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Lo que la semana nos dejó
El regreso de Montenegro a la Intendencia, la designación de Felizia al frente de la Unidad Bahía Bristol, el termómetro del fin de semana largo y el balance del interinato de Neme, entre los temas más importantes de la semana de la mano de la Tecla.
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Bahía Bristol: se oficializó a Felizia al frente de la nueva unidad
La definición que había sido anticipada a fines de septiembre ahora quedó formalmente plasmada en el Boletín Oficial. Gabriel Felizia fue designado como director ejecutivo de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, una estructura creada recientemente por la Provincia para intervenir sobre uno de los sectores más emblemáticos de Mar del Plata.
La resolución lleva la firma del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y establece que Felizia ocupará el cargo con rango y remuneración equivalente a Director Provincial. La designación rige desde el 1° de octubre y termina de formalizar el desembarco del ex titular del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata en la nueva estructura provincial.
La llegada de Felizia no es un dato menor en el tablero político local. El dirigente, vinculado al espacio de Gustavo Pulti, llega al cargo en medio de las diferencias que atraviesan al peronismo marplatense entre los distintos sectores que lo integran. La Bahía Bristol, así, vuelve a convertirse en escenario de una discusión que excede la puesta en valor de la Rambla.
La Unidad de Coordinación Bahía Bristol fue creada mediante el Decreto 1516/2026 y funciona bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Entre sus objetivos se encuentra el seguimiento de proyectos vinculados con infraestructura, desarrollo económico, turismo, cultura y urbanismo, además de la posibilidad de promover convenios y mecanismos de cooperación con organismos públicos y privados.
La elección de Felizia había sido anticipada por Bianco durante una entrevista realizada el 27 de septiembre. En aquella oportunidad, el ministro explicó los lineamientos de la nueva estructura y el rol que tendría el ex funcionario portuario al frente del organismo.
Ahora, con la resolución publicada, la discusión ingresa en otra etapa. Ya no se trata de quién ocupará el cargo, sino de cómo funcionará una estructura provincial que tendrá entre sus objetivos la coordinación de políticas sobre un espacio donde también existen competencias municipales.
Ese fue, precisamente, uno de los puntos que generó ruido desde el momento mismo de la creación de la Unidad. La decisión de avanzar con un organismo específico para la Bahía Bristol provocó cuestionamientos desde distintos sectores del oficialismo local, que plantearon reparos sobre la intervención provincial y reclamaron que el Municipio de General Pueyrredon tenga participación en las decisiones que involucren a uno de los principales espacios públicos de la ciudad.
Del otro lado, desde la Provincia defendieron la iniciativa como una herramienta para coordinar proyectos y avanzar sobre la infraestructura, el patrimonio y el desarrollo del sector. En ese marco, los cruces entre funcionarios bonaerenses y representantes del gobierno municipal sumaron un nuevo capítulo a la relación entre La Plata y General Pueyrredon.
Con Felizia ya formalmente designado, la Unidad comienza a tener una conducción definida. El cargo tendrá rango provincial y dependerá del Ministerio de Gobierno, mientras que entre sus principales desafíos aparece la articulación de una agenda que involucra obras, patrimonio, turismo, urbanismo y cooperación institucional.
La designación también agrega una nueva pieza al tablero político del peronismo marplatense. La elección de un dirigente vinculado a Pulti para conducir una estructura provincial en pleno corazón de Mar del Plata vuelve a cruzar gestión y política en un escenario donde los distintos sectores del peronismo ya empiezan a mover sus fichas de cara a 2027.
La Bahía Bristol vuelve así al centro de la escena. Esta vez, con una estructura provincial formalizada, un director ejecutivo designado y una nueva discusión abierta sobre hasta dónde llegará su intervención y cómo será la convivencia con el Municipio.
Raverta ensalza la lucha de los jubilados que su propia gestión en ANSES terminó licuando
En el inicio del tramo decisivo de cara al año electoral 2027, la escena política bonaerense reactiva la carrera por los posicionamientos y la construcción de relatos. Desde la provincia de Buenos Aires y con la mirada fija en el escenario local, la senadora bonaerense Fernanda Raverta apeló nuevamente a una fórmula recurrente para interpelar a su electorado: la utilización de la causa previsional como plataforma emotiva y trinchera discursiva.
En una reciente publicación en sus redes sociales, la dirigente de Mar del Plata elogió a los jubilados de la Red Solidaria local calificándolos como "testigos de lucha" y responsabilizó de manera exclusiva a los "gobiernos neoliberales" de haberlos condenado al sufrimiento y al abandono, enarbolando como bandera la promesa de un acompañamiento incondicional. Sin embargo, la brecha entre la empatía digital y el registro documental de su gestión al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), período transcurrido entre el 30 de abril de 2020 y el 10 de diciembre de 2023, expone contradicciones políticas e indicadores que desmienten el discurso oficialista de la referente de La Cámpora.
Durante los tres años y medio en los que la dirigente marplatense condujo el organismo encargado de proteger a los sectores más vulnerables, el poder adquisitivo del sector pasivo sufrió un deterioro sostenido que contrasta severamente con las declaraciones vertidas en sus discursos públicos. Los números reconstruidos tras su paso por ANSES muestran que la movilidad aprobada durante la administración de Alberto Fernández generó un fuerte retraso frente al avance inflacionario.
Si bien la política de bonos extraordinarios intentó amortiguar el impacto sobre la jubilación mínima —la cual aun así registró una caída del 2% promedio en términos reales y de hasta un 8,6% al comparar el cierre de 2019 con el de 2023—, el impacto más severo lo sufrieron las escalas intermedias e intermedias altas de la pirámide previsional, que quedaron excluidas de los refuerzos e ingresaron en un proceso de achatamiento sistemático. Quienes percibían el equivalente a dos o tres haberes mínimos vieron deteriorados sus ingresos en un 25,1% y 26,3% real respectivamente, sufriendo pérdidas superiores al 39% en el segmento de quienes no recibieron bonificaciones.
El desfase entre el discurso sobre la defensa de los jubilados y la realidad de las métricas económicas quedó de manifiesto cuando la propia Raverta afirmó públicamente en junio de 2023 que los haberes le ganaban a la inflación con un incremento acumulado reportado del 107%. Las verificaciones de consultoras y analistas previsionales revelaron un severo sesgo metodológico al comparar un haber mínimo sin bono de 2021 contra una cifra de 2022 que sí lo sumaba, omitiendo además la pérdida registrada mes a mes. El análisis fino arrojó que, incluso considerando los adicionales otorgados por decreto, los haberes terminaron el ejercicio ubicándose sustancialmente por debajo del índice de precios. Para compensar las inconsistencias de una fórmula legal que prescindía de la inflación como variable directa de actualización, la gestión debió recurrir de forma sistemática a los refuerzos discrecionales, una mecánica que la Defensoría de la Tercera Edad cuestionó por su falta de carácter remunerativo y por dejar desamparados a más de un millón de beneficiarios.
A la pérdida del valor de los haberes se le sumaron cuestionamientos políticos e institucionales de fuerte repercusión judicial y parlamentaria. Mientras miles de jubilados enfrentaban apelaciones promovidas por la ANSES que postergaban durante años la ejecución de sentencias firmes por reajustes, la conducción del organismo decidió administrativamente allanar el camino para la restitución del cobro simultáneo de dos asignaciones vitalicias a favor de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión de desestimar el recurso de apelación interpuesto por el propio Estado frente a dicho expediente derivó en denuncias penales impulsadas por la oposición por presunto beneficio privilegiado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Semanas más tarde, las controversias en torno a la administración de los recursos del sistema se multiplicaron tras el canje de títulos públicos dolarizados pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dispuesto por el Ministerio de Economía. En su carácter de presidenta del Comité Ejecutivo del Fondo, Raverta fue denunciada penalmente junto a las máximas autoridades nacionales bajo acusaciones de administración fraudulenta y malversación, en medio del rechazo opositor al uso de los fondos de resguardo previsional para cubrir financiamiento corriente en pesos.
Las dificultades de la gestión también dejaron su huella en la calidad de la atención al público. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia y la posterior normalización, las demoras excesivas, las fallas en el sistema de Atención Virtual y la imposibilidad recurrente de tramitar turnos o acreditar documentación generaron la intervención formal de organismos como la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, además de la presentación de reclamos judiciales individuales por mora administrativa que afectaron directamente a personas en situación de vulnerabilidad que requerían el alta de sus prestaciones. Aunque la ANSES adujo posteriormente un despliegue de operativos sabatinos y una ampliación en la resolución de carpetas, la gestión de turnos fue un eje constante de conflicto para el universo previsional.
A casi tres años de haber dejado el sillón principal de la ANSES y en pleno recorrido de este octubre de 2026, el intento de Raverta por refundar su perfil político apelando a la sensibilidad social choca directamente con la memoria de su propia administración. En el escenario local de Mar del Plata, donde la dirigente busca sostener su volumen político de cara a los armados electorales de 2027, el contraste resulta ineludible: los encendidos discursos en las redes sociales sobre la empatía y la protección a la tercera edad colisionan con el legado documental de una gestión marcada por el deterioro de los haberes frente a la inflación, la dilación de las sentencias judiciales, las causas por el manejo de los fondos del FGS y las facilidades otorgadas a las cúpulas del poder.
Rosca, cal y arena: las deudas urbanísticas
La política urbanística de General Pueyrredon acumula tres deudas que vuelven a quedar expuestas con cada nuevo expediente que modifica las reglas sobre el territorio. El Consejo Local de Hábitat, la actualización integral del Código de Ordenamiento Territorial (COT) y el régimen de compensaciones urbanísticas siguen pendientes mientras la ciudad continúa recibiendo excepciones, cambios de indicadores y herramientas promocionales para la construcción.
La paradoja es que el Concejo discute proyectos puntuales, pero mantiene sin cerrar los instrumentos generales que deberían ordenar ese crecimiento.
La primera es habitacional. La creación del Consejo Local de Hábitat y Vivienda comenzó a tomar forma en 2023, cuando se aprobó una jornada de trabajo para discutir su conformación. El 25 de agosto de ese año se realizó el encuentro y allí apareció una definición que todavía conserva vigencia: en Mar del Plata se estaban produciendo “dos ciudades en paralelo”.
En 2024, los colegios profesionales elevaron un anteproyecto al cuerpo legislativo. El expediente pasó por la Comisión de Obras, que recibió a representantes de las entidades, pero no consiguió despacho. En 2026, el Colegio de Arquitectos volvió a presentarlo y hasta lo trajo de vuelta al recinto mediante una Banca 25 para reclamar su tratamiento. En septiembre, el concejal Diego García reavivó el tema. “General Pueyrredon no puede seguir creciendo al ritmo de la especulación o del parche cuando nos desborda la urgencia”, sostuvo, y apuntó contra el “cajoneo” de la iniciativa.
La segunda es el COT. La Ordenanza 13.231, que contiene el texto ordenado y actualizado del Código, fue sancionada en marzo de 2000. Desde entonces acumuló modificaciones, pero no una revisión integral. El propio Concejo continúa aprobando cambios puntuales; en julio de este año, por ejemplo, sancionó una modificación para actualizar criterios urbanísticos vinculados a proyectos de obras.
