18 de septiembre de 2026
RESOLUCIONES
La justicia frenó los aumentos de luz en la Provincia y ordenó volver al cuadro tarifario anterior
Un juez hizo lugar a la cautelar presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y suspendió la Resolución 585/2026. La medida alcanza a los componentes provinciales de las tarifas y regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La Justicia bonaerense hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, y ordenó suspender los aumentos de luz dispuestos por el gobierno de Axel Kicillof a través de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
La resolución judicial dispone restablecer el cuadro tarifario anterior y establece que las demandadas no podrán aplicar los valores cuestionados ni otros que se dicten sin garantizar previamente la participación de los usuarios, en lo referido a los componentes provinciales. La presentación del Defensor del Pueblo apuntó contra la actualización de los costos propios de distribución de energía eléctrica (VAD), instrumentada mediante la Resolución 585/2026.
En su demanda, Lorenzino cuestionó que los nuevos valores fueran establecidos sin una instancia previa de participación ciudadana y sostuvo que los cuadros tarifarios presentaban vicios de nulidad por la ausencia de una audiencia pública.
Uno de los argumentos centrales fue la urgencia de frenar el impacto económico sobre los usuarios. Según expuso el organismo, los nuevos componentes provinciales se aplicaban a los consumos registrados desde el 1° de agosto, por lo que el perjuicio podía trasladarse rápidamente a las facturas.
La Defensoría advirtió que cada nueva liquidación bajo los valores cuestionados ampliaría la cantidad de usuarios afectados y podría obligar posteriormente a realizar reliquidaciones y devoluciones. Durante el proceso, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos defendió el esquema de actualización tarifaria y sostuvo que los incrementos se enmarcaban en la etapa de transición vigente desde 2021.
La Provincia argumentó que las adecuaciones se apoyaban en los parámetros de la revisión tarifaria aprobada en 2017, luego de las audiencias públicas realizadas en diciembre de 2016 en Olavarría y La Plata. Además, señaló que los aumentos aplicados hasta el momento se encontraban por debajo de la fórmula de ajuste prevista en aquel esquema y que se encontraba en marcha una nueva Revisión Tarifaria Integral.
Sin embargo, el juez consideró que la Provincia no acreditó la realización de audiencias públicas ni de otros mecanismos adecuados de información y participación de los usuarios antes de aprobar las sucesivas actualizaciones tarifarias. En ese sentido, el fallo remarcó que la última instancia de participación invocada por el gobierno provincial se remontaba a 2016 y que el prolongado tiempo transcurrido resultaba relevante para evaluar la legitimidad de los aumentos.
En sus fundamentos, López Coppola hizo referencia a la jurisprudencia de la Suprema Corte bonaerense y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la participación ciudadana en la determinación de las tarifas de los servicios públicos.
El magistrado sostuvo que, aunque las adecuaciones transitorias no sean equivalentes a una revisión tarifaria integral, el tiempo transcurrido desde la última audiencia pública se opone, en principio, a los criterios establecidos por los tribunales. También consideró que se encontraban reunidos los requisitos para dictar la cautelar: la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la ausencia de una afectación grave al interés público.
La decisión se apoya en las garantías de información adecuada y veraz y de protección de los derechos económicos de los consumidores, contempladas en el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Constitución bonaerense.