Lo que la semana nos dejó
Con la semana post elecciones nacionales, la ciudad entró en la recta final hacia la renovación del 10 de diciembre. En este marco, el intendente Guillermo Montenegro esperará a que su futuro se confirme, luego de la conformación del nuevo Congreso Nacional. No obstante, eso no detiene a la rosca ni la disputa política local: un STM activo, las secuelas de los comicios, la séptima Sesión Pública Ordinaria, las declaraciones "gorilas", el Estacionamiento Medido y los Jueces de Faltas. Todo eso y más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata
La batalla por los circuitos en Gral. Pueyrredon: LLA se impuso en 23 de 29
La lista que tenía a Santilli como cabeza de lista ganó en casi todas las zonas de la comuna. Mientras que Fuerza Patria con Taiana solo se quedó con 6 circuitos.
Con el 99,39% de las mesas escrutadas, los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral confirmaron lo que ya se intuía desde temprano: gran parte del mapa de General Pueyrredon se tiñó de violeta. La Libertad Avanza volvió a mostrar fortaleza en el distrito y se impuso por más de 18 puntos sobre Fuerza Patria, consolidando a la comuna como una tierra fértil para el voto libertario-amarillo.
En la disputa por los circuitos electorales, la alianza que encabezó Diego Santilli ganó en 23 de los 29 disponibles. Entre los territorios donde se impuso la boleta violeta-amarilla figuran los más poblados de la ciudad, como los circuitos 366, 366 A y 367, los mismos que históricamente acompañaron las victorias del intendente Guillermo Montenegro. Del otro lado, Fuerza Patria, con Jorge Taiana al frente de la lista, apenas logró retener seis circuitos del distrito.
La Libertada versus Fuerza Patria en circuitos
La Libertad Avanza (23)
364
364 A
364 B
364 C
364 D
365
365 A
365 C
365 D
365 E
365 F
366
366 A
367
368 A
368 B
368 C
369
370
370 A
370 C
370 D
370 G
Fuerza Patria (6)
364 E
365 B
368
370 B
370 E
370 F
El "desembarco" de Montenegro al gabinete nacional quedó en pausa hasta después del 10 de diciembre
El presidente Javier Milei en una entrevista aseguró que los cambios se definirán después de la asunción del nuevo Congreso. El intendente, que era mencionado para sumarse en el gobierno, seguirá por ahora en Mar del Plata, hasta que asuma su banca en la Legislatura o hasta que se dé su paso a la Casa Rosada.
El posible desembarco de Guillermo Montenegro al Gabinete nacional quedó, por ahora, en pausa. Aunque su nombre sonaba para integrarse al equipo de Javier Milei tras el triunfo electoral, el propio Presidente enfrió cualquier movimiento inmediato y dejó en claro que los cambios llegarán recién después del 10 de diciembre, cuando se configure el nuevo Congreso.
En una entrevista con Antonio Laje en A24, Milei fue directo: “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”. De esta manera, cualquier decisión sobre nuevos ingresos —incluido el futuro político de Montenegro— quedó atada al reordenamiento legislativo.
Milei insistió en que no habrá anuncios antes del recambio parlamentario. “El instrumento para eso es el nuevo gabinete. ¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes, no estamos entendiendo nada”.
El Presidente remarcó que tiene margen hasta el recambio institucional: “La Cámara cambia el 10 de diciembre. Algo de tiempo tengo”. Y evitó dar nombres de posibles ministros: “Dar esas definiciones implica que van a ir a arruinarle la vida antes de asumir. Los que están definidos están definidos y lo saben”.
También abrió la puerta a sumar dirigentes de otros espacios: “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023”.
Con ese panorama, el futuro en el gobierno nacional de Montenegro —intendente y senador provincial electo— queda en stand by. Por ahora seguirá en Mar del Plata al menos hasta fin de año, ya sea para asumir en la Legislatura bonaerense o esperar una definición concreta desde la Casa Rosada.
Luna Roja: denuncian que la concesionaria borra rastros para encubrir un delito ambiental
Tras la revocación de los permisos clave de la Autoridad del Agua por contaminación e incumplimientos, el balneario concesionado hasta 2030 operaría fuera de la ley. Organizaciones vecinales exigen la intervención municipal y advierten sobre la “responsabilidad jurídica” del Estado ante un “delito ambiental en curso”.
La Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Bonita, conocida como balneario Luna Roja, se ha convertido en el nuevo foco de una tensa pulseada entre el empresariado turístico, los organismos de control y las asambleas ambientalistas en la costa sur de General Pueyrredon. Tras la reciente y contundente decisión de la Autoridad del Agua (ADA) de revocarle los permisos de extracción y vuelco de efluentes, la empresa concesionaria E.J.C. S.A. fue señalada por una grave maniobra: intentar ocultar pruebas de sus irregularidades.
El Observatorio Paseo Costanero Sur, junto a la Asamblea Luna Roja, denunció públicamente que la firma, cuya actividad principal registrada ante ARCA abarca desde servicios personales hasta gastronomía y hotelería, fue detectada “borrando rastros y residuos antes” de un operativo municipal solicitado por los vecinos. Esta acción se produce inmediatamente después de que la ADA, a través de la resolución RESOC-2025-1223-GDEBA-ADA, dejara sin efecto las autorizaciones que el balneario poseía desde 2022, al comprobar "incumplimientos técnicos graves y riesgo de contaminación del acuífero".
