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Lo que la semana nos dejó
El freno de la Justicia al traslado de un gerente que rechazó un polémico crédito del Banco Nación; los cruces por Bahía Bristol; la desocupación en la ciudad durante el segundo trimestre del año; la fábrica de asesores; el avance en el Congreso de los cambios en las zonas frías; Neme se muestra activo y la nueva conducción de la CGT, entre los temas más importantes de la semana de la mano de La Tecla.
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La Justicia frenó el traslado de un gerente de Mar del Plata que rechazó un polémico crédito del Banco Nación
Un severo cortocircuito institucional sacude la estructura del Banco Nación en Mar del Plata. El juez federal subrogante de la ciudad balnearia, Bernardo Bibel, otorgó una medida cautelar que deja en suspenso el traslado del gerente zonal Pablo Pourrere a la localidad santafesina de Reconquista, a 1.300 kilómetros de su hogar. La resolución judicial interviene en una controversia atravesada por denuncias de presiones internas para la aprobación de un crédito multimillonario.
Según reveló una investigación publicada por el diario La Nación, el conflicto comenzó cuando desde las oficinas centrales del banco en Buenos Aires se impulsó la concesión de un crédito por 52.600 millones de pesos a la sociedad Jardines de Chauvín SA. Los fondos estaban destinados a la construcción de dos torres residenciales en la calle Larrea al 2850, en el barrio Chauvín de Mar del Plata. Sin embargo, la firma solicitante presentaba marcadas irregularidades: creada a mediados de 2024, no registraba ingresos declarados, presentaba balances en rojo y carecía de antecedentes en el sector inmobiliario.
A las inconsistencias financieras se sumó una advertencia sobre la integridad del proyecto. El dueño del 90% de las acciones de la sociedad es el empresario Mariano Jinkis, quien admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos a dirigentes deportivos en el marco del caso FIFAgate.
De acuerdo con las actuaciones y la auditoría interna expuestas por La Nación, la gestión del financiamiento no se inició por pedido de los desarrolladores en la sucursal local, sino por iniciativa de áreas técnicas del banco en Buenos Aires. Frente a los reiterados pedidos de la sede central para avanzar con el trámite, Pourrere —con 36 años de carrera en el banco y una década al frente de la zona Atlántica— rehusó firmar el aval. El funcionario dejó asentadas por escrito sus objeciones por falencias contables, errores en los montos consignados y el elevado riesgo reputacional.
Seis días después de su negativa formal, Pourrere fue notificado de su reubicación en Santa Fe con una rebaja de categoría jerárquica. El afectado presentó un descargo denunciando represalias. Posteriormente, una auditoría interna del propio banco constató las fallas en el expediente y la falta de garantías, lo que derivó en la cancelación definitiva de la asistencia crediticia en mayo.
Al evaluar la medida cautelar, el juez Bibel coincidió con el dictamen del fiscal federal Daniel Adler y concluyó que el traslado dispuesto por el Directorio del banco carecía prima facie de sustento técnico u objetivo. En respuesta a las consultas periodísticas de La Nación, las autoridades del Banco Nación rechazaron que la medida responda a una represalia, sosteniendo que el trámite del crédito y el traslado del agente transitaron por carriles administrativos independientes. Asimismo, la entidad confirmó que se presentará ante los tribunales federales de Mar del Plata para apelar el fallo judicial.
El Ejecutivo busca darle vía libre a un nuevo barrio de 1.012 lotes
El gobierno interino de Agustín Neme puso en marcha en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para darle marco urbanístico al Loteo San Mateo, un nuevo desarrollo de 40,4 hectáreas que prevé la generación de 1.012 lotes para viviendas en el oeste de Mar del Plata. El predio pertenece a Reales Desarrollos SRL. La iniciativa se encuadra en el Programa Lotes con Servicios de la Ley provincial 14.449 y no sólo contempla la subdivisión del inmueble, sino también un cambio de zonificación que deberá ser aprobado por los concejales.
El macizo está delimitado por las avenidas Héctor Tarantino, Colón y Juan B. Justo y una calle sin nombre. Según surge del mensaje enviado por la Secretaría de Obras al Concejo, la superficie alcanza los 404.112,40 metros cuadrados y actualmente está incorporada al área Complementaria del Territorio Interior seis (CoTI 6). El punto central del expediente aparece justamente allí: el Código de Ordenamiento Territorial define a ese sector como una zona de transición urbano-rural y establece que “no se permiten subdivisiones que impliquen creación de áreas urbanas”. El proyecto del Ejecutivo busca modificar esa condición y afectar el predio al Distrito de Urbanización Determinada Programa Lotes con Servicios (UD-PLS-02).
La propuesta urbanística contempla 49 manzanas, con 1.012 parcelas destinadas a vivienda única, unifamiliar y permanente. A eso se suman cuatro parcelas para reserva de equipamiento público y otra destinada a espacio verde libre y público. El trazado fue pensado como una extensión de la trama existente: de acuerdo con la memoria técnica, se trabajó junto a la Dirección de Planeamiento Territorial para darle continuidad al trazado del barrio San Jorge, con calles de 15 metros de ancho y una calle central que funcionará como vía principal, con 20 metros de amplitud.
La propia Secretaría de Obras sostiene que la propuesta permite avanzar con la ampliación del área urbana porque “responde a la continuidad de la trama circulatoria del entorno circundante”, además de considerar la ocupación poblacional consolidada de los alrededores y la posibilidad de acceder a servicios esenciales y equipamiento comunitario. En esa línea, el Municipio remarca que el proyecto fue acompañado por distintas factibilidades y estudios técnicos antes de llegar al Concejo.
El nuevo barrio, si finalmente obtiene luz verde, no quedará limitado a la apertura de calles y la división de parcelas. La memoria técnica establece un paquete de infraestructura que incluye apertura, entoscado y enripiado de calles; desagües pluviales; tendido eléctrico y alumbrado público; red de agua potable; red cloacal; forestación; señalización y espacios verdes con equipamiento recreativo.
En materia vial, el proyecto prevé desmontes de entre 40 y 60 centímetros, la utilización de suelo seleccionado como base y un entoscado de entre 60 y 80 centímetros, con estabilización mediante piedra partida. La terminación superficial de las calles se realizará con enripiado. La calle central tendrá además una jerarquía especial dentro del diseño, al contar con un ancho de 20 metros.
El capítulo hidráulico también ocupa un lugar central. La documentación establece que se realizará una nivelación georreferenciada al Instituto Geográfico Nacional y, a partir de allí, se desarrollará el proyecto de desagües necesario para garantizar el escurrimiento del predio. El emprendimiento contempla zanjeos para conducir los pluviales y alcantarillado en los cruces de calles, además de desagües primarios y secundarios.
En cuanto a los servicios, el loteo deberá contar con tendido eléctrico aéreo de media y baja tensión y alumbrado público. La memoria técnica especifica que las luminarias serán LED de 105 watts y estarán distribuidas en las distintas manzanas. Para el agua potable se proyectan cañerías de 90 y 75 milímetros y, de acuerdo con lo que determine OSSE, una perforación central para alimentar y autoabastecer la red.
La red cloacal, en tanto, se conectará con las cañerías existentes de OSSE. El diseño prevé que las conducciones se ubiquen principalmente en veredas y utiliza cañerías maestras de PVC cloacal de 160 y 200 milímetros. Todo el esquema, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, deberá desarrollarse en dos etapas por la magnitud del emprendimiento.
El proyecto también reserva un lugar para el espacio público. La documentación establece que se destinarán más de 20.000 metros cuadrados a espacios verdes de uso público, que serán equipados con juegos recreativos y deportivos destinados a jóvenes y adultos. A esto se sumará la forestación: la memoria técnica contempla la colocación de dos fresnos por cada lote, además de señalización en las esquinas con identificación de calles y numeración.
Pero el expediente tiene otro capítulo que será seguido de cerca en el Concejo: la compensación urbanística. El convenio celebrado entre el Municipio y Reales Desarrollos SRL establece una contraprestación de $493.813.215, a valores de enero de 2026 y ajustable mediante el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El acuerdo dispone que esa compensación se materialice mediante infraestructura pública y equipamiento urbano, incluyendo la puesta en valor de la Plaza Barrial Ceferino Namuncurá, en el barrio San Jorge.
El desarrollador, además, asumirá las obras de infraestructura del nuevo barrio. El convenio fija un plazo máximo de 24 meses por etapa, contado desde la aprobación del plano correspondiente, y establece garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. El Municipio tendrá la facultad de ejecutar esas garantías ante eventuales incumplimientos.
La iniciativa también establece qué podrá hacerse con los terrenos una vez generados. La ordenanza fija una superficie mínima de 200 metros cuadrados y un frente mínimo de 8 metros, con provisión de agua corriente y cloacas, y determina que la comercialización o adjudicación deberá tener como destino vivienda única, unifamiliar y permanente.
Desde el Ejecutivo sostienen que el expediente atravesó las distintas instancias técnicas, legales y ambientales previstas. Entre la documentación incorporada figuran la prefactibilidad hidráulica de la Autoridad del Agua, certificados de OSSE, factibilidad de EDEA, certificado de no inundabilidad, informes de ordenamiento territorial y factibilidad de la red vial. Una vez cumplida la primera etapa, se incorporaron el proyecto hidráulico, la memoria de las obras de urbanización, la propuesta de compensación y los planos definitivos.
Con ese recorrido cumplido, Obras consideró que el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el tratamiento legislativo. Ahora el debate se trasladará al Concejo Deliberante, donde el proyecto tiene giro a las comisiones de Obras y Planeamiento, presidida por el concejal del PRO Fernando Muro, y Legislación, a cargo del edil de UCR+NA Ariel Bordaisco.
Así, el oficialismo deberá defender una iniciativa que va bastante más allá de la creación de mil lotes: plantea incorporar al entramado urbano un predio de más de 40 hectáreas, modificar su zonificación, extender la cuadrícula del barrio San Jorge y establecer las condiciones de infraestructura, servicios y compensación que acompañarán la urbanización. El primer filtro será ahora político y estará en las comisiones del Concejo.
Bahía Bristol: Provincia justificó la ausencia del Municipio y habló de un gobierno “acéfalo”
Desde la Provincia salieron a aclarar los motivos detrás de la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol y, en ese mismo movimiento, cargaron contra el Municipio de General Pueyrredon y el gobierno interino de Agustín Neme. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, justificó la decisión, explicó el esquema que tendrá el nuevo organismo y cuestionó la falta de diálogo con la administración municipal.
La definición se conoció luego de que, a través del Decreto 1516/2026, el gobierno de Axel Kicillof formalizara la creación de esta estructura, que dependerá del Ministerio de Gobierno y tendrá como objetivo articular las políticas vinculadas al Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los distintos espacios públicos y equipamientos de la Bahía Bristol.
Durante su habitual conferencia de prensa, Bianco buscó despejar las críticas sobre la creación de una nueva estructura estatal y remarcó que la unidad tendrá un único funcionario rentado. “Todos los cargos son ad honorem, salvo la persona que va a estar a cargo de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, que va a desempeñar un rol de director ejecutivo y va a depender del Ministerio de Gobierno”, explicó.
La comisión asesora estará integrada por representantes de Producción, Instituto Cultural, Lotería y Casinos, Educación, Economía, Infraestructura y Seguridad. La presencia de esas áreas responde, según explicó el ministro, a las diferentes actividades que conviven en el sector, entre ellas el Teatro Auditorium, el Casino Central y el Centro de Educación Física N° 1.
La Provincia vincula la creación del organismo con la intervención integral que lleva adelante sobre la Bahía Bristol. El plan contempla una inversión cercana a los $25.000 millones y trabajos sobre pisos, muros de piedra, escaleras, rampas, equipamiento urbano, bulevares, recovas, desagües, iluminación y sectores verdes, además de la restauración de las esculturas de los lobos marinos y otros elementos emblemáticos.
La primera etapa de la obra registra, de acuerdo con lo informado por Bianco, un avance físico del 90% y tiene previsto finalizar en diciembre de 2026. La segunda etapa, en tanto, ya fue adjudicada y comenzará en octubre, con un plazo de ejecución de 180 días.
El objetivo de la nueva unidad, según explicó el ministro, es que la inversión tenga continuidad una vez terminadas las intervenciones. “Porque si hacemos la obra y la dejamos abandonada, va a pasar lo mismo. Se va a ocupar, la van a vandalizar, etcétera, lo que veníamos haciendo este tiempo”, sostuvo Bianco.
Pero la discusión rápidamente tomó un tono político por la ausencia del Municipio en la estructura provincial. Ante las críticas opositoras, el funcionario bonaerense explicó que la administración de Neme no fue incorporada por la falta de comunicación entre ambas partes.
“Nos hubiese encantado que el municipio participe de esta unidad de coordinación. No podemos comunicarnos, y no es el único municipio de la provincia de Buenos Aires con el que tenemos esta situación, que no hay posibilidad de comunicación”, afirmó.
Bianco apuntó directamente contra el gobierno interino y fue más allá: “Es un municipio, General Pueyrredon, Mar del Plata, que está virtualmente acéfalo. Su intendente no contesta, no coordina ni cuestiones de seguridad ni cuestiones de infraestructura ni cuestión, en este caso, de la Rambla”.
