Con más de cien mil afiliados rehenes del corte de prestaciones, el colapso de la obra social bonaerense escaló de la emergencia sanitaria a la arena judicial y parlamentaria. Mientras la oposición local y provincial unifica posiciones contra la conducción del organismo, la interna peronista expone la disputa por el control territorial de cara a La Plata.

Mar del Plata, en el centro de la pugna institucional por la crisis del IOMA

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El deterioro prestacional del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) dejó de ser un severo problema de administración de salud para consolidarse como uno de los conflictos políticos de mayor volumen en la provincia de Buenos Aires. En General Pueyrredon, nodo sanitario de la Quinta Sección Electoral que aglutina a cerca de 100.000 beneficiarios entre la ciudad y su zona de influencia, la parálisis en la provisión de insumos, la paralización de cirugías programadas y el paulatino corte de convenios con las principales clínicas privadas transformaron a la obra social provincial en un tablero de confrontación institucional y territorial. La pérdida de cobertura privada no solo dejó a miles de familias a la deriva, sino que provocó un paulatino e inevitable desplazamiento de la demanda hacia el sistema público local, tensionando las guardias del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y exponiendo los límites de la red primaria municipal.

En el plano del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, el conflicto funcionó como un catalizador de reagrupamientos y tensiones en el arco político local. El interbloque oficialista, articulado por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR + Nuevos Aires) y la Coalición Cívica (CC), cerró filas para promover constantes pedidos de informes, exigir la presencia en la ciudad de las autoridades regionales del organismo e impulsar expedientes de repudio a la gestión provincial. Sin embargo, la estrategia legislativa local expuso matices de peso: la toma de distancia de los bloques libertarios en iniciativas clave y las evidentes contradicciones en el peronismo marplatense. Las posturas contrapuestas entre los sectores alineados con la gobernación bonaerense y los espacios conducidos por la agrupación La Cámpora salieron a la luz en los debates del recinto, dejando en evidencia que la discusión por la operatividad del IOMA se encuentra atravesada por disputas internas por el control de la caja y las estructuras estatales.

La resonancia del cuadro marplatense rápidamente perforó los límites del distrito y se instaló en el centro de la agenda de la Legislatura bonaerense. Referentes políticos del oficialismo local con asiento en la Cámara de Diputados lograron articular un frente común de bancadas opositoras para exigir la citación e interpelación del presidente del instituto, Homero Giles, y de las máximas autoridades del Ministerio de Salud. Las iniciativas parlamentarias impulsadas desde el distrito no solo apuntaron a la solicitud de explicaciones sobre el estado financiero del organismo, sino que reflotaron proyectos estructurales como la restitución de la autarquía financiera del IOMA para evitar la libre disponibilidad de sus fondos por parte de rentas generales, y la fiscalización del polémico esquema de intermediación con redes de policonsultorios privados, actualmente bajo investigación judicial.

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Mientras las autoridades de la administración provincial atribuyen la crisis a la compleja coyuntura macroeconómica nacional y al incremento global de los costos médicos, la persistencia del conflicto mantiene una constante visibilización en las calles marplatenses. La acumulación de amparos judiciales, las denuncias penales por abandono de persona tras desenlaces fatales vinculados a demoras en traslados y las recurrentes movilizaciones de afiliados autoconvocados frente a la sede de la avenida Independencia han configurado un escenario de desgaste ininterrumpido. En este marco, General Pueyrredon se posiciona como el epicentro de un choque de poderes donde la eficiencia de la gestión pública, la transparencia en el uso de los recursos de los trabajadores y las aspiraciones políticas regionales continúan bajo un severo e ineludible escrutinio.

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El EMTURyC, conducido por Diego Juárez, adjudicó la millonaria licitación para el armado del espacio institucional en la Feria Internacional de Turismo a una sociedad anónima registrada en la AFIP para el expendio de bebidas y bares. La decisión llega tras declarar desierto un primer llamado, en medio de serios retrasos en los pagos, desconfianza de los proveedores locales y una cuestionada parálisis administrativa.

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