El nudo del conflicto es de índole estrictamente legal y político. La revocación de la provincia no es un simple obstáculo burocrático, sino que fulmina la base operativa del complejo. Según la Asamblea, al carecer del permiso provincial, Luna Roja se configura inmediatamente en una infracción grave al Código de Ordenamiento Territorial (COT) y a la Ley 5965 de la provincia, que prohíbe terminantemente verter efluentes o alterar el suelo costero sin la debida autorización.
La Ordenanza Municipal N° 25.810 establece que toda habilitación comercial está supeditada al "cumplimiento estricto de la normativa sanitaria, ambiental y de seguridad vigente". En este marco, la pérdida de la autorización provincial debería, para los denunciantes, disparar la inmediata intervención municipal. Sin embargo, la Asamblea denuncia que la situación de impunidad se produce por la “connivencia municipal”.
La exigencia de los vecinos es clara y de carácter urgente: clausura preventiva, revocación de la habilitación municipal y toma de muestras de agua. El objetivo, conforme los denunciantes, es resguardar la salud pública y el derecho al ambiente sano, plasmado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. La preocupación radica en que, según monitoreos anteriores, los pozos de la zona ya habían registrado coliformes fecales y altos niveles de nitratos, evidenciando una infiltración de aguas residuales al acuífero que abastece a todo el barrio de Playa Chapadmalal.
Con un contrato de concesión que se extiende hasta enero de 2030, el empresario Horacio Ipucha y la firma E.J.C. S.A. acumulan un historial de controversias que incluye clausuras previas, multas del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y detección de construcciones no autorizadas. Ahora, el conflicto escala a una dimensión de responsabilidad institucional. Mientras tanto, el reloj corre contra la inminencia de la temporada estival.
La UCR local le exige respuestas a la gestión Kicillof por la Ruta 11
El radicalismo profundiza su polarización con el gobierno bonaerense con un duro proyecto presentado en el Concejo Deliberante. El espacio demanda que Vialidad provincial informe sobre el estado, el mantenimiento y las condiciones de seguridad del tramo de la Ruta 11, foco de reiterados siniestros viales. Sostienen que el corredor, inaugurado en 2010, tiene "deficiencias estructurales" que lo convierten en una "trampa mortal".
El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) de General Pueyrredon elevó un enfático proyecto de comunicación al Concejo Deliberante, apuntando directamente al gobierno de Axel Kicillof y exigiendo información detallada sobre el crítico estado de la Ruta Provincial N°11 en el tramo que conecta Santa Clara del Mar y el Parque Camet. Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la creciente ola de cuestionamientos que el radicalismo viene dirigiendo a la gestión bonaerense en áreas sensibles como la salud y la seguridad.
El expediente 1695/25, ingresado en el Concejo, pone el foco en un corredor estratégico de diez kilómetros, inaugurado en 2010 con una doble calzada. Sin embargo, lo que se diseñó como un acceso moderno y seguro al norte de Mar del Plata se ha transformado, según la UCR, en una "trampa mortal" debido a supuestas "deficiencias estructurales y de mantenimiento".
La gota que rebalsó el vaso, de acuerdo con el proyecto, fueron los siniestros viales trágicos y recurrentes que se concentran particularmente entre los kilómetros 502 y 505, frente al ex GADA 601 y Playa Dorada. La preocupación escaló dramáticamente tras un accidente fatal ocurrido el pasado 8 de octubre, seguido por otro similar apenas doce horas después en el mismo punto. Los despistes, sostienen los ediles radicales, se convierten en colisiones fatales porque los vehículos impactan de lleno contra las columnas de alumbrado instaladas en el cantero central, lo que demostraría la falencia de un diseño vial.
El proyecto de la UCR enumera un abanico de problemas de seguridad que, a su juicio, son responsabilidad directa de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires: la altura excesiva de los cordones centrales, la ausencia de barreras de contención, la presencia de obstáculos rígidos como las mencionadas columnas, la iluminación deficiente y el desmalezado insuficiente que reduce drásticamente la visibilidad nocturna. Además, el expediente subraya que vecinos y organizaciones civiles ya han denunciado estas falencias, que incluyen banquinas con barrancos sin guardarraíles y pasto desbordado sobre los cordones.
En este nuevo capítulo de confrontación con La Plata, los concejales radicales no solo piden estadísticas de siniestralidad desde 2015 a 2025, sino que exigen documentación técnica de la obra original, un detalle pormenorizado de las tareas de mantenimiento realizadas desde 2011 a la fecha, e información sobre planes o presupuestos vigentes para la mejora del tramo.
El mensaje es claro: la UCR le exige al gobierno de Kicillof que, más allá de los informes, "evalúe la implementación de barreras de contención central y lateral" y la "sustitución de columnas rígidas por postes frangibles" para, finalmente, garantizar la seguridad de miles de vecinos y turistas que transitan la ruta a diario. La exigencia se enmarca en el principio de prevención en materia de seguridad vial, convirtiendo este proyecto en una nueva y contundente crítica a la gestión provincial.
Con tratamiento en el Concejo, el debate para la aprobación o no de este expediente provocará cruces políticos y mostrará diferencias entre las fuerzas, de cara a la renovación del 10 de diciembre. La UCR, con aspiraciones a marcar la agenda.
El impacto de los comicios en Mar del Plata
Con 49% de los votos, LLA arrasó en General Pueyrredón y proyecta a Carrancio y Montenegro hacia la política nacional, mientras el peronismo se reordena en medio de una fuerte interna.