Para respaldar sus dichos, el ministro relató una serie de mensajes que, según aseguró, intercambió con Neme desde enero. “Lo digo no porque me lo haya contado alguien. Tengo toda la secuencia en mi celular”, enfatizó. Según su versión, el intendente le pidió una reunión el 22 de enero, le respondió al día siguiente y posteriormente hubo nuevos contactos para concretar un encuentro, pero la comunicación se cortó.
“Si el municipio no está dentro de la unidad de coordinación Bahía Bristol, es porque no contesta los mensajes”, insistió Bianco.
El funcionario también recordó que el Municipio tiene competencia sobre la limpieza de la zona y cuestionó el cumplimiento de esa responsabilidad. “Repito, nos hubiese encantado que participe, porque aparte tiene una responsabilidad concreta, que es la limpieza de toda esta zona”, concluyó.
Así, la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol no quedó limitada a una decisión administrativa. En paralelo al avance de una de las obras más importantes que la Provincia ejecuta en Mar del Plata, Kicillof sumó una nueva estructura para intervenir sobre el sector y Bianco aprovechó la presentación para marcar las diferencias con el gobierno interino de Neme.
El oficialismo marplatense exige control parlamentario sobre Mogotes
La controversia por la gestión y titularidad del Complejo Punta Mogotes trasladó este lunes su epicentro del fuero judicial al ámbito legislativo de General Pueyrredon. Tras el cierre de la vía cautelar en los tribunales marplatenses, el bloque de concejales de la UCR+Nuevos Aires formalizó la presentación del expediente 1766/26. Se trata de un proyecto de Comunicación que solicita a los legisladores provinciales que representan a la ciudad promover las acciones políticas e institucionales necesarias ante la Gobernación a fin de auditar y fiscalizar la extensión de los contratos balnearios resuelta por la Administración Punta Mogotes.
La propuesta —con la autoría de los ediles radicales Ariel Martínez Bordaisco, Ricardo Liceaga Viñas, Vilma Baragiola y Gabriela Azcoitia— sostiene que la extensión temporal de los contratos otorgados décadas atrás vulnera los principios de transparencia, concurrencia y control democrático al concretarse sin un proceso licitatorio abierto. El texto argumenta que el propio gobernador Axel Kicillof anunció el traspaso del predio a la órbita municipal el pasado 11 de mayo. Bajo esa premisa, el documento remarca que la Comuna debe tener injerencia como titular del recurso estratégico y reclama que los organismos provinciales se abstengan de asumir compromisos a largo plazo sobre el espacio público sin la correspondiente supervisión de la Legislatura bonaerense.
El movimiento legislativo exhibió además el mapa de alianzas e internas dentro del mapa político local. El proyecto sumó de inmediato las adhesiones del bloque PRO —a través de las firmas de Julián Bussetti, Fernando Muro, Marcelo Cardoso, Florencia Ranellucci y Liliana Piccolo— y del monobloque de la Coalición Cívica, representado por Guido García. Sin embargo, la iniciativa no incluyó el respaldo de La Libertad Avanza. La ausencia de la bancada libertaria evidencia las diferencias tácticas que persisten entre las fuerzas que acompañan la gestión municipal, en un tema donde el radicalismo ha embanderado el reclamo por la restitución del complejo a la ciudad.
Esta embestida en el Concejo Deliberante responde al escenario configurado tras el fracaso de la conciliación en los tribunales. Luego de que venciera la última tregua judicial otorgada por el juez Simón Isacch, la mayoría provincial en el ente mixto hizo valer su número para aprobar el Acta N° 1321, extendiendo las concesiones de las 24 unidades balnearias hasta el 30 de junio de 2027. Aquella maniobra obligó al Ejecutivo municipal a retirar su solicitud de medida cautelar por considerar que el reclamo había sido vaciado de contenido, derivando en la extinción de ese incidente resuelta por el magistrado.
Sin la herramienta del congelamiento cautelar y a la espera de resoluciones sobre el expediente principal que discute la deuda histórica y la municipalización, el oficialismo marplatense busca trasladar la discusión a La Plata. Con la mirada puesta en la inminente temporada estival, la Comuna procura activar el contralor parlamentario en la capital provincial para cuestionar las decisiones unilaterales de la Gobernación y sostener en la agenda pública la disputa por el control de la costa.
Neme salió al cruce del Gobierno bonaerense: “Mar del Plata no está acéfala”
La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y el Municipio de General Pueyrredon sumó un nuevo capítulo. Luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionara a la gestión local por no responder un mensaje y calificara al gobierno de Mar del Plata como “virtualmente acéfalo”, el intendente interino Agustín Neme salió a responderle con dureza.
En un video publicado en sus redes sociales, Neme comenzó dirigiéndose directamente al gobernador Axel Kicillof y devolviéndole la acusación. “Gobernador, si hay algo que está acéfalo hoy en día en la Argentina es la Provincia de Buenos Aires que usted conduce. Y principalmente en materia de seguridad”, lanzó.
A partir de allí, el jefe comunal interino puso el foco en la situación de seguridad bonaerense y cuestionó al mandatario provincial por la falta de respuestas. “Antes de mandar a su Jefe de Gabinete a preguntarnos cuál es nuestro plan de seguridad, yo quiero hacerle una pregunta más sencilla: ¿Cuál es su plan, Gobernador?”, planteó.
Neme defendió las políticas impulsadas desde el Municipio y enumeró recursos destinados a la prevención. “Compramos patrulleros para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creamos la Patrulla Municipal, invertimos recursos de los marplatenses en combustible, en tecnología, en prevención y presencia en la calle”, sostuvo.
Luego, el intendente interino se metió de lleno en los dichos de Bianco. “Que el Jefe de Gabinete de la Provincia diga que una ciudad de más de 700.000 habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje, no solamente es una irresponsabilidad institucional, sino que también es una falta de respeto a todos los marplatenses”, afirmó.
En esa línea, Neme cuestionó que la discusión quede reducida a un mensaje sin respuesta. “Yo no gobierno contestando WhatsApps para satisfacer las necesidades políticas de un Ministro, gobierno ocupándome de los problemas todos los días”, disparó.
El jefe comunal interino aprovechó además para poner sobre la mesa una batería de reclamos a Provincia: seguridad, policías, patrulleros, infraestructura, educación municipal, IOMA, recursos coparticipables y desarrollos urbanos, entre otros.
“Si Bianco quiere hablar de responsabilidades institucionales, hagámoslo”, desafió Neme, quien también apuntó contra el rol que tuvo Gustavo Pulti en la coordinación política de seguridad y cuestionó distintas decisiones de la administración bonaerense.
Sobre el final, buscó cerrar la discusión con una definición política contundente: “Mar del Plata no está acéfala. Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y tiene un rumbo claro”. Y remató con un mensaje para Kicillof y Bianco: “Menos discursos, menos giras nacionales, menos chicanas y más respuestas. Especialmente en seguridad”.
Mar del Plata suma una segunda Sala Federal tras la promulgación de la ley
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.822, sancionada por el Congreso el pasado 26 de agosto, que modifica la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y avanza con la creación de una segunda sala para fortalecer el servicio de Justicia en la ciudad.
La norma establece la creación de la Sala II, que contará con tres secretarías de Cámara para atender los asuntos correspondientes a su jurisdicción. Además, contempla los cargos de jueces, secretarios, funcionarios y personal administrativo y de servicio necesarios para ponerla en funcionamiento.
La implementación, de todos modos, quedará sujeta a la disponibilidad del crédito presupuestario correspondiente, por lo que el paso administrativo no implica una puesta en marcha inmediata de la nueva estructura.
La iniciativa tuvo como impulsor en el Senado al radical marplatense Maximiliano Abad, quien salió a reivindicar el avance tras la promulgación. “Se promulgó la Ley 27.822, que crea una segunda Sala en la Cámara Federal de Mar del Plata”, señaló el legislador en X.
En esa línea, Abad explicó el motivo detrás de su iniciativa: “Impulsé esta iniciativa porque nuestra ciudad necesita más y mejor Justicia federal”. Y completó: “Sigo trabajando para que Mar del Plata cuente con las herramientas que se merece”.
Así, la promulgación abre ahora una nueva etapa: la de avanzar en la instrumentación de una Sala que busca ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia Federal en Mar del Plata.
Excepciones patrimoniales: pasó el tiempo y las obras todavía no arrancan
Las excepciones urbanísticas se convirtieron en una herramienta recurrente para habilitar grandes desarrollos inmobiliarios en sectores donde la normativa vigente no permitía las alturas o indicadores pretendidos. En varios de esos expedientes, la ecuación incluía la preservación o puesta en valor de inmuebles patrimoniales, compensaciones urbanísticas, inversiones millonarias y, como argumento central, la generación de empleo. Sin embargo, el calendario siguió avanzando y varios de los proyectos todavía no muestran una obra acorde con lo anunciado.
El reloj permite dimensionar la demora. Al 15 de septiembre de 2026, Villa Titito acumula 1.125 días desde que el Concejo Deliberante aprobó su excepción, el 17 de agosto de 2023. El proyecto contempla la refuncionalización del inmueble patrimonial y la construcción de dos torres de 12 pisos, 82 viviendas, un paseo urbano y una plaza seca, con una inversión anunciada de alrededor de 15 millones de dólares y un plazo de ejecución de tres años. Detrás de la iniciativa aparecen César Adolfo Curi y la firma constructora IVAN S.A.. La compensación urbanística fue vinculada al Distrito Tecnológico del Conocimiento y la Innovación. Pese al tiempo transcurrido, la obra no muestra un avance acorde con la magnitud del proyecto originalmente presentado.
El segundo reloj corre sobre el ex Chateau Frontenac, en Alvear entre Moreno y Bolívar. El 14 de marzo de 2024, el Concejo aprobó una excepción que habilitó la construcción de dos torres de hasta 30 pisos alrededor del histórico inmueble. Al 15 de septiembre ya pasaron 915 días. El desarrollo, impulsado por un grupo de inversores y desarrolladores de Buenos Aires y Uruguay, contempla 266 unidades de vivienda, 231 módulos de cocheras y un paseo peatonal, además de la puesta en valor del edificio patrimonial. Como compensación, se estableció priorizar recursos para la Plaza Revolución de Mayo y, posteriormente, el Distrito Tecnológico. Pero la postal actual todavía no se corresponde con la escala de la excepción otorgada.
En Villa La Robla, el chalet María Frers de Mahn, en Stella Maris, el expediente tomó otra dimensión. El 26 de septiembre de 2024, el Concejo autorizó una modificación al Código de Ordenamiento Territorial que permitió proyectar una torre de 35 pisos y más de 125 metros de altura, muy por encima de los parámetros generales del sector. Al 15 de septiembre de 2026 transcurrieron 719 días. El proyecto está vinculado a Fiduciaria Paisajes Urbanos e Imasa, con Florencia Miconi como una de las figuras relacionadas con la iniciativa. En este caso, además, la falta de avance tiene una explicación concreta: el desarrollo quedó judicializado.
El último capítulo es el del Chalet Mattar, ubicado en Mendoza y el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos. El inmueble, diseñado por el arquitecto Alberto Córsico Piccolini, había sido adquirido por el empresario de la pesca Luis Solimeno, quien llevaba cerca de dos décadas como propietario del chalet. El 4 de diciembre de 2025, el Concejo aprobó la Ordenanza 26.864, que desafectó al inmueble del Código de Preservación Patrimonial y permitió avanzar con su demolición. Al 15 de septiembre pasaron 285 días. El chalet ya no está: fue demolido en enero, pero la nueva construcción proyectada por el empresario pesquero todavía no aparece en el terreno.
La discusión excede, entonces, a cada expediente en particular. El régimen de incentivos a la construcción fue presentado como una vía para reactivar la actividad, atraer inversiones y generar puestos de trabajo. Las excepciones patrimoniales se montaron sobre una lógica similar: conceder mayor capacidad constructiva a cambio de inversiones, compensaciones y, en algunos casos, la conservación de bienes históricos. Pero cuando pasan tres años, dos años o casi un año sin que aparezca la obra prometida, la pregunta inevitable es qué queda de aquella ecuación.
Y el debate suma una particularidad política. En las últimas semanas, una carta firmada por empresarios, referentes y vecinos de Mar del Plata reclamó mayores niveles de seguridad y también incluyó cuestionamientos a las excepciones a la construcción. Entre los firmantes apareció Miconi, vinculada a uno de los proyectos más polémicos beneficiados por una de esas excepciones.
Así, la discusión vuelve al punto de partida: ¿las excepciones fueron una herramienta para generar inversión y empleo o terminaron siendo, en algunos casos, un beneficio urbanístico cuyo resultado todavía está por verse? El calendario, por ahora, sigue corriendo.
La fábrica de asesores del Concejo: cuántos son y cómo se reparten los despachos en Mar del Plata
En los pasillos del Concejo Deliberante de General Pueyrredon prima una lógica implícita pero implacable: la política local no se mide únicamente en proyectos presentados ni en discursos encendidos en el recinto, sino en la capacidad de abonar sueldos con fondos públicos. Un relevamiento minucioso sobre la nómina oficial del cuerpo expone las tripas de una maquinaria burocrática inflada y despareja, donde 24 concejales administran una masa de 178 cargos políticos distribuidos entre asesores personales y secretarías de bloque. El cálculo matemático básico resulta escandaloso para cualquier contribuyente: la comuna sostiene un promedio de 7,4 colaboradores por cada banca representativa.
