27 de octubre de 2026
CANCHITA DE LOS BOMBEROS
Muro: "Se necesita una salida más elaborada que un cambio de indicadores"
El presidente de la comisión de Obras, Fernando Muro, una de las cartas del PRO con proyección a la intendencia para 2027, reclamó analizar con "rigurosidad técnica" los proyectos que buscan frenar la subasta impulsada por el Ejecutivo Nacional. Advirtió que anular convenios vigentes sin un acuerdo con la AABE o una compensación económica provocará un severo perjuicio financiero para el municipio.
El debate legislativo en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon por el futuro de los predios conocidos como la “Canchita de los Bomberos” abrió una brecha entre la voluntad política de preservar el espacio verde y la viabilidad técnica y normativa del proceso. Tras la decisión del Gobierno Nacional de publicar los terrenos en el catálogo de futura venta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se presentaron diversas iniciativas parlamentarias para llevar a cero los indicadores urbanísticos del sector y desincentivar el interés privado. Sin embargo, desde el bloque oficialista del PRO encendieron las alarmas sobre los riesgos legales y financieros que implica avanzar sin un acuerdo institucional con la Nación.
El presidente de la comisión de Obras, Fernando Muro, remarcó la necesidad de abordar el conflicto distinguiendo el plano político de las obligaciones legales asumidas. “Hoy hay dos andariveles, uno a nivel político y otro a nivel técnico. Esos predios son del Estado Nacional; los puso en venta a través de la página del AABE, pero como futura venta. Actualmente hay una ordenanza, la 19.640, que rige los indicadores urbanísticos para esa zona. En la época de Pulti se firmó un convenio con la Nación y se dio una capacidad constructiva de 33.000 metros cuadrados. Todo eso está vigente hoy”, detalló el edil respecto de los compromisos que pesan sobre los lotes.
En la última sesión de comisión, bancadas opositoras e integrantes del propio interbloque oficialista trataron expedientes orientados a prohibir cualquier edificación en el área. Si bien Muro reconoció que existe coincidencia generalizada respecto del uso social de la parcela, cuestionó el mecanismo legislativo empleado. “Está el reclamo de los vecinos que no quieren ningún tipo de construcción y defienden que siga siendo parque. Creo que en el criterio político la gran mayoría de los bloques están de acuerdo en que eso siga siendo un parque público; en eso no hay diferencias. El problema es que una cosa es cambiar los indicadores y otra la posesión del dominio. Seguramente el Estado Nacional pida una compensación por eso, porque si a lo que hoy vale tanto le sacás los indicadores, vale menos. El Estado Municipal va a tener que compensar a través de un convenio urbanístico esos metros que se le están sacando, y eso es lo que está en carencia en los diferentes proyectos que se presentaron”, advirtió.
Además, el concejal amarillo detalló la trama histórica que atraviesa la regulación del predio de la costa marplatense. “Esto viene desde 1985, cuando en el gobierno de Roig se quería hacer un centro de convenciones y un hotel. Después, el convenio de 2010 con el Onabe está firmado y convalidado por la Provincia, con lo cual no es decir 'ahora hago todo de nuevo', porque hay compromisos asumidos por la Municipalidad y por el Estado Nacional”, remarcó.
Asimismo, reveló reparos frente a las iniciativas parlamentarias debatidas: “Hay un intento de declararlo patrimonio en los expedientes del radicalismo que cae en abstracto, porque la Ordenanza 10.075 implica que tenés que tener consentimiento del propietario para meterlo dentro de los bienes de interés patrimonial, cosa que no existe hoy. Además, el proyecto del radicalismo tenía errores en la redacción y en las parcelas identificadas, mientras que el de Unión por la Patria tampoco contempla ningún tipo de compensación”.
Frente al escenario abierto, Muro recalcó: “Nos parecería prudente y veríamos con agrado que el proyecto viniera del Departamento Ejecutivo y que nosotros le diéramos una convalidación en el Concejo. Eso tiene que ser el espejo de un acuerdo con la AABE. Queremos impedir que al legislar sobre lotes que no son del municipio se generen complicaciones técnicas o jurídicas. Zonificar no es afectar el dominio”, aseveró Muro. Y añadió un llamado de atención a sus pares: “Si sacamos una norma sin cumplir un convenio vigente, podemos generar un cargo al municipio o se podría plantear la nulidad de la ordenanza a futuro”.
Finalmente, de cara a la reformulación del esquema urbanístico para la zona costera, Muro se distanció del cierre definitivo a cualquier infraestructura y planteó una postura intermedia. “Nosotros vamos hacia algo más mixto. El Plan de Gestión Territorial plantea usos múltiples y equipamiento complementario urbano. No solo que sea una plaza, sino que haya algún establecimiento educativo nuevo o equipamiento cultural y recreativo, como fue el Museo MAR, a que sea un parque con indicadores en cero donde no podés construir ni un baño”, sintetizó, mientras el expediente permanece en estudio a la espera de los informes técnicos solicitados a Legal y Técnica y al Ejecutivo municipal.