22 de septiembre de 2026
A DEBATE ABIERTO
Los frenos a la “ciudad del sí” arrancan con un autito eléctrico
Un pedido para alquilar vehículos infantiles en plazas fundacionales trabó el debate en el Concejo Deliberante, desnudó los límites de la desregulación oficialista y reavivó la polémica por la ocupación comercial del espacio público.
En la comisión de Obras del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, el debate por una simple Nota Particular (NP) para autorizar el alquiler de autitos infantiles en espacios públicos desnudó una inesperada interna en el propio bloque oficialista. Aunque la gestión municipal abandera el eslogan de agilizar trámites y abrirle las puertas al sector privado, la iniciativa tropezó con una contundente batería de objeciones que expuso los límites del modelo concesivo y reabrió viejas discusiones urbanas.
El expediente llegó con el presidente de la comisión Fernando Muro (PRO), quien explicó que Inspección General sugirió al particular acudir al deliberativo para que se dicte una normativa específica, ante la falta de un marco regulatorio análogo al de las calesitas. Sin embargo, la sorpresa de la jornada la dio su compañero de bancada y ex titular de Inspección General, Marcelo Cardoso. Lejos de avalar la vía rápida de la excepción individual, Cardoso encendió todas las alarmas institucionales y advirtió sobre la imprudencia de autorizar actividades comerciales privadas en plazas históricas sin un encuadre técnico, jurídico ni patrimonial estricto.
En una detallada intervención, el edil del PRO puso en duda desde la viabilidad procedimental hasta aspectos cotidianos del proyecto, cuestionando la falta de precisiones sobre el pesaje, la velocidad máxima de los vehículos conducidos por niños, la recarga de baterías, los seguros de responsabilidad civil y la delimitación de circuitos en sectores como la Plaza Mitre, Colón o Pueyrredón. Con esa premisa, Cardoso dejó en claro que la inexistencia de una norma no puede transformarse en la excusa para otorgar un privilegio a medida y exigió una vasta nómina de informes a áreas como Legal y Técnica, Obras, EMSUR, Hacienda, Patrimonio y Defensa Civil antes de dar cualquier aval.
El planteo no pasó desapercibido para la oposición. Desde la oposición ironizaron sobre el tono rigorista de la bancada gobernante. Si bien coincidieron en que las excepciones individuales resultan inviables para este tipo de emprendimientos no reglamentados, cruzaron al oficialismo cuestionando la doble vara para proteger el espacio público y recordando la polémica instalación de locales gastronómicos en la Plaza España, donde hoy funciona un comercio de la cadena Kentucky. La concejal radical Vilma Baragiola (UCR + Nuevos Aires) salió al cruce de ese señalamiento para aclarar que dicha concesión respondió a una ordenanza aprobada por el cuerpo años atrás que el Ejecutivo se limitó a ejecutar, al tiempo que sumó su pedido para consultar qué ONG recibiría los cánones del eventual uso del predio.
Ante el cúmulo de señalamientos, el expediente quedó retenido en comisión para iniciar la ronda de consultas a las dependencias municipales. La discusión dejó expuesta una paradoja de la política local: en la promocionada “ciudad del sí”, hasta un inocente paseo infantil a batería puede encender el freno de mano institucional y reactivar la grieta sobre el uso comercial de las plazas fundacionales.