Lo curioso del caso marplatense es que la generosidad estatal no premia a la fuerza que obtuvo mayor cantidad de votos ni a la que ostenta la primera minoría. El bloque del PRO, que ostenta 5 bancas, exhibe el promedio de asesores más modesto del recinto, con 6,6 empleados por edil. En el lote de bancadas intermedias con 4 integrantes, La Libertad Avanza (LLA) comanda una tropa de 32 contratados —alcanzando un promedio de 8,0 asesores por banca—, mientras que la UCR + Nuevos Aires le sigue de cerca acumulando 31 cargos, lo que representa una tasa de 7,75 colaboradores por edil. Por su parte, Unión por la Patria (UP) no se queda atrás y administra 30 puestos políticos para sus 4 representantes, manteniendo una media de 7,5 por despacho.
En cambio, las bancadas más pequeñas y los espacios vecinalistas han transformado la negociación parlamentaria en una verdadera pyme legislativa. El Frente Renovador (FR), con solo 2 concejales, y Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF), con 4 ediles, trepan a la cima de la efectividad presupuestaria con un promedio formidable de 8,5 asesores por cada banca. El monobloque de la Coalición Cívica (CC) tampoco se queda atrás en el confort institucional y le garantiza a su único representante un séquito de 8 colaboradores.
A continuación, la nómina exacta de concejales ordenada de mayor a menor según la cantidad de asesores directos asignados a su despacho personal (sin incluir los cargos fijos de secretaría de cada bloque político):
1. Valeria Crespo (UP): 9 asesores
2. Juan Manuel Cheppi (FR): 8 asesores
3. Solange Belén Flores (FR): 8 asesores
4. Rolando Demaio (LLA): 8 asesores
5. Vanesa Analía Benavidez (LLA): 8 asesores
6. Luis Emiliano Recalt (LLA): 8 asesores
7. Gustavo Arnaldo Pulti (AM-MDF): 8 asesores
8. Horacio Taccone (AM-MDF): 8 asesores
9. Melisa Centurión (AM–MDF): 8 asesores
10. Gabriela Azcoitia (UCR+NA): 8 asesores
11. Ariel Martínez Bordaisco (UCR+NA): 8 asesores
12. Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA): 8 asesores
13. Guido García (CC): 8 asesores
14. Marcelo Cardoso (PRO): 7 asesores
15. Florencia Ranellucci (PRO): 7 asesores
16. Liliana Piccolo (PRO): 7 asesores
17. Noelia Álvarez Ríos (LLA): 7 asesores
18. Eva Ayala (AM-MDF): 7 asesores
19. Fernando Gabriel Muro (PRO): 6 asesores
20. Julián Bussetti (PRO): 6 asesores
21. Diego García (UP): 6 asesores
22. Mariana Cuesta (UP): 6 asesores
23. Pablo Obeid (UP): 6 asesores
24. Vilma Baragiola (UCR+NA): 6 asesores
Adicionalmente, el FR y la CC cuentan con 1 cargo de Secretaría de Bloque cada uno, mientras que el PRO, UP, LLA, AM-MDF y UCR+NA disponen de 2 cargos de Secretaría de Bloque por bancada.
En un distrito atravesado por urgencias sociales e infraestructura deficiente, la planta del Concejo funciona como un refugio blindado, donde todos los espacios políticos, sin importar el color partidario, garantizan la superpoblación de sus despachos a expensas de las arcas municipales.
El Municipio se sumó a una red de administraciones tributarias para fortalecer la recaudación
El gobierno interino de Agustín Neme sumó una nueva pieza a su estrategia tributaria. A través del Decreto 1809/2026, publicado este miércoles, la Municipalidad de General Pueyrredon formalizó su adhesión al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS), un organismo que reúne a administraciones tributarias provinciales y municipales y que funciona como espacio de intercambio, capacitación y asistencia técnica.
La incorporación no es solamente institucional. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo plantea que la adhesión está orientada a “sugerir medidas y técnicas de fiscalización destinadas a incrementar la recaudación de las tasas y derechos municipales”, además de capacitar a los recursos humanos y formular recomendaciones para actualizar la normativa.
El CeATS tiene entre sus objetivos promover el intercambio de experiencias entre fiscos, brindar cooperación y asistencia, impulsar investigaciones sobre sistemas tributarios, desarrollar capacitaciones y favorecer la incorporación de tecnología a las administraciones. También trabaja sobre cuestiones vinculadas al catastro, los registros de la propiedad y la fiscalización tributaria.
En el caso de General Pueyrredon, el decreto además deja planteado un segundo paso: la futura adhesión al Sistema Unificado de Administración Tributaria Subnacional (SUATS). Según el texto oficial, existe una “necesidad imperiosa de restablecer la interconexión entre las distintas plataformas tributarias subnacionales y los actores de la actividad comercial y registral vinculada al sector automotor en todo el territorio nacional”. La membresía al CeATS es, de acuerdo con el expediente, un requisito previo para acceder a ese sistema.
La decisión llega, además, en un contexto incómodo para las cuentas municipales. La cobrabilidad de las tasas es uno de los puntos que viene generando preocupación y cuestionamientos políticos. En agosto, Unión por la Patria presentó un pedido de informes para conocer cuánto destinó la comuna a un servicio tercerizado de asistencia en la gestión tributaria y qué resultados obtuvo. Según la documentación incorporada al expediente, durante 2026 se pagaron al menos $1.057 millones al consorcio integrado por KARSTEC S.A. e IT NET S.A., por prestaciones correspondientes al año anterior.
Así, mientras ese contrato quedó bajo la lupa, el Ejecutivo decidió sumar otra herramienta para abordar el problema desde la propia administración. El decreto sostiene que la adhesión permitirá “formar parte del análisis de la problemática tributaria común para encontrar soluciones superadoras” y avanzar en una “profesionalización constante” de la administración tributaria.
La membresía correspondiente a 2026 fue bonificada para la Municipalidad, mientras que el expediente ya incorpora el costo previsto para 2027. Como representante titular fue designado Gustavo Rafael Enciso, administrador general de la Agencia de Recaudación Municipal, y como alterno, Ulises Alberto Fernando Videla.
En definitiva, el Ejecutivo busca reforzar la maquinaria tributaria municipal con capacitación, asistencia, fiscalización e interconexión de información. La apuesta ahora será determinar si esas herramientas logran traducirse en uno de los resultados que el propio decreto marca como objetivo: mejorar la recaudación de las tasas municipales.
Zona Fría: el Senado dio el paso clave y Mar del Plata quedó a un voto de perder el beneficio
El debate que durante meses parecía trabado en el Congreso dio este miércoles un giro decisivo. El Senado avanzó con el proyecto del Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de Zona Fría y dejó la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto. El dato que encendió las alarmas en Mar del Plata es que el dictamen fue firmado sin modificaciones respecto del texto que ya había obtenido media sanción en Diputados.
La iniciativa plantea mantener el beneficio para las zonas históricamente comprendidas por el régimen, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En cambio, las localidades incorporadas en 2021, entre ellas General Pueyrredon, pasarían a un esquema focalizado. El descuento dejaría de alcanzar de manera general a los usuarios y quedaría reservado para hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica y cumplan con los requisitos del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El proyecto modifica la propia base de cálculo de la bonificación. En lugar de aplicarse sobre el total de la factura, pasaría a computarse únicamente sobre el precio del gas. Transporte y distribución quedarían fuera del descuento. En los hechos, aun para quienes continúen dentro del régimen, la incidencia sobre la boleta podría ser diferente a la actual.
Durante el debate en comisión, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la reforma impulsada por el Gobierno y apuntó contra la ampliación del régimen aprobada en 2021, que incluyó a General Pueyrredon. En ese marco, sostuvo que se trata de “zonas templadas” y cuestionó el origen de aquella modificación, al afirmar que fue “claramente una ley que buscó tener votos para las elecciones”.
El dato político que modifica el escenario para Mar del Plata es que el proyecto ya superó el filtro de las comisiones del Senado. Si la Cámara alta lo aprueba tal como llegó desde Diputados, quedará convertido en ley. Si los senadores introducen cambios, en cambio, deberá regresar a la Cámara baja. La discusión, por lo tanto, dejó de ser si el expediente podía avanzar, ahora la definición está en los votos del recinto.
Mientras en Mar del Plata la defensa de Zona Fría fue llevada al recinto del HCD, en el Senado el proyecto que restringe ese beneficio acaba de quedar listo para ser votado. El expediente ya no está en la sala de espera del Congreso, llegó a la puerta del recinto. Y para los usuarios marplatenses, lo que está en juego ya no es una discusión sobre el futuro de la Zona Fría, sino cuánto del descuento que hoy aparece en sus facturas seguirá existiendo si el Senado decide avanzar.
Neme, hiperactivo al frente del Ejecutivo: cuestionó a Provincia, apuntó contra Pulti y bancó a Milei
Agustín Neme empezó a levantar el perfil. A nueve meses de asumir interinamente la conducción de General Pueyrredon, el intendente dejó atrás buena parte del bajo perfil que había caracterizado su exposición y comenzó a multiplicar sus apariciones: entrevistas radiales, recorridas, encuentros empresariales y respuestas políticas. El fuerte cruce con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, terminó de abrir una nueva etapa.
La discusión por la supuesta “acefalía” del Municipio fue el disparador. Bianco cuestionó la comunicación con el Ejecutivo local y sostuvo que la administración estaba “virtualmente acéfala”. Neme respondió públicamente: “Mar del Plata no está acéfala. Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y tiene un rumbo claro”. Desde entonces, el jefe comunal aprovechó cada micrófono para defender la gestión y marcar diferencias con la Provincia.
En una de sus últimas apariciones, en una entrevista en el programa “El Pase de Brisas”, Neme apuntó directamente contra el planteo de Bianco y sostuvo que “falta a la verdad”. También destacó que mantiene una “relación directa con varios funcionarios del gobierno provincial”. Y deslizó una lectura política sobre las críticas: “No sé si es desconocimiento por parte del gobernador o del ministro o es una chicana más que estamos acostumbrados de gente que representa a la vieja política”.
La seguridad aparece como uno de los principales terrenos de disputa. Neme remarcó que “la potestad de la seguridad en la provincia es del gobernador”. Aunque defendió el rol municipal: “El Municipio en nuestro caso hace muchísimo y creo en ese trabajo coordinado con la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Provincia”. Y dejó otra definición: “Yo creo en la mano dura contra el delincuente”. También destacó que los reclamos ante Nación derivaron, según afirmó, en la llegada de 150 efectivos federales a la ciudad.
El intendente interino también comenzó a mostrar una agenda propia sobre la gestión cotidiana. Se definió como “obsesivo del espacio público” y reconoció el límite entre las demandas y los recursos: “Uno tiene ganas de hacer todo, pero después te encontrás con la realidad”. Por eso, explicó, está tomando “prioridades”. Y dejó una definición que busca diferenciarlo de la política de anuncios: “Para mí decirle a un vecino ‘no puedo’ me afecta en lo personal. Pero yo prefiero decir la verdad”.
La discusión por las obras también le sirvió para marcar territorio frente a la Provincia. Neme contó que estuvo con el equipo de Infraestructura bonaerense y que entregó un listado de obras que, según señaló, habían sido comprometidas para Mar del Plata. “De eso no vino nada a Mar del Plata”, afirmó. En contraposición, sostuvo que las intervenciones que actualmente pueden verse en las calles son “100% recursos municipales” y lanzó: “Yo no recibo nada del gobierno de la Provincia”.
Ante la aclaración sobre la coparticipación, respondió: “Eso es por Ley”. Y volvió a cargar contra Kicillof: “Después pueden ver al gobernador tirando millones a intendentes amigos”. En la misma línea, resumió su posición con una frase que ya funciona como consigna política: “Hicieron de la discriminación una constante con Mar del Plata. Vamos a poner un slogan de la Provincia: a Mar del Plata nada”.
Pero el despliegue de Neme no quedó limitado al enfrentamiento con Kicillof. También comenzó a fijar posición sobre los temas que pueden complicar al Ejecutivo local. Sobre la recolección de residuos, admitió: “Yo nunca estoy conforme con nada, porque soy así, quiero que todo mejore más y lograr más, pero logramos una mejor situación de la que veníamos”.
Y frente al demorado pliego del transporte, pidió que el Concejo Deliberante deje atrás las diferencias y avance en una salida común. “Yo le pido a todas las fuerzas políticas de la ciudad, que están en el Concejo Deliberante, los cuales me conocen todos y trabajamos juntos, que, por favor, tengamos la honestidad intelectual y, principalmente, hacia los vecinos de lograr, de una vez por todas, un consenso respecto al sistema de transporte”. Después fue directo: “La ciudad necesita su pliego de transporte”.
La interna tampoco quedó afuera de su raid mediático. Consultado por las declaraciones de Emiliano Giri —quien había pedido que “dejenlo laburar”—, Neme buscó marcar una identidad propia: “No esperen de Agustín una persona, un político, si se quiere, porque, en definitiva, estamos en un ámbito político, de conferencia de prensa”. Y agregó: “En ese sentido, de la vieja política, ¿no? De esas personas que hablan y hablan y hablan, a mí me gusta hacer”.
