad de convocatoria y empezar a aceitar una maquinaria partidaria que todavía tiene por delante un largo recorrido hasta 2027.
La importancia electoral de la ciudad también excede las fronteras del radicalismo. Mar del Plata concentra una población de enorme peso dentro del padrón bonaerense y, por lo tanto, cualquier fuerza que pretenda crecer electoralmente necesita tener presencia, estructura y capacidad de interpelar a nuevos votantes en el distrito. Para la UCR, el desafío será transformar esa ventaja territorial que representa tener una conducción local identificada con el abadismo en una convocatoria que vaya más allá de los afiliados y dirigentes habituales.
En paralelo al acto del River, durante la mañana se pondrá en marcha el Foro de Concejales de la UCR en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El órgano existe formalmente dentro de la estructura del Comité Provincia, pero hasta ahora prácticamente no había tenido actividad. La intención es reunir a concejales de los distintos sectores internos y también a aquellos que no se identifican con ninguna de las líneas que disputan poder dentro del partido.
El sábado, entonces, no habrá solamente un acto partidario y una reunión de concejales. También habrá una primera muestra de cuánto está dispuesto a movilizar el radicalismo bonaerense para empezar a construir su escenario de 2027. Y Mar del Plata, por cantidad de electores y por el peso que conserva dentro del armado abadista, aparece como uno de los lugares elegidos para encender los motores.
Casi $376 millones en juego: el Municipio abre los sobres por los seguros
Este viernes se conocerán las empresas que presentaron ofertas para una contratación cuyo presupuesto oficial asciende a $375,5 millones. La convocatoria apunta a garantizar la cobertura municipal y se encuadra en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
"Abogados por la Libertad": una nueva señal del armado de LLA
El diputado nacional, Alejandro Carrancio, participó del lanzamiento que se realizó en Mar del Plata de la lista que buscará representar a los profesionales ante el Consejo de la Magistratura y que tiene cómo candidato al Dr. Luis Palomino. “El cambio que eligieron los argentinos también tiene que llegar a la Justicia”, había expresado el legislador. Luego, encabezó un encuentro partidario, en otra muestra de activación del espacio libertario de cara a 2027.
La Libertad Avanza empieza a mostrar movimiento en Mar del Plata con la mira puesta en 2027. En ese escenario, el diputado nacional y referente libertario bonaerense Alejandro Carrancio participó del lanzamiento nacional de la lista “Abogados por la Libertad”, que buscará disputar la representación de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La propuesta, impulsada por abogados vinculados a la Presidencia de la Nación, tuvo su presentación en la ciudad con el Dr. Luis Palomino como candidato. Durante el encuentro, Carrancio respaldó la iniciativa y vinculó la disputa por la representación de los profesionales del derecho con el proceso de transformación impulsado por el gobierno de Javier Milei.
“La transformación que está llevando adelante Javier Milei también necesita una Justicia independiente, eficiente, con reglas claras y personas idóneas dispuestas a defender y mejorar nuestras instituciones”, sostuvo el legislador. Y agregó: “El cambio que eligieron los argentinos también tiene que llegar a la Justicia”.
Luego del lanzamiento, Carrancio participó de un encuentro con vecinos, dirigentes, militantes y referentes de distintos sectores en la sede local de La Libertad Avanza. De la actividad participaron también la senadora provincial Cecilia Martínez, el presidente del Concejo Deliberante Emiliano Recalt y los concejales Rolando Demaio, Vanesa Benavídez y Noelia Álvarez Ríos, además de asesores, empresarios y vecinos.
Durante la reunión, el diputado nacional planteó la necesidad de debatir sobre el futuro de Mar del Plata y escuchar distintas miradas de cara a los próximos años. “Tenemos una ciudad con un potencial enorme y mucha gente con ganas de empujarla para adelante”, afirmó Carrancio. En esa línea, sostuvo: “También tenemos que animarnos a pensar en grande para Mar del Plata”.
