5 de noviembre de 2026
BOLETIN OFICIAL
Ante la presión judicial, Kicillof blinda su caja para evitar los embargos
A través de una resolución de la Tesorería General, el gobierno bonaerense dispuso abrir una cuenta exclusiva en el Banco Provincia para canalizar los embargos judiciales contra el Estado. La medida alcanza incluso a causas que ya están en etapa de ejecución y establece que las obligaciones fijadas en dólares se abonarán en pesos.
La Provincia de Buenos Aires creó una cuenta bancaria específica para registrar, administrar y ejecutar los embargos judiciales que recaigan sobre sus fondos. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 177-TGP-2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y apunta a centralizar los movimientos derivados de las medidas judiciales contra el Estado bonaerense.
La cuenta, denominada “Embargos contra la Provincia de Buenos Aires”, funcionará en la Casa Matriz del Banco Provincia y estará bajo la titularidad de la Tesorería General. Su utilización será exclusiva para canalizar las afectaciones de fondos ordenadas por la Justicia, sin posibilidad de realizar otras operaciones.
Entre los puntos centrales de la resolución aparece una disposición que alcanza a todos los procesos judiciales en los que corresponda intervenir a la Tesorería, incluidos aquellos que ya se encuentren en etapa de ejecución. De esta manera, el nuevo circuito administrativo no se limitará a las causas que se inicien a partir de ahora.
Otro aspecto relevante es el tratamiento de los embargos establecidos en moneda extranjera. La Tesorería dispuso que esas obligaciones se instrumenten mediante el equivalente en moneda de curso legal, es decir, en pesos, de acuerdo con los parámetros que surjan de la respectiva orden judicial. La resolución aclara que esa conversión no deberá alterar la naturaleza ni el alcance de la obligación determinada por la Justicia.
El argumento oficial: proteger la caja provincial
En los fundamentos, la Tesorería General sostiene que la afectación directa de las cuentas que integran el Sistema de Cuenta Única del Tesoro (SCUT) podría comprometer la planificación financiera y la continuidad de la gestión estatal.
El organismo argumenta que los recursos públicos forman parte de un esquema unificado de administración y que, por lo tanto, los embargos deben canalizarse mediante un mecanismo que permita garantizar su registración, trazabilidad y control, sin interferir con los circuitos habituales de pagos del Estado.
Para justificar la medida, también invoca la Ley provincial 11.684, que establece restricciones a los embargos preventivos sobre fondos destinados a servicios públicos o de interés general, y la Ley 15.394, que regula el cumplimiento de las condenas contra el Estado bonaerense.
Esta última contempla la posibilidad de sustanciar un incidente judicial cuando el cumplimiento de una sentencia pueda comprometer la estabilidad presupuestaria, con el objetivo de evaluar sus consecuencias económicas y eventualmente establecer un plan de cumplimiento.
La resolución no modifica formalmente el alcance de las obligaciones judiciales ni elimina el derecho de los acreedores a percibir lo que les corresponde. Sin embargo, establece un nuevo circuito administrativo para instrumentar esos pagos y concentrar las afectaciones en una cuenta específica.
La operatoria estará bajo la responsabilidad de funcionarios de la Tesorería General y requerirá la firma conjunta de, al menos, un integrante de cada uno de los dos grupos de autoridades habilitados. La cuenta también deberá incorporarse al Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO).
La medida lleva la firma del tesorero general de la Provincia, David René Jacoby, y establece que la Tesorería deberá coordinar con las entidades financieras que actúan como agentes del Estado los mecanismos necesarios para su implementación.
La resolución introduce así una nueva herramienta para administrar los embargos contra las cuentas provinciales, con un objetivo explícito: compatibilizar el cumplimiento de las decisiones judiciales con la preservación de la disponibilidad de los recursos públicos.