También ratificó su vínculo con Guillermo Montenegro: “Con Guillermo hablo permanentemente”. Y aclaró: “No hace falta que Guillermo salga públicamente a hacerlo, lo hace, o tendría que hacerlo, el apoyo está”.
En paralelo, volvió a cargar contra Gustavo Pulti, a quien ubicó como una expresión de aquello de lo que pretende diferenciarse. “Es un claro ejemplo de la vieja política”, sostuvo. Y fue más allá: “Es una persona que lo único que hace es la crítica y la chicana política”. Luego remató: “Ya sabemos lo que fue Pulti en Mar del Plata. Para mí fue nefasto en la ciudad, en términos políticos”. Su conclusión fue personal: “Yo quiero ser lo contrario a eso”.
La agenda de Neme se amplió. En el Coloquio de Política, Economía, Real Estate & Negocios (PE&RE), al ser consultado sobre si es importante una eventual reelección de Javier Milei, respondió: “Sin lugar a dudas, y eso que soy del PRO”.
La seguidilla de apariciones muestra algo más que una agenda cargada. Neme empezó a ocupar micrófonos, fijar posiciones y responder críticas desde distintos frentes. La disputa con la Provincia le abrió una ventana para mostrar gestión, pero también para construir un discurso propio. Y en un escenario donde cada foto, cada entrevista y cada definición empieza a tener lectura electoral, el intendente interino parece haber decidido que el bajo perfil ya no es una opción.
9,9% de desocupación: Mar del Plata volvió a ubicarse entre los aglomerados con mayor desempleo
Mar del Plata se encuentra nuevamente entre los aglomerados con mayor desocupación, con un 9,9% de su población económicamente activa buscando trabajo. Ese porcentaje se traduce en más de 34 mil personas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al segundo trimestre de 2026.
Por otro lado, en comparación con el último informe realizado por el INDEC, Mar del Plata sumó seis décimas al porcentaje de la población que se encuentra desocupada. Durante el primer trimestre del año, el índice había sido del 9,3%, lo que se traducía en cerca de 32 mil personas.
En cuanto a la comparación con el año pasado, el índice también aumentó. Pasó del 6,3% del segundo trimestre de 2025, equivalente a unas 20 mil personas, al 9,9% de este año. Es decir, la tasa aumentó 3,6 puntos porcentuales en un solo año, mientras que la cantidad de personas desocupadas creció en más de 14 mil.
Otro dato importante a tener en cuenta es que Mar del Plata se encuentra entre los aglomerados que superan la media de desocupación a nivel nacional, que fue del 7,9%.
En cuanto al podio, Mar del Plata se ubica en el tercer lugar entre los aglomerados con mayor desocupación. Por encima se encuentran Gran Córdoba, con un 10,5% de desocupación, equivalente a unas 87 mil personas, y Gran Rosario, con un 11,5%, que representa más de 83 mil personas desocupadas.
Además de estos datos, de acuerdo con el INDEC, Mar del Plata cuenta con una población ocupada cercana a las 310 mil personas. De ese total, el 17,8% corresponde a ocupados demandantes de empleo, es decir, personas que tienen trabajo pero buscan activamente otro empleo. En términos absolutos, se trata de unas 61 mil personas.
Por el lado de la población subocupada demandante, es decir, aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan trabajar más horas, el índice llegó al 9%. Mientras tanto, la subocupación no demandante alcanzó el 6,6%. En conjunto, ambas categorías representan un 15,6% de la población económicamente activa, equivalente a cerca de 54 mil personas. De ese total, aproximadamente 31 mil son subocupados demandantes y unas 23 mil son subocupados no demandantes.
De esta manera, Mar del Plata vuelve a ubicarse entre los aglomerados con mayor índice de desocupación de los relevados por el INDEC, con una tasa que no solo se encuentra por encima de la media nacional, sino que también registró un fuerte incremento respecto del mismo período del año pasado.
La salud pública, al límite: HIGA sin camas, IOMA en conflicto y CAPS bajo la lupa en General Pueyrredon
La crisis del sistema de salud dejó de ser una suma de episodios aislados para convertirse en una postal cada vez más frecuente en General Pueyrredon. En Mar del Plata, la tensión atraviesa distintos niveles de atención y alcanza tanto al sistema público provincial como a las obras sociales que deberían garantizar prestaciones. El dato más reciente terminó de encender las alarmas, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” se quedó sin camas de internación, con 45 pacientes en la Guardia y otros 17 provenientes de la Región Sanitaria VIII a la espera de admisión para acceder a atención de mayor complejidad.
Desde el Ministerio de Salud bonaerense señalaron que la situación está vinculada con la falta de articulación entre el sistema público, las obras sociales y el sector privado. La Provincia apuntó especialmente a PAMI y sostuvo que tres clínicas que históricamente recibían pacientes de esa obra social dejaron de hacerlo, generando un desplazamiento de la demanda hacia el hospital provincial. PAMI, en cambio, rechazó la existencia de una situación de desatención y sostuvo que sus afiliados continúan siendo derivados y atendidos. Mientras ambos sectores intercambian responsabilidades, el HIGA queda como receptor final de una demanda que ya no puede absorber con normalidad.
Los números muestran hasta qué punto aumentó la presión sobre la red. Según los datos difundidos por la Provincia, entre enero y julio las admisiones de la UPA 13 pasaron de 17.934 en 2024 a 34.190 en 2026, un incremento del 90,6%. El propio gobierno bonaerense advirtió que el HIGA debe priorizar las emergencias y urgencias con riesgo de vida.
Pero el problema no empieza ni termina en el HIGA. IOMA se convirtió en otro de los principales focos de conflicto sanitario en Mar del Plata. La obra social bonaerense tiene alrededor de 77 mil afiliados en la ciudad y una zona de influencia que supera las 100 mil personas, según datos expresados por su propio presidente, Homero Giles. El conflicto con prestadores privados, las dificultades en las autorizaciones, las demoras y las interrupciones de convenios vienen generando reclamos de afiliados y profesionales. Desde distintos sectores también se denunciaron deudas con prestadores, mientras la conducción de IOMA atribuye parte de sus dificultades al crecimiento de los costos y al contexto financiero de la Provincia.
El nivel de confrontación llegó incluso a las protestas de afiliados y familiares. El colectivo IOMA Autoconvocados difundió un escrache contra funcionarios de la obra social y del Ministerio de Salud bonaerense, a quienes responsabilizó por las deficiencias en las prestaciones. Las acusaciones incluyen cuestionamientos por demoras, interrupciones de coberturas y dificultades para acceder a tratamientos e insumos. En paralelo, en el ámbito local también se reclamó por prestadores que llevan meses sin cobrar, una situación que puede terminar impactando directamente sobre la continuidad de los servicios.
A ese escenario se suma PAMI, otro eslabón que muestra señales de tensión. Durante el año hubo reclamos de trabajadores por la reducción de la atención, cierres de agencias y falta de personal. En junio se confirmó además el traslado de la oficina del Puerto a la denominada Vieja Usina, en Rondeau 520. Desde SUTEPA cuestionaron las condiciones del nuevo espacio y advirtieron que no estaría preparado para absorber la demanda diaria.
Y mientras los distintos niveles del sistema sanitario se disputan responsabilidades, la red municipal tampoco queda al margen de los cuestionamientos. En el Concejo Deliberante se vienen acumulando expedientes vinculados al funcionamiento de los CAPS, entre ellos el de El Martillo, además de pedidos de información sobre el CEMA y otros dispositivos de atención. En julio, la Comisión de Salud llegó a postergar el tratamiento de distintos expedientes por la falta de respuestas oficiales del Ejecutivo, mientras que en septiembre volvió a incorporar entre sus temas la situación del CAPS El Martillo y otras problemáticas vinculadas con la atención sanitaria en los barrios.
El cuadro que aparece detrás de todos estos conflictos es el de una red sanitaria cada vez más tensionada y con menos capacidad para absorber los problemas que se generan en los distintos niveles. Cuando una clínica deja de recibir afiliados de PAMI, la demanda puede terminar en el hospital provincial. Cuando un prestador de IOMA deja de trabajar por falta de pago o por desacuerdos contractuales, el costo puede trasladarse al afiliado o reducir sus alternativas de atención. Y cuando los centros de atención primaria acumulan pedidos de información o reclamos sobre su funcionamiento, la presión vuelve a caer sobre hospitales y guardias.
Así, la discusión ya no pasa solamente por quién tiene la responsabilidad formal de cada problema. Nación apunta a la Provincia, la Provincia apunta al Gobierno nacional y a las obras sociales, las obras sociales discuten con las clínicas y los prestadores reclaman por sus pagos. Pero en el último eslabón de esa cadena aparece siempre el mismo actor: el paciente. Y mientras continúan los cruces entre organismos, sindicatos, prestadores y gobiernos, Mar del Plata enfrenta una señal difícil de ignorar: un hospital interzonal sin camas, miles de personas con dificultades para acceder a prestaciones y una red de atención que muestra cada vez más signos de saturación.
Guglielmotti vuelve a conducir la CGT marplatense
La normalización de la Confederación General del Trabajo Regional Mar del Plata empieza a tomar forma y ya trascendió quién sería el dirigente elegido para ponerse al frente de la central obrera. Se trata de Miguel Ángel Guglielmotti, quien habría sido designado por unanimidad durante el plenario realizado el pasado lunes 14 de septiembre. La definición habría surgido del consenso alcanzado entre las distintas organizaciones gremiales que participan del proceso.
De esta manera, Guglielmotti volvería a ocupar la secretaría general de la CGT marplatense, cargo que ya ejerció entre 2018 y 2022. En los próximos días se oficializaría formalmente su designación junto con la de los secretarios adjuntos, mientras continúan las conversaciones para terminar de definir la integración de la junta directiva.
El dirigente fue además secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata entre 2011 y 2022 y tuvo un paso por el Concejo Deliberante entre 2021 y 2025, donde representó a Unión por la Patria y llegó a ocupar la vicepresidencia primera del cuerpo.
El regreso de Guglielmotti a la conducción sindical se produce, además, en un escenario laboral particularmente complejo para la ciudad. Durante el segundo trimestre de 2026, el desempleo en Mar del Plata trepó al 9,9%, con una pérdida estimada de 14.000 puestos de trabajo, según los datos difundidos recientemente. En ese contexto, la nueva conducción de la CGT tendrá por delante una agenda atravesada por el empleo, los salarios y la situación de los trabajadores.
El EMDER y la licitación de limpieza: entre anomalías y condiciones a medida
El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) transitó este viernes 18 de septiembre la fecha marcada en el calendario para la apertura de sobres del segundo llamado de la Licitación Pública 01/2026, un contrato de 544,8 millones de pesos para mantener la higiene de los polideportivos barriales y del Natatorio Alberto Zorrilla. Sin embargo, en lugar de conocerse las nuevas ofertas económicas, la jornada oficial estuvo dominada por la publicación de la Resolución 237/26 en el Boletín Oficial.
El acto administrativo, firmado por el presidente del organismo, Sebastián D’Andrea, con fecha del 4 de septiembre pero difundido recién hoy, dejó formalmente sin efecto el fallido primer intento realizado en julio y expuso el entramado de anomalías que mantuvieron bajo reserva durante más de dos meses.
El texto oficial revela la trastienda de la apertura de sobres celebrada el pasado 13 de julio, cuyo resultado jamás se había transparentado al ámbito público. De acuerdo con las actuaciones administrativas, ninguna de las cuatro firmas participantes logró atravesar el filtro técnico sin observaciones de gravedad.
El informe de la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas del 16 de julio detalló que el polémico contratista Roberto Francisco Cappi presentó su estructura de costos sin el aval de un profesional en Ciencias Económicas y omitió justificar el cálculo de horas mensuales. La firma Hipólito Integral S.A. cometió errores de bulto al trasladar cotizaciones del Polideportivo Centenario al de Libertad y omitió sus datos identificatorios en las planillas. Por su parte, Logistical S.A. volcó en su análisis un costo total de 22,2 millones de pesos que discrepaba con su propia planilla oficial, registrando además diferencias salariales no fundamentadas entre los complejos barriales y la pileta olímpica. Finalmente, Procesos Integrales de Higiene S.A. presupuestó apenas un operario para el sector de piletas del Natatorio Zorrilla, cuando el pliego exigía un mínimo de dos trabajadores.
A las fallas operativas de las empresas se sumó una fuerte tensión interna en la propia estructura del EMDER. Aunque la Comisión Evaluadora calificó la propuesta de Logistical S.A. como la más conveniente e insinuó desestimar las ofertas con errores graves, la Jefatura de Compras intervino el 17 de julio solicitando no caer en excesos de rigurosidad técnica para evitar limitar la compulsa. En ese mismo dictamen, Compras advirtió un dato insoslayable que la comisión había omitido: los abultados antecedentes de sanciones que acumulaba Roberto Francisco Cappi durante el cumplimiento de su contrato vigente. Se trata del mismo proveedor que había sido sancionado por ausentismo y abandono de tareas en abril de 2026, para luego ser beneficiado por D’Andrea con un aumento exprés del 18 por ciento, pasando por encima de los severos reparos de la Contaduría interna.