La tercera es el régimen de compensaciones urbanísticas. En 2021, mediante la Ordenanza 25.115, el Concejo creó una comisión para diseñar un sistema integral que estableciera contraprestaciones ante incrementos de índices constructivos o modificaciones de usos autorizados por el COT. La iniciativa atravesó sucesivas prórrogas sin convertirse en el marco general buscado. La última extensión que recibió fue hasta el 10 de febrero de 2026.
Mientras esas herramientas permanecen abiertas, el mapa urbano sigue modificándose. El Concejo prorrogó el régimen promocional para la reactivación de la industria de la construcción, extendiendo sus beneficios hasta diciembre de 2027. A la vez, ingresan expedientes que modifican parámetros del COT o plantean excepciones.
Ahí aparece el contraste político: mientras se demora una discusión de fondo sobre qué ciudad se quiere construir, las respuestas sobre el territorio continúan llegando caso por caso. Las excepciones a la normativa, los cambios de indicadores y los incentivos para determinados proyectos avanzan con mayor velocidad que la construcción de un marco general.
Desde la oposición vienen señalando precisamente esa falta de planificación. En el oficialismo sostienen que desde el Ejecutivo no se ha impulsado el abordaje de esas “deudas” y advierten que un eventual recambio en la Secretaría de Obras, actualmente conducida por Jorge “Guasa” González, podría frenar cualquier avance en la materia.
El dato es que General Pueyrredon no dejó de crecer mientras el debate institucional quedó pendiente. La ciudad suma metros cuadrados y nuevos emprendimientos, pero todavía espera tres definiciones: un ámbito permanente para discutir hábitat y vivienda, una actualización integral del ordenamiento y un mecanismo transparente para definir las contraprestaciones de quienes obtienen mayores posibilidades constructivas.
En el mientras tanto, las excepciones siguen llegando al Concejo Deliberante. Y la planificación de la comuna, otra vez, corre detrás de las obras.
12 de octubre: se viene la primera prueba para el turismo marplatense
Los sectores vinculados al turismo de Mar del Plata ya miran el calendario y tienen una fecha marcada: el fin de semana largo del 12 de octubre. Con la temporada 2026/27 cada vez más cerca, el movimiento que registre la ciudad durante esos días será seguido como un primer termómetro para intentar anticipar qué puede ocurrir durante el verano.
La expectativa convive, sin embargo, con cierta preocupación. El escenario que dejó la última temporada y la evolución de los meses posteriores encendieron algunas señales de alerta en una actividad que depende no solamente de la llegada de visitantes, sino también de su capacidad de consumo una vez instalados en la ciudad.
Durante la temporada 2025/26 arribaron a Mar del Plata 3.141.472 turistas, unos 122.255 menos que el verano anterior, lo que representó una caída del 3,7%. La ocupación global promedio, además, se ubicó en 50,7%.
El invierno tampoco logró revertir completamente esa tendencia. Entre el 17 de julio y el 1° de agosto de 2026 llegaron 303.876 visitantes, un 11,8% menos que durante el mismo período de 2025.
Por eso, en el sector turístico sostienen que el desafío para el próximo verano no pasa exclusivamente por recuperar cantidad de visitantes. Hay otra variable que comienza a ocupar un lugar central en el análisis: cuánto dinero está dispuesto a gastar el turista y cuánto puede gastar.
El bolsillo, en el centro del escenario
La pérdida de poder adquisitivo de los hogares argentinos modificó los hábitos de consumo y la actividad turística no quedó al margen. Para muchas familias, viajar implica hoy una planificación mucho más ajustada: menos días de estadía, búsqueda de alternativas de alojamiento más económicas, reducción de salidas gastronómicas y menor margen para excursiones o actividades recreativas.
A ese escenario se suma el incremento de los costos que debe afrontar el propio turista. Transporte, alojamiento y gastronomía forman parte de una ecuación que puede terminar condicionando la elección del destino o, directamente, reducir la cantidad de días de permanencia.
Así, el dato que miran los empresarios no será únicamente cuántas personas ingresan a Mar del Plata durante el feriado. También será relevante qué nivel de ocupación alcanzan los establecimientos, cuánto tiempo permanecen los visitantes y cuál es el movimiento en restaurantes, comercios y propuestas recreativas.
En otras palabras, el turismo puede tener visitantes sin necesariamente recuperar el volumen de consumo que necesita la economía local.
Y allí aparece una de las principales incógnitas de cara al verano: si el turista mantiene la decisión de viajar, pero llega con un presupuesto más acotado, la temporada puede mostrar buenos niveles de movimiento y, al mismo tiempo, dejar una rentabilidad más exigua para buena parte de la cadena turística.
Una preocupación que va más allá del bolsillo
A las dificultades económicas se incorporó durante 2026 otro factor que los sectores vinculados a la actividad observan con atención: la inseguridad y su impacto sobre la imagen de Mar del Plata.
Los hechos violentos ocurridos durante el año y su repercusión en medios nacionales generaron preocupación entre quienes dependen de la llegada de visitantes. La cuestión no se limita al delito puntual, sino al efecto acumulativo que pueden tener las noticias negativas sobre la percepción de una ciudad turística.
Para una familia que analiza dónde pasar sus vacaciones, el precio del alojamiento o del combustible puede ser determinante, pero no necesariamente el único elemento. La percepción sobre la seguridad del destino también puede formar parte de la decisión.
En ese sentido, la actividad turística observa con preocupación que una sucesión de noticias policiales sobre Mar del Plata termine funcionando como una mala publicidad involuntaria frente a potenciales visitantes de otras ciudades.
La temporada, entonces, empieza a jugarse también en ese terreno: no solo en las reservas y en las tarifas, sino en la imagen que la ciudad proyecta hacia afuera.
El 12 de octubre, bajo la lupa
Con ese escenario, el próximo fin de semana largo adquiere una importancia particular. No definirá por sí solo cómo será la temporada 2026/27, pero permitirá obtener una primera fotografía del comportamiento de la demanda a pocas semanas del verano.
Hotelería, gastronomía, comercio y el resto de las actividades vinculadas al turismo estarán atentos a varias señales: cantidad de visitantes, ocupación, duración de las estadías y nivel de consumo.
El feriado también permitirá observar si el público mantiene su decisión de viajar pese al deterioro del poder adquisitivo o si la situación económica comienza a traducirse en una menor demanda.
La expectativa, por eso, no está puesta únicamente en ver una ciudad llena. El verdadero interrogante pasa por saber cómo llega el turista, cuánto tiempo se queda y cuánto está dispuesto a gastar.
Mar del Plata llega al tramo final del año con una actividad turística que necesita recuperar dinamismo, pero que enfrenta un escenario diferente al de otros años. Menos visitantes, menor capacidad de consumo, costos elevados y una preocupación creciente por la imagen de seguridad conforman un cóctel que el sector sigue con atención.
El fin de semana largo del 12 de octubre será apenas una escala antes del verano, pero puede ofrecer una señal concreta. Si la ciudad logra mostrar movimiento y consumo, habrá motivos para mirar la temporada con mayor expectativa. Si los números vuelven a quedar por debajo de lo esperado, la luz amarilla podría transformarse en una advertencia más difícil de ignorar.
Sin limpieza y con la licitación enredada, el EMDER cerró el natatorio de Libertad
La parálisis operativa provocada por las dificultades para sostener los servicios básicos en los escenarios deportivos barriales sumó este martes un nuevo episodio visible en el Polideportivo Libertad. A través de un comunicado oficial difundido a vecinos y delegaciones, la conducción del complejo anunció la suspensión total de las actividades en el natatorio a partir de las 14.00 debido a la falta de servicios de limpieza. La medida dejó sin acceso a la pileta a cientos de usuarios y reavivó los cuestionamientos políticos de la oposición sobre la administración del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).
El parate en Libertad no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un convulsionado escenario de contratación administrativa. Luego de que el primer intento de licitación fuera anulado tras la detección de inconsistencias técnicas y contables en las ofertas recibidas, el organismo que conduce Sebastián D’Andrea puso en marcha el segundo llamado de la Licitación Pública 01/2026 para cubrir el servicio integral de limpieza en los Polideportivos Centenario, Libertad, Las Heras, Colinas de Peralta Ramos y el Natatorio Alberto Zorrilla.
Según consta en el acta de apertura del trámite, celebrada en las dependencias oficiales con la presencia de autoridades de Compras y de Gestión del ente, en esta oportunidad se formalizaron tres propuestas económicas. La firma Procesos Integrales de Higiene S.A. cotizó el servicio mensual en los complejos barriales en 72,01 millones de pesos cada uno y la pileta olímpica en 213,67 millones de pesos. Por su parte, Hipólito Integral S.A. presentó una oferta de 51,04 millones de pesos por cada polideportivo barrial y 160,60 millones para el Natatorio Zorrilla. En tanto, la firma Logistical S.A. presupuestó 58,58 millones de pesos mensuales por cada escenario barrial y 146,07 millones para la estructura central de la pileta panamericana.
El nuevo proceso arrastra antecedentes controvertidos y cambios en las reglas financieras. Cabe señalar que la nueva compulsa incorporó modificaciones al pliego original que redujeron drásticamente la exigencia técnica para habilitar la redeterminación de costos, bajando del 35 por ciento original a solo un 10 por ciento el tope de variación requerido para solicitar aumentos presupuestarios.
Mientras el expediente entra en la etapa decisiva de evaluación de la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas, la interrupción de actividades por insalubridad en los escenarios barriales refleja que la resolución de la limpieza sigue siendo una asignatura pendiente que impacta de forma directa en los vecinos.
Montenegro reasumió, puso el foco en la seguridad y pidió “resultados, no fotos”
Con el traje de intendente nuevamente puesto, Guillermo Montenegro tuvo este miércoles su primera aparición pública tras regresar al Palacio Municipal. En una conferencia de prensa en el COM, el jefe comunal explicó los motivos de su vuelta y dejó en claro cuál será uno de los ejes centrales de esta nueva etapa: la seguridad. En ese marco, habló de responsabilidades, reclamó coordinación entre las distintas jurisdicciones y dejó una definición que funcionó como síntesis de su planteo: “Es con resultados, no con fotos”.
La decisión de dejar la banca como senador provincial y regresar, según explicó, fue personal y estuvo vinculada directamente con la necesidad de ponerse al frente de una problemática que considera prioritaria. “La decisión de pedir licencia fue mía”, aclaró Montenegro, antes de resumir su mirada sobre el ejercicio del poder: “Gobernar no es enamorarse de las decisiones, sino también entender cuándo uno tiene que cambiar”.
En ese marco, planteó que el escenario de inseguridad fue determinante para su vuelta a la conducción municipal. “Existe en nuestra ciudad un problema muy grave con relación a la seguridad y tomé la decisión de ponerme al frente, de tomar las decisiones que debo tomar”, afirmó.
El intendente apuntó directamente contra una situación que, según su diagnóstico, genera impotencia entre los vecinos. “El delincuente está cómodo y eso es algo que nosotros debemos modificar”, sostuvo. Y agregó que debe cambiar “esta impotencia que le genera al vecino que cuando el que comete un delito entra por una puerta y sale por la otra”.
