La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA), conducida por Walter Leonardi, enfrenta un escenario judicial complejo. Un reclamo por una deuda que supera los 3.345 millones de pesos amenaza con comprometer parte de su patrimonio, mientras que uno de los integrantes de su conducción fue denunciado por presunto abuso sexual. Ambos procesos colocan bajo la lupa a una de las organizaciones históricas del sindicalismo municipal bonaerense.
El frente económico tiene su origen en una operación inmobiliaria vinculada con un inmueble de Hurlingham. Según las publicaciones que dieron cuenta del expediente, el conflicto se inició por un documento de pago que no habría sido cancelado durante la gestión de Humberto Bertinat, quien encabezaba la organización en aquel momento. Tras el litigio, el reclamo obtuvo una sentencia favorable y la deuda fue actualizada mediante un peritaje contable a 2.172.113,92 dólares, equivalentes a más de $3.345 millones al tipo de cambio informado. La Federación habría quedado en rebeldía al no contestar la demanda ni presentar una defensa.
La causa tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 12 de Morón, a cargo de la jueza Mónica Preisz. De acuerdo con la información publicada, las medidas alcanzan las cuentas bancarias de la entidad y abren la posibilidad de avanzar sobre bienes inmuebles. Entre las propiedades que podrían quedar comprometidas figuran el complejo turístico La Serranita, en Córdoba; un hotel en Mar del Plata; la sede gremial de Avellaneda y un establecimiento destinado a familiares de trabajadores en La Plata. Sin embargo, el alcance concreto de una eventual ejecución sobre cada inmueble requiere ser confirmado en las actuaciones judiciales.
A la disputa patrimonial se suma una denuncia penal contra Juan José Maury, secretario de Finanzas de la Federación. La presentación fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial Lanús-Avellaneda, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 3. La denunciante es una dirigente cuya identidad se mantiene bajo reserva. La investigación continúa en trámite y, como corresponde, la denuncia no implica por sí misma que se haya determinado la responsabilidad penal del dirigente.
La coincidencia de ambos episodios abre interrogantes sobre la situación financiera y la conducción institucional de la Federación. Mientras avanza el reclamo por la deuda, el futuro de los bienes alcanzados por las medidas judiciales y la evolución de la causa penal serán determinantes para establecer el impacto de estos procesos sobre la organización y los servicios que presta a sus afiliados.