Las elecciones legislativas nacionales dejaron un efecto claro en General Pueyrredón, consolidando la presencia de La Libertad Avanza a nivel federal y proyectando a sus referentes locales hacia roles de relevancia nacional. LLA obtuvo un 40,84% de los votos en todo el país, asegurando un bloque sólido de legisladores libertarios y amarillos en el Congreso.
La ajustada victoria de LLA en Buenos Aires, con Diego Santilli encabezando la lista, permitió que Alejandro Carrancio, vicepresidente provincial del partido y quinto en la lista, accediera a la Cámara Baja, convirtiéndose en el segundo marplatense en asumir por el oficialismo. Desde la oposición, Hugo Moyano (hijo) logró su banca desde la lista de Fuerza Patria, sumando otro dirigente nacido en la ciudad.
En la comuna , la alianza entre LLA y PRO, consiguió un 49,15% de los sufragios, superando a FP, que alcanzó el 31,07%. LLA se quedó con 23 de los 29 circuitos locales, mientras FP solo retuvo seis. Este resultado posiciona a dirigentes como Carrancio y Guillermo Montenegro en un papel relevante dentro de la política nacional, proyectando a la ciudad como un actor central en la futura agenda legislativa.
La elección también dejó al descubierto la crisis interna del peronismo local. La derrota impactó a referentes como Fernanda Raverta y Gustavo Pulti y puso en evidencia las tensiones entre kicillofistas y kirchneristas, que incluso esperaron los resultados en búnkers separados, reflejando la fragmentación del espacio y la falta de coordinación durante la campaña.
Montenegro, intendente y senador provincial electo, fue uno de los protagonistas de la jornada. Su presencia en el búnker de LLA en CABA alimentó los rumores sobre un posible ingreso al Gabinete nacional, aunque Javier Milei aclaró que cualquier modificación se dará a conocer después de la instalación del nuevo Congreso, a partir del 10 de diciembre. Su eventual llegada implicaría dejar la gestión municipal y asumir un rol central en el Ejecutivo federal.
La campaña en la ciudad fue breve y diferente a la bonaerense. LLA y FP concentraron su actividad en explicar el uso de la BUP mediante recorridas y volanteo. Además, la ciudad volvió a ser vidriera nacional: Milei, junto a Santilli, inauguró la planta de Lamb Weston y recorrió la calle Güemes, mientras Kicillof y Taiana visitaron el Parque Industrial. El gobernador participó en los Juegos Bonaerenses y el candidato peronista encabezó un acto con sindicatos locales.
En síntesis, los comicios consolidaron a LLA, proyectaron a Carrancio y Montenegro hacia la política nacional y evidenciaron la fragmentación del peronismo en la región, dejando un escenario local con claras consecuencias.
La reflexión “gorila” de Raverta tras la derrota peronista
La referente de General Pueyrredon, con un historial de fracasos electorales a cuestas, ofreció una autopsia política post 26 de octubre donde la única responsable es la ciudadanía, y no el personalismo voraz que antepone el cargo a la causa. Lejos de abanderar una necesaria catarsis, ha optado por un movimiento de manual: la negación absoluta de la responsabilidad dirigencial.
El peronismo de General Pueyrredon no solo sufrió una derrota aplastante el pasado 26 de octubre, sino que debió soportar la humillación de una autopsia política dictada por su propia mariscal de la derrota: Fernanda Raverta. Lejos de entonar el mea culpa que las bases y la militancia esperaban tras la paliza de La Libertad Avanza, la principal referente local y flamante Senadora provincial —cargo que consiguió hace un mes en su tercera derrota frente a Guillermo Montenegro—, escogió un camino tan previsible como irritante: responsabilizar a la sociedad por sus propios malos resultados.
En diálogo con Canal 10 y desde la sede del PJ local, las declaraciones de Raverta son un monumento a la desconexión. Ante la necesidad de una reflexión interna, la dirigente peronista —que con su marido, Pablo Obeid, conforma una dinastía marital que monopoliza los cargos desde hace años— invierte la carga de la prueba. Así, se despachó con un discurso que desnuda la soberbia de la cúpula. Eludió el concepto de "clase política" –que le incomoda tanto como el mote de "casta" que ella y su entorno encarnan a la perfección con la permanente rotación de cargos– y desvió el foco. Para ella, el fracaso se explica por el ausentismo y por la supuesta "trampa" de la Boleta Única de Papel (BUP), que habría atemorizado a los votantes. Un argumento insostenible que minimiza la capacidad de la gente y, de paso, desliza una crítica solapada a la labor de sus propios fiscales, encargados de asistir y "explicar cómo votar" en cada mesa.
La maniobra discursiva es clara: diluir la responsabilidad propia en el anonimato del votante. La ciudadanía tiene una "responsabilidad enorme" por elegir a Montenegro o por apoyar al actual Gobierno nacional. Pero lo que Raverta omite es la propia responsabilidad de una conducción que hace más de un lustro viene encadenando derrotas en el distrito, y que ante la falta de autocrítica genuina, utiliza los cargos del Estado para asegurar su supervivencia política.
El intento de Raverta de eludir el incómodo concepto de "clase política" y reemplazarlo por el de "militantes" resulta cínico cuando se contrasta con su propia historia y la de su entorno. Una vez más, la referente que dice combatir la "casta" está ella misma enraizada en una lógica de reparto familiar y blindaje de espacios, cerrando el juego a la renovación que las bases peronistas claman desesperadamente. La crítica a La Libertad Avanza por la "casta" se estrella contra su propia realidad: una pareja que se turna en el Senado y el Concejo Deliberante, usando el peronismo como un simple trampolín personal.