Con ambas actividades, el espacio libertario volvió a exhibir movimiento en la ciudad y empezó a poner en escena nombres, equipos y discursos que podrían adquirir mayor protagonismo en la construcción política rumbo a 2027.
La Provincia selló la prórroga de Mogotes y sepultó la tregua
Apenas vencido el plazo otorgado por la Justicia, la Provincia rompió la negociación ejecutando la prórroga por su cuenta mediante su mayoría de 2 a 1 en el ente mixto. Así, aprobó la extensión de las concesiones hasta junio de 2027. Ante el hecho consumado, la Comuna retiró la medida cautelar y el juez Simón Isacch declaró extinguido el incidente, trasladando el choque de fondo al expediente principal, por la titularidad del complejo.
La frágil tregua dictada por la Justicia en la disputa por el Complejo Punta Mogotes duró exactamente lo que tardó la política en mover sus piezas fuera de los tribunales. Apenas tres días después de la última audiencia en la que las partes prometieron continuar negociando, la Provincia de Buenos Aires ejecutó una maniobra determinante: haciendo uso de su mayoría de dos a uno en el Consejo de Administración de la Administración Punta Mogotes, aprobó el Acta N° 1321 que extendió formalmente los contratos de los 24 balnearios hasta el 30 de junio de 2027. La resolución, impulsada por los funcionarios provinciales Fernando Maraude y Gonzalo Raventos, contó con el previsible voto en contra del representante municipal, Carlos Aramburu, pero alcanzó para romper definitivamente la mesa de diálogo y consumar la prórroga que el municipio intentaba frenar.
El impacto de la jugada bonaerense se trasladó de inmediato al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1. Frente a la resolución adoptada por la masa mayoritaria del ente mixto, el apoderado legal del Municipio de General Pueyrredon, Mauro Martinelli, se presentó ante el juez Simón Isacch para advertir que el reclamo cautelar elevado por la Comuna había sido vaciado de contenido y carecía ya de utilidad práctica. La estrategia municipal consistió en admitir que el hecho que buscaban evitar ya había sido consumado unilateralmente por la Provincia, por lo que solicitaron dejar sin efecto la medida sin que esto implicara renunciar al juicio de fondo por la municipalización del predio, demandando a su vez que no se le impusieran las costas del proceso.
La respuesta del magistrado no tardó en llegar. Isacch encuadró la presentación del gobierno local como un desistimiento del proceso cautelar en los términos del artículo 304 del Código Procesal Civil y Comercial y declaró formalmente extinguido el expediente de la cautelar. En relación con el pago de los gastos judiciales, el juez optó por diferir la resolución sobre las costas para el momento en que se defina la suerte de la causa principal, en la que se debate la validez del depósito de 14 millones de pesos realizado por la Comuna para cancelar la deuda histórica y reclamar la restitución del complejo.
Con este desenlace, las cuatro audiencias de conciliación celebradas desde fines de junio quedaron sepultadas bajo el peso de los hechos consumados. Desde la perspectiva política, la gestión bonaerense anotó un triunfo táctico de envergadura: garantizó la continuidad del esquema provincial de cara a la temporada estival 2026/2027, desactivó la amenaza de un congelamiento judicial sobre la administración del predio y ganó tiempo hasta mediados de 2027 para confeccionar los pliegos de una nueva licitación integral.
Para el Municipio de General Pueyrredon, la resolución representa la clausura del frente cautelar y la obligación de concentrar todo su volumen político y técnico en el juicio madre. Sin embargo, en el plano estrictamente operativo, el cierre del expediente cautelar aporta un elemento de previsibilidad para el sector turístico marplatense. De cara a un verano inminente, los concesionarios y operadores de las unidades balnearias obtuvieron la certeza legal necesaria para trabajar sin sobresaltos normativos, mientras la batalla definitiva por la titularidad de Punta Mogotes ingresa en una etapa de definición de fondo en los despachos tribunalicios.