6 de marzo de 2026
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La paradoja libertaria: entre el ajuste a los municipios y el apoyo al presupuesto local
Mientras a nivel provincial La Libertad Avanza lanzó una campaña coordinada para reducir la presión fiscal en los municipios, el bloque local en Mar del Plata avaló la creación de “una contribución fija” de alumbrado, el aumento de la Tasa de Servicios Urbanos y ratificó la Tasa Vial. Así, crecen las contradicciones entre la retórica nacional y los acontecimientos a nivel ciudad.
El escenario político de la provincia de Buenos Aires amaneció este 6 de marzo de 2026 con un movimiento coordinado que busca marcar la agenda hacia el próximo turno electoral. La Libertad Avanza (LLA) presentará una ofensiva legislativa en más de un centenar de distritos para eliminar o reducir tasas municipales, bajo la premisa de que los contribuyentes enfrentan una presión fiscal que, en muchos casos, no se traduce en servicios eficientes.
La estrategia, encabezada por el presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, se apoya en un diagnóstico contundente: el 81% de los tributos locales carecería de una contraprestación directa identificable. Sin embargo, este despliegue provincial choca de frente con la realidad política de General Pueyrredon, donde el espacio violeta es una pieza clave en el armado oficialista.
La contradicción entre la proclama provincial y la práctica legislativa local se hizo visible en las últimas semanas. Durante la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes celebrada el pasado 27 de febrero, los representantes de La Libertad Avanza votaron en sintonía con las demás fuerzas del gobierno municipal para aprobar la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026. Este acompañamiento validó un incremento del 11% en la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) para el primer trimestre del año, sujeto a actualizaciones posteriores por inflación. Además, el bloque libertario ratificó la continuidad de la denominada "tasa vial", que aplica una alícuota del 3% sobre el precio neto de los combustibles en las estaciones de servicio, una medida que el propio sector productivo ha cuestionado por su impacto en los costos logísticos.
Otro de los puntos más sensibles de esta disyuntiva es el tratamiento de la Tasa por Alumbrado Público. A nivel nacional, mediante la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, el gobierno de Javier Milei intentó prohibir que los municipios incluyeran tasas locales en las facturas de servicios públicos, argumentando que esto constituía una "venta atada" y una falta de transparencia para el consumidor. No obstante, en General Pueyrredon, el bloque de La Libertad Avanza convalidó quitar este ítem de la boleta municipal para trasladarlo a la factura de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA). Esta decisión se produce en un marco jurídico complejo, luego de que fallos federales, como el obtenido por el municipio de Pergamino, declararan inconstitucional la prohibición nacional en favor de la autonomía financiera de las comunas.
Ante la consulta sobre esta aparente inconsistencia discursiva, el presidente del Concejo Deliberante y referente local de LLA, Emiliano Recalt, sostiene que la interpretación de estas medidas debe hacerse bajo una óptica técnica y no meramente recaudatoria. Según el edil, el traslado del alumbrado a la factura eléctrica no implica la creación de un nuevo tributo, sino una reestructuración de un componente que ya existía dentro de la TSU. Recalt argumenta que ahora se pagará "una contribución fija" basada en la infraestructura real de cada cuadra, y subraya que la agenda libertaria en Mar del Plata se ha centrado en proyectos para incentivar la industria de la construcción y reducir la carga burocrática del Estado municipal, buscando un equilibrio entre los principios de su espacio y la gobernabilidad del distrito.
Este panorama deja a La Libertad Avanza en una posición dual dentro del territorio bonaerense. Mientras en la mayoría de los municipios la consigna es "golpear las puertas de las intendencias" para bajar impuestos, en General Pueyrredon el espacio debe gestionar las tensiones propias de una coalición de gobierno que enfrenta sus propios desafíos presupuestarios. La situación plantea un interrogante sobre cómo procesará el electorado local estas diferencias de criterio, en un contexto donde la discusión sobre el peso del Estado y la autonomía municipal ha dejado de ser un debate académico para convertirse en el eje central de la disputa política diaria.