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Sábado, 19 julio 2025
Argentina
7 de julio de 2025

Falta de gas y retiro del Estado: los costos de una política energética desregulada

El reciente corte masivo de gas en Mar del Plata dejó expuestas las consecuencias de un sistema energético sin infraestructura suficiente, con escasa regulación y sin respuestas ante emergencias. A pocos días del episodio, el Gobierno nacional oficializó por decreto la disolución de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Falta de gas y retiro del Estado: los costos de una política energética desregulada
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El colapso en el suministro de gas que dejó sin calefacción a miles de marplatenses durante la última ola de frío  expuso los límites de un sistema debilitado por la falta de inversión, planificación y control estatal. A pocos días de esa emergencia, el Gobierno nacional oficializó por decreto la disolución de los entes encargados de regular el servicio de gas y electricidad —ENARGAS y ENRE— y creó un nuevo organismo unificado, el  Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad en línea con una política energética orientada a la desregulación del sector.
 

La decisión, instrumentada a través de los decretos 450 y 452/2025, redefine el marco regulatorio del gas y la electricidad en todo el país. Bajo el argumento de simplificar estructuras y promover inversiones, el Estado se retira de funciones clave como la fiscalización técnica, la supervisión tarifaria y la planificación de obras estratégicas. Esta reconfiguración institucional ocurre en un contexto en el que la infraestructura existente ya mostró su fragilidad: redes saturadas, obras paralizadas y capacidad de transporte de gas insuficiente para responder a la demanda invernal.

 

En Mar del Plata, la crisis dejó al descubierto las consecuencias prácticas de esta orientación. El suministro se interrumpió en estaciones de GNC, industrias, centros comerciales y distintos barrios de la ciudad, afectando también actividades escolares, culturales y deportivas. Aunque el país cuenta con reservas comprobadas y producción en aumento, la falta de infraestructura y mantenimiento impide garantizar el abastecimiento. La parálisis de proyectos clave, así como la flexibilización del control sobre el gas envasado, marcan una tendencia: menos intervención estatal, más exposición a las lógicas del mercado y una menor capacidad de respuesta frente a situaciones críticas.


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