El lobby empresarial copó el Concejo y dinamitó los puentes en Turismo
Con una actitud feudal, petulante y peyorativa, una nutrida comitiva empresaria comandada por Miguel Longhi, Guillermo Fasano y Carlos Pilaftsidis copó el debate en el deliberativo para exigir el manejo de los fondos, mientras la UCR rompió filas con el oficialismo y dejó aislados al PRO y a La Libertad Avanza.
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La paz legislativa en el Palacio Municipal volvió a evaporarse este martes durante una caliente reunión de la comisión de Turismo, que tras más de un mes y medio sin actividad oficial se convirtió en el escenario de una fuerte pulseada política y de un autoritario y bizarro desplante corporativo. El eje de la discordia fue la Nota Particular 93/26, impulsada por un bloque de cámaras empresariales que llegaron en masa —en una llamativa comitiva de ocho representantes que ocupó el centro de la escena— para exigir la transferencia automática de la recaudación del Fondo de Promoción Turística directamente a las cuentas del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).
Lejos de limitarse a una exposición técnica sobre la merma de visitantes, el sector privado desplegó una ofensiva con discursos de tono corporativo, marcados por una actitud feudal, petulante y peyorativa hacia la política, exigiendo potestades de cogobierno bajo la velada amenaza de la parálisis laboral y la judicialización de los actos de gobierno.
El paso de los empresarios por el recinto dejó al descubierto una operatoria de presión tan intensa como desalineada de los andariveles institucionales habituales. Con la prepotencia de quienes se autoerigen como los verdaderos dueños de los resortes económicos de la ciudad, los popes de las cámaras bajaron línea a los concejales sobre cómo debía administrarse la hacienda pública, reclamando un manejo discrecional y sin intermediarios de recursos millonarios. En sus intervenciones, plagadas de reproches por la falta de respuestas personales de funcionarios a los que exigían atención inmediata, transparentaron una visión patrimonialista del Estado: se posicionaron como los únicos salvadores de la principal actividad económica local, brandearon su rol como dadores de empleo y exigieron un cheque en blanco bajo el argumento de que "el dinero lo ponemos nosotros", deslizando incluso la advertencia de recurrir a la Justicia si no se cumplía su cometido.
Esta impronta paternalista y dogmática alcanzó su punto máximo cuando el arco opositor intentó encuadrar la discusión en el contexto socioeconómico. Frente a los señalamientos de Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador) —quien tildó la retención de fondos como una "estafa a los contribuyentes" y cuestionó la pasividad del Ejecutivo municipal frente al ajuste nacional— y a los reparos de Unión por la Patria sobre la opacidad en el gasto publicitario, la respuesta empresarial rozó la tutela parlamentaria. Sin ningún tipo de pudor, los dirigentes frenaron en seco a los ediles y les dictaron qué debían y qué no debían debatir: "Les pedimos sinceramente que no agreguemos nuevas cosas sobre esto; todos sabemos lo que es la caída del consumo y la política de ajuste. Apoyen esta iniciativa nuestra para que los 800 millones de pesos se depositen todos los meses", increparon, pretendiendo clausurar el debate sobre la transparencia en el uso del dinero público e imponiendo su propia agenda con soltura impositiva.
Por su parte, Horacio Taccone (AM-MDF) expuso la crudeza de la situación al advertir sobre la caída real en la llegada de visitantes, pero también dejó al desnudo la extorsión de fondo que sobrevuela la postura privada: el riesgo inminente de que los contribuyentes decidan cortar el pago de la sobretasa si no se reencauzan los fondos. Esa misma tensión se trasladó al barro legislativo, donde los empresarios celebraron inicialmente la postura de la presidenta de la comisión, la libertaria Noelia Álvarez Ríos, quien les había invitado a participar del debate. Sin embargo, el libreto corporativo implotó en el momento de la verdad. Mientras el PRO, a través de Julián Bussetti y Marcelo Cardoso, intentaba pedir prudencia y datos contables fehacientes, Álvarez Ríos terminó absteniéndose en la votación final y rehusó acompañar explícitamente el proyecto, una decisión que desató inmediatas muecas de descontento y gestos de fastidio entre los ocho integrantes de la comitiva.
El punto de quiebre definitivo de la jornada llegó cuando la UCR, a través de la concejal Gabriela Azcoitia, rompió la disciplina del interbloque oficialista y volvió a articular con la oposición. Con este giro estratégico que pulverizó la mayoría automática del oficialismo, se dinamitó la pretensión del PRO y de La Libertad Avanza de cajonear el expediente.
De este modo, con los votos sumados del Frente Renovador, Unión por la Patria, AM-MDF y el radicalismo, la iniciativa empresarial logró obtener despacho favorable y fue girada de urgencia a la comisión de Legislación, dejando a los libertarios y al PRO acorralados en la abstención. El episodio no solo desnuda la fragilidad parlamentaria del oficialismo local frente a temas calientes de caja, sino que confirma que el lobby corporativo pisa cada vez más fuerte en un Concejo Deliberante donde las lealtades políticas penden de un hilo.
