Con apertura de sobres prevista para el próximo 2 de junio, el gobierno municipal oficializó la licitación para concesionar el histórico Camping Municipal de la zona sur y transformarlo en un complejo turístico orientado al “glamping”. Pero detrás del proyecto impulsado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), comenzó a instalarse una pregunta que atraviesa cada vez más expedientes vinculados a espacios públicos: ¿se trata de una licitación a "medida"?
El llamado aprobado por el Emturyc contempla la entrega en concesión de la Unidad Turística Fiscal ubicada sobre el Paseo Costanero Sur Arturo Illia, a la altura del barrio Alfar, por un plazo de 20 años con posibilidad de extenderlo otros seis.
La propuesta apunta a reconvertir el predio de 66 mil metros cuadrados en un emprendimiento turístico centrado en el “glamping”, una modalidad que combina la experiencia del camping con servicios de confort y propuestas premium. El esquema incluye además cabañas, espacios gastronómicos, actividades recreativas, gimnasio, spa y sectores destinados al turismo de naturaleza.
El pliego fija un canon oficial anual de $15 millones, equivalente a poco más de $1,2 millones mensuales, cifra que rápidamente despertó cuestionamientos políticos teniendo en cuenta las dimensiones y el potencial comercial del predio costero.
Desde el Ejecutivo defienden la iniciativa bajo criterios de sustentabilidad, integración ambiental y diversificación de la oferta turística. Según se informó, el proyecto prevé reforestación con especies autóctonas, accesibilidad y la creación de un paseo público abierto a visitantes.
Sin embargo, el eje de la discusión no pasa únicamente por el perfil del emprendimiento sino por el mecanismo elegido para avanzar con la concesión.
El expediente se originó a partir de una iniciativa privada presentada por la firma Bien Producido SA, declarada “iniciadora” en 2022 mediante un decreto municipal. Bajo ese régimen, contemplado en la Ordenanza 19.203, un privado propone un proyecto sobre un bien público y luego el Municipio debe convocar a una licitación tomando como base esa presentación.
Ahí aparece el punto más sensible del proceso: la denominada “cláusula de preferencia”. El pliego otorga ventajas a la empresa impulsora frente a otros posibles oferentes, una herramienta legal pero que suele generar fuertes cuestionamientos políticos por considerar que desalienta la competencia real y deja el terreno inclinado de antemano.
Para distintos sectores, el mecanismo termina funcionando como una licitación “direccionada”, especialmente cuando los lineamientos técnicos y comerciales del pliego quedan fuertemente atados a la propuesta original presentada por el privado.
La discusión también suma otro ingrediente: Bien Producido SA mantiene vínculos con el balneario Mute y con el empresario Matías Iriarte, relacionado además con otros desarrollos sobre la costa sur que en los últimos años estuvieron envueltos en controversias vinculadas al uso y explotación de espacios públicos.
Mientras tanto, el Municipio profundiza un modelo basado en la concesión y reconversión de distintas UTF marplatenses bajo gestión privada. El futuro del Camping Municipal aparece así como un nuevo capítulo de una estrategia que mezcla inversiones, turismo premium y un debate político cada vez más intenso sobre los límites entre el interés público y los negocios privados.
