La de este martes fue la primera reunión formal del Consejo de Mayo, órgano creado para avanzar en un paquete de reformas de carácter tributario, laboral y previsional con vistas al año 2026. Buenos Aires es una de las provincias que no participó.

Con las reformas fiscal y laboral en la mira, el Gobierno estrenó el Consejo de Mayo

Este martes tuvo lugar la primera reunión formal del Consejo de Mayo, órgano creado para avanzar en un paquete de reformas de carácter tributario, laboral y previsional con vistas al año 2026. El encuentro contó con la presencia de seis consejeros designados por el Poder Ejecutivo, el Congreso, las provincias firmantes del Pacto de Mayo, las organizaciones sindicales y las entidades empresarias, bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete a cargo de Guillermo Francos.

A casi un año de su creación formal, el Gobierno sacó a la cancha al Consejo de Mayo, organismo encargado de trasladar a proyectos de ley las iniciativas que el presidente Javier Milei acordó con los representantes de las provincias en el pacto homónimo para fomentar el equilibrio fiscal, una reforma laboral y una modernización del sistema tributario, entre otros puntos.

A través de un decreto que se publicó en el Boletín Oficial, el 16 de julio del 2024, tan solo una semana después de que el mandatario nacional firmara junto a los gobernadores el acta con los 10 ítems sobre los cuales avanzar, se establecieron los lineamientos del grupo encargado de debatir y elaborar las iniciativas legislativas.

Objetivos

La misión del Consejo de Mayo es acordar propuestas legislativas que materialicen los principios planteados en el Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024. En ese sentido, los participantes de la reunión explicaron a este diario luego del encuentro que definieron elaborar un informe que se presentará en diciembre con propuestas legislativas y reformas sobre cada uno de los 10 ejes firmados por el presidente y los gobernadores.

Se espera que ese documento sea un insumo para los legisladores y que sus puntos puedan ser tratados en las sesiones legislativas a partir del 10 de diciembre próximo, según explicaron en Casa Rosada. "Hay un ánimo de diálogo muy conductivo, con miradas diversas y mucha vocación de trabajar para llegar a consensos de acá a diciembre", manifestó Federico Sturzenegger tras el encuentro.

El próximo encuentro del Consejo de Mayo será el 20 de julio - el plan es que se celebre uno por mes-, y en el mientras tanto cada representante trabajará con sus respectivos equipos los distintos puntos que conforman el Pacto de Mayo. Según explicó alguien del Consejo a MDZ, los proyectos de ley que se discutan en los próximos encuentros podrán exceder los 10 ejes del acuerdo, y no descartó que algunos puntos pudieran quedar en el camino si no se consiguen los consensos necesarios.

En ese sentido, un punto especialmente conflictivo es el número 8 del Pacto, que alude a "una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal", o el 9, que propone "una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación".

La Casa Rosada contará con dos lugares, el del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que además es quien presidirá el Consejo, y el del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por otro lado, el enviado de las provincias firmantes -solo Buenos Aires, Formosa, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego no adhirieron- será el mendocino Alfredo Cornejo, de origen radical y cercano al oficialismo.

Mientras que el diputado Cristian Ritondo y la senadora Carolina Losada lo harán por las dos cámaras del Congreso. En nombre del empresariado participará Martín Rappallini, presidente de la UIA.

Ritondo, además, llegará al Consejo antes de participar en otro cónclave clave para el oficialismo: este mismo martes está previsto que se reúna en Casa Rosada con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, y con Diego Santilli, para cerrar los términos del frente electoral entre el PRO y el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Su doble rol —como operador legislativo y electoral— sintetiza la lógica de poder del Gobierno: avanzar en reformas institucionales mientras consolida una nueva arquitectura política.

Reforma laboral

La reforma laboral será el primer punto en discusión. La semana pasada, la Comisión Nacional de Valores reglamentó el Sistema de Cese Laboral, un régimen alternativo al actual modelo de indemnización por despido. La propuesta permite que empleadores y trabajadores acuerden aportes anticipados a Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), que funcionarán como reserva para cubrir los costos de la desvinculación. El mecanismo será voluntario y deberá instrumentarse vía convenios colectivos, lo que abre una negociación gremial sector por sector.

Desde el oficialismo lo presentan como una medida de previsibilidad y desburocratización del mercado laboral. En el sindicalismo, en cambio, temen que se use como punta de lanza para desarmar el régimen vigente. Martínez, con respaldo parcial de la CGT, ya planteó que cualquier reforma debe surgir de un acuerdo tripartito. Por eso, la participación sindical en el Consejo es aún frágil, y será uno de los puntos clave para monitorear en el arranque.

El trasfondo económico es igual de tenso. Según un informe de la consultora Empiria, 21 de las 24 provincias cerraron en 2024 con superávit primario, gracias a un ajuste del 15% del gasto real. Pero en mayo la recaudación nacional cayó 18% interanual y los impuestos coparticipables se hundieron 23%. La contracción de los recursos, sumada a la paralización de programas y obras públicas, presiona a las provincias.

La relación de la Nación con los gobernadores está pasando por un momento de cierta tensión, a partir de los reclamos de estos de mayores fondos, ante la caída de la recaudación y la paralización de la obra pública. Incluso, los mandatarios de las 24 jurisdicciones del país consensuaron un proyecto de ley para modificar el reparto de los ATN y los ingresos correspondientes al impuesto a los combustibles.

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