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Aportantes truchos de Cambiemos: la Justicia ordenó cuatro procesamientos
El tribunal federal dictó la medida en la causa que investiga el financiamiento de la campaña del 2017 de la alianza que encabezaba María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Quiénes son los implicados.
La Justicia Federal avanzó en la investigación de la causa llamada “aportantes truchos de Cambiemos” y ordenó el procesamiento de cuatro personas. Se trata del caso en el que puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña electoral de las PASO y generales del 2017 de la alianza que integraba María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
La Tecla accedió a la resolución en la que el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento de cuatro personas que ejecutaron una serie de maniobras de inserción de datos falsos en documentos públicos, con el fin de ocultar ilegítimamente el origen de los fondos con los que la agrupación política “Cambiemos Buenos Aires” financió las elecciones PASO y las generales del año 2017 en la provincia de Buenos Aires.
Las personas procesadas son Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin, responsables financieros de la alianza Cambiemos, y Mauricio Redigonda, apoderado. El procesamiento fue por haber cometido “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”, en los que figuraban como aportantes privados centenares de personas que luego negaron haber hecho las contribuciones.
En tanto, los tres primeros fueron procesados por falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña, mientras que Redigonda fue procesado como coautor de la falsedad ideológica, y partícipe necesario del segundo delito.
Asimismo, en otra medida, el magistrado rechazó el pedido de excepción por falta de acción de los acusados, con el que pretendían que no se les iniciara una causa penal hasta que no estuviera firme el “proceso de naturaleza electoral”. La solicitud fue fundamentada con un artículo de la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) que había sido modificado por otra ley -la 27.504- sancionada en mayo de 2019.
En el escrito de rechazo, Ramos Padilla alegó que darle crédito a la interpretación de los acusados significaría entorpecer la investigación sobre quienes cometen delitos penales en el marco de procesos electorales.
En la resolución de procesamiento de los acusados, el juez federal remarcó: "Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas, u otra actividad vinculada con el crimen organizado”.
Además, aseguró que “implica el ocultamiento hacia la ciudadanía de los posibles compromisos que puedan haber generado los partidos y sus candidatos, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas (…) o financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley”.
El origen de la causa de los aportantes truchos
La desaprobación judicial de la rendición de cuentas de Cambiemos Buenos Aires confirmada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) por las campañas electorales de 2017 fue el motivo por el cual se inició una investigación judicial. A raíz de las irregularidades que surgieron hubo presentaciones en varios juzgados de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, en las que se describían maniobras similares.
En ese marco, varios jueces declinaron su competencia y en diciembre de 2018 la CNE resolvió que todos los expedientes se acumularan en el Juzgado Federal 1, que en ese entonces subrogaba Adolfo Ziulu. En la instrucción de la causa, se identificaron al menos 316 recibos que luego fueron desconocidos por quienes aparecían como aportantes.
En el caso de Vilche, firmó 55 recibos por 554.500 pesos, que a valores actuales significan 34.486.278 pesos. Irigoin suscribió 96 por 527.500 pesos (32.807.055 actuales). En el caso de Chabán fueron 84 por un monto total de 442.250 (27.505.061 al día de hoy). Mientras que Redigonda rubricó 81 por un valor de 438.875 pesos (27.295.158 actuales).
Como la gran mayoría de esos aportes se canalizaron en efectivo, la trazabilidad del dinero era muy dificultosa. A su vez, muchos de los falsos donantes eran personas de estratos sociales vulnerables, beneficiarios de planes sociales, personas con discapacidades, entre otro.
Cabe recordar que la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, obliga a las agrupaciones a rendir los fondos en sede judicial dentro de los 90 días posteriores a los comicios. Los informes deben distinguir entre aportes públicos y privados, y detallar el origen, nombre y documento de cada donante.
Aportantes truchos de Cambiemos: resolución del juez Alejo Ramos Padilla
Resolución de excepción por falta de acción
La Tecla accedió a la resolución en la que el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento de cuatro personas que ejecutaron una serie de maniobras de inserción de datos falsos en documentos públicos, con el fin de ocultar ilegítimamente el origen de los fondos con los que la agrupación política “Cambiemos Buenos Aires” financió las elecciones PASO y las generales del año 2017 en la provincia de Buenos Aires.
Las personas procesadas son Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin, responsables financieros de la alianza Cambiemos, y Mauricio Redigonda, apoderado. El procesamiento fue por haber cometido “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”, en los que figuraban como aportantes privados centenares de personas que luego negaron haber hecho las contribuciones.
En tanto, los tres primeros fueron procesados por falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña, mientras que Redigonda fue procesado como coautor de la falsedad ideológica, y partícipe necesario del segundo delito.
Asimismo, en otra medida, el magistrado rechazó el pedido de excepción por falta de acción de los acusados, con el que pretendían que no se les iniciara una causa penal hasta que no estuviera firme el “proceso de naturaleza electoral”. La solicitud fue fundamentada con un artículo de la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) que había sido modificado por otra ley -la 27.504- sancionada en mayo de 2019.
En el escrito de rechazo, Ramos Padilla alegó que darle crédito a la interpretación de los acusados significaría entorpecer la investigación sobre quienes cometen delitos penales en el marco de procesos electorales.
En la resolución de procesamiento de los acusados, el juez federal remarcó: "Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas, u otra actividad vinculada con el crimen organizado”.
Además, aseguró que “implica el ocultamiento hacia la ciudadanía de los posibles compromisos que puedan haber generado los partidos y sus candidatos, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas (…) o financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley”.
El origen de la causa de los aportantes truchos
La desaprobación judicial de la rendición de cuentas de Cambiemos Buenos Aires confirmada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) por las campañas electorales de 2017 fue el motivo por el cual se inició una investigación judicial. A raíz de las irregularidades que surgieron hubo presentaciones en varios juzgados de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, en las que se describían maniobras similares.
En ese marco, varios jueces declinaron su competencia y en diciembre de 2018 la CNE resolvió que todos los expedientes se acumularan en el Juzgado Federal 1, que en ese entonces subrogaba Adolfo Ziulu. En la instrucción de la causa, se identificaron al menos 316 recibos que luego fueron desconocidos por quienes aparecían como aportantes.
En el caso de Vilche, firmó 55 recibos por 554.500 pesos, que a valores actuales significan 34.486.278 pesos. Irigoin suscribió 96 por 527.500 pesos (32.807.055 actuales). En el caso de Chabán fueron 84 por un monto total de 442.250 (27.505.061 al día de hoy). Mientras que Redigonda rubricó 81 por un valor de 438.875 pesos (27.295.158 actuales).
Como la gran mayoría de esos aportes se canalizaron en efectivo, la trazabilidad del dinero era muy dificultosa. A su vez, muchos de los falsos donantes eran personas de estratos sociales vulnerables, beneficiarios de planes sociales, personas con discapacidades, entre otro.
Cabe recordar que la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, obliga a las agrupaciones a rendir los fondos en sede judicial dentro de los 90 días posteriores a los comicios. Los informes deben distinguir entre aportes públicos y privados, y detallar el origen, nombre y documento de cada donante.
Aportantes truchos de Cambiemos: resolución del juez Alejo Ramos Padilla
Resolución de excepción por falta de acción