13 de octubre de 2026
A LA JUSTICIA
Zona Fría: en el interior acudieron a la justicia para frenar la quita de subsidios al gas
Luego de promulgarse la Ley, la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata y el intendente de Bahía Blanca presentaron amparos para que vuelva el régimen anterior que beneficiaba a más de 90 municipios en la provincia de Buenos Aires
Tras la promulgación de la Ley 27.828, Federico Susbielles impulsó un amparo colectivo en Bahía Blanca, mientras que la Defensoría del Pueblo hizo lo propio en General Pueyrredon. Ambos reclamos buscan sostener los descuentos tarifarios y cuestionan los cambios en el régimen.
La eliminación de beneficios del régimen de Zona Fría sumó nuevos capítulos judiciales en la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca y Mar del Plata presentaron acciones ante la Justicia Federal para intentar frenar la quita de las bonificaciones en las facturas de gas y mantener las condiciones tarifarias que regían hasta la modificación de la normativa.
En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella. La iniciativa apunta a evitar que los usuarios residenciales y las instituciones de la ciudad pierdan los descuentos, y solicita que se suspendan los efectos de la medida mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, luego del sorteo correspondiente.
Desde el Municipio sostienen que no existen argumentos técnicos suficientes para excluir a Bahía Blanca del régimen. En ese sentido, el planteo incorpora informes del organismo regulador y estudios de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo, que comparan las condiciones climáticas locales con las de Santa Rosa, Neuquén y Viedma, ciudades que continúan comprendidas en el beneficio.
“Bahía Blanca es Zona Fría”, afirmó Susbielles al fundamentar la presentación. Además, remarcó que el recurso responde al compromiso asumido con la comunidad y busca proteger a la totalidad de los hogares e instituciones alcanzados por el esquema tarifario.
El amparo también advierte sobre una posible vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Otro de los argumentos es que los usuarios de Bahía Blanca seguirían contribuyendo al fondo que financia los descuentos, aun cuando dejarían de percibirlos.
Mar del Plata también busca frenar la medida
En paralelo, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para que General Pueyrredon conserve las condiciones tarifarias de Zona Fría. La acción se produjo luego de la publicación de la Ley 27.828 en el Boletín Oficial.
El recurso está dirigido contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía; el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.
La Defensoría solicitó una medida cautelar urgente para impedir que se aplique la quita de las bonificaciones. En particular, pidió que se mantengan las condiciones tarifarias actuales y que se suspenda la aplicación de los criterios del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a los usuarios de la región.
Además, reclamó que el organismo regulador no pueda aprobar nuevos cuadros tarifarios sin que se convoque previamente a una audiencia pública.
En cuanto al fondo de la cuestión, el organismo busca que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828. Su argumento es que la norma establece un trato desigual entre los habitantes de la región y los de la Patagonia, ya que los primeros deberían cumplir determinadas condiciones patrimoniales para conservar el subsidio, mientras que los segundos mantendrían el beneficio de manera automática.
La presentación también cuestiona los criterios de exclusión contemplados en la Disposición 2/2026. Entre ellos, menciona los parámetros patrimoniales que pueden dejar a una familia fuera del esquema de subsidios por tener un vehículo de menos de tres años de antigüedad o tres inmuebles, incluso cuando se trate de una vivienda, una cochera y una baulera.
Según la Defensoría, esos indicadores no necesariamente reflejan los ingresos reales ni la capacidad económica de los hogares afectados.
Por último, el organismo pidió que se declare inconstitucional el mecanismo que habilita el traslado automático del costo de adquisición del gas a las facturas, al considerar que elimina la participación ciudadana obligatoria en las decisiones tarifarias.