El mensaje es brutal: "La sociedad también tiene su responsabilidad", espetó, para luego rematar con una sonrisa irónica: "la sociedad se hace cargo de lo que vota". Es un acto de profunda desconexión con el sentimiento popular. Se posiciona como una espectadora crítica, "gorila", que observa desde arriba las supuestas malas decisiones del electorado, en lugar de reconocer que un partido que lleva diversas derrotas seguidas con el mismo rostro, el suyo, y que privilegia el enroque de puestos entre sus íntimos, pierde la credibilidad y la capacidad de seducción.
El peronismo marplatense no solo perdió en las urnas, sino que ha perdido la oportunidad de redimirse con sus votantes. Mientras la militancia exige liderazgos capaces de interpelar a las mayorías, Raverta se aferra al relato de que ella, personalmente, no falló. Su anunciado deseo de seguir presentando su "propuesta" a futuro solo genera más enojo en las bases, hartas de que la cúpula se perpetúe a costa de la derrota. El divorcio entre la dirigente y el pueblo está consumado, y las declaraciones de Ravera solo lograron profundizar la herida de la derrota y el enojo de las bases que, hastiadas de la "dinastía" y los "mariscales de la derrota", reclaman dirigentes que, de una vez por todas, dejen de culpar al pueblo y empiecen a ser genuinamente peronistas.
Con Montenegro de licencia, Neme vuelve a probarse el traje de intendente interino
El concejal del PRO vuelve a ocupar el sillón de Luro e Yrigoyen desde este miércoles 29 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, en medio de la cuenta regresiva hacia el cambio de mando.
Desde este miércoles 29, Agustín Neme ocupa el despacho principal del Palacio Municipal, para conducir General Pueyrredon de forma interina hasta el sábado 1° de noviembre inclusive. Aunque se trata de una licencia breve de Guillermo Montenegro, la movida no pasa inadvertida: en los pasillos de Luro e Yrigoyen ya se habla de un “ensayo general” del cambio de mando que se concretará tras el 10 de diciembre.
No es la primera vez que Neme asume el control del Ejecutivo —ya lo hizo en cuatro ocasiones anteriores—, pero el contexto le da un peso distinto. Esta vez no se trata solo de firmar decretos o encabezar actos protocolares: el concejal del PRO empieza a ejercitar el rol de intendente que, en pocas semanas, será formalmente suyo, cuando Montenegro cruce a la Legislatura bonaerense para ocupar su banca en el Senado.
La escena, aunque breve, reconfigura el tablero local y deja una señal clara: el oficialismo ya comenzó a prepararse para una nueva etapa en el poder municipal, con Neme como protagonista central y Montenegro fuera de la ciudad.
La alianza tensionada, Raverta y Pulti en caída, y un nuevo juez de Faltas jubilado
La remontada de Diego Santilli y Karina Milei en las elecciones nacionales agita la interna del oficialismo en General Pueyrredon. Tras el cimbronazo electoral, Kicillof mueve el tablero y el massismo se prepara para ocupar los casilleros que perderán la exAnses y el exintendente. Se formalizó la aceptación de la renuncia de José Luis Oteiza, generando la tercera vacante en los juzgados de Faltas y este jueves el HCD tratará la designación de sus reemplazos.
La victoria de LLA frena cambios en el gabinete nacional y reconfigura la disputa de poder local
Las últimas elecciones nacionales no solo movieron los números en la provincia de Buenos Aires, sino que también volvieron a agitar la interna del oficialismo en General Pueyrredon. La remontada de Diego Santilli y Karina Milei reconfiguró el mapa de poder local, despertando tensiones entre los sectores que ya se preparan para disputar los cargos del próximo gabinete municipal y del Concejo Deliberante.
Alejandro Carrancio, que logró ser electo diputado nacional y pertenece al ala de “El jefe”, recuperó un lugar preponderante. Su triunfo le da fuerza para volver a jugar en las negociaciones por los lugares estratégicos en la ciudad, sumando argumentos en la discusión interna sobre la distribución de los cargos que quedarán vacantes tras la renovación del legislativo local.
En paralelo, la victoria de LLA frenó algunos movimientos esperados en el gabinete nacional, dejando a Guillermo Montenegro a las puertas de la Casa Rosada sin cambios inmediatos.
La negociación dentro de la alianza amarilla-violeta continúa a ritmo de pulseadas: cada sector busca asegurarse posiciones claves, desde la presidencia del HCD hasta los espacios que podrían ocupar figuras como Fernando Muro o Emiliano Recalt, en un tablero que combina estrategia electoral y reparto de poder.
Kicillof reconfigura el tablero y el massismo avanza sobre el territorio marplatense
El temblor bonaerense llegó hasta la costa: tras el triunfo ajustado en las elecciones nacionales de La Libertad Avanza en la provincia, Axel Kicillof ya mueve piezas para reconfigurar su gabinete y las delegaciones provinciales. La derrota de Fuerza Patria en General Pueyrredon fue un golpe seco para el peronismo local: las acciones de Fernanda Raverta y Gustavo Pulti se desplomaron al ritmo de los números de la urna.
En ese marco, el massismo asoma con fuerza para ocupar espacios clave en el territorio marplatense. En los pasillos de La Plata ya se menciona que el Frente Renovador podría quedarse con las delegaciones provinciales en la ciudad: el Consorcio Portuario, la Administración de Punta Mogotes y hasta el Ministerio de Trabajo local.