Frente a las inconsistencias detectadas, el EMDER intimó a las empresas a subsanar la documentación. Mientras Logistical S.A. y Procesos Integrales de Higiene S.A. enviaron aclaraciones el 22 de julio, ni Cappi ni Hipólito Integral S.A. respondieron a las cédulas de notificación dentro de los plazos legales. A pesar de que la Presidencia evaluó en un principio adjudicar la contratación a los proveedores que respondieron, D’Andrea terminó haciendo uso del artículo 154 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para dejar sin efecto todo el proceso y convocar a una nueva compulsa.
Lejos de endurecer las exigencias para resguardar los recursos municipales, el cierre del primer llamado abrió un escenario de mayor flexibilidad en favor de las empresas. Por un lado, la propia resolución que dejó nula la licitación de julio eximió a las cuatro firmas cuestionadas de volver a presentar la documentación que no se encontrara vencida, facilitándoles un retorno simplificado al nuevo proceso. Por el otro, la modificación introducida el 7 de septiembre mediante una Nota Aclaratoria fijó en apenas un 10 por ciento el margen de desfase necesario para solicitar redeterminaciones de precios, dinamitando la exigencia original del 35 por ciento que buscaba blindar las arcas públicas ante constantes reajustes.
Con la apertura de sobres, el expediente del segundo llamado inicia ahora su recorrido por el circuito administrativo para la evaluación de las propuestas. Sin embargo, el trámite recomienza bajo un marco normativo sensiblemente más permeable y favorable para las empresas. Tras más de dos meses de expedientes reservados y resoluciones demoradas, la gestión de Sebastián D’Andrea enfrenta el desafío de demostrar si este nuevo proceso aportará la transparencia y el rigor técnico prometidos o si consolidará la discrecionalidad en el manejo de los fondos del deporte marplatense.
Según reveló una investigación publicada por el diario La Nación, el conflicto comenzó cuando desde las oficinas centrales del banco en Buenos Aires se impulsó la concesión de un crédito por 52.600 millones de pesos a la sociedad Jardines de Chauvín SA. Los fondos estaban destinados a la construcción de dos torres residenciales en la calle Larrea al 2850, en el barrio Chauvín de Mar del Plata. Sin embargo, la firma solicitante presentaba marcadas irregularidades: creada a mediados de 2024, no registraba ingresos declarados, presentaba balances en rojo y carecía de antecedentes en el sector inmobiliario.
A las inconsistencias financieras se sumó una advertencia sobre la integridad del proyecto. El dueño del 90% de las acciones de la sociedad es el empresario Mariano Jinkis, quien admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos a dirigentes deportivos en el marco del caso FIFAgate.
De acuerdo con las actuaciones y la auditoría interna expuestas por La Nación, la gestión del financiamiento no se inició por pedido de los desarrolladores en la sucursal local, sino por iniciativa de áreas técnicas del banco en Buenos Aires. Frente a los reiterados pedidos de la sede central para avanzar con el trámite, Pourrere —con 36 años de carrera en el banco y una década al frente de la zona Atlántica— rehusó firmar el aval. El funcionario dejó asentadas por escrito sus objeciones por falencias contables, errores en los montos consignados y el elevado riesgo reputacional.
Seis días después de su negativa formal, Pourrere fue notificado de su reubicación en Santa Fe con una rebaja de categoría jerárquica. El afectado presentó un descargo denunciando represalias. Posteriormente, una auditoría interna del propio banco constató las fallas en el expediente y la falta de garantías, lo que derivó en la cancelación definitiva de la asistencia crediticia en mayo.
Al evaluar la medida cautelar, el juez Bibel coincidió con el dictamen del fiscal federal Daniel Adler y concluyó que el traslado dispuesto por el Directorio del banco carecía prima facie de sustento técnico u objetivo. En respuesta a las consultas periodísticas de La Nación, las autoridades del Banco Nación rechazaron que la medida responda a una represalia, sosteniendo que el trámite del crédito y el traslado del agente transitaron por carriles administrativos independientes. Asimismo, la entidad confirmó que se presentará ante los tribunales federales de Mar del Plata para apelar el fallo judicial.
El Ejecutivo busca darle vía libre a un nuevo barrio de 1.012 lotes
A las inconsistencias financieras se sumó una advertencia sobre la integridad del proyecto. El dueño del 90% de las acciones de la sociedad es el empresario Mariano Jinkis, quien admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos a dirigentes deportivos en el marco del caso FIFAgate.
De acuerdo con las actuaciones y la auditoría interna expuestas por La Nación, la gestión del financiamiento no se inició por pedido de los desarrolladores en la sucursal local, sino por iniciativa de áreas técnicas del banco en Buenos Aires. Frente a los reiterados pedidos de la sede central para avanzar con el trámite, Pourrere —con 36 años de carrera en el banco y una década al frente de la zona Atlántica— rehusó firmar el aval. El funcionario dejó asentadas por escrito sus objeciones por falencias contables, errores en los montos consignados y el elevado riesgo reputacional.
Seis días después de su negativa formal, Pourrere fue notificado de su reubicación en Santa Fe con una rebaja de categoría jerárquica. El afectado presentó un descargo denunciando represalias. Posteriormente, una auditoría interna del propio banco constató las fallas en el expediente y la falta de garantías, lo que derivó en la cancelación definitiva de la asistencia crediticia en mayo.
Al evaluar la medida cautelar, el juez Bibel coincidió con el dictamen del fiscal federal Daniel Adler y concluyó que el traslado dispuesto por el Directorio del banco carecía prima facie de sustento técnico u objetivo. En respuesta a las consultas periodísticas de La Nación, las autoridades del Banco Nación rechazaron que la medida responda a una represalia, sosteniendo que el trámite del crédito y el traslado del agente transitaron por carriles administrativos independientes. Asimismo, la entidad confirmó que se presentará ante los tribunales federales de Mar del Plata para apelar el fallo judicial.
El Ejecutivo busca darle vía libre a un nuevo barrio de 1.012 lotes
El gobierno interino de Agustín Neme puso en marcha en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para darle marco urbanístico al Loteo San Mateo, un nuevo desarrollo de 40,4 hectáreas que prevé la generación de 1.012 lotes para viviendas en el oeste de Mar del Plata. El predio pertenece a Reales Desarrollos SRL. La iniciativa se encuadra en el Programa Lotes con Servicios de la Ley provincial 14.449 y no sólo contempla la subdivisión del inmueble, sino también un cambio de zonificación que deberá ser aprobado por los concejales.
El macizo está delimitado por las avenidas Héctor Tarantino, Colón y Juan B. Justo y una calle sin nombre. Según surge del mensaje enviado por la Secretaría de Obras al Concejo, la superficie alcanza los 404.112,40 metros cuadrados y actualmente está incorporada al área Complementaria del Territorio Interior seis (CoTI 6). El punto central del expediente aparece justamente allí: el Código de Ordenamiento Territorial define a ese sector como una zona de transición urbano-rural y establece que “no se permiten subdivisiones que impliquen creación de áreas urbanas”. El proyecto del Ejecutivo busca modificar esa condición y afectar el predio al Distrito de Urbanización Determinada Programa Lotes con Servicios (UD-PLS-02).
La propuesta urbanística contempla 49 manzanas, con 1.012 parcelas destinadas a vivienda única, unifamiliar y permanente. A eso se suman cuatro parcelas para reserva de equipamiento público y otra destinada a espacio verde libre y público. El trazado fue pensado como una extensión de la trama existente: de acuerdo con la memoria técnica, se trabajó junto a la Dirección de Planeamiento Territorial para darle continuidad al trazado del barrio San Jorge, con calles de 15 metros de ancho y una calle central que funcionará como vía principal, con 20 metros de amplitud.
La propia Secretaría de Obras sostiene que la propuesta permite avanzar con la ampliación del área urbana porque “responde a la continuidad de la trama circulatoria del entorno circundante”, además de considerar la ocupación poblacional consolidada de los alrededores y la posibilidad de acceder a servicios esenciales y equipamiento comunitario. En esa línea, el Municipio remarca que el proyecto fue acompañado por distintas factibilidades y estudios técnicos antes de llegar al Concejo.
El nuevo barrio, si finalmente obtiene luz verde, no quedará limitado a la apertura de calles y la división de parcelas. La memoria técnica establece un paquete de infraestructura que incluye apertura, entoscado y enripiado de calles; desagües pluviales; tendido eléctrico y alumbrado público; red de agua potable; red cloacal; forestación; señalización y espacios verdes con equipamiento recreativo.
En materia vial, el proyecto prevé desmontes de entre 40 y 60 centímetros, la utilización de suelo seleccionado como base y un entoscado de entre 60 y 80 centímetros, con estabilización mediante piedra partida. La terminación superficial de las calles se realizará con enripiado. La calle central tendrá además una jerarquía especial dentro del diseño, al contar con un ancho de 20 metros.
El capítulo hidráulico también ocupa un lugar central. La documentación establece que se realizará una nivelación georreferenciada al Instituto Geográfico Nacional y, a partir de allí, se desarrollará el proyecto de desagües necesario para garantizar el escurrimiento del predio. El emprendimiento contempla zanjeos para conducir los pluviales y alcantarillado en los cruces de calles, además de desagües primarios y secundarios.
En cuanto a los servicios, el loteo deberá contar con tendido eléctrico aéreo de media y baja tensión y alumbrado público. La memoria técnica especifica que las luminarias serán LED de 105 watts y estarán distribuidas en las distintas manzanas. Para el agua potable se proyectan cañerías de 90 y 75 milímetros y, de acuerdo con lo que determine OSSE, una perforación central para alimentar y autoabastecer la red.
La red cloacal, en tanto, se conectará con las cañerías existentes de OSSE. El diseño prevé que las conducciones se ubiquen principalmente en veredas y utiliza cañerías maestras de PVC cloacal de 160 y 200 milímetros. Todo el esquema, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, deberá desarrollarse en dos etapas por la magnitud del emprendimiento.
El proyecto también reserva un lugar para el espacio público. La documentación establece que se destinarán más de 20.000 metros cuadrados a espacios verdes de uso público, que serán equipados con juegos recreativos y deportivos destinados a jóvenes y adultos. A esto se sumará la forestación: la memoria técnica contempla la colocación de dos fresnos por cada lote, además de señalización en las esquinas con identificación de calles y numeración.
Pero el expediente tiene otro capítulo que será seguido de cerca en el Concejo: la compensación urbanística. El convenio celebrado entre el Municipio y Reales Desarrollos SRL establece una contraprestación de $493.813.215, a valores de enero de 2026 y ajustable mediante el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El acuerdo dispone que esa compensación se materialice mediante infraestructura pública y equipamiento urbano, incluyendo la puesta en valor de la Plaza Barrial Ceferino Namuncurá, en el barrio San Jorge.
El desarrollador, además, asumirá las obras de infraestructura del nuevo barrio. El convenio fija un plazo máximo de 24 meses por etapa, contado desde la aprobación del plano correspondiente, y establece garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. El Municipio tendrá la facultad de ejecutar esas garantías ante eventuales incumplimientos.
La iniciativa también establece qué podrá hacerse con los terrenos una vez generados. La ordenanza fija una superficie mínima de 200 metros cuadrados y un frente mínimo de 8 metros, con provisión de agua corriente y cloacas, y determina que la comercialización o adjudicación deberá tener como destino vivienda única, unifamiliar y permanente.
Desde el Ejecutivo sostienen que el expediente atravesó las distintas instancias técnicas, legales y ambientales previstas. Entre la documentación incorporada figuran la prefactibilidad hidráulica de la Autoridad del Agua, certificados de OSSE, factibilidad de EDEA, certificado de no inundabilidad, informes de ordenamiento territorial y factibilidad de la red vial. Una vez cumplida la primera etapa, se incorporaron el proyecto hidráulico, la memoria de las obras de urbanización, la propuesta de compensación y los planos definitivos.
Con ese recorrido cumplido, Obras consideró que el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el tratamiento legislativo. Ahora el debate se trasladará al Concejo Deliberante, donde el proyecto tiene giro a las comisiones de Obras y Planeamiento, presidida por el concejal del PRO Fernando Muro, y Legislación, a cargo del edil de UCR+NA Ariel Bordaisco.
Así, el oficialismo deberá defender una iniciativa que va bastante más allá de la creación de mil lotes: plantea incorporar al entramado urbano un predio de más de 40 hectáreas, modificar su zonificación, extender la cuadrícula del barrio San Jorge y establecer las condiciones de infraestructura, servicios y compensación que acompañarán la urbanización. El primer filtro será ahora político y estará en las comisiones del Concejo.
Bahía Bristol: Provincia justificó la ausencia del Municipio y habló de un gobierno “acéfalo”
Desde la Provincia salieron a aclarar los motivos detrás de la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol y, en ese mismo movimiento, cargaron contra el Municipio de General Pueyrredon y el gobierno interino de Agustín Neme. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, justificó la decisión, explicó el esquema que tendrá el nuevo organismo y cuestionó la falta de diálogo con la administración municipal.
