26 de febrero de 2026
UNIDAD TURÍSTICA FISCAL
Conflicto en Luna Roja: la Autoridad del Agua ratificó la quita de permisos ambientales y la disputa se traslada a la justicia
El organismo provincial rechazó el recurso de revocatoria presentado por la firma E.J.C. S.A. tras considerar que no se cumplieron los controles obligatorios sobre el acuífero en Chapadmalal. La empresa denuncia "exceso de poder" mientras que el Observatorio Paseo Costanero Sur cuestiona la explotación turística en zonas de médanos sensibles.
La disputa por la gestión de los recursos naturales en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Bonita, conocida popularmente como Luna Roja, ha sumado un capítulo determinante en la esfera administrativa que ahora traslada toda la presión al ámbito judicial. La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la firma E.J.C. S.A., confirmando así la quita definitiva de los permisos de explotación del recurso hídrico subterráneo y de vuelco de efluentes líquidos que habían sido otorgados originalmente en 2022. Esta resolución agota la vía administrativa y deja el conflicto en manos del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2, a cargo del juez Marcelo Daniel Fernández, donde se deberá definir el futuro de la actividad en una de las zonas costeras más sensibles de Chapadmalal.
El núcleo del conflicto radica en el incumplimiento de las condiciones ambientales básicas para operar en un entorno de médanos frontales. Según consta en el documento oficial, la empresa debía ejecutar una red de monitoreo del acuífero freático para garantizar que la extracción de agua y el tratamiento de residuos no contaminaran las reservas subterráneas. Sin embargo, inspecciones realizadas por el organismo provincial en noviembre de 2023 acreditaron que dicha red no había sido construida, transcurriendo casi dos años sin que se presentaran los informes técnicos y protocolos de análisis de calidad requeridos para las temporadas de verano. Para la ADA, la falta de esta información hace imposible evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de efluentes y la evolución de la calidad del agua, lo que justifica la revocación de los permisos como una medida de protección del recurso hídrico.
Por su parte, la firma E.J.C. S.A., que posee la concesión de la unidad hasta el año 2030, basó su defensa en calificar la medida como "manifiestamente ilegítima" y "desproporcionada". La empresa alegó que, si bien existieron demoras, para mayo de 2025 las obras de los pozos de observación ya habían sido finalizadas y que los informes de monitoreo privados demostraban que no existía contaminación en la zona. Además, argumentaron que se les exigieron protocolos de temporadas pasadas (2022-2023) que resultaban de cumplimiento imposible por la fecha en que se cursaron las notificaciones. Bajo esta postura, la firma acusó al organismo de actuar con un exceso de poder y de no considerar los esfuerzos realizados para regularizar la situación técnica del complejo.
En este escenario, el Observatorio Paseo Costanero Sur introdujo un fuerte componente de crítica social y ambiental al proceso. Desde la organización vecinal señalaron que, mientras la empresa intentaba frenar la decisión administrativa acusando al ADA de lentitud o "mora", el organismo respondió con una resolución veloz para elevar las actuaciones a la justicia. El Observatorio sostiene que el funcionamiento de un complejo turístico sobre la primera línea de médanos representa un riesgo constante si no existen controles rigurosos, cuestionando que se priorice el lucro privado mediante alquileres turísticos en un área donde el uso del suelo está restringido por su valor ecológico. Para los activistas, el caso es un ejemplo de cómo las sociedades anónimas pueden llegar a eludir el interés público y el cuidado ambiental mientras se sirven de las infraestructuras estatales.
Con la vía administrativa cerrada tras la firma de las máximas autoridades de la ADA, la contienda se traslada ahora al Juzgado Contencioso Administrativo N° 2. La justicia deberá determinar si la revocación de los permisos ambientales se ajustó a derecho o si, como sostiene la empresa, existió una arbitrariedad en el procedimiento que afecta su contrato vigente. Mientras tanto, la discusión sobre la protección de los acuíferos en la zona sur de General Pueyrredón permanece abierta, poniendo en relieve la tensión entre el desarrollo comercial de las playas y la preservación de los recursos naturales esenciales.