Montenegro también buscó correr la discusión de una pelea de competencias. Admitió que existen responsabilidades correspondientes a los distintos niveles del Estado, pero planteó que esa división no puede transformarse en una explicación para quien sufrió un hecho delictivo.
“No tengo ninguna duda de qué lado estoy. En esto está claro que hay responsabilidades del Municipio, responsabilidad de la Provincia, responsabilidad del Gobierno nacional”, señaló.
Sin embargo, inmediatamente puso el foco en la gestión concreta. “Lo que tenemos claro es que cuando a un vecino le roban, explicarle el organigrama no es lo que corresponde. Hay que laburar y actuar en consecuencia”, afirmó.
La coordinación como hoja de ruta
La articulación entre las distintas áreas vinculadas con la seguridad apareció como una de las principales definiciones de Montenegro. El jefe comunal planteó la necesidad de trabajar en conjunto con la Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense, las fuerzas federales, jueces y fiscales.
“Todos estos tienen que ser parte de la solución, no pueden ser parte del problema. Tenemos que trabajar mancomunadamente”, sostuvo.
Para Montenegro, la coordinación no puede quedar reducida a encuentros institucionales o anuncios. “Lo más importante es generar esta coordinación, con todos los actores que tienen que trabajar en nuestra ciudad”, remarcó.
En esa línea, definió cuatro prioridades para abordar el problema: “Primero defender a la víctima, después meter al delincuente en cana y que no salga, después respaldar a las fuerzas de seguridad como corresponde y, por otro lado, que no sea una discusión de jurisdicciones”.
El concepto volvió a aparecer durante la ronda de preguntas, donde insistió en que al vecino no se le puede responder que determinado problema corresponde a otra administración. “No le podés plantear al vecino que no es tu responsabilidad”, afirmó.
El objetivo final, según explicó, excede la estadística del delito y tiene que ver con recuperar la libertad para circular y vivir en la ciudad. “Tenemos que volver a que el vecino se sienta libre. Porque, en definitiva, lo que más afecta la seguridad tiene que ver con la libertad”, sostuvo.
Provincia, Nación y una señal política
El regreso de Montenegro también abre un nuevo capítulo en la relación con los gobiernos de Axel Kicillof y Javier Milei. El intendente reconoció que mantiene diferencias políticas con la administración bonaerense, aunque buscó separar esas discusiones del abordaje de la inseguridad. “Está claro que tengo diferencias con el gobernador, con el gobierno provincial. En esto, no”, afirmó.
En ese sentido, reveló que ya mantuvo conversaciones con Kicillof y con el ministro de Seguridad bonaerense. También mencionó contactos con funcionarios nacionales, entre ellos Diego Santilli, jefe de Gabinete de Javier Milei.
La cuestión nacional apareció además vinculada al posible desembarco de fuerzas federales en Mar del Plata, una posibilidad que había planteado Patricia Bullrich durante el Coloquio de IDEA. Montenegro consideró importante que Nación aporte recursos, aunque volvió a colocar la coordinación por encima de cualquier anuncio.
En ese punto, destacó gestiones realizadas por dirigentes marplatenses. Mencionó al diputado nacional Alejandro Carrancio, quien mantuvo un encuentro con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y también hizo referencia al senador nacional Maximiliano Abad.
La idea, para Montenegro, es que cada recurso tenga una función concreta dentro de un esquema común. “Si vos tenés un mapa y sabés dónde poner los recursos, va a ser más fácil si tenés los recursos. Y que cada uno de esos recursos sepa lo que tiene que hacer. Esa es la parte de la coordinación que es importante”, explicó.
Y dejó una de las frases que mejor sintetizaron su planteo: “Es clave la coordinación para que haya un resultado, no para que haya una foto”. Después fue todavía más directo: “Es con resultados, no con fotos”.
Sin pase de facturas a Neme
En otro tramo de la conferencia, Montenegro también fue consultado por su regreso y el interinato de Agustín Neme. Allí buscó despejar cualquier lectura que vinculara su decisión con el desempeño del actual jefe comunal durante el período en que estuvo al frente del Municipio.
“Acá hay una realidad, no tiene que ver con Agustín. Tiene que ver con lo que tengo que hacerme cargo”, sostuvo.
La definición buscó ubicar el regreso dentro de una decisión personal y política del propio Montenegro, antes que como una evaluación sobre la gestión de Neme.
En la misma línea, el intendente se atribuyó directamente la responsabilidad sobre el rumbo del Ejecutivo. “La responsabilidad de esta gestión es mía. Me pongo al frente del tema para buscar las soluciones que se necesitan”, afirmó.
El mensaje también tuvo una advertencia hacia quienes puedan intentar capitalizar políticamente la problemática. “No puede haber aprovechamiento político”, remarcó.
Finalmente, Montenegro cerró con una definición que condensa el espíritu que buscó imprimirle a su retorno al Palacio Municipal: “Yo tengo la obligación de responder por lo que funciona, también por lo que falta y lo que tenemos que cambiar”.
Con la seguridad como primer capítulo de su regreso, el intendente dejó así planteado el desafío para la nueva etapa: menos discusión sobre quién tiene la competencia y más coordinación para ejecutar. Una fórmula que, al menos en el discurso, apunta a que el regreso al Ejecutivo no sea solamente institucional, sino también una toma de control sobre uno de los principales reclamos que atraviesan hoy a Mar del Plata.
Montenegro, Abad y Carrancio: el triángulo con el que intendente intenta descomprimir la ebullición interna
Guillermo Montenegro volvió a ser el intendente y lo hizo con una señal política que difícilmente pueda leerse como una casualidad. En su primera aparición pública tras dejar durante 10 meses su banca en el Senado bonaerense, el jefe comunal no solamente habló de seguridad, empleo, temporada y gestión, también mencionó a dos dirigentes que aparecen como piezas relevantes para el escenario que viene. Maximiliano Abad, Senador Nacional de la UCR, y Alejandro Carrancio, Diputado Nacional de La Libertad Avanza, fueron parte de su discurso. En tiempos donde cada foto, cada ubicación y cada nombre mencionado construyen una señal, la referencia a ambos parece anticipar una arquitectura política con la que Montenegro buscará transitar los meses que quedan hasta 2027.
Montenegro vuelve a una ciudad atravesada por problemas que exceden largamente la discusión interna de los partidos y que pueden convertirse en el principal termómetro de su segundo mandato. La inseguridad aparece como el frente más urgente, pero detrás de ella se encuentra otro problema estructural, el empleo. Y ambos fenómenos empiezan a cruzarse en un escenario económico delicado, con una temporada de verano a las puertas y con empresas históricas de la ciudad atravesando situaciones críticas.
El caso Toledo es uno de los mayores interrogantes. La cadena de supermercados atraviesa una situación financiera delicada y las versiones sobre una eventual venta total o parcial de la empresa mantienen en vilo a sus trabajadores. Podría involucrar a alrededor de más 1.500 trabajadores más todos aquellos que trabajan de manera indirecta con la empresa. Una eventual pérdida masiva de puestos de trabajo representaría un golpe directo para una ciudad que ya enfrenta dificultades en materia laboral y que debería absorber el impacto social de cientos de familias con ingresos en riesgo.
El desafío para Montenegro no será solamente conseguir inversiones o defender la generación de empleo privado, como planteó al regresar al Ejecutivo, sino evitar que la pérdida de puestos de trabajo profundice un escenario de vulnerabilidad que termine trasladándose a las calles. En una ciudad donde más del 90% del empleo es privado, según el propio intendente, el margen de acción municipal pasa necesariamente por generar condiciones para que la actividad económica no se siga contrayendo.
A ese panorama se suma la prueba inmediata que tendrá Mar del Plata con el próximo fin de semana largo. Será mucho más que un movimiento turístico de cuatro días, funcionará como un anticipo de lo que puede ocurrir durante el verano y como una señal para uno de los sectores que históricamente sostuvo la identidad económica de la ciudad.
El intendente se licenció del Senado para ponerse nuevamente al frente de una problemática que, según reconoció, considera grave, la inseguridad. Los robos violentos, la sensación de indefensión, el desorden político interno y la reiteración de episodios delictivos colocaron a la seguridad en el centro de la agenda y obligaron a la gestión municipal a asumir un rol más activo. Montenegro lo sintetizó con una definición que marca el tono de su nueva etapa: “Es con resultados, no con fotos”.
Policía Bonaerense, fuerzas federales, Patrulla Municipal, jueces y fiscales aparecen dentro del esquema que el intendente pretende coordinar. Montenegro buscó evitar la clásica discusión sobre qué nivel del Estado tiene competencia y planteó que, frente a un vecino víctima de un delito, explicar el organigrama no alcanza. La cuestión será comprobar si esa coordinación puede traducirse efectivamente en resultados.
En ese punto vuelve a cobrar relevancia la dimensión política de su discurso. La aparición de Abad y Carrancio no es inocente. Uno representa una pata radical que forma parte del entramado político local y provincial, el otro, una fuerza que gobierna la Nación y que tiene cada vez mayor peso en el escenario bonaerense. En medio de una relación compleja entre PRO, UCR y LLA, Montenegro parece necesitar mantener abiertos distintos canales para garantizar gobernabilidad y recursos frente a los problemas que tiene por delante. La foto política del regreso también empieza a dibujar el mapa con el que pretende llegar a 2027.
La seguridad puede convertirse justamente en el punto de encuentro de esa eventual triada. Montenegro necesita resultados en el territorio; Abad conserva capacidad de articulación política; y Carrancio puede funcionar como un puente con el Karinismo nacional en momentos en que el Municipio reclama recursos y presencia de las fuerzas federales. No se trata solamente de nombres mencionados en una conferencia, ya que en la política las referencias también ordenan expectativas y construyen alianzas. Y el intendente parece necesitar de todas las herramientas disponibles para atravesar una etapa que promete ser particularmente compleja.
Mientras tanto, el regreso de Montenegro también deja una incógnita puertas adentro del Municipio. Agustín Neme, quien durante los últimos 10 meses ocupó el sillón de la Intendencia, volvió formalmente a su banca de concejal, aunque tomó licencia hasta el 16 de octubre. Su futuro político inmediato todavía no está del todo claro. La duda pasa incluso por si finalmente regresará al recinto o si continuará vinculado al Ejecutivo bajo otra modalidad. Después de diez meses al frente de la administración municipal, su eventual vuelta al Concejo podría convertirse en un blanco político fácil para la oposición, que tendría a mano cada decisión, cada problema y cada resultado de su interinato para utilizarlo como argumento.
El desafío de Montenegro no será simplemente completar el mandato hasta 2027, sino recuperar capacidad de conducción en cada uno de esos frentes. La estrategia parece empezar a delinearse, la seguridad como bandera, inversión privada como respuesta económica y una construcción política que busca apoyarse en distintas terminales. Después de diez meses de interinato y con buena parte de los problemas todavía abiertos, Montenegro vuelve al centro de la escena. Ahora deberá demostrar que tiene el control.
