Vacantes en la Justicia: nuevas renuncias reavivan las alarmas por la cobertura en PBA
Las salidas de nuevos funcionarios judiciales, aceptadas por Axel Kicillof con efecto desde octubre, vuelven a poner el foco en la cobertura de cargos vacantes en la Provincia. Tras más de un año sin nombramientos votados por el Senado, se encienden las alarmas.
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En medio de pliegos que no llegan, las vacantes en el Poder Judicial bonaerense sumaron tres nuevos casilleros. El Gobierno de Axel Kicillof oficializó la aceptación de las renuncias de dos juezas y una defensora oficial, todas por motivos jubilatorios, que dejaron sus cargos con efecto retroactivo al 1° de octubre. Las salidas corresponden a los departamentos judiciales de San Isidro, Mercedes y Bahía Blanca.
Las dimisiones quedaron formalizadas a través de los decretos 2173, 2174 y 2175/2026, publicados este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. Aunque se trata de movimientos administrativos habituales ante el retiro de funcionarios, las nuevas bajas vuelven a poner sobre la mesa una preocupación que atraviesa a la Justicia provincial: la demora en la cobertura de cargos y el impacto que genera la acumulación de vacantes.
En San Isidro, Mirta Angélica Ravera Godoy dejó el Juzgado de la Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, donde se desempeñaba desde la reorganización del fuero establecida por la Ley 13.634. La magistrada había sido designada originalmente en 2001 como jueza del entonces Tribunal de Menores N° 5 y luego reasignada a su actual función en 2007.
Por su parte, María Celina Estela Bereterbide presentó su renuncia como defensora oficial ante el Fuero Criminal y Correccional del Departamento Judicial Mercedes. La funcionaria había sido designada en 2006. La tercera salida corresponde a María Gabriela Lombardi, quien se desempeñaba como jueza del Tribunal del Trabajo N° 1 de Bahía Blanca, cargo al que había accedido en 2003.
Los tres decretos establecen que las renuncias son aceptadas a partir del 1° de octubre de 2026 y especifican que los retiros se producen a los fines jubilatorios. De esta manera, los organismos judiciales involucrados deberán afrontar el proceso de cobertura de los puestos vacantes.
Un sistema que espera definiciones políticas
Las nuevas bajas se suman a un escenario que ya había encendido señales de alerta en los distintos estamentos del Poder Judicial bonaerense. Tal como informó La Tecla en su relevamiento del 3 de noviembre, existen más de 300 vacantes entre juzgados, tribunales, cámaras y fiscalías de la Provincia, producto de renuncias, jubilaciones, pases a la Justicia Federal, fallecimientos y otros movimientos.
El problema no es nuevo. Durante 2024 y 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, había logrado imprimirle mayor ritmo al proceso de designaciones. En ese período se cubrieron 412 cargos, lo que permitió reducir considerablemente el nivel de vacancia. Sin embargo, la dinámica se interrumpió a mediados de 2025, el Senado bonaerense votó su última tanda de nombramientos el 25 de junio de ese año y desde entonces no volvió a aprobar nuevas designaciones.
En ese contexto, el gobernador Axel Kicillof se comprometió a remitir a la Cámara alta más de 200 pliegos para avanzar con la cobertura de cargos judiciales. El anuncio fue realizado durante un encuentro con autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, en el que también participaron Mena y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Según el relevamiento publicado por este medio, el Consejo de la Magistratura ya había aprobado más de 300 ternas para cubrir los puestos pendientes. En tanto, desde el Ejecutivo señalaron que el envío de las propuestas depende de una serie de instancias administrativas y políticas antes de que puedan llegar al recinto.
La discusión tiene, además, un calendario que juega en contra. Las comisiones legislativas dejan de funcionar el 30 de noviembre y los pliegos necesitan obtener dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, que preside el camporista Emmanuel González Santalla, antes de ser tratados. Si no se alcanzan los consensos necesarios, una parte importante de las designaciones podría quedar postergada hasta 2027.
A este panorama se suma la situación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que continúa funcionando con apenas tres de sus siete integrantes: Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria. Las cuatro vacantes del máximo tribunal provincial siguen sin una resolución política a la vista.
El propio presidente de la Corte, Sergio Torres, advirtió sobre las consecuencias de esa situación y reclamó avanzar con las designaciones. Según planteó, la falta de integrantes complica el funcionamiento cotidiano del organismo y afecta la prestación del servicio de justicia.
Así, mientras el Ejecutivo promete acelerar el envío de pliegos y el Senado deberá definir si habilita su tratamiento antes de fin de año, las recientes renuncias suman nuevas necesidades de cobertura a un sistema que todavía espera respuestas. La cuestión excede la renovación de nombres, detrás de cada cargo sin titular aparece el desafío de sostener el funcionamiento de los tribunales y evitar que las demoras administrativas y políticas terminen trasladándose a quienes esperan una respuesta judicial.