La definición se conoció luego de que, a través del Decreto 1516/2026, el gobierno de Axel Kicillof formalizara la creación de esta estructura, que dependerá del Ministerio de Gobierno y tendrá como objetivo articular las políticas vinculadas al Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los distintos espacios públicos y equipamientos de la Bahía Bristol.
Durante su habitual conferencia de prensa, Bianco buscó despejar las críticas sobre la creación de una nueva estructura estatal y remarcó que la unidad tendrá un único funcionario rentado. “Todos los cargos son ad honorem, salvo la persona que va a estar a cargo de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, que va a desempeñar un rol de director ejecutivo y va a depender del Ministerio de Gobierno”, explicó.
La comisión asesora estará integrada por representantes de Producción, Instituto Cultural, Lotería y Casinos, Educación, Economía, Infraestructura y Seguridad. La presencia de esas áreas responde, según explicó el ministro, a las diferentes actividades que conviven en el sector, entre ellas el Teatro Auditorium, el Casino Central y el Centro de Educación Física N° 1.
La Provincia vincula la creación del organismo con la intervención integral que lleva adelante sobre la Bahía Bristol. El plan contempla una inversión cercana a los $25.000 millones y trabajos sobre pisos, muros de piedra, escaleras, rampas, equipamiento urbano, bulevares, recovas, desagües, iluminación y sectores verdes, además de la restauración de las esculturas de los lobos marinos y otros elementos emblemáticos.
La primera etapa de la obra registra, de acuerdo con lo informado por Bianco, un avance físico del 90% y tiene previsto finalizar en diciembre de 2026. La segunda etapa, en tanto, ya fue adjudicada y comenzará en octubre, con un plazo de ejecución de 180 días.
El objetivo de la nueva unidad, según explicó el ministro, es que la inversión tenga continuidad una vez terminadas las intervenciones. “Porque si hacemos la obra y la dejamos abandonada, va a pasar lo mismo. Se va a ocupar, la van a vandalizar, etcétera, lo que veníamos haciendo este tiempo”, sostuvo Bianco.
Pero la discusión rápidamente tomó un tono político por la ausencia del Municipio en la estructura provincial. Ante las críticas opositoras, el funcionario bonaerense explicó que la administración de Neme no fue incorporada por la falta de comunicación entre ambas partes.
“Nos hubiese encantado que el municipio participe de esta unidad de coordinación. No podemos comunicarnos, y no es el único municipio de la provincia de Buenos Aires con el que tenemos esta situación, que no hay posibilidad de comunicación”, afirmó.
Bianco apuntó directamente contra el gobierno interino y fue más allá: “Es un municipio, General Pueyrredon, Mar del Plata, que está virtualmente acéfalo. Su intendente no contesta, no coordina ni cuestiones de seguridad ni cuestiones de infraestructura ni cuestión, en este caso, de la Rambla”.
Para respaldar sus dichos, el ministro relató una serie de mensajes que, según aseguró, intercambió con Neme desde enero. “Lo digo no porque me lo haya contado alguien. Tengo toda la secuencia en mi celular”, enfatizó. Según su versión, el intendente le pidió una reunión el 22 de enero, le respondió al día siguiente y posteriormente hubo nuevos contactos para concretar un encuentro, pero la comunicación se cortó.
“Si el municipio no está dentro de la unidad de coordinación Bahía Bristol, es porque no contesta los mensajes”, insistió Bianco.
El funcionario también recordó que el Municipio tiene competencia sobre la limpieza de la zona y cuestionó el cumplimiento de esa responsabilidad. “Repito, nos hubiese encantado que participe, porque aparte tiene una responsabilidad concreta, que es la limpieza de toda esta zona”, concluyó.
Así, la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol no quedó limitada a una decisión administrativa. En paralelo al avance de una de las obras más importantes que la Provincia ejecuta en Mar del Plata, Kicillof sumó una nueva estructura para intervenir sobre el sector y Bianco aprovechó la presentación para marcar las diferencias con el gobierno interino de Neme.
El oficialismo marplatense exige control parlamentario sobre Mogotes
La controversia por la gestión y titularidad del Complejo Punta Mogotes trasladó este lunes su epicentro del fuero judicial al ámbito legislativo de General Pueyrredon. Tras el cierre de la vía cautelar en los tribunales marplatenses, el bloque de concejales de la UCR+Nuevos Aires formalizó la presentación del expediente 1766/26. Se trata de un proyecto de Comunicación que solicita a los legisladores provinciales que representan a la ciudad promover las acciones políticas e institucionales necesarias ante la Gobernación a fin de auditar y fiscalizar la extensión de los contratos balnearios resuelta por la Administración Punta Mogotes.
La propuesta —con la autoría de los ediles radicales Ariel Martínez Bordaisco, Ricardo Liceaga Viñas, Vilma Baragiola y Gabriela Azcoitia— sostiene que la extensión temporal de los contratos otorgados décadas atrás vulnera los principios de transparencia, concurrencia y control democrático al concretarse sin un proceso licitatorio abierto. El texto argumenta que el propio gobernador Axel Kicillof anunció el traspaso del predio a la órbita municipal el pasado 11 de mayo. Bajo esa premisa, el documento remarca que la Comuna debe tener injerencia como titular del recurso estratégico y reclama que los organismos provinciales se abstengan de asumir compromisos a largo plazo sobre el espacio público sin la correspondiente supervisión de la Legislatura bonaerense.
El movimiento legislativo exhibió además el mapa de alianzas e internas dentro del mapa político local. El proyecto sumó de inmediato las adhesiones del bloque PRO —a través de las firmas de Julián Bussetti, Fernando Muro, Marcelo Cardoso, Florencia Ranellucci y Liliana Piccolo— y del monobloque de la Coalición Cívica, representado por Guido García. Sin embargo, la iniciativa no incluyó el respaldo de La Libertad Avanza. La ausencia de la bancada libertaria evidencia las diferencias tácticas que persisten entre las fuerzas que acompañan la gestión municipal, en un tema donde el radicalismo ha embanderado el reclamo por la restitución del complejo a la ciudad.
Esta embestida en el Concejo Deliberante responde al escenario configurado tras el fracaso de la conciliación en los tribunales. Luego de que venciera la última tregua judicial otorgada por el juez Simón Isacch, la mayoría provincial en el ente mixto hizo valer su número para aprobar el Acta N° 1321, extendiendo las concesiones de las 24 unidades balnearias hasta el 30 de junio de 2027. Aquella maniobra obligó al Ejecutivo municipal a retirar su solicitud de medida cautelar por considerar que el reclamo había sido vaciado de contenido, derivando en la extinción de ese incidente resuelta por el magistrado.
Sin la herramienta del congelamiento cautelar y a la espera de resoluciones sobre el expediente principal que discute la deuda histórica y la municipalización, el oficialismo marplatense busca trasladar la discusión a La Plata. Con la mirada puesta en la inminente temporada estival, la Comuna procura activar el contralor parlamentario en la capital provincial para cuestionar las decisiones unilaterales de la Gobernación y sostener en la agenda pública la disputa por el control de la costa.
Neme salió al cruce del Gobierno bonaerense: “Mar del Plata no está acéfala”
La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y el Municipio de General Pueyrredon sumó un nuevo capítulo. Luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionara a la gestión local por no responder un mensaje y calificara al gobierno de Mar del Plata como “virtualmente acéfalo”, el intendente interino Agustín Neme salió a responderle con dureza.
En un video publicado en sus redes sociales, Neme comenzó dirigiéndose directamente al gobernador Axel Kicillof y devolviéndole la acusación. “Gobernador, si hay algo que está acéfalo hoy en día en la Argentina es la Provincia de Buenos Aires que usted conduce. Y principalmente en materia de seguridad”, lanzó.
A partir de allí, el jefe comunal interino puso el foco en la situación de seguridad bonaerense y cuestionó al mandatario provincial por la falta de respuestas. “Antes de mandar a su Jefe de Gabinete a preguntarnos cuál es nuestro plan de seguridad, yo quiero hacerle una pregunta más sencilla: ¿Cuál es su plan, Gobernador?”, planteó.
Neme defendió las políticas impulsadas desde el Municipio y enumeró recursos destinados a la prevención. “Compramos patrulleros para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creamos la Patrulla Municipal, invertimos recursos de los marplatenses en combustible, en tecnología, en prevención y presencia en la calle”, sostuvo.
Luego, el intendente interino se metió de lleno en los dichos de Bianco. “Que el Jefe de Gabinete de la Provincia diga que una ciudad de más de 700.000 habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje, no solamente es una irresponsabilidad institucional, sino que también es una falta de respeto a todos los marplatenses”, afirmó.
En esa línea, Neme cuestionó que la discusión quede reducida a un mensaje sin respuesta. “Yo no gobierno contestando WhatsApps para satisfacer las necesidades políticas de un Ministro, gobierno ocupándome de los problemas todos los días”, disparó.
El jefe comunal interino aprovechó además para poner sobre la mesa una batería de reclamos a Provincia: seguridad, policías, patrulleros, infraestructura, educación municipal, IOMA, recursos coparticipables y desarrollos urbanos, entre otros.
“Si Bianco quiere hablar de responsabilidades institucionales, hagámoslo”, desafió Neme, quien también apuntó contra el rol que tuvo Gustavo Pulti en la coordinación política de seguridad y cuestionó distintas decisiones de la administración bonaerense.
Sobre el final, buscó cerrar la discusión con una definición política contundente: “Mar del Plata no está acéfala. Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y tiene un rumbo claro”. Y remató con un mensaje para Kicillof y Bianco: “Menos discursos, menos giras nacionales, menos chicanas y más respuestas. Especialmente en seguridad”.
Mar del Plata suma una segunda Sala Federal tras la promulgación de la ley
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.822, sancionada por el Congreso el pasado 26 de agosto, que modifica la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y avanza con la creación de una segunda sala para fortalecer el servicio de Justicia en la ciudad.
La norma establece la creación de la Sala II, que contará con tres secretarías de Cámara para atender los asuntos correspondientes a su jurisdicción. Además, contempla los cargos de jueces, secretarios, funcionarios y personal administrativo y de servicio necesarios para ponerla en funcionamiento.
La implementación, de todos modos, quedará sujeta a la disponibilidad del crédito presupuestario correspondiente, por lo que el paso administrativo no implica una puesta en marcha inmediata de la nueva estructura.
La iniciativa tuvo como impulsor en el Senado al radical marplatense Maximiliano Abad, quien salió a reivindicar el avance tras la promulgación. “Se promulgó la Ley 27.822, que crea una segunda Sala en la Cámara Federal de Mar del Plata”, señaló el legislador en X.
En esa línea, Abad explicó el motivo detrás de su iniciativa: “Impulsé esta iniciativa porque nuestra ciudad necesita más y mejor Justicia federal”. Y completó: “Sigo trabajando para que Mar del Plata cuente con las herramientas que se merece”.
Así, la promulgación abre ahora una nueva etapa: la de avanzar en la instrumentación de una Sala que busca ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia Federal en Mar del Plata.
Excepciones patrimoniales: pasó el tiempo y las obras todavía no arrancan
Las excepciones urbanísticas se convirtieron en una herramienta recurrente para habilitar grandes desarrollos inmobiliarios en sectores donde la normativa vigente no permitía las alturas o indicadores pretendidos. En varios de esos expedientes, la ecuación incluía la preservación o puesta en valor de inmuebles patrimoniales, compensaciones urbanísticas, inversiones millonarias y, como argumento central, la generación de empleo. Sin embargo, el calendario siguió avanzando y varios de los proyectos todavía no muestran una obra acorde con lo anunciado.
El reloj permite dimensionar la demora. Al 15 de septiembre de 2026, Villa Titito acumula 1.125 días desde que el Concejo Deliberante aprobó su excepción, el 17 de agosto de 2023. El proyecto contempla la refuncionalización del inmueble patrimonial y la construcción de dos torres de 12 pisos, 82 viviendas, un paseo urbano y una plaza seca, con una inversión anunciada de alrededor de 15 millones de dólares y un plazo de ejecución de tres años. Detrás de la iniciativa aparecen César Adolfo Curi y la firma constructora IVAN S.A.. La compensación urbanística fue vinculada al Distrito Tecnológico del Conocimiento y la Innovación. Pese al tiempo transcurrido, la obra no muestra un avance acorde con la magnitud del proyecto originalmente presentado.
El segundo reloj corre sobre el ex Chateau Frontenac, en Alvear entre Moreno y Bolívar. El 14 de marzo de 2024, el Concejo aprobó una excepción que habilitó la construcción de dos torres de hasta 30 pisos alrededor del histórico inmueble. Al 15 de septiembre ya pasaron 915 días. El desarrollo, impulsado por un grupo de inversores y desarrolladores de Buenos Aires y Uruguay, contempla 266 unidades de vivienda, 231 módulos de cocheras y un paseo peatonal, además de la puesta en valor del edificio patrimonial. Como compensación, se estableció priorizar recursos para la Plaza Revolución de Mayo y, posteriormente, el Distrito Tecnológico. Pero la postal actual todavía no se corresponde con la escala de la excepción otorgada.