Radiografía del interinato: cruces, internas y una seguridad que terminó marcando el pulso de la gestión
Agustín Neme llegó al Ejecutivo municipal con una premisa que repitió en distintas oportunidades, el vínculo con los vecinos y la cercanía serían parte central de su forma de gobernar. Diez meses después, su interinato quedó atravesado por una sucesión de episodios políticos que fueron mucho más allá de la gestión cotidiana. Reacomodamientos internos, diferencias dentro del propio oficialismo, cruces con dirigentes de otros espacios y, en el tramo final, una pelea abierta con el gobierno bonaerense por la seguridad y la articulación institucional marcaron un período que comenzó como una continuidad de la gestión de Guillermo Montenegro y terminó con Neme obligado a defender públicamente su propia conducción. Al mismo tiempo, el interino buscó instalar una agenda propia con iniciativas como el bacheo express, el objetivo de alcanzar una ciudad 100% LED, los operativos contra los microbasurales y el despliegue de la Patrulla Municipal.
Uno de los primeros movimientos que expuso la lógica interna del interinato fue el regreso de Santiago Bonifatti al gabinete. Luego de dejar la presidencia del EMSUR, donde había sido reemplazado por Daniel Martínez, Neme invento en enero la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y designó allí al dirigente. La nueva estructura quedó bajo la órbita directa de la Intendencia y tuvo entre sus objetivos asistir al jefe comunal en cuestiones estratégicas y en la búsqueda de financiamiento nacional e internacional. Pero detrás de la explicación formal apareció una lectura política bastante más fuerte, a Bonifatti le inventaron un conchabo dentro del Municipio para que no tuviera que abandonar la teta del Estado. El dirigente, después de dejar el EMSUR, volvió a encontrar un lugar dentro de la estructura municipal justo cuando podía haber quedado afuera del armado. El movimiento fue leído como un reacomodamiento dentro del Ejecutivo y se convirtió en uno de los primeros ejemplos de cómo el interinato debió administrar también las tensiones y los equilibrios propios de un oficialismo.
Mientras tanto, la seguridad comenzó a ocupar cada vez más espacio en la agenda municipal. En enero, Neme modificó la estructura del área y creó la Subsecretaría de Coordinación con Fuerzas de Seguridad, en un contexto de crecientes reclamos por la inseguridad. La estrategia municipal se apoyó en la Patrulla Municipal, el monitoreo, equipamiento y la compra de móviles destinados a la Policía bonaerense. En agosto, por ejemplo, el Municipio presentó doce nuevos patrulleros adquiridos con fondos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, que se sumaron a otros once entregados previamente. Sin embargo, la discusión dejó de ser solamente sobre cuánto invertía el Municipio y pasó a concentrarse en una pregunta mucho más incómoda ¿Quién debía hacerse cargo de dar una respuesta integral frente al delito?
En paralelo, Neme comenzó a ocupar con mayor intensidad el terreno de las redes sociales. La exposición pública de Daniel Martínez, primero desde la Patrulla Municipal y luego como una de las caras visibles del EMSUR, sumó otro elemento a la disputa por quién representaba la gestión en la calle. El municipio multiplicó publicaciones vinculadas con operativos, limpieza, seguridad y recuperación del espacio público. La política de mostrar la gestión terminó convirtiéndose en una característica del interinato, al mismo tiempo que los problemas que buscaban exhibirse como resueltos reaparecían en distintos o los mismos puntos de la ciudad.
El capítulo de la Zona Fría también expuso una diferencia política relevante. Después del acto del 25 de Mayo, Neme respaldó el reemplazo del esquema territorial por un sistema de segmentación de subsidios. La posición generó críticas desde distintos sectores de Mar del Plata y puso sobre la mesa una discusión dentro del propio espacio político, mientras el interino defendía una determinada mirada sobre la reforma impulsada por el Gobierno nacional, en el Concejo Deliberante aparecieron posiciones diferentes dentro del bloque del PRo respecto del impacto que tendría la medida sobre los hogares marplatenses. Meses después, el Senado convirtió en ley la modificación y Mar del Plata quedó fuera del régimen territorial de Zona Fría, reavivando los cuestionamientos políticos hacia Neme.
La relación con Provincia también tuvo distintos capítulos. En mayo, el conflicto por Punta Mogotes volvió a enfrentar al oficialismo local con la administración de Axel Kicillof. Neme se sumó al reclamo por el traspaso del complejo y acompañó la posición municipal frente al esquema planteado por la Provincia. El episodio fue otro ejemplo de una relación que, lejos de encontrar un canal estable de coordinación, comenzó a acumular diferencias sobre obras, administración de espacios y competencias entre ambas jurisdicciones.
Pero el punto de mayor tensión llegó en septiembre, cuando Carlos Bianco cuestionó públicamente al gobierno municipal por su ausencia en la Unidad de Coordinación Bahía Bristol y sostuvo que General Pueyrredon estaba “virtualmente acéfalo”. El ministro bonaerense afirmó que el Municipio no había sido incorporado al nuevo esquema porque no había posibilidad de comunicación y sostuvo que Neme no respondía los mensajes. Según su relato, incluso existía una secuencia de contactos desde enero que no había permitido concretar una reunión.
Neme respondió con un video dirigido al gobernador Axel Kicillof y al propio Bianco. Lejos de bajar el tono, trasladó la discusión directamente al terreno de la seguridad: “Antes de mandar a su Jefe de Gabinete a preguntarnos cuál es nuestro plan de seguridad, yo quiero hacerle una pregunta más sencilla: ¿Cuál es su plan, Gobernador?”. También enumeró los recursos municipales destinados a patrulleros, combustible, tecnología, prevención y presencia en las calles.
El cruce dejó expuesto algo más profundo que una disputa por mensajes sin responder. Bianco cuestionó la falta de coordinación institucional del Municipio en cuestiones de seguridad, infraestructura y ahora también en la administración de la Bahía Bristol. Neme, en cambio, convirtió la respuesta en un reclamo general a la Provincia por policías, patrulleros, infraestructura y recursos, y sostuvo que la administración bonaerense debía explicar cuál era su propio plan de seguridad. La discusión, así, terminó trasladándose del despacho municipal a las redes sociales y volvió a poner a la inseguridad en el centro de la escena.
El problema es que la seguridad fue precisamente uno de los asuntos que más exposición le dio al interinato. Neme defendió la Patrulla Municipal, la inversión en móviles y una política de mayor presencia territorial, e incluso llegó a reivindicar que no había que tenerle miedo a la “mano dura”. Pero al mismo tiempo, los reclamos vecinales por inseguridad continuaron y la discusión política terminó concentrándose en cuánto puede hacer el Municipio y cuánto depende de una Provincia que controla la Policía bonaerense.
Diez meses después, el balance político del interinato aparece atravesado por esa tensión. Neme intentó construir una identidad propia dentro de la continuidad del proyecto de Montenegro, mientras debió administrar reacomodamientos internos, diferencias políticas y una relación cada vez más tirante con la Provincia. El enfrentamiento con Bianco fue apenas el último capítulo de una sucesión de cruces que terminaron colocando a la seguridad en el centro de la discusión. Y allí aparece la principal paradoja del período, ya que mientras el Municipio insiste en mostrar presencia, inversión y acción en las calles, la inseguridad continúa funcionando como uno de los principales problemas que condicionan la agenda política de Mar del Plata.
Neme sostiene que gobernó con autonomía y que no recibió órdenes de Montenegro desde que asumió. Sin embargo, su interinato nació como continuidad de una gestión y termina dejando sobre la mesa una pregunta política inevitable, cuánto de lo que sucedió durante estos diez meses responde a una conducción propia y cuánto a las tensiones acumuladas de un oficialismo que todavía intenta encontrar su lugar mientras la ciudad reclama, antes que discursos y cruces, respuestas concretas frente a sus problemas cotidianos.
Guillermo Montenegro junto con Santilli: “Nuestra obligación es trabajar juntos para llevarles soluciones a los marplatenses”
Guillermo Montenegro comenzó a mover sus fichas en el tablero político y a mostrar capacidad de interlocución con los distintos niveles del Estado. Este jueves, el jefe comunal se reunió con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego “el Colo” Santilli, en un encuentro que tuvo a la seguridad como principal eje de conversación.
La reunión se inscribe en una serie de gestos con los que Montenegro busca fortalecer la coordinación entre el Municipio, el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires para abordar una de las principales preocupaciones de los vecinos de General Pueyrredon. En sus redes sociales, el intendente remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.
“Nuestra obligación es trabajar juntos para llevarles soluciones a los marplatenses”, expresó Montenegro, en una señal que apunta a dejar atrás los cortocircuitos institucionales y avanzar en una agenda compartida en materia de seguridad.
El encuentro con Santilli se suma al visto bueno que llegó desde La Plata. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó el reinicio del diálogo con el Municipio y valoró la predisposición del intendente para retomar el trabajo conjunto con la administración de Axel Kicillof. Incluso, sostuvo que Montenegro había “arrancado con el pie derecho”.
Así, entre los contactos con Nación y la recuperación del diálogo con Provincia, Montenegro busca consolidar una agenda de coordinación que exceda las diferencias políticas y permita avanzar en respuestas para el distrito. Con apenas 48 horas desde su regreso, el jefe comunal ya exhibe movimiento en dos frentes clave y procura instalar una señal de autoridad política: la seguridad será una prioridad y su gestión buscará sentar a las distintas jurisdicciones en la misma mesa.
La maquinaria legislativa que sostuvo a Neme pero frenó los cambios
El cierre de los 301 días de interinato de Agustín Neme al frente del Ejecutivo de General Pueyrredon abre una instancia de balance sobre la actuación del Concejo Deliberante durante uno de los períodos de mayor transformación en su dinámica interna.
La salida de Neme de la presidencia de la bancada oficialista para asumir la intendencia no solo alteró el organigrama municipal. En el recinto, el movimiento catapultó a Julián Bussetti al liderazgo del bloque oficialista y derivó en la posterior reidentificación partidaria de la bancada, que abandonó la denominación Vamos Juntos para asumir formalmente la sigla PRO. En simultáneo, el recambio parlamentario de la mitad del cuerpo ubicó al libertario Emiliano Recalt en la presidencia del Concejo y configuró un escenario político bien distinto al de los años anteriores. Para sostener la gobernabilidad, la gestión articuló un esquema parlamentario de 14 votos articulado entre el PRO, la UCR + Nuevos Aires (UCR+NA), la Coalición Cívica (CC) y La Libertad Avanza (LLA), garantizando una mayoría propia de 14 votos sobre el total de 24 concejales que resultó determinante para los expedientes centrales del Ejecutivo.
Esa mayoría numérica fue el motor para la convalidación del paquete económico y fiscal de la administración municipal. En febrero se logró la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva 2026, ámbito donde se dio el debate por la creación de la tasa de Alumbrado Público y su mecanismo de cobro a través de la factura de la empresa distribuidora de energía EDEA, un punto fuertemente cuestionado por la oposición. Pocas semanas después, el oficialismo hizo valer sus números para sancionar el Presupuesto 2026 de la Administración Central, de los entes descentralizados y el cuadro tarifario de Obras Sanitarias Sociedad del Estado. Asimismo, el recinto convalidó las rendiciones de cuentas del ejercicio 2025, un trámite que estuvo marcado por las duras críticas de las bancadas opositoras ante el déficit presupuestario de más de 7.400 millones de pesos informado en los balances del ejercicio previo.