Se viene una etapa de reacomodamiento interno en el entramado del gobierno bonaerense y también dentro del propio peronismo, que busca redefinir su mapa de poder tras un resultado que lo dejó mareado en la arena electoral. La pregunta que flota es quién recogerá las piezas del naufragio.
Montenegro le aceptó la renuncia de Oteiza y el Concejo votará este jueves a los nuevos jueces de Faltas.
El tablero judicial municipal volvió a moverse. El intendente Guillermo Montenegro le aceptó la renuncia al histórico juez de Faltas José Luis Oteiza, quien dejó el cargo para acogerse a la jubilación. Con su salida, se generó la tercera vacante en los cinco juzgados con los que cuenta General Pueyrredon, y el gobierno busca cubrirlas antes de que cambie la composición del Concejo Deliberante.
La renuncia quedó formalizada a través del Decreto 2300/25, firmado por el propio jefe comunal y el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli. Oteiza, que estaba al frente del Juzgado de Faltas N°1, se suma a las bajas de Ana María Castelao y Carmen Maffioni, jubiladas en 2018, dejando vacantes los juzgados N°2 y N°5.
La jugada política llegó con timing quirúrgico. La semana pasada, Montenegro envió al Concejo Deliberante las ternas para cubrir los cargos y la Comisión de Labor Deliberativa dictaminó a favor de los tres nombres impulsados por el acuerdo PRO-UCR, que serán votados este jueves 30 de octubre en sesión ordinaria.
Si no hay sorpresas, los elegidos serán Franklin Llan de Rosos (exsubsecretario de Legal y Técnica del actual gobierno) para el Juzgado N°1; la abogada María Paula Hernández para el N°2; y el presidente del Colegio de Abogados, Leandro Gabás, hombre ligado al senador Maximiliano Abad, para el N°5.
Con los dictámenes listos y la mayoría automática todavía asegurada en el recinto, el oficialismo busca cerrar el capítulo este jueves en el plenario.
Raverta y Obeid buscan contener a un concejal que crece demasiado
En el universo del peronismo marplatense nada pasa inadvertido, y menos cuando los celos políticos se mezclan con los domésticos. Fernanda Raverta y Pablo Obeid, la dupla marital y política de Fuerza Patria, empezaron a mirar de reojo a uno de los suyos. Saben que el “carretel se les está quedando sin hilo” y que un actor inesperado les empieza a robar cámara.
El apuntado es Diego García, concejal de Unión por la Patria y actual secretario general del PJ de General Pueyrredon. Desde que asumió en diciembre de 2023, el edil no paró: presentó proyectos, se ganó el respeto de sus pares y tomó las riendas de la Comisión de Salud con eficacia quirúrgica. Pero, sobre todo, se hizo fuerte en el territorio, donde los vecinos lo reconocen por su presencia constante y su estilo de gestión directa, sin intermediarios ni marketing.
Ese crecimiento, sin embargo, empezó a incomodar a la cúpula ravertista. Con Obeid listo para desembarcar en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre, el matrimonio político quiere volver a concentrar poder en el bloque y no parece dispuesto a dejar que un concejal “vuele más alto” de lo previsto.
En los pasillos del peronismo local ya se habla de movimientos sutiles: menos exposición para García, más bajada de línea y una estrategia de contención interna para evitar que el mapa del poder se les desdibuje antes de tiempo. La interna del PJ marplatense promete chispas —y no precisamente por amor.
Santilli se peló tras la victoria libertaria y Giri siguió su ejemplo en Mar del Plata
En política, no todos cumplen sus promesas, pero Diego Santilli lo hizo… aunque no se tratara de una ley. El flamante diputado nacional electo por La Libertad Avanza se sentó frente a las cámaras del canal de streaming Carajo y dejó que un barbero le pasara la máquina. Sí: el “Colorado” terminó pelado.
El gesto fue la concreción de una promesa lanzada semanas atrás, cuando el panorama electoral libertario parecía cuesta arriba: “Si lo damos vuelta, me pelo”, había jurado Santilli, tras la derrota por 14 puntos en las provinciales del 7 de septiembre. La remontada llegó, y el diputado cumplió —a máquina 0 y en vivo— ante una audiencia que celebró entre risas y emojis.
La jugada no fue solo capilar sino también comunicacional. Durante la campaña, Santilli intentó pegar su figura a la del economista José Luis Espert, quien figuraba en la boleta y —por razones naturales— ya venía sin cabello. De ahí el slogan que buscó instalar: “Para votar al Colorado, marcá al Pelado”.
El efecto contagio no tardó en llegar a Mar del Plata. El presidente del PRO local, Emiliano Giri, también que había prometido raparse, se pasó la máquina después del triunfo libertario. “Las promesas se cumplen, Diego Santilli”, escribió en redes, junto a la foto de su flamante look.
Dos pelados felices y una victoria bajo el brazo: el marketing político encontró una nueva estética para celebrar los votos.
Reactivan el permiso a Pueyrredon Rugby Club y vuelve la polémica por la cancha de césped sintético
Después de más de un año y medio de estancamiento, la renovación del permiso para que el Club Pueyrredon opere en Parque Camet volvió a moverse en el Concejo Deliberante. El expediente que incluye la instalación de una cancha de césped sintético fue tratado nuevamente por la comisión de Obras, dejando en evidencia que el oficialismo mantiene el impulso mientras la oposición insiste en señalar la falta de claridad sobre los procesos ambientales y judiciales pendientes.