En Villa La Robla, el chalet María Frers de Mahn, en Stella Maris, el expediente tomó otra dimensión. El 26 de septiembre de 2024, el Concejo autorizó una modificación al Código de Ordenamiento Territorial que permitió proyectar una torre de 35 pisos y más de 125 metros de altura, muy por encima de los parámetros generales del sector. Al 15 de septiembre de 2026 transcurrieron 719 días. El proyecto está vinculado a Fiduciaria Paisajes Urbanos e Imasa, con Florencia Miconi como una de las figuras relacionadas con la iniciativa. En este caso, además, la falta de avance tiene una explicación concreta: el desarrollo quedó judicializado.
El último capítulo es el del Chalet Mattar, ubicado en Mendoza y el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos. El inmueble, diseñado por el arquitecto Alberto Córsico Piccolini, había sido adquirido por el empresario de la pesca Luis Solimeno, quien llevaba cerca de dos décadas como propietario del chalet. El 4 de diciembre de 2025, el Concejo aprobó la Ordenanza 26.864, que desafectó al inmueble del Código de Preservación Patrimonial y permitió avanzar con su demolición. Al 15 de septiembre pasaron 285 días. El chalet ya no está: fue demolido en enero, pero la nueva construcción proyectada por el empresario pesquero todavía no aparece en el terreno.
La discusión excede, entonces, a cada expediente en particular. El régimen de incentivos a la construcción fue presentado como una vía para reactivar la actividad, atraer inversiones y generar puestos de trabajo. Las excepciones patrimoniales se montaron sobre una lógica similar: conceder mayor capacidad constructiva a cambio de inversiones, compensaciones y, en algunos casos, la conservación de bienes históricos. Pero cuando pasan tres años, dos años o casi un año sin que aparezca la obra prometida, la pregunta inevitable es qué queda de aquella ecuación.
Y el debate suma una particularidad política. En las últimas semanas, una carta firmada por empresarios, referentes y vecinos de Mar del Plata reclamó mayores niveles de seguridad y también incluyó cuestionamientos a las excepciones a la construcción. Entre los firmantes apareció Miconi, vinculada a uno de los proyectos más polémicos beneficiados por una de esas excepciones.
Así, la discusión vuelve al punto de partida: ¿las excepciones fueron una herramienta para generar inversión y empleo o terminaron siendo, en algunos casos, un beneficio urbanístico cuyo resultado todavía está por verse? El calendario, por ahora, sigue corriendo.
La fábrica de asesores del Concejo: cuántos son y cómo se reparten los despachos en Mar del Plata
En los pasillos del Concejo Deliberante de General Pueyrredon prima una lógica implícita pero implacable: la política local no se mide únicamente en proyectos presentados ni en discursos encendidos en el recinto, sino en la capacidad de abonar sueldos con fondos públicos. Un relevamiento minucioso sobre la nómina oficial del cuerpo expone las tripas de una maquinaria burocrática inflada y despareja, donde 24 concejales administran una masa de 178 cargos políticos distribuidos entre asesores personales y secretarías de bloque. El cálculo matemático básico resulta escandaloso para cualquier contribuyente: la comuna sostiene un promedio de 7,4 colaboradores por cada banca representativa.
Lo curioso del caso marplatense es que la generosidad estatal no premia a la fuerza que obtuvo mayor cantidad de votos ni a la que ostenta la primera minoría. El bloque del PRO, que ostenta 5 bancas, exhibe el promedio de asesores más modesto del recinto, con 6,6 empleados por edil. En el lote de bancadas intermedias con 4 integrantes, La Libertad Avanza (LLA) comanda una tropa de 32 contratados —alcanzando un promedio de 8,0 asesores por banca—, mientras que la UCR + Nuevos Aires le sigue de cerca acumulando 31 cargos, lo que representa una tasa de 7,75 colaboradores por edil. Por su parte, Unión por la Patria (UP) no se queda atrás y administra 30 puestos políticos para sus 4 representantes, manteniendo una media de 7,5 por despacho.
En cambio, las bancadas más pequeñas y los espacios vecinalistas han transformado la negociación parlamentaria en una verdadera pyme legislativa. El Frente Renovador (FR), con solo 2 concejales, y Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF), con 4 ediles, trepan a la cima de la efectividad presupuestaria con un promedio formidable de 8,5 asesores por cada banca. El monobloque de la Coalición Cívica (CC) tampoco se queda atrás en el confort institucional y le garantiza a su único representante un séquito de 8 colaboradores.
A continuación, la nómina exacta de concejales ordenada de mayor a menor según la cantidad de asesores directos asignados a su despacho personal (sin incluir los cargos fijos de secretaría de cada bloque político):
1. Valeria Crespo (UP): 9 asesores
2. Juan Manuel Cheppi (FR): 8 asesores
3. Solange Belén Flores (FR): 8 asesores
4. Rolando Demaio (LLA): 8 asesores
5. Vanesa Analía Benavidez (LLA): 8 asesores
6. Luis Emiliano Recalt (LLA): 8 asesores
7. Gustavo Arnaldo Pulti (AM-MDF): 8 asesores
8. Horacio Taccone (AM-MDF): 8 asesores
9. Melisa Centurión (AM–MDF): 8 asesores
10. Gabriela Azcoitia (UCR+NA): 8 asesores
11. Ariel Martínez Bordaisco (UCR+NA): 8 asesores
12. Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA): 8 asesores
13. Guido García (CC): 8 asesores
14. Marcelo Cardoso (PRO): 7 asesores
15. Florencia Ranellucci (PRO): 7 asesores
16. Liliana Piccolo (PRO): 7 asesores
17. Noelia Álvarez Ríos (LLA): 7 asesores
18. Eva Ayala (AM-MDF): 7 asesores
19. Fernando Gabriel Muro (PRO): 6 asesores
20. Julián Bussetti (PRO): 6 asesores
21. Diego García (UP): 6 asesores
22. Mariana Cuesta (UP): 6 asesores
23. Pablo Obeid (UP): 6 asesores
24. Vilma Baragiola (UCR+NA): 6 asesores
Adicionalmente, el FR y la CC cuentan con 1 cargo de Secretaría de Bloque cada uno, mientras que el PRO, UP, LLA, AM-MDF y UCR+NA disponen de 2 cargos de Secretaría de Bloque por bancada.
En un distrito atravesado por urgencias sociales e infraestructura deficiente, la planta del Concejo funciona como un refugio blindado, donde todos los espacios políticos, sin importar el color partidario, garantizan la superpoblación de sus despachos a expensas de las arcas municipales.
El Municipio se sumó a una red de administraciones tributarias para fortalecer la recaudación
El gobierno interino de Agustín Neme sumó una nueva pieza a su estrategia tributaria. A través del Decreto 1809/2026, publicado este miércoles, la Municipalidad de General Pueyrredon formalizó su adhesión al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS), un organismo que reúne a administraciones tributarias provinciales y municipales y que funciona como espacio de intercambio, capacitación y asistencia técnica.
La incorporación no es solamente institucional. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo plantea que la adhesión está orientada a “sugerir medidas y técnicas de fiscalización destinadas a incrementar la recaudación de las tasas y derechos municipales”, además de capacitar a los recursos humanos y formular recomendaciones para actualizar la normativa.
El CeATS tiene entre sus objetivos promover el intercambio de experiencias entre fiscos, brindar cooperación y asistencia, impulsar investigaciones sobre sistemas tributarios, desarrollar capacitaciones y favorecer la incorporación de tecnología a las administraciones. También trabaja sobre cuestiones vinculadas al catastro, los registros de la propiedad y la fiscalización tributaria.
En el caso de General Pueyrredon, el decreto además deja planteado un segundo paso: la futura adhesión al Sistema Unificado de Administración Tributaria Subnacional (SUATS). Según el texto oficial, existe una “necesidad imperiosa de restablecer la interconexión entre las distintas plataformas tributarias subnacionales y los actores de la actividad comercial y registral vinculada al sector automotor en todo el territorio nacional”. La membresía al CeATS es, de acuerdo con el expediente, un requisito previo para acceder a ese sistema.
La decisión llega, además, en un contexto incómodo para las cuentas municipales. La cobrabilidad de las tasas es uno de los puntos que viene generando preocupación y cuestionamientos políticos. En agosto, Unión por la Patria presentó un pedido de informes para conocer cuánto destinó la comuna a un servicio tercerizado de asistencia en la gestión tributaria y qué resultados obtuvo. Según la documentación incorporada al expediente, durante 2026 se pagaron al menos $1.057 millones al consorcio integrado por KARSTEC S.A. e IT NET S.A., por prestaciones correspondientes al año anterior.
Así, mientras ese contrato quedó bajo la lupa, el Ejecutivo decidió sumar otra herramienta para abordar el problema desde la propia administración. El decreto sostiene que la adhesión permitirá “formar parte del análisis de la problemática tributaria común para encontrar soluciones superadoras” y avanzar en una “profesionalización constante” de la administración tributaria.
La membresía correspondiente a 2026 fue bonificada para la Municipalidad, mientras que el expediente ya incorpora el costo previsto para 2027. Como representante titular fue designado Gustavo Rafael Enciso, administrador general de la Agencia de Recaudación Municipal, y como alterno, Ulises Alberto Fernando Videla.
En definitiva, el Ejecutivo busca reforzar la maquinaria tributaria municipal con capacitación, asistencia, fiscalización e interconexión de información. La apuesta ahora será determinar si esas herramientas logran traducirse en uno de los resultados que el propio decreto marca como objetivo: mejorar la recaudación de las tasas municipales.
Zona Fría: el Senado dio el paso clave y Mar del Plata quedó a un voto de perder el beneficio
El debate que durante meses parecía trabado en el Congreso dio este miércoles un giro decisivo. El Senado avanzó con el proyecto del Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de Zona Fría y dejó la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto. El dato que encendió las alarmas en Mar del Plata es que el dictamen fue firmado sin modificaciones respecto del texto que ya había obtenido media sanción en Diputados.
La iniciativa plantea mantener el beneficio para las zonas históricamente comprendidas por el régimen, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En cambio, las localidades incorporadas en 2021, entre ellas General Pueyrredon, pasarían a un esquema focalizado. El descuento dejaría de alcanzar de manera general a los usuarios y quedaría reservado para hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica y cumplan con los requisitos del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El proyecto modifica la propia base de cálculo de la bonificación. En lugar de aplicarse sobre el total de la factura, pasaría a computarse únicamente sobre el precio del gas. Transporte y distribución quedarían fuera del descuento. En los hechos, aun para quienes continúen dentro del régimen, la incidencia sobre la boleta podría ser diferente a la actual.
Durante el debate en comisión, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la reforma impulsada por el Gobierno y apuntó contra la ampliación del régimen aprobada en 2021, que incluyó a General Pueyrredon. En ese marco, sostuvo que se trata de “zonas templadas” y cuestionó el origen de aquella modificación, al afirmar que fue “claramente una ley que buscó tener votos para las elecciones”.
El dato político que modifica el escenario para Mar del Plata es que el proyecto ya superó el filtro de las comisiones del Senado. Si la Cámara alta lo aprueba tal como llegó desde Diputados, quedará convertido en ley. Si los senadores introducen cambios, en cambio, deberá regresar a la Cámara baja. La discusión, por lo tanto, dejó de ser si el expediente podía avanzar, ahora la definición está en los votos del recinto.
Mientras en Mar del Plata la defensa de Zona Fría fue llevada al recinto del HCD, en el Senado el proyecto que restringe ese beneficio acaba de quedar listo para ser votado. El expediente ya no está en la sala de espera del Congreso, llegó a la puerta del recinto. Y para los usuarios marplatenses, lo que está en juego ya no es una discusión sobre el futuro de la Zona Fría, sino cuánto del descuento que hoy aparece en sus facturas seguirá existiendo si el Senado decide avanzar.
Neme, hiperactivo al frente del Ejecutivo: cuestionó a Provincia, apuntó contra Pulti y bancó a Milei
Agustín Neme empezó a levantar el perfil. A nueve meses de asumir interinamente la conducción de General Pueyrredon, el intendente dejó atrás buena parte del bajo perfil que había caracterizado su exposición y comenzó a multiplicar sus apariciones: entrevistas radiales, recorridas, encuentros empresariales y respuestas políticas. El fuerte cruce con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, terminó de abrir una nueva etapa.
La discusión por la supuesta “acefalía” del Municipio fue el disparador. Bianco cuestionó la comunicación con el Ejecutivo local y sostuvo que la administración estaba “virtualmente acéfala”. Neme respondió públicamente: “Mar del Plata no está acéfala. Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y tiene un rumbo claro”. Desde entonces, el jefe comunal aprovechó cada micrófono para defender la gestión y marcar diferencias con la Provincia.
En una de sus últimas apariciones, en una entrevista en el programa “El Pase de Brisas”, Neme apuntó directamente contra el planteo de Bianco y sostuvo que “falta a la verdad”. También destacó que mantiene una “relación directa con varios funcionarios del gobierno provincial”. Y deslizó una lectura política sobre las críticas: “No sé si es desconocimiento por parte del gobernador o del ministro o es una chicana más que estamos acostumbrados de gente que representa a la vieja política”.
La seguridad aparece como uno de los principales terrenos de disputa. Neme remarcó que “la potestad de la seguridad en la provincia es del gobernador”. Aunque defendió el rol municipal: “El Municipio en nuestro caso hace muchísimo y creo en ese trabajo coordinado con la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Provincia”. Y dejó otra definición: “Yo creo en la mano dura contra el delincuente”. También destacó que los reclamos ante Nación derivaron, según afirmó, en la llegada de 150 efectivos federales a la ciudad.