Sin duda, la victoria legislativa de mayor volumen político e impacto ciudadano durante el ciclo interino fue la sanción de la Ordenanza 27.001, que creó el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad para regular las aplicaciones digitales de transporte. Luego de años de expedientes archivados y tras una jornada caracterizada por incidentes en las barras entre taxistas y choferes de plataformas, el bloque de 14 volvió a alinearse para darle luz verde a la norma. Sin embargo, el aval definitivo a las aplicaciones expuso también las limitaciones del proceso normativo: la regulación fue aprobada, pero la confección de un régimen sancionatorio y de infracciones impulsado desde la propia bancada radical debió continuar su trámite en comisiones, evidenciando que el tema no quedó saldado de manera integral.
El rendimiento del Concejo Deliberante durante estos diez meses mostró además los límites de la cohesión interna del espacio gobernante y la imposibilidad de transformar en ordenanzas varias de las promesas de gestión. Si bien los 14 votos funcionaron de forma uniforme para el paquete impositivo y la regulación del transporte, el bloque oficialista no actuó como un frente monolítico en otros debates de alta sensibilidad local y nacional. La bancada oficialista votó de manera dividida o divergente frente a reclamos por el régimen de Zona Fría —donde La Libertad Avanza quedó aislada sosteniendo la postura nacional— y ante las resoluciones sobre el financiamiento universitario, en las que el PRO optó por la abstención mientras el radicalismo y la Coalición Cívica acompañaron los planteos opositores.
A este escenario de fricciones internas se sumó el estancamiento de proyectos de alto impacto urbano y económico que habían signado el discurso inaugural del interinato en marzo de 2026. La reforma estructural de la Ordenanza 14.000 para desregular la nocturnidad y habilitar nuevos usos en locales gastronómicos, centros culturales y hoteles, impulsada desde el propio oficialismo, continuó su gira por comisiones ante la acumulación de objeciones de vecinos y entidades sectoriales. Ocurrió algo similar con el programa de renovación integral de la Peatonal San Martín, este último anunciado por el Ejecutivo como una intervención junto al sector privado pero tramitado en paralelo como una iniciativa opositora que no logró dictamen. Tampoco avanzaron las definiciones sobre el Sistema Unificado de Movilidad Individual ni el pliego del transporte público de pasajeros. En paralelo, el papel del cuerpo respecto al Estadio José María Minella se limitó a expedientes de control y pedidos de informes sobre la ejecución de la concesión otorgada en 2025 y el cumplimiento del pago de cánones, sin generar nuevas normas al respecto.
Un análisis sobre el volumen de expedientes ingresados durante el período refleja que una porción ampliamente mayoritaria de la producción parlamentaria correspondió a minutas de comunicación, declaraciones y resoluciones sin fuerza de reforma estructural. El Concejo Deliberante garantizó la gobernabilidad económica y destrabó la histórica discusión del transporte digital, pero funcionó fundamentalmente como un ámbito de contención política y de transición hacia el escenario electoral, dejando abiertas las grandes reformas urbanas que definirán el futuro de Mar del Plata.
La llegada de Felizia no es un dato menor en el tablero político local. El dirigente, vinculado al espacio de Gustavo Pulti, llega al cargo en medio de las diferencias que atraviesan al peronismo marplatense entre los distintos sectores que lo integran. La Bahía Bristol, así, vuelve a convertirse en escenario de una discusión que excede la puesta en valor de la Rambla.
La Unidad de Coordinación Bahía Bristol fue creada mediante el Decreto 1516/2026 y funciona bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Entre sus objetivos se encuentra el seguimiento de proyectos vinculados con infraestructura, desarrollo económico, turismo, cultura y urbanismo, además de la posibilidad de promover convenios y mecanismos de cooperación con organismos públicos y privados.
La elección de Felizia había sido anticipada por Bianco durante una entrevista realizada el 27 de septiembre. En aquella oportunidad, el ministro explicó los lineamientos de la nueva estructura y el rol que tendría el ex funcionario portuario al frente del organismo.
Ahora, con la resolución publicada, la discusión ingresa en otra etapa. Ya no se trata de quién ocupará el cargo, sino de cómo funcionará una estructura provincial que tendrá entre sus objetivos la coordinación de políticas sobre un espacio donde también existen competencias municipales.
Ese fue, precisamente, uno de los puntos que generó ruido desde el momento mismo de la creación de la Unidad. La decisión de avanzar con un organismo específico para la Bahía Bristol provocó cuestionamientos desde distintos sectores del oficialismo local, que plantearon reparos sobre la intervención provincial y reclamaron que el Municipio de General Pueyrredon tenga participación en las decisiones que involucren a uno de los principales espacios públicos de la ciudad.
Del otro lado, desde la Provincia defendieron la iniciativa como una herramienta para coordinar proyectos y avanzar sobre la infraestructura, el patrimonio y el desarrollo del sector. En ese marco, los cruces entre funcionarios bonaerenses y representantes del gobierno municipal sumaron un nuevo capítulo a la relación entre La Plata y General Pueyrredon.
Con Felizia ya formalmente designado, la Unidad comienza a tener una conducción definida. El cargo tendrá rango provincial y dependerá del Ministerio de Gobierno, mientras que entre sus principales desafíos aparece la articulación de una agenda que involucra obras, patrimonio, turismo, urbanismo y cooperación institucional.
La designación también agrega una nueva pieza al tablero político del peronismo marplatense. La elección de un dirigente vinculado a Pulti para conducir una estructura provincial en pleno corazón de Mar del Plata vuelve a cruzar gestión y política en un escenario donde los distintos sectores del peronismo ya empiezan a mover sus fichas de cara a 2027.
La Bahía Bristol vuelve así al centro de la escena. Esta vez, con una estructura provincial formalizada, un director ejecutivo designado y una nueva discusión abierta sobre hasta dónde llegará su intervención y cómo será la convivencia con el Municipio.
Raverta ensalza la lucha de los jubilados que su propia gestión en ANSES terminó licuando
En el inicio del tramo decisivo de cara al año electoral 2027, la escena política bonaerense reactiva la carrera por los posicionamientos y la construcción de relatos. Desde la provincia de Buenos Aires y con la mirada fija en el escenario local, la senadora bonaerense Fernanda Raverta apeló nuevamente a una fórmula recurrente para interpelar a su electorado: la utilización de la causa previsional como plataforma emotiva y trinchera discursiva.
En una reciente publicación en sus redes sociales, la dirigente de Mar del Plata elogió a los jubilados de la Red Solidaria local calificándolos como "testigos de lucha" y responsabilizó de manera exclusiva a los "gobiernos neoliberales" de haberlos condenado al sufrimiento y al abandono, enarbolando como bandera la promesa de un acompañamiento incondicional. Sin embargo, la brecha entre la empatía digital y el registro documental de su gestión al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), período transcurrido entre el 30 de abril de 2020 y el 10 de diciembre de 2023, expone contradicciones políticas e indicadores que desmienten el discurso oficialista de la referente de La Cámpora.
Durante los tres años y medio en los que la dirigente marplatense condujo el organismo encargado de proteger a los sectores más vulnerables, el poder adquisitivo del sector pasivo sufrió un deterioro sostenido que contrasta severamente con las declaraciones vertidas en sus discursos públicos. Los números reconstruidos tras su paso por ANSES muestran que la movilidad aprobada durante la administración de Alberto Fernández generó un fuerte retraso frente al avance inflacionario.
Si bien la política de bonos extraordinarios intentó amortiguar el impacto sobre la jubilación mínima —la cual aun así registró una caída del 2% promedio en términos reales y de hasta un 8,6% al comparar el cierre de 2019 con el de 2023—, el impacto más severo lo sufrieron las escalas intermedias e intermedias altas de la pirámide previsional, que quedaron excluidas de los refuerzos e ingresaron en un proceso de achatamiento sistemático. Quienes percibían el equivalente a dos o tres haberes mínimos vieron deteriorados sus ingresos en un 25,1% y 26,3% real respectivamente, sufriendo pérdidas superiores al 39% en el segmento de quienes no recibieron bonificaciones.
El desfase entre el discurso sobre la defensa de los jubilados y la realidad de las métricas económicas quedó de manifiesto cuando la propia Raverta afirmó públicamente en junio de 2023 que los haberes le ganaban a la inflación con un incremento acumulado reportado del 107%. Las verificaciones de consultoras y analistas previsionales revelaron un severo sesgo metodológico al comparar un haber mínimo sin bono de 2021 contra una cifra de 2022 que sí lo sumaba, omitiendo además la pérdida registrada mes a mes. El análisis fino arrojó que, incluso considerando los adicionales otorgados por decreto, los haberes terminaron el ejercicio ubicándose sustancialmente por debajo del índice de precios. Para compensar las inconsistencias de una fórmula legal que prescindía de la inflación como variable directa de actualización, la gestión debió recurrir de forma sistemática a los refuerzos discrecionales, una mecánica que la Defensoría de la Tercera Edad cuestionó por su falta de carácter remunerativo y por dejar desamparados a más de un millón de beneficiarios.
A la pérdida del valor de los haberes se le sumaron cuestionamientos políticos e institucionales de fuerte repercusión judicial y parlamentaria. Mientras miles de jubilados enfrentaban apelaciones promovidas por la ANSES que postergaban durante años la ejecución de sentencias firmes por reajustes, la conducción del organismo decidió administrativamente allanar el camino para la restitución del cobro simultáneo de dos asignaciones vitalicias a favor de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión de desestimar el recurso de apelación interpuesto por el propio Estado frente a dicho expediente derivó en denuncias penales impulsadas por la oposición por presunto beneficio privilegiado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Semanas más tarde, las controversias en torno a la administración de los recursos del sistema se multiplicaron tras el canje de títulos públicos dolarizados pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dispuesto por el Ministerio de Economía. En su carácter de presidenta del Comité Ejecutivo del Fondo, Raverta fue denunciada penalmente junto a las máximas autoridades nacionales bajo acusaciones de administración fraudulenta y malversación, en medio del rechazo opositor al uso de los fondos de resguardo previsional para cubrir financiamiento corriente en pesos.
Las dificultades de la gestión también dejaron su huella en la calidad de la atención al público. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia y la posterior normalización, las demoras excesivas, las fallas en el sistema de Atención Virtual y la imposibilidad recurrente de tramitar turnos o acreditar documentación generaron la intervención formal de organismos como la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, además de la presentación de reclamos judiciales individuales por mora administrativa que afectaron directamente a personas en situación de vulnerabilidad que requerían el alta de sus prestaciones. Aunque la ANSES adujo posteriormente un despliegue de operativos sabatinos y una ampliación en la resolución de carpetas, la gestión de turnos fue un eje constante de conflicto para el universo previsional.
A casi tres años de haber dejado el sillón principal de la ANSES y en pleno recorrido de este octubre de 2026, el intento de Raverta por refundar su perfil político apelando a la sensibilidad social choca directamente con la memoria de su propia administración. En el escenario local de Mar del Plata, donde la dirigente busca sostener su volumen político de cara a los armados electorales de 2027, el contraste resulta ineludible: los encendidos discursos en las redes sociales sobre la empatía y la protección a la tercera edad colisionan con el legado documental de una gestión marcada por el deterioro de los haberes frente a la inflación, la dilación de las sentencias judiciales, las causas por el manejo de los fondos del FGS y las facilidades otorgadas a las cúpulas del poder.