La reactivación del proyecto se da en un contexto de cuestionamientos históricos a la gestión municipal sobre el Parque Camet. Vecinos y organizaciones ambientales han denunciado múltiples cesiones de terrenos a clubes deportivos, cercos y alambrados instalados sin control, y la obligación judicial de elaborar un plan integral de gestión y exigir estudios de impacto ambiental en futuras concesiones. A pesar de la condena y del recurso presentado por el Ejecutivo, el trámite se mantiene, dejando abiertas dudas sobre el cumplimiento de las normativas.
El permiso a Pueyrredon incluye obras de mantenimiento y mejoras, desde poda y retiro de árboles hasta instalaciones de servicios básicos y un proyecto de reforestación, además de espacios para actividades recreativas y deportivas. La instalación de la cancha de hockey sintética, prevista para el tercer año, es uno de los puntos más polémicos por su carácter invasivo, ya que según la Justicia debería completarse un proceso de evaluación ambiental antes de habilitarla. La pelota ahora está en el terreno de las comisiones de Legislación y Hacienda, que deberán decidir si aprueban el expediente o frenan el avance.
El STM redobla la apuesta: un proyecto de Defensoría Municipal como bandera de la estabilidad y la carrera
En medio de la tensión por los nombramientos directos, el Sindicato de Trabajadores Municipales lleva al Concejo Deliberante una iniciativa para blindar la defensa técnica con personal de planta permanente, en un claro mensaje político contra la "casta" interna y los "paracaidistas" en la comuna.
La profunda brecha de confianza que se abrió entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el Departamento Ejecutivo, a raíz de las designaciones jerárquicas sin concurso, encontró un nuevo capítulo con la presentación de un Proyecto de Ordenanza para la creación de la Defensoría Pública Municipal en el ámbito de los Juzgados de Faltas del Partido de General Pueyrredon. Esta iniciativa, más allá de su evidente valor técnico para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia de los ciudadanos, se erige como un claro gesto político del gremio en defensa de la carrera administrativa y la estabilidad del personal.
La propuesta, con giros a las comisiones de Legislación y Hacienda, busca subsanar las "serias deficiencias estructurales" del sistema contravencional local, como la concentración de funciones y la falta de defensa técnica, tal como se plantea en el documento. Sin embargo, su arquitectura institucional es lo que capta la atención en el contexto actual: el STM exige que la estructura de la Defensoría esté conformada "íntegramente con personal de Planta Permanente" y que los procedimientos de selección de personal "deberá dar preeminencia al personal de la planta permanente municipal". En un momento donde el sindicato denunció una "profunda sensación de defraudación" por el supuesto "regalo de cargos jerárquicos" y los nombramientos "por fuera de la ley" bajo la figura de "designaciones hasta llamado concurso", esta estipulación funciona como un férreo candado normativo contra la discrecionalidad política.
El proyecto es la traducción a letra de ordenanza de la "bronca palpable" de las bases, según había trascendido desde el gremio. Al exigir que la designación de los Defensores se realice mediante el régimen de concursos previsto en el Decreto 1843/17, el STM no solo está asegurando la idoneidad técnica de los futuros funcionarios, sino que está marcando un contraste directo con la práctica de los "nombramientos por la ventana" que, según sus denuncias, han socavado la igualdad de oportunidades para los empleados de carrera.
En este marco, la propuesta de la Defensoría Pública Municipal es una doble jugada: por un lado, se alinea con la tendencia del derecho comparado en América Latina y Europa de ampliar la figura del defensor público en procedimientos sancionadores, reforzando las garantías constitucionales de los administrados; por el otro, consolida un espacio de poder profesionalizado dentro del organigrama municipal que solo podrá ser ocupado por la propia carrera, limitando la capacidad del Ejecutivo de perpetuar lo que ellos denominan "capas geológicas" de funcionarios políticos a días del recambio de gobierno.
De esta manera, la nota presentada en el Concejo se convierte en un instrumento de presión política que busca cambiar el eje de la discusión. En lugar de solo denunciar el incumplimiento de la Ley 14.656, el STM propone una solución institucional con impronta gremial que prioriza el mérito, la transparencia y el respeto por el trabajador de carrera, en lo que parece ser una nueva línea de acción para "pelear los derechos del trabajador”.
La “escribanía” entregó el medido a Boldt en medio de protestas y críticas por la privatización
Con votos del PRO, la Coalición Cívica, la UCR y La Libertad Avanza, se aprobó la adjudicación del servicio millonario a una empresa vinculada al histórico grupo Tabanelli, que maneja buena parte del negocio del juego en la provincia, y que no tendría experiencia en el servicio. El STM se manifestó en el recinto y pidió conformar una mesa de trabajo para coordinar la implementación del nuevo sistema entre la empresa adjudicataria, el Ejecutivo y el gremio. Finalmente, el Concejo dio despacho a la comunicación dirigida al gobierno para que la iniciativa se concrete.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon volvió a funcionar como una escribanía del Ejecutivo y aprobó este jueves la adjudicación del sistema de estacionamiento medido a Boldt Tech, la firma vinculada al histórico grupo Tabanelli, que maneja buena parte del negocio del juego en la provincia.
La sesión arrancó con más de dos horas de demora y un clima caliente. Afuera y adentro del recinto, los trabajadores municipales nucleados en el STM hicieron sentir su rechazo a la privatización del servicio, frenando el inicio de la jornada legislativa. En ese marco, durante el plenario a un representante gremial se le dio la palabra y habló en contra de la privatización. Además, se logró que se aprobara una comunicación instando al Ejecutivo a crear una mesa de trabajo entre la empresa adjudicataria, el municipio y el sindicato para coordinar la implementación del nuevo sistema.