El intendente interino también comenzó a mostrar una agenda propia sobre la gestión cotidiana. Se definió como “obsesivo del espacio público” y reconoció el límite entre las demandas y los recursos: “Uno tiene ganas de hacer todo, pero después te encontrás con la realidad”. Por eso, explicó, está tomando “prioridades”. Y dejó una definición que busca diferenciarlo de la política de anuncios: “Para mí decirle a un vecino ‘no puedo’ me afecta en lo personal. Pero yo prefiero decir la verdad”.
La discusión por las obras también le sirvió para marcar territorio frente a la Provincia. Neme contó que estuvo con el equipo de Infraestructura bonaerense y que entregó un listado de obras que, según señaló, habían sido comprometidas para Mar del Plata. “De eso no vino nada a Mar del Plata”, afirmó. En contraposición, sostuvo que las intervenciones que actualmente pueden verse en las calles son “100% recursos municipales” y lanzó: “Yo no recibo nada del gobierno de la Provincia”.
Ante la aclaración sobre la coparticipación, respondió: “Eso es por Ley”. Y volvió a cargar contra Kicillof: “Después pueden ver al gobernador tirando millones a intendentes amigos”. En la misma línea, resumió su posición con una frase que ya funciona como consigna política: “Hicieron de la discriminación una constante con Mar del Plata. Vamos a poner un slogan de la Provincia: a Mar del Plata nada”.
Pero el despliegue de Neme no quedó limitado al enfrentamiento con Kicillof. También comenzó a fijar posición sobre los temas que pueden complicar al Ejecutivo local. Sobre la recolección de residuos, admitió: “Yo nunca estoy conforme con nada, porque soy así, quiero que todo mejore más y lograr más, pero logramos una mejor situación de la que veníamos”.
Y frente al demorado pliego del transporte, pidió que el Concejo Deliberante deje atrás las diferencias y avance en una salida común. “Yo le pido a todas las fuerzas políticas de la ciudad, que están en el Concejo Deliberante, los cuales me conocen todos y trabajamos juntos, que, por favor, tengamos la honestidad intelectual y, principalmente, hacia los vecinos de lograr, de una vez por todas, un consenso respecto al sistema de transporte”. Después fue directo: “La ciudad necesita su pliego de transporte”.
La interna tampoco quedó afuera de su raid mediático. Consultado por las declaraciones de Emiliano Giri —quien había pedido que “dejenlo laburar”—, Neme buscó marcar una identidad propia: “No esperen de Agustín una persona, un político, si se quiere, porque, en definitiva, estamos en un ámbito político, de conferencia de prensa”. Y agregó: “En ese sentido, de la vieja política, ¿no? De esas personas que hablan y hablan y hablan, a mí me gusta hacer”.
También ratificó su vínculo con Guillermo Montenegro: “Con Guillermo hablo permanentemente”. Y aclaró: “No hace falta que Guillermo salga públicamente a hacerlo, lo hace, o tendría que hacerlo, el apoyo está”.
En paralelo, volvió a cargar contra Gustavo Pulti, a quien ubicó como una expresión de aquello de lo que pretende diferenciarse. “Es un claro ejemplo de la vieja política”, sostuvo. Y fue más allá: “Es una persona que lo único que hace es la crítica y la chicana política”. Luego remató: “Ya sabemos lo que fue Pulti en Mar del Plata. Para mí fue nefasto en la ciudad, en términos políticos”. Su conclusión fue personal: “Yo quiero ser lo contrario a eso”.
La agenda de Neme se amplió. En el Coloquio de Política, Economía, Real Estate & Negocios (PE&RE), al ser consultado sobre si es importante una eventual reelección de Javier Milei, respondió: “Sin lugar a dudas, y eso que soy del PRO”.
La seguidilla de apariciones muestra algo más que una agenda cargada. Neme empezó a ocupar micrófonos, fijar posiciones y responder críticas desde distintos frentes. La disputa con la Provincia le abrió una ventana para mostrar gestión, pero también para construir un discurso propio. Y en un escenario donde cada foto, cada entrevista y cada definición empieza a tener lectura electoral, el intendente interino parece haber decidido que el bajo perfil ya no es una opción.
9,9% de desocupación: Mar del Plata volvió a ubicarse entre los aglomerados con mayor desempleo
Mar del Plata se encuentra nuevamente entre los aglomerados con mayor desocupación, con un 9,9% de su población económicamente activa buscando trabajo. Ese porcentaje se traduce en más de 34 mil personas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al segundo trimestre de 2026.
Por otro lado, en comparación con el último informe realizado por el INDEC, Mar del Plata sumó seis décimas al porcentaje de la población que se encuentra desocupada. Durante el primer trimestre del año, el índice había sido del 9,3%, lo que se traducía en cerca de 32 mil personas.
En cuanto a la comparación con el año pasado, el índice también aumentó. Pasó del 6,3% del segundo trimestre de 2025, equivalente a unas 20 mil personas, al 9,9% de este año. Es decir, la tasa aumentó 3,6 puntos porcentuales en un solo año, mientras que la cantidad de personas desocupadas creció en más de 14 mil.
Otro dato importante a tener en cuenta es que Mar del Plata se encuentra entre los aglomerados que superan la media de desocupación a nivel nacional, que fue del 7,9%.
En cuanto al podio, Mar del Plata se ubica en el tercer lugar entre los aglomerados con mayor desocupación. Por encima se encuentran Gran Córdoba, con un 10,5% de desocupación, equivalente a unas 87 mil personas, y Gran Rosario, con un 11,5%, que representa más de 83 mil personas desocupadas.
Además de estos datos, de acuerdo con el INDEC, Mar del Plata cuenta con una población ocupada cercana a las 310 mil personas. De ese total, el 17,8% corresponde a ocupados demandantes de empleo, es decir, personas que tienen trabajo pero buscan activamente otro empleo. En términos absolutos, se trata de unas 61 mil personas.
Por el lado de la población subocupada demandante, es decir, aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan trabajar más horas, el índice llegó al 9%. Mientras tanto, la subocupación no demandante alcanzó el 6,6%. En conjunto, ambas categorías representan un 15,6% de la población económicamente activa, equivalente a cerca de 54 mil personas. De ese total, aproximadamente 31 mil son subocupados demandantes y unas 23 mil son subocupados no demandantes.
De esta manera, Mar del Plata vuelve a ubicarse entre los aglomerados con mayor índice de desocupación de los relevados por el INDEC, con una tasa que no solo se encuentra por encima de la media nacional, sino que también registró un fuerte incremento respecto del mismo período del año pasado.
La salud pública, al límite: HIGA sin camas, IOMA en conflicto y CAPS bajo la lupa en General Pueyrredon
La crisis del sistema de salud dejó de ser una suma de episodios aislados para convertirse en una postal cada vez más frecuente en General Pueyrredon. En Mar del Plata, la tensión atraviesa distintos niveles de atención y alcanza tanto al sistema público provincial como a las obras sociales que deberían garantizar prestaciones. El dato más reciente terminó de encender las alarmas, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” se quedó sin camas de internación, con 45 pacientes en la Guardia y otros 17 provenientes de la Región Sanitaria VIII a la espera de admisión para acceder a atención de mayor complejidad.
Desde el Ministerio de Salud bonaerense señalaron que la situación está vinculada con la falta de articulación entre el sistema público, las obras sociales y el sector privado. La Provincia apuntó especialmente a PAMI y sostuvo que tres clínicas que históricamente recibían pacientes de esa obra social dejaron de hacerlo, generando un desplazamiento de la demanda hacia el hospital provincial. PAMI, en cambio, rechazó la existencia de una situación de desatención y sostuvo que sus afiliados continúan siendo derivados y atendidos. Mientras ambos sectores intercambian responsabilidades, el HIGA queda como receptor final de una demanda que ya no puede absorber con normalidad.
Los números muestran hasta qué punto aumentó la presión sobre la red. Según los datos difundidos por la Provincia, entre enero y julio las admisiones de la UPA 13 pasaron de 17.934 en 2024 a 34.190 en 2026, un incremento del 90,6%. El propio gobierno bonaerense advirtió que el HIGA debe priorizar las emergencias y urgencias con riesgo de vida.
Pero el problema no empieza ni termina en el HIGA. IOMA se convirtió en otro de los principales focos de conflicto sanitario en Mar del Plata. La obra social bonaerense tiene alrededor de 77 mil afiliados en la ciudad y una zona de influencia que supera las 100 mil personas, según datos expresados por su propio presidente, Homero Giles. El conflicto con prestadores privados, las dificultades en las autorizaciones, las demoras y las interrupciones de convenios vienen generando reclamos de afiliados y profesionales. Desde distintos sectores también se denunciaron deudas con prestadores, mientras la conducción de IOMA atribuye parte de sus dificultades al crecimiento de los costos y al contexto financiero de la Provincia.
El nivel de confrontación llegó incluso a las protestas de afiliados y familiares. El colectivo IOMA Autoconvocados difundió un escrache contra funcionarios de la obra social y del Ministerio de Salud bonaerense, a quienes responsabilizó por las deficiencias en las prestaciones. Las acusaciones incluyen cuestionamientos por demoras, interrupciones de coberturas y dificultades para acceder a tratamientos e insumos. En paralelo, en el ámbito local también se reclamó por prestadores que llevan meses sin cobrar, una situación que puede terminar impactando directamente sobre la continuidad de los servicios.
A ese escenario se suma PAMI, otro eslabón que muestra señales de tensión. Durante el año hubo reclamos de trabajadores por la reducción de la atención, cierres de agencias y falta de personal. En junio se confirmó además el traslado de la oficina del Puerto a la denominada Vieja Usina, en Rondeau 520. Desde SUTEPA cuestionaron las condiciones del nuevo espacio y advirtieron que no estaría preparado para absorber la demanda diaria.
Y mientras los distintos niveles del sistema sanitario se disputan responsabilidades, la red municipal tampoco queda al margen de los cuestionamientos. En el Concejo Deliberante se vienen acumulando expedientes vinculados al funcionamiento de los CAPS, entre ellos el de El Martillo, además de pedidos de información sobre el CEMA y otros dispositivos de atención. En julio, la Comisión de Salud llegó a postergar el tratamiento de distintos expedientes por la falta de respuestas oficiales del Ejecutivo, mientras que en septiembre volvió a incorporar entre sus temas la situación del CAPS El Martillo y otras problemáticas vinculadas con la atención sanitaria en los barrios.
El cuadro que aparece detrás de todos estos conflictos es el de una red sanitaria cada vez más tensionada y con menos capacidad para absorber los problemas que se generan en los distintos niveles. Cuando una clínica deja de recibir afiliados de PAMI, la demanda puede terminar en el hospital provincial. Cuando un prestador de IOMA deja de trabajar por falta de pago o por desacuerdos contractuales, el costo puede trasladarse al afiliado o reducir sus alternativas de atención. Y cuando los centros de atención primaria acumulan pedidos de información o reclamos sobre su funcionamiento, la presión vuelve a caer sobre hospitales y guardias.
Así, la discusión ya no pasa solamente por quién tiene la responsabilidad formal de cada problema. Nación apunta a la Provincia, la Provincia apunta al Gobierno nacional y a las obras sociales, las obras sociales discuten con las clínicas y los prestadores reclaman por sus pagos. Pero en el último eslabón de esa cadena aparece siempre el mismo actor: el paciente. Y mientras continúan los cruces entre organismos, sindicatos, prestadores y gobiernos, Mar del Plata enfrenta una señal difícil de ignorar: un hospital interzonal sin camas, miles de personas con dificultades para acceder a prestaciones y una red de atención que muestra cada vez más signos de saturación.
Guglielmotti vuelve a conducir la CGT marplatense
La normalización de la Confederación General del Trabajo Regional Mar del Plata empieza a tomar forma y ya trascendió quién sería el dirigente elegido para ponerse al frente de la central obrera. Se trata de Miguel Ángel Guglielmotti, quien habría sido designado por unanimidad durante el plenario realizado el pasado lunes 14 de septiembre. La definición habría surgido del consenso alcanzado entre las distintas organizaciones gremiales que participan del proceso.
De esta manera, Guglielmotti volvería a ocupar la secretaría general de la CGT marplatense, cargo que ya ejerció entre 2018 y 2022. En los próximos días se oficializaría formalmente su designación junto con la de los secretarios adjuntos, mientras continúan las conversaciones para terminar de definir la integración de la junta directiva.
El dirigente fue además secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata entre 2011 y 2022 y tuvo un paso por el Concejo Deliberante entre 2021 y 2025, donde representó a Unión por la Patria y llegó a ocupar la vicepresidencia primera del cuerpo.
El regreso de Guglielmotti a la conducción sindical se produce, además, en un escenario laboral particularmente complejo para la ciudad. Durante el segundo trimestre de 2026, el desempleo en Mar del Plata trepó al 9,9%, con una pérdida estimada de 14.000 puestos de trabajo, según los datos difundidos recientemente. En ese contexto, la nueva conducción de la CGT tendrá por delante una agenda atravesada por el empleo, los salarios y la situación de los trabajadores.