Rosca, cal y arena: las deudas urbanísticas
La política urbanística de General Pueyrredon acumula tres deudas que vuelven a quedar expuestas con cada nuevo expediente que modifica las reglas sobre el territorio. El Consejo Local de Hábitat, la actualización integral del Código de Ordenamiento Territorial (COT) y el régimen de compensaciones urbanísticas siguen pendientes mientras la ciudad continúa recibiendo excepciones, cambios de indicadores y herramientas promocionales para la construcción.
La paradoja es que el Concejo discute proyectos puntuales, pero mantiene sin cerrar los instrumentos generales que deberían ordenar ese crecimiento.
La primera es habitacional. La creación del Consejo Local de Hábitat y Vivienda comenzó a tomar forma en 2023, cuando se aprobó una jornada de trabajo para discutir su conformación. El 25 de agosto de ese año se realizó el encuentro y allí apareció una definición que todavía conserva vigencia: en Mar del Plata se estaban produciendo “dos ciudades en paralelo”.
En 2024, los colegios profesionales elevaron un anteproyecto al cuerpo legislativo. El expediente pasó por la Comisión de Obras, que recibió a representantes de las entidades, pero no consiguió despacho. En 2026, el Colegio de Arquitectos volvió a presentarlo y hasta lo trajo de vuelta al recinto mediante una Banca 25 para reclamar su tratamiento. En septiembre, el concejal Diego García reavivó el tema. “General Pueyrredon no puede seguir creciendo al ritmo de la especulación o del parche cuando nos desborda la urgencia”, sostuvo, y apuntó contra el “cajoneo” de la iniciativa.
La segunda es el COT. La Ordenanza 13.231, que contiene el texto ordenado y actualizado del Código, fue sancionada en marzo de 2000. Desde entonces acumuló modificaciones, pero no una revisión integral. El propio Concejo continúa aprobando cambios puntuales; en julio de este año, por ejemplo, sancionó una modificación para actualizar criterios urbanísticos vinculados a proyectos de obras.
La tercera es el régimen de compensaciones urbanísticas. En 2021, mediante la Ordenanza 25.115, el Concejo creó una comisión para diseñar un sistema integral que estableciera contraprestaciones ante incrementos de índices constructivos o modificaciones de usos autorizados por el COT. La iniciativa atravesó sucesivas prórrogas sin convertirse en el marco general buscado. La última extensión que recibió fue hasta el 10 de febrero de 2026.
Mientras esas herramientas permanecen abiertas, el mapa urbano sigue modificándose. El Concejo prorrogó el régimen promocional para la reactivación de la industria de la construcción, extendiendo sus beneficios hasta diciembre de 2027. A la vez, ingresan expedientes que modifican parámetros del COT o plantean excepciones.
Ahí aparece el contraste político: mientras se demora una discusión de fondo sobre qué ciudad se quiere construir, las respuestas sobre el territorio continúan llegando caso por caso. Las excepciones a la normativa, los cambios de indicadores y los incentivos para determinados proyectos avanzan con mayor velocidad que la construcción de un marco general.
Desde la oposición vienen señalando precisamente esa falta de planificación. En el oficialismo sostienen que desde el Ejecutivo no se ha impulsado el abordaje de esas “deudas” y advierten que un eventual recambio en la Secretaría de Obras, actualmente conducida por Jorge “Guasa” González, podría frenar cualquier avance en la materia.
El dato es que General Pueyrredon no dejó de crecer mientras el debate institucional quedó pendiente. La ciudad suma metros cuadrados y nuevos emprendimientos, pero todavía espera tres definiciones: un ámbito permanente para discutir hábitat y vivienda, una actualización integral del ordenamiento y un mecanismo transparente para definir las contraprestaciones de quienes obtienen mayores posibilidades constructivas.
En el mientras tanto, las excepciones siguen llegando al Concejo Deliberante. Y la planificación de la comuna, otra vez, corre detrás de las obras.
12 de octubre: se viene la primera prueba para el turismo marplatense
Los sectores vinculados al turismo de Mar del Plata ya miran el calendario y tienen una fecha marcada: el fin de semana largo del 12 de octubre. Con la temporada 2026/27 cada vez más cerca, el movimiento que registre la ciudad durante esos días será seguido como un primer termómetro para intentar anticipar qué puede ocurrir durante el verano.
La expectativa convive, sin embargo, con cierta preocupación. El escenario que dejó la última temporada y la evolución de los meses posteriores encendieron algunas señales de alerta en una actividad que depende no solamente de la llegada de visitantes, sino también de su capacidad de consumo una vez instalados en la ciudad.
Durante la temporada 2025/26 arribaron a Mar del Plata 3.141.472 turistas, unos 122.255 menos que el verano anterior, lo que representó una caída del 3,7%. La ocupación global promedio, además, se ubicó en 50,7%.
El invierno tampoco logró revertir completamente esa tendencia. Entre el 17 de julio y el 1° de agosto de 2026 llegaron 303.876 visitantes, un 11,8% menos que durante el mismo período de 2025.
Por eso, en el sector turístico sostienen que el desafío para el próximo verano no pasa exclusivamente por recuperar cantidad de visitantes. Hay otra variable que comienza a ocupar un lugar central en el análisis: cuánto dinero está dispuesto a gastar el turista y cuánto puede gastar.
El bolsillo, en el centro del escenario
La pérdida de poder adquisitivo de los hogares argentinos modificó los hábitos de consumo y la actividad turística no quedó al margen. Para muchas familias, viajar implica hoy una planificación mucho más ajustada: menos días de estadía, búsqueda de alternativas de alojamiento más económicas, reducción de salidas gastronómicas y menor margen para excursiones o actividades recreativas.
A ese escenario se suma el incremento de los costos que debe afrontar el propio turista. Transporte, alojamiento y gastronomía forman parte de una ecuación que puede terminar condicionando la elección del destino o, directamente, reducir la cantidad de días de permanencia.
Así, el dato que miran los empresarios no será únicamente cuántas personas ingresan a Mar del Plata durante el feriado. También será relevante qué nivel de ocupación alcanzan los establecimientos, cuánto tiempo permanecen los visitantes y cuál es el movimiento en restaurantes, comercios y propuestas recreativas.
En otras palabras, el turismo puede tener visitantes sin necesariamente recuperar el volumen de consumo que necesita la economía local.
Y allí aparece una de las principales incógnitas de cara al verano: si el turista mantiene la decisión de viajar, pero llega con un presupuesto más acotado, la temporada puede mostrar buenos niveles de movimiento y, al mismo tiempo, dejar una rentabilidad más exigua para buena parte de la cadena turística.
Una preocupación que va más allá del bolsillo
A las dificultades económicas se incorporó durante 2026 otro factor que los sectores vinculados a la actividad observan con atención: la inseguridad y su impacto sobre la imagen de Mar del Plata.
Los hechos violentos ocurridos durante el año y su repercusión en medios nacionales generaron preocupación entre quienes dependen de la llegada de visitantes. La cuestión no se limita al delito puntual, sino al efecto acumulativo que pueden tener las noticias negativas sobre la percepción de una ciudad turística.
Para una familia que analiza dónde pasar sus vacaciones, el precio del alojamiento o del combustible puede ser determinante, pero no necesariamente el único elemento. La percepción sobre la seguridad del destino también puede formar parte de la decisión.
En ese sentido, la actividad turística observa con preocupación que una sucesión de noticias policiales sobre Mar del Plata termine funcionando como una mala publicidad involuntaria frente a potenciales visitantes de otras ciudades.
La temporada, entonces, empieza a jugarse también en ese terreno: no solo en las reservas y en las tarifas, sino en la imagen que la ciudad proyecta hacia afuera.
El 12 de octubre, bajo la lupa
Con ese escenario, el próximo fin de semana largo adquiere una importancia particular. No definirá por sí solo cómo será la temporada 2026/27, pero permitirá obtener una primera fotografía del comportamiento de la demanda a pocas semanas del verano.
Hotelería, gastronomía, comercio y el resto de las actividades vinculadas al turismo estarán atentos a varias señales: cantidad de visitantes, ocupación, duración de las estadías y nivel de consumo.
El feriado también permitirá observar si el público mantiene su decisión de viajar pese al deterioro del poder adquisitivo o si la situación económica comienza a traducirse en una menor demanda.
La expectativa, por eso, no está puesta únicamente en ver una ciudad llena. El verdadero interrogante pasa por saber cómo llega el turista, cuánto tiempo se queda y cuánto está dispuesto a gastar.
Mar del Plata llega al tramo final del año con una actividad turística que necesita recuperar dinamismo, pero que enfrenta un escenario diferente al de otros años. Menos visitantes, menor capacidad de consumo, costos elevados y una preocupación creciente por la imagen de seguridad conforman un cóctel que el sector sigue con atención.
El fin de semana largo del 12 de octubre será apenas una escala antes del verano, pero puede ofrecer una señal concreta. Si la ciudad logra mostrar movimiento y consumo, habrá motivos para mirar la temporada con mayor expectativa. Si los números vuelven a quedar por debajo de lo esperado, la luz amarilla podría transformarse en una advertencia más difícil de ignorar.
Sin limpieza y con la licitación enredada, el EMDER cerró el natatorio de Libertad
La parálisis operativa provocada por las dificultades para sostener los servicios básicos en los escenarios deportivos barriales sumó este martes un nuevo episodio visible en el Polideportivo Libertad. A través de un comunicado oficial difundido a vecinos y delegaciones, la conducción del complejo anunció la suspensión total de las actividades en el natatorio a partir de las 14.00 debido a la falta de servicios de limpieza. La medida dejó sin acceso a la pileta a cientos de usuarios y reavivó los cuestionamientos políticos de la oposición sobre la administración del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).
El parate en Libertad no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un convulsionado escenario de contratación administrativa. Luego de que el primer intento de licitación fuera anulado tras la detección de inconsistencias técnicas y contables en las ofertas recibidas, el organismo que conduce Sebastián D’Andrea puso en marcha el segundo llamado de la Licitación Pública 01/2026 para cubrir el servicio integral de limpieza en los Polideportivos Centenario, Libertad, Las Heras, Colinas de Peralta Ramos y el Natatorio Alberto Zorrilla.
Según consta en el acta de apertura del trámite, celebrada en las dependencias oficiales con la presencia de autoridades de Compras y de Gestión del ente, en esta oportunidad se formalizaron tres propuestas económicas. La firma Procesos Integrales de Higiene S.A. cotizó el servicio mensual en los complejos barriales en 72,01 millones de pesos cada uno y la pileta olímpica en 213,67 millones de pesos. Por su parte, Hipólito Integral S.A. presentó una oferta de 51,04 millones de pesos por cada polideportivo barrial y 160,60 millones para el Natatorio Zorrilla. En tanto, la firma Logistical S.A. presupuestó 58,58 millones de pesos mensuales por cada escenario barrial y 146,07 millones para la estructura central de la pileta panamericana.
El nuevo proceso arrastra antecedentes controvertidos y cambios en las reglas financieras. Cabe señalar que la nueva compulsa incorporó modificaciones al pliego original que redujeron drásticamente la exigencia técnica para habilitar la redeterminación de costos, bajando del 35 por ciento original a solo un 10 por ciento el tope de variación requerido para solicitar aumentos presupuestarios.
