Chubut y Neuquén sellaron convenios millonarios con la ANSES y Santa Fe negocia condiciones favorables, pero la provincia de Buenos Aires sigue sin avances concretos. La tensión política entre Milei y Kicillof bloquea acuerdos clave y profundiza la incertidumbre financiera.

Mientras avanzan acuerdos con Nación, Buenos Aires queda atrapada en su propia grieta

El mapa federal empieza a mostrar señales claras de reacomodamiento en la relación entre las provincias y el gobierno nacional. Mientras algunos distritos logran destrabar fondos millonarios para sostener sus sistemas previsionales, la provincia de Buenos Aires aparece rezagada, sin acuerdos concretos y condicionada por la disputa política entre Javier Milei y Axel Kicillof.

En los últimos días, Chubut se convirtió en uno de los casos más emblemáticos. El gobernador Ignacio Torres logró sellar un entendimiento con Nación que garantiza el envío de 48.000 millones de pesos para cubrir el déficit de su caja previsional, en un esquema de pagos mensuales durante un año.

El acuerdo no solo implica un alivio financiero inmediato, sino que también marca un punto de inflexión en una disputa histórica. La provincia había llevado el reclamo a la Justicia, incluso con intervención de la Corte Suprema, pero finalmente la negociación política terminó acelerando la resolución.

Un camino similar empezó a recorrer Neuquén. A través de un decreto, el gobernador Rolando Figueroa ratificó el convenio con la ANSES para recibir el mismo monto: 48.000 millones de pesos en doce cuotas mensuales, destinadas al Instituto de Seguridad Social provincial.

En este caso, el acuerdo tiene un componente adicional: funcionará como anticipo mientras se realizan auditorías conjuntas para determinar la deuda real de Nación con la provincia, que según estimaciones locales supera los 350.000 millones de pesos.

Santa Fe, por su parte, también avanza en negociaciones que podrían derivar en un esquema aún más favorable. La provincia busca asegurar un flujo anual de 120.000 millones de pesos y, al mismo tiempo, mantener abiertas sus demandas judiciales contra el Estado nacional, sin resignar capacidad de presión.

El denominador común en estos casos es la capacidad de las provincias para sostener una negociación pragmática con la Casa Rosada, incluso en contextos de tensión. Los acuerdos combinan reclamos históricos, presión judicial y voluntad política para alcanzar soluciones intermedias.

Sin embargo, ese esquema no se replica en la provincia de Buenos Aires. La administración de Axel Kicillof no logró hasta el momento avanzar en un entendimiento similar con Nación, pese a que también enfrenta tensiones financieras en áreas sensibles como el sistema previsional y la obra pública.

La principal diferencia radica en el plano político. La relación entre Milei y Kicillof atraviesa uno de sus momentos más críticos, con cruces públicos permanentes y una estrategia de confrontación que condiciona cualquier instancia de negociación técnica.

En ese contexto, Buenos Aires queda fuera de un circuito de acuerdos que empieza a consolidarse en otras provincias. La falta de avances no solo implica la pérdida de recursos potenciales, sino también una desventaja relativa frente a distritos que ya lograron asegurarse financiamiento.

El impacto es doble: por un lado, limita la capacidad de la provincia para ordenar sus cuentas; por otro, expone el costo político de la confrontación en un escenario donde otras jurisdicciones optan por acuerdos pragmáticos con la Nación.

Así, mientras el resto del mapa provincial comienza a cerrar capítulos de deudas históricas, Buenos Aires sigue empantanada en la lógica de la grieta, con un conflicto político que, lejos de resolverse, amenaza con profundizarse y dejarla cada vez más aislada en la negociación con el gobierno nacional.

Kicillof y un reclamo a la Corte

La Provincia de Buenos Aires presentó una nueva demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, reclamando más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023. Se trata de la octava demanda contra la administración de Javier Milei en casi tres años, con el objetivo de recuperar recursos fiscales que la provincia considera legítimos y exigir el cumplimiento de los acuerdos federales.

La demanda presentada esta semana se suma a las siete restantes. Todas relacionadas con recortes o diferimientos en fondos nacionales: el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento para bosques nativos, la potestad para gravar servicios de gas y los fondos de Anses destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) por no tener las cajas previsionales transferidas y que por ley la Nación debe robustecer. A excepción de este último, en la mayoría no hubo señales mayores. Sin embargo, hay cierta expectativa con el reclamo de fondos jubilatorios.

El máximo tribunal convocó a una primera audiencia con las partes semanas atrás y ahora habrá otro encuentro el próximo 21 de abril. “Al Gobierno nacional se le pidieron, los elementos que sustentaran su posición” -de dejar de transferir los fondos- y empezaron a dar vueltas; con lo cual lo que pidió la Corte Suprema es una nueva audiencia, que sería un intento de conciliación entre Nación y Provincia con respecto al reclamo de ANSES, que totaliza aproximadamente $2,2 billones de pesos que se le debe a la provincia de Buenos Aires", detalló Kicillof al ser consultado sobre la demanda en cuestión.

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