Pese al ruido sindical y las críticas opositoras, el oficialismo avanzó sin titubeos. Con los votos del PRO, la Coalición Cívica, la UCR y La Libertad Avanza, el expediente se aprobó por mayoría. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense.
Boldt Tech se quedará con la concesión por nueve años —con posibilidad de prórroga por uno más— y administrará 3.818 plazas de estacionamiento en el centro. El contrato asegura rentabilidad a la empresa con dos mecanismos clave: la actualización automática del valor del servicio cada cuatro meses, atada al precio de la nafta premium de YPF, y un canon mínimo de 450 mil horas de estacionamiento por trimestre, cifra que la oposición considera inferior a la recaudación actual del sistema municipal.
La firma es una sociedad creada en 2023, casi al mismo tiempo que el Ejecutivo local lanzaba la privatización en el HCD— ofreció el 30% de canon para el Municipio y se impuso frente a cuatro competidoras. El apellido Tabanelli volvió a la escena: nueva razón social, misma historia. Domicilio declarado en Falucho 2299, pero dirección de operaciones en Capital. Las firmas locales como Núcleo, quedaron mirando desde afuera.
En criollo: el Ejecutivo le entregó una caja millonaria a una empresa privada, que tiene poca experiencia en el servicio y que tiene estrechos vínculos con el Estado, mientras los municipales protestaban en la puerta y la oposición cuestionaba la privatización del servicio. La “escribanía” volvió a funcionar a toda máquina.
Juzgados de Faltas: el Concejo convalidó la designación de tres nuevos jueces en General Pueyrredon
Tras años de vacancia, el Cuerpo Deliberativo aprobó por unanimidad los pliegos enviados por el intendente Guillermo Montenegro, cubriendo así tres cargos en el fuero municipal. Franklin Llan de Rosos, María Paula Hernández y Leandro Gabás fueron los elegidos, aunque la oposición lamentó la demora y cuestionó el tratamiento "apresurado" de los expedientes.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon dio un paso fundamental para normalizar el funcionamiento del Tribunal Municipal de Faltas al prestar acuerdo para la designación de tres nuevos jueces, una medida que pone fin a un período de hasta ocho años con cargos esenciales sin cubrir. En la sesión ordinaria de este jueves, el oficialismo logró la aprobación unánime de los pliegos enviados por el intendente Guillermo Montenegro, una muestra de consenso institucional que sin embargo no estuvo exenta de críticas por parte de los bloques opositores.
Los expedientes en cuestión; el 1681, 1682 y 1683, todos de 2025, fueron tratados en conjunto a pedido del oficialismo, una moción aprobada que facilitó la celeridad del proceso. Los designados son Franklin Ezequiel Llan de Rosos —ex subsecretario de Legal y Técnica municipal al inicio de la gestión de Montenegro—, quien ocupará el Juzgado de Faltas N°1, María Paula Hernández en el N°2, y Leandro Augusto Gabás —actual presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata— en el N°5. Estos se sumarán a los jueces Fernando Mumare (N°4) y Pedro López Martucci (N°3).
El acuerdo legislativo vino a resolver la doble vacancia que se arrastraba desde la gestión anterior —Juzgados N°2 y N°5— y a cubrir la reciente jubilación del histórico juez José Luis Oteiza —Juzgado N°1—. La concejala oficialista Florencia Ranelucci (PRO) defendió la propuesta, asegurando que los tres postulantes son "personas del derecho, no son personas políticas" con más de veinte años de actividad y que la designación es una "respuesta a los vecinos" para agilizar la justicia municipal.
No obstante, la celeridad en el tratamiento generó reservas en la oposición. Aunque los bloques del Frente Renovador (FR) y AM votaron a favor, destacando la "idoneidad" de los candidatos, el concejal Ariel Ciano (FR) cuestionó la inacción del Ejecutivo al señalar que "ocho años tardaron" en proponer nombres, a pesar de contar con las facultades para hacerlo mucho antes. En la misma línea, AM señaló que la falta de nombramientos "no solo recargó de trabajo a los otros juzgados, sino que ralentizó los pedidos de los vecinos", aunque valoró que "es mejor tarde que nunca".
El bloque de Unión por la Patria (UP) optó por la abstención. La concejala Virginia Sívori explicó que, si bien coincidían en la capacidad de los seleccionados, el "modo no fue el correcto", al tratarse de un proceso "apresurado, sin búsqueda de consensos".
Por otro lado, quedó patente la ausencia del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Los concejales Emiliano Recalt y Cecilia Martínez se retiraron del recinto minutos antes de que se iniciara la discusión de estos expedientes, sin regresar a la sesión a pesar de quedar otros temas en el orden del día.
De este modo, la designación, avalada en el recinto por el oficialismo (PRO, UCR y CC) y la oposición (FR y AM), busca ahora normalizar un área clave para el control urbano y el cumplimiento de las normas municipales. La formalización definitiva de los jueces se concretará con la firma de los decretos del Ejecutivo.
Tensión, chicanas y silencios estratégicos: la doble jornada del Concejo expuso las heridas de la política local
Cruces por las designaciones de Jueces de Faltas, la munición directa de García contra el EMSUR y la sorpresiva abstención oficialista en Discapacidad marcaron una sesión cargada, que se inició con abucheos y la nueva disputa con el STM por el Estacionamiento Medido. La tensión escaló cuando la edil Ranellucci intentó justificar la demora en los nombramientos y desató la incomprensión de Ciano, forzando a Sánchez Herrero a intervenir.
