20 de abril de 2026
IRREGULAR
La oposición pide derogar la ordenanza que entregó el predio del Faro a un empresario privado
El bloque Kicillofista presentó el proyecto de derogación de la Ordenanza 26.400 tras las explosivas declaraciones de las fomentistas ante la Justicia: admitieron que la nota que dio origen a la cesión la redactó la propia empresa beneficiaria.
El bloque de la oposición metió presión en el Concejo Deliberante y presentó este lunes un proyecto para derogar la ordenanza que, en agosto de 2024, autorizó al gobierno de Guillermo Montenegro a ceder el predio lindero al Faro de la Memoria a la sociedad de fomento Faro Norte, y a través de ella, al empresario Matías Iriarte, para instalar una destilería de gin. La causa de esto fue que la semana pasada, integrantes de la propia comisión directiva de la sociedad de fomento declararon ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 y dejaron al descubierto contradicciones que sacuden los fundamentos de la norma.
Las fomentistas que firmaron la nota original que habilitó la triangulación reconocieron que nunca existió ningún plan real para desarrollar actividades "sociales, culturales y deportivas" en el predio, tal como el oficialismo argumentó para defender la ordenanza. El objetivo, desde el principio, fue exclusivamente beneficiar a Burbarrel SA para instalar su bar. Y para dar el golpe de gracia, uno de los miembros de la sociedad de fomento admitió que la firma de esa nota fundacional se produjo en una escribanía, a instancias de la propia empresa. Dicho de otro modo, la empresa armó el expediente y lo puso en boca de la sociedad de fomento.
Sobre esa base, Acción Marplatense construyó su proyecto y lo presentó sin vueltas pidiendo la derogación total de la ordenanza e "inmediata restitución del predio a la Municipalidad". El expediente señala que el Concejo, en particular los concejales que votaron a favor, "sancionó una ordenanza que carece de identidad entre lo solicitado por la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte y la finalidad que se le pretende otorgar al predio".
El proyecto también enumera las irregularidades que emergen de la causa judicial. Una maniobra triangulada para beneficiar a Burbarrel SA, ausencia de beneficios reales para la sociedad de fomento y para el barrio, y la afectación directa de instalaciones que formaron parte del ex centro clandestino de detención de la ESIM durante la última dictadura militar. En ese marco, el texto reclama el resguardo de "la integridad y transparencia" con que deben sancionarse las normas y la protección del patrimonio vinculado al terrorismo de Estado.
El escenario judicial tampoco ayuda al oficialismo a bajar el tono. Desde el 13 de marzo rige una medida cautelar de la Justicia Federal que frenó las obras por 60 días hábiles, y los organismos de derechos humanos ya pidieron que ese freno se extienda. Mientras tanto, el Concejo lleva más de un mes esperando respuesta de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, la Secretaría de Obras y la Subsecretaría de Inspección General, que hasta ahora omitieron contestar. El silencio oficial habla por sí solo.
La situación ya había empezado a tomar estado en la comisión de Derechos Humanos del Concejo a partir de un proyecto previo de la oposición sobre la cautelar federal. Ahora el planteo escala y la pelota queda en la cancha del cuerpo deliberativo. Si el expediente que dio origen a la ordenanza arrancó con una nota que no reflejaba la realidad del proyecto, como reconocieron sus propias firmantes, la norma que de ahí se desprende queda en un terreno político y jurídico más que frágil.
Lo que viene es la discusión en el recinto, con un oficialismo que deberá defender una ordenanza cuestionada en tres frentes judiciales simultáneos, con declaraciones testimoniales en su contra y con la memoria como telón de fondo. El oficialismo ya marcó su postura, la inversión privada por encima de todo. La oposición, en cambio, apuesta a que esta vez los números no le alcancen.