3 de marzo de 2026
JUDICIALES
ARA San Juan: comenzó en Santa Cruz el juicio oral contra la cúpula naval
A más de ocho años del hundimiento que se cobró la vida de los 44 tripulantes, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos dio inicio este martes al proceso que busca determinar las responsabilidades de la cadena de mando. En el banquillo de los acusados se sientan cuatro altos jefes de la Armada, en un debate marcado por la distancia geográfica y la ausencia de los familiares de las víctimas.
Bajo un clima de estricta formalidad y una profunda carga simbólica, Río Gallegos se convirtió en el epicentro judicial del país con la apertura del juicio oral y público por la tragedia del submarino ARA San Juan. El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, comenzó la jornada con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, el paso inicial para desandar una trama de presuntas negligencias, omisiones y fallas administrativas que derivaron en la mayor catástrofe de la Armada Argentina en tiempos de paz.
En el estrado de los acusados se encuentran el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento, Luis Enrique López Mazzeo; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el exjefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa. Los cuatro oficiales enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Aunque el Consejo de Guerra ya había dictado sanciones administrativas y destituciones en 2021, esta instancia federal representa el primer intento formal de aplicar sanciones penales a quienes tenían la responsabilidad directa sobre la seguridad y operatividad de la nave.
La elección de la sede judicial en Santa Cruz no ha estado exenta de polémicas. Pese a los reiterados pedidos de las querellas para trasladar el debate a Mar del Plata —lugar de residencia de la mayoría de las familias y base del submarino—, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la jurisdicción patagónica por la cercanía con el punto geográfico del hallazgo de los restos. Esta decisión generó un vacío visible en la sala de audiencias: la mayoría de los familiares de los 44 marinos no pudieron asistir al inicio del proceso debido a los elevados costos de traslado y alojamiento. Según señalaron representantes legales de las víctimas, esta lejanía es interpretada por los familiares como un mecanismo de invisibilización de un reclamo que ya lleva casi una década.
El cuerpo del debate se centrará en lo ocurrido aquel 15 de noviembre de 2017, cuando el ARA San Juan reportó un principio de incendio en el compartimiento de baterías antes de desaparecer de los radares. La hipótesis principal sostiene que una falla en una válvula permitió el ingreso de agua, desencadenando la implosión a más de 900 metros de profundidad. Sin embargo, el juicio también pondrá bajo la lupa el estado previo de la embarcación y las decisiones tomadas por los mandos en tierra una vez conocida la emergencia. La acusación, liderada por el fiscal Lucas Colla y las querellas de Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, intentará demostrar que la tragedia fue evitable y que existió una cultura de silencio y hermetismo que postergó las alertas necesarias.
Un dato que no pasa desapercibido en esta instancia es la acotada nómina de testigos y la exclusión, por el momento, de figuras políticas de la gestión de Mauricio Macri. Si bien las querellas han insistido en la responsabilidad de la cadena de mando civil, la justicia ha mantenido este tramo del juicio enfocado estrictamente en la responsabilidad militar. Mientras tanto, una segunda parte de la investigación que analiza las derivaciones políticas continúa en etapa de instrucción en Caleta Olivia. Este inicio de juicio llega, además, en un contexto de cierre definitivo de causas paralelas, como la denuncia por espionaje ilegal contra los familiares, que fue clausurada por la Corte Suprema el año pasado.
Se espera que el proceso se extienda al menos hasta julio, con un cronograma de audiencias que se retomará semana de por medio. Con más de 70 testigos citados a declarar, el tribunal se enfrenta al desafío de reconstruir una verdad técnica y humana que yace bajo el Atlántico Sur. Para los familiares, más allá de las penas que oscilan entre uno y cinco años de prisión, el objetivo último es que el paso del tiempo no se convierta en una garantía de impunidad frente a una herida que la sociedad argentina aún mantiene abierta.