Mientras el expediente entra en la etapa decisiva de evaluación de la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas, la interrupción de actividades por insalubridad en los escenarios barriales refleja que la resolución de la limpieza sigue siendo una asignatura pendiente que impacta de forma directa en los vecinos.
Montenegro reasumió, puso el foco en la seguridad y pidió “resultados, no fotos”
Con el traje de intendente nuevamente puesto, Guillermo Montenegro tuvo este miércoles su primera aparición pública tras regresar al Palacio Municipal. En una conferencia de prensa en el COM, el jefe comunal explicó los motivos de su vuelta y dejó en claro cuál será uno de los ejes centrales de esta nueva etapa: la seguridad. En ese marco, habló de responsabilidades, reclamó coordinación entre las distintas jurisdicciones y dejó una definición que funcionó como síntesis de su planteo: “Es con resultados, no con fotos”.
La decisión de dejar la banca como senador provincial y regresar, según explicó, fue personal y estuvo vinculada directamente con la necesidad de ponerse al frente de una problemática que considera prioritaria. “La decisión de pedir licencia fue mía”, aclaró Montenegro, antes de resumir su mirada sobre el ejercicio del poder: “Gobernar no es enamorarse de las decisiones, sino también entender cuándo uno tiene que cambiar”.
En ese marco, planteó que el escenario de inseguridad fue determinante para su vuelta a la conducción municipal. “Existe en nuestra ciudad un problema muy grave con relación a la seguridad y tomé la decisión de ponerme al frente, de tomar las decisiones que debo tomar”, afirmó.
El intendente apuntó directamente contra una situación que, según su diagnóstico, genera impotencia entre los vecinos. “El delincuente está cómodo y eso es algo que nosotros debemos modificar”, sostuvo. Y agregó que debe cambiar “esta impotencia que le genera al vecino que cuando el que comete un delito entra por una puerta y sale por la otra”.
Montenegro también buscó correr la discusión de una pelea de competencias. Admitió que existen responsabilidades correspondientes a los distintos niveles del Estado, pero planteó que esa división no puede transformarse en una explicación para quien sufrió un hecho delictivo.
“No tengo ninguna duda de qué lado estoy. En esto está claro que hay responsabilidades del Municipio, responsabilidad de la Provincia, responsabilidad del Gobierno nacional”, señaló.
Sin embargo, inmediatamente puso el foco en la gestión concreta. “Lo que tenemos claro es que cuando a un vecino le roban, explicarle el organigrama no es lo que corresponde. Hay que laburar y actuar en consecuencia”, afirmó.
La coordinación como hoja de ruta
La articulación entre las distintas áreas vinculadas con la seguridad apareció como una de las principales definiciones de Montenegro. El jefe comunal planteó la necesidad de trabajar en conjunto con la Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense, las fuerzas federales, jueces y fiscales.
“Todos estos tienen que ser parte de la solución, no pueden ser parte del problema. Tenemos que trabajar mancomunadamente”, sostuvo.
Para Montenegro, la coordinación no puede quedar reducida a encuentros institucionales o anuncios. “Lo más importante es generar esta coordinación, con todos los actores que tienen que trabajar en nuestra ciudad”, remarcó.
En esa línea, definió cuatro prioridades para abordar el problema: “Primero defender a la víctima, después meter al delincuente en cana y que no salga, después respaldar a las fuerzas de seguridad como corresponde y, por otro lado, que no sea una discusión de jurisdicciones”.
El concepto volvió a aparecer durante la ronda de preguntas, donde insistió en que al vecino no se le puede responder que determinado problema corresponde a otra administración. “No le podés plantear al vecino que no es tu responsabilidad”, afirmó.
El objetivo final, según explicó, excede la estadística del delito y tiene que ver con recuperar la libertad para circular y vivir en la ciudad. “Tenemos que volver a que el vecino se sienta libre. Porque, en definitiva, lo que más afecta la seguridad tiene que ver con la libertad”, sostuvo.
Provincia, Nación y una señal política
El regreso de Montenegro también abre un nuevo capítulo en la relación con los gobiernos de Axel Kicillof y Javier Milei. El intendente reconoció que mantiene diferencias políticas con la administración bonaerense, aunque buscó separar esas discusiones del abordaje de la inseguridad. “Está claro que tengo diferencias con el gobernador, con el gobierno provincial. En esto, no”, afirmó.
En ese sentido, reveló que ya mantuvo conversaciones con Kicillof y con el ministro de Seguridad bonaerense. También mencionó contactos con funcionarios nacionales, entre ellos Diego Santilli, jefe de Gabinete de Javier Milei.
La cuestión nacional apareció además vinculada al posible desembarco de fuerzas federales en Mar del Plata, una posibilidad que había planteado Patricia Bullrich durante el Coloquio de IDEA. Montenegro consideró importante que Nación aporte recursos, aunque volvió a colocar la coordinación por encima de cualquier anuncio.
En ese punto, destacó gestiones realizadas por dirigentes marplatenses. Mencionó al diputado nacional Alejandro Carrancio, quien mantuvo un encuentro con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y también hizo referencia al senador nacional Maximiliano Abad.
La idea, para Montenegro, es que cada recurso tenga una función concreta dentro de un esquema común. “Si vos tenés un mapa y sabés dónde poner los recursos, va a ser más fácil si tenés los recursos. Y que cada uno de esos recursos sepa lo que tiene que hacer. Esa es la parte de la coordinación que es importante”, explicó.
Y dejó una de las frases que mejor sintetizaron su planteo: “Es clave la coordinación para que haya un resultado, no para que haya una foto”. Después fue todavía más directo: “Es con resultados, no con fotos”.
Sin pase de facturas a Neme
En otro tramo de la conferencia, Montenegro también fue consultado por su regreso y el interinato de Agustín Neme. Allí buscó despejar cualquier lectura que vinculara su decisión con el desempeño del actual jefe comunal durante el período en que estuvo al frente del Municipio.
“Acá hay una realidad, no tiene que ver con Agustín. Tiene que ver con lo que tengo que hacerme cargo”, sostuvo.
La definición buscó ubicar el regreso dentro de una decisión personal y política del propio Montenegro, antes que como una evaluación sobre la gestión de Neme.
En la misma línea, el intendente se atribuyó directamente la responsabilidad sobre el rumbo del Ejecutivo. “La responsabilidad de esta gestión es mía. Me pongo al frente del tema para buscar las soluciones que se necesitan”, afirmó.
El mensaje también tuvo una advertencia hacia quienes puedan intentar capitalizar políticamente la problemática. “No puede haber aprovechamiento político”, remarcó.
Finalmente, Montenegro cerró con una definición que condensa el espíritu que buscó imprimirle a su retorno al Palacio Municipal: “Yo tengo la obligación de responder por lo que funciona, también por lo que falta y lo que tenemos que cambiar”.
Con la seguridad como primer capítulo de su regreso, el intendente dejó así planteado el desafío para la nueva etapa: menos discusión sobre quién tiene la competencia y más coordinación para ejecutar. Una fórmula que, al menos en el discurso, apunta a que el regreso al Ejecutivo no sea solamente institucional, sino también una toma de control sobre uno de los principales reclamos que atraviesan hoy a Mar del Plata.
Montenegro, Abad y Carrancio: el triángulo con el que intendente intenta descomprimir la ebullición interna
Guillermo Montenegro volvió a ser el intendente y lo hizo con una señal política que difícilmente pueda leerse como una casualidad. En su primera aparición pública tras dejar durante 10 meses su banca en el Senado bonaerense, el jefe comunal no solamente habló de seguridad, empleo, temporada y gestión, también mencionó a dos dirigentes que aparecen como piezas relevantes para el escenario que viene. Maximiliano Abad, Senador Nacional de la UCR, y Alejandro Carrancio, Diputado Nacional de La Libertad Avanza, fueron parte de su discurso. En tiempos donde cada foto, cada ubicación y cada nombre mencionado construyen una señal, la referencia a ambos parece anticipar una arquitectura política con la que Montenegro buscará transitar los meses que quedan hasta 2027.
Montenegro vuelve a una ciudad atravesada por problemas que exceden largamente la discusión interna de los partidos y que pueden convertirse en el principal termómetro de su segundo mandato. La inseguridad aparece como el frente más urgente, pero detrás de ella se encuentra otro problema estructural, el empleo. Y ambos fenómenos empiezan a cruzarse en un escenario económico delicado, con una temporada de verano a las puertas y con empresas históricas de la ciudad atravesando situaciones críticas.
El caso Toledo es uno de los mayores interrogantes. La cadena de supermercados atraviesa una situación financiera delicada y las versiones sobre una eventual venta total o parcial de la empresa mantienen en vilo a sus trabajadores. Podría involucrar a alrededor de más 1.500 trabajadores más todos aquellos que trabajan de manera indirecta con la empresa. Una eventual pérdida masiva de puestos de trabajo representaría un golpe directo para una ciudad que ya enfrenta dificultades en materia laboral y que debería absorber el impacto social de cientos de familias con ingresos en riesgo.
El desafío para Montenegro no será solamente conseguir inversiones o defender la generación de empleo privado, como planteó al regresar al Ejecutivo, sino evitar que la pérdida de puestos de trabajo profundice un escenario de vulnerabilidad que termine trasladándose a las calles. En una ciudad donde más del 90% del empleo es privado, según el propio intendente, el margen de acción municipal pasa necesariamente por generar condiciones para que la actividad económica no se siga contrayendo.
A ese panorama se suma la prueba inmediata que tendrá Mar del Plata con el próximo fin de semana largo. Será mucho más que un movimiento turístico de cuatro días, funcionará como un anticipo de lo que puede ocurrir durante el verano y como una señal para uno de los sectores que históricamente sostuvo la identidad económica de la ciudad.
El intendente se licenció del Senado para ponerse nuevamente al frente de una problemática que, según reconoció, considera grave, la inseguridad. Los robos violentos, la sensación de indefensión, el desorden político interno y la reiteración de episodios delictivos colocaron a la seguridad en el centro de la agenda y obligaron a la gestión municipal a asumir un rol más activo. Montenegro lo sintetizó con una definición que marca el tono de su nueva etapa: “Es con resultados, no con fotos”.
Policía Bonaerense, fuerzas federales, Patrulla Municipal, jueces y fiscales aparecen dentro del esquema que el intendente pretende coordinar. Montenegro buscó evitar la clásica discusión sobre qué nivel del Estado tiene competencia y planteó que, frente a un vecino víctima de un delito, explicar el organigrama no alcanza. La cuestión será comprobar si esa coordinación puede traducirse efectivamente en resultados.
En ese punto vuelve a cobrar relevancia la dimensión política de su discurso. La aparición de Abad y Carrancio no es inocente. Uno representa una pata radical que forma parte del entramado político local y provincial, el otro, una fuerza que gobierna la Nación y que tiene cada vez mayor peso en el escenario bonaerense. En medio de una relación compleja entre PRO, UCR y LLA, Montenegro parece necesitar mantener abiertos distintos canales para garantizar gobernabilidad y recursos frente a los problemas que tiene por delante. La foto política del regreso también empieza a dibujar el mapa con el que pretende llegar a 2027.
