16 de septiembre de 2026
CONFLICTO GREMIAL
La Justicia le puso un freno al Municipio en el conflicto con SETRAM
El Tribunal del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio y ordenó preservar las condiciones laborales de su máxima autoridad. El Ejecutivo deberá responder en cinco días hábiles por las acusaciones de persecución y discriminación sindical.
Un nuevo frente judicial se abrió entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (SETRAM) y el Ejecutivo de General Pueyrredon. El Tribunal del Trabajo hizo lugar a una acción de amparo sindical presentada por la conducción gremial y dictó una medida cautelar para preservar las condiciones laborales de su máxima autoridad.
La resolución judicial, enmarcada en el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales, establece la protección cautelar frente a eventuales sanciones, traslados o modificaciones arbitrarias de las condiciones laborales, según informó el propio sindicato.
El conflicto ahora tendrá una instancia de respuesta por parte del Municipio. El Tribunal emplazó al Ejecutivo local a contestar la demanda y los hechos denunciados por SETRAM en un plazo de cinco días hábiles, en una causa en la que el gremio sostiene que existieron prácticas de persecución y discriminación sindical.
Desde el sindicato interpretaron la decisión como un respaldo a su conducción y cuestionaron duramente el accionar de la administración municipal. “La libertad sindical de los trabajadores municipales de General Pueyrredón no se negocia, ni se avasalla”, señalaron las autoridades de SETRAM tras conocerse la resolución.
El pronunciamiento llega, además, en medio de la disputa gremial que atraviesa al Municipio y con el proceso electoral interno del sindicato como telón de fondo. Desde SETRAM aseguraron que continuarán con acciones judiciales y gremiales para reclamar que las elecciones se desarrollen sin presiones.
El gremio adelantó que analiza llevar sus planteos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también realizar presentaciones en el fuero penal contra funcionarios municipales, a quienes acusa de posibles incumplimientos de deberes y abuso de autoridad.