Martín Redrado demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar y que, por lo tanto, no debe cuota alimentaria. La aclaración surgió luego de las versiones sobre los alcances económicos del entendimiento que cerró una extensa disputa judicial entre ambos.
Durante el proceso quedó acreditado que no existe vínculo filial con la niña y que no hay una obligación alimentaria derivada de esa relación.
La Cámara Civil instó a las partes a acordar para poner fin a los conflictos abiertos. Ese pacto quedó bajo confidencialidad absoluta garantizada por el tribunal, por lo que no se conocieron sus términos ni condiciones. La precisión apunta a diferenciar ese entendimiento de una cuota alimentaria.
En las últimas horas circularon lecturas distintas: de un lado se habló de un supuesto mantenimiento hasta los 18 años y de montos millonarios; de otro, de que no hay alimentos judiciales y de que el economista habría aceptado un arreglo privado para cortar de raíz el litigio.
Una de las cifras que se repitió en medios fue de 500 mil dólares pagaderos en cinco años, lejos de los cerca de 10 mil dólares mensuales que, según esas versiones, se habrían pedido en un comienzo. Ninguna de esas cifras está confirmada en el expediente público.
Lo que sí consta es que Redrado no fue reconocido como padre, que no existe cuota alimentaria a su cargo y que el acuerdo que puso fin al conflicto permanece reservado.