La seguridad puede convertirse justamente en el punto de encuentro de esa eventual triada. Montenegro necesita resultados en el territorio; Abad conserva capacidad de articulación política; y Carrancio puede funcionar como un puente con el Karinismo nacional en momentos en que el Municipio reclama recursos y presencia de las fuerzas federales. No se trata solamente de nombres mencionados en una conferencia, ya que en la política las referencias también ordenan expectativas y construyen alianzas. Y el intendente parece necesitar de todas las herramientas disponibles para atravesar una etapa que promete ser particularmente compleja.
Mientras tanto, el regreso de Montenegro también deja una incógnita puertas adentro del Municipio. Agustín Neme, quien durante los últimos 10 meses ocupó el sillón de la Intendencia, volvió formalmente a su banca de concejal, aunque tomó licencia hasta el 16 de octubre. Su futuro político inmediato todavía no está del todo claro. La duda pasa incluso por si finalmente regresará al recinto o si continuará vinculado al Ejecutivo bajo otra modalidad. Después de diez meses al frente de la administración municipal, su eventual vuelta al Concejo podría convertirse en un blanco político fácil para la oposición, que tendría a mano cada decisión, cada problema y cada resultado de su interinato para utilizarlo como argumento.
El desafío de Montenegro no será simplemente completar el mandato hasta 2027, sino recuperar capacidad de conducción en cada uno de esos frentes. La estrategia parece empezar a delinearse, la seguridad como bandera, inversión privada como respuesta económica y una construcción política que busca apoyarse en distintas terminales. Después de diez meses de interinato y con buena parte de los problemas todavía abiertos, Montenegro vuelve al centro de la escena. Ahora deberá demostrar que tiene el control.
Radiografía del interinato: cruces, internas y una seguridad que terminó marcando el pulso de la gestión
Agustín Neme llegó al Ejecutivo municipal con una premisa que repitió en distintas oportunidades, el vínculo con los vecinos y la cercanía serían parte central de su forma de gobernar. Diez meses después, su interinato quedó atravesado por una sucesión de episodios políticos que fueron mucho más allá de la gestión cotidiana. Reacomodamientos internos, diferencias dentro del propio oficialismo, cruces con dirigentes de otros espacios y, en el tramo final, una pelea abierta con el gobierno bonaerense por la seguridad y la articulación institucional marcaron un período que comenzó como una continuidad de la gestión de Guillermo Montenegro y terminó con Neme obligado a defender públicamente su propia conducción. Al mismo tiempo, el interino buscó instalar una agenda propia con iniciativas como el bacheo express, el objetivo de alcanzar una ciudad 100% LED, los operativos contra los microbasurales y el despliegue de la Patrulla Municipal.
Uno de los primeros movimientos que expuso la lógica interna del interinato fue el regreso de Santiago Bonifatti al gabinete. Luego de dejar la presidencia del EMSUR, donde había sido reemplazado por Daniel Martínez, Neme invento en enero la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y designó allí al dirigente. La nueva estructura quedó bajo la órbita directa de la Intendencia y tuvo entre sus objetivos asistir al jefe comunal en cuestiones estratégicas y en la búsqueda de financiamiento nacional e internacional. Pero detrás de la explicación formal apareció una lectura política bastante más fuerte, a Bonifatti le inventaron un conchabo dentro del Municipio para que no tuviera que abandonar la teta del Estado. El dirigente, después de dejar el EMSUR, volvió a encontrar un lugar dentro de la estructura municipal justo cuando podía haber quedado afuera del armado. El movimiento fue leído como un reacomodamiento dentro del Ejecutivo y se convirtió en uno de los primeros ejemplos de cómo el interinato debió administrar también las tensiones y los equilibrios propios de un oficialismo.
Mientras tanto, la seguridad comenzó a ocupar cada vez más espacio en la agenda municipal. En enero, Neme modificó la estructura del área y creó la Subsecretaría de Coordinación con Fuerzas de Seguridad, en un contexto de crecientes reclamos por la inseguridad. La estrategia municipal se apoyó en la Patrulla Municipal, el monitoreo, equipamiento y la compra de móviles destinados a la Policía bonaerense. En agosto, por ejemplo, el Municipio presentó doce nuevos patrulleros adquiridos con fondos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, que se sumaron a otros once entregados previamente. Sin embargo, la discusión dejó de ser solamente sobre cuánto invertía el Municipio y pasó a concentrarse en una pregunta mucho más incómoda ¿Quién debía hacerse cargo de dar una respuesta integral frente al delito?
En paralelo, Neme comenzó a ocupar con mayor intensidad el terreno de las redes sociales. La exposición pública de Daniel Martínez, primero desde la Patrulla Municipal y luego como una de las caras visibles del EMSUR, sumó otro elemento a la disputa por quién representaba la gestión en la calle. El municipio multiplicó publicaciones vinculadas con operativos, limpieza, seguridad y recuperación del espacio público. La política de mostrar la gestión terminó convirtiéndose en una característica del interinato, al mismo tiempo que los problemas que buscaban exhibirse como resueltos reaparecían en distintos o los mismos puntos de la ciudad.
El capítulo de la Zona Fría también expuso una diferencia política relevante. Después del acto del 25 de Mayo, Neme respaldó el reemplazo del esquema territorial por un sistema de segmentación de subsidios. La posición generó críticas desde distintos sectores de Mar del Plata y puso sobre la mesa una discusión dentro del propio espacio político, mientras el interino defendía una determinada mirada sobre la reforma impulsada por el Gobierno nacional, en el Concejo Deliberante aparecieron posiciones diferentes dentro del bloque del PRo respecto del impacto que tendría la medida sobre los hogares marplatenses. Meses después, el Senado convirtió en ley la modificación y Mar del Plata quedó fuera del régimen territorial de Zona Fría, reavivando los cuestionamientos políticos hacia Neme.
La relación con Provincia también tuvo distintos capítulos. En mayo, el conflicto por Punta Mogotes volvió a enfrentar al oficialismo local con la administración de Axel Kicillof. Neme se sumó al reclamo por el traspaso del complejo y acompañó la posición municipal frente al esquema planteado por la Provincia. El episodio fue otro ejemplo de una relación que, lejos de encontrar un canal estable de coordinación, comenzó a acumular diferencias sobre obras, administración de espacios y competencias entre ambas jurisdicciones.
Pero el punto de mayor tensión llegó en septiembre, cuando Carlos Bianco cuestionó públicamente al gobierno municipal por su ausencia en la Unidad de Coordinación Bahía Bristol y sostuvo que General Pueyrredon estaba “virtualmente acéfalo”. El ministro bonaerense afirmó que el Municipio no había sido incorporado al nuevo esquema porque no había posibilidad de comunicación y sostuvo que Neme no respondía los mensajes. Según su relato, incluso existía una secuencia de contactos desde enero que no había permitido concretar una reunión.
Neme respondió con un video dirigido al gobernador Axel Kicillof y al propio Bianco. Lejos de bajar el tono, trasladó la discusión directamente al terreno de la seguridad: “Antes de mandar a su Jefe de Gabinete a preguntarnos cuál es nuestro plan de seguridad, yo quiero hacerle una pregunta más sencilla: ¿Cuál es su plan, Gobernador?”. También enumeró los recursos municipales destinados a patrulleros, combustible, tecnología, prevención y presencia en las calles.
El cruce dejó expuesto algo más profundo que una disputa por mensajes sin responder. Bianco cuestionó la falta de coordinación institucional del Municipio en cuestiones de seguridad, infraestructura y ahora también en la administración de la Bahía Bristol. Neme, en cambio, convirtió la respuesta en un reclamo general a la Provincia por policías, patrulleros, infraestructura y recursos, y sostuvo que la administración bonaerense debía explicar cuál era su propio plan de seguridad. La discusión, así, terminó trasladándose del despacho municipal a las redes sociales y volvió a poner a la inseguridad en el centro de la escena.
El problema es que la seguridad fue precisamente uno de los asuntos que más exposición le dio al interinato. Neme defendió la Patrulla Municipal, la inversión en móviles y una política de mayor presencia territorial, e incluso llegó a reivindicar que no había que tenerle miedo a la “mano dura”. Pero al mismo tiempo, los reclamos vecinales por inseguridad continuaron y la discusión política terminó concentrándose en cuánto puede hacer el Municipio y cuánto depende de una Provincia que controla la Policía bonaerense.
Diez meses después, el balance político del interinato aparece atravesado por esa tensión. Neme intentó construir una identidad propia dentro de la continuidad del proyecto de Montenegro, mientras debió administrar reacomodamientos internos, diferencias políticas y una relación cada vez más tirante con la Provincia. El enfrentamiento con Bianco fue apenas el último capítulo de una sucesión de cruces que terminaron colocando a la seguridad en el centro de la discusión. Y allí aparece la principal paradoja del período, ya que mientras el Municipio insiste en mostrar presencia, inversión y acción en las calles, la inseguridad continúa funcionando como uno de los principales problemas que condicionan la agenda política de Mar del Plata.
Neme sostiene que gobernó con autonomía y que no recibió órdenes de Montenegro desde que asumió. Sin embargo, su interinato nació como continuidad de una gestión y termina dejando sobre la mesa una pregunta política inevitable, cuánto de lo que sucedió durante estos diez meses responde a una conducción propia y cuánto a las tensiones acumuladas de un oficialismo que todavía intenta encontrar su lugar mientras la ciudad reclama, antes que discursos y cruces, respuestas concretas frente a sus problemas cotidianos.
Guillermo Montenegro junto con Santilli: “Nuestra obligación es trabajar juntos para llevarles soluciones a los marplatenses”
Guillermo Montenegro comenzó a mover sus fichas en el tablero político y a mostrar capacidad de interlocución con los distintos niveles del Estado. Este jueves, el jefe comunal se reunió con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego “el Colo” Santilli, en un encuentro que tuvo a la seguridad como principal eje de conversación.
La reunión se inscribe en una serie de gestos con los que Montenegro busca fortalecer la coordinación entre el Municipio, el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires para abordar una de las principales preocupaciones de los vecinos de General Pueyrredon. En sus redes sociales, el intendente remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.
“Nuestra obligación es trabajar juntos para llevarles soluciones a los marplatenses”, expresó Montenegro, en una señal que apunta a dejar atrás los cortocircuitos institucionales y avanzar en una agenda compartida en materia de seguridad.
El encuentro con Santilli se suma al visto bueno que llegó desde La Plata. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó el reinicio del diálogo con el Municipio y valoró la predisposición del intendente para retomar el trabajo conjunto con la administración de Axel Kicillof. Incluso, sostuvo que Montenegro había “arrancado con el pie derecho”.
Así, entre los contactos con Nación y la recuperación del diálogo con Provincia, Montenegro busca consolidar una agenda de coordinación que exceda las diferencias políticas y permita avanzar en respuestas para el distrito. Con apenas 48 horas desde su regreso, el jefe comunal ya exhibe movimiento en dos frentes clave y procura instalar una señal de autoridad política: la seguridad será una prioridad y su gestión buscará sentar a las distintas jurisdicciones en la misma mesa.
La maquinaria legislativa que sostuvo a Neme pero frenó los cambios