La política marplatense tuvo su primer round legislativo post-elecciones nacionales con una doble jornada tensa y cargada de chicanas en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Este jueves, la agenda se dividió en una rápida Sesión Especial para validar Mayores Contribuyentes y la Séptima Sesión Pública Ordinaria, pero el verdadero pulso estuvo en la calle y en los cruces verbales del recinto, evidenciando las heridas abiertas y las estrategias de cara al inminente recambio de gestión.
La jornada comenzó con un sabor amargo para el oficialismo: la Cuarta Sesión Especial, esencial para el tratamiento de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, se demoró dos horas por una manifestación de trabajadores municipales. La presencia gremial se hizo sentir, y los abucheos no tardaron en llegar. Tanto el nombre del edil Julián Bussetti (PRO) —de licencia— como el del intendente Guillermo Montenegro —también de licencia— fueron recibidos con hostilidad, reflejo de una relación cada vez más tirante con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
Una vez iniciada, la sesión especial para refrendar la nómina de Mayores Contribuyentes no fue más que un trámite. Duró menos de cinco minutos y ratificó a los 24 titulares propuestos, cumpliendo un paso ineludible.
Sin embargo, el eje de la disputa se trasladó rápidamente a la Séptima Sesión Pública Ordinaria. La concesión del Sistema de Estacionamiento Medido a BOLDT TECH S.A. alteró el orden del día. A pesar del rechazo de los trabajadores —el secretario adjunto del STM, Cristian Milasincic, sintetizó el descontento ante la "privatización de un servicio"—, el expediente fue aprobado y concretó una iniciativa que marca un nuevo foco de conflicto con el gremio, ya en alerta por denuncias de designaciones "a dedo" y la falta de tratamiento de su proyecto para la Defensoría Pública Municipal.
La “chicana” incomprendida y la tensión por los jueces
El momento de mayor voltaje político de la tarde llegó con el tratamiento conjunto de los expedientes para la cobertura de cargos de Jueces de Faltas: 1681, 1682, 1683, todos de 2025. La oposición, si bien con reparos sobre la "inacción" y el "retraso" de "ocho años" del Ejecutivo para proponer los nombres —cuestionamientos de Ariel Ciano (FR) y de AM—, dejó claro el consenso sobre la idoneidad de los propuestos. Unión por la Patria (UP) optó por la abstención, alegando que el "modo no fue el correcto" por ser un proceso "apresurado, sin búsqueda de consensos", según explicó la concejala Virginia Sívori.
Pero el consenso se rompió por una intervención del propio oficialismo. La edil Florencia Ranellucci (PRO) tomó la palabra en un sin sentido discursivo para defender la gestión, asegurando que el proceso "fue todo legal, transparente y sobre todo inclusivo", buscando justificar el apuro y la forma de gestionar del oficialismo. "Quería aclarar eso porque a veces queda cómo que no hacemos las cosas tan bien, o las hacemos apurados", remató.
Ante el inminente e inevitable cruce, la presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero (UCR), debió interceder, aclarando que el circuito administrativo de las designaciones se había decidido para que los expedientes pasaran directamente a la comisión de Labor —donde todos los bloques están representados—, debido a la ausencia de LLA en Legislación. "Por suerte y viendo el acompañamiento de otros bloques, evidentemente los candidatos elegidos por el Poder Ejecutivo fueron los correctos", concluyó, intentando calmar las aguas y bajar el tono político que la propia vocera del PRO había elevado.
No obstante, la innecesaria intervención de Ranellucci desató la incomprensión de la oposición. El concejal Ciano (FR), visiblemente molesto, replicó con dureza: "Ninguno de nosotros había puesto en duda la falta de transparencia. No, hablo de usted, presidenta, sino de la vocera del bloque del PRO. A veces hay ciertas intervenciones que no termino de comprender". Y sentenció: "Buscaban el acuerdo, tienen el acuerdo, los acompañamos, hablamos bien de los jueces y después de eso, tienen que decir algo más. ¿Para qué? ¿Por qué? Solamente para hacernos... subir el tono. ¿Qué sentido tiene? La verdad, no lo comprendo". El dardo fue directo: la intervención de Ranellucci, más que aclarar, pareció una chicana inoportuna que desvirtuó un acuerdo que se había logrado con esfuerzo.
Cabe destacar que, antes de este debate, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se retiró del recinto, primero Emiliano Recalt y luego la presidenta de bloque, Cecilia Martínez.
Silencio y munición a la “casta” municipal
En otro de los puntos de la sesión, la política mostró un inesperado ejercicio de contención. El expediente 1625/25 de "profunda preocupación y enérgico rechazo al Artículo 2º del Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo Nacional que promulgó la Ley N° 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad", que había generado fuertes debates en comisión, fue aprobado por unanimidad sin cruces, discursos ni críticas en el recinto. El flamante nuevo oficialismo; leáse PRO, CC-ARI y LLA, optó por la abstención y no emitió opinión, mientras que la oposición no forzó la discusión. Un silencio estratégico ante un tema de sensibilidad nacional.
El contraste llegó con el expediente que declaraba la Emergencia Económico-Financiera del Servicio Público de Recolección de Residuos Urbanos. Aquí, la oposición no calló. El edil Diego García (UP) disparó munición gruesa directamente contra el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), presidido por el funcionario casta Santiago Bonifatti. "Deberíamos estar debatiendo un nuevo pliego. Se trata de la construcción de la emergencia por no considerar la situación una prioridad", argumentó. García no dudó en apuntar a la "falta de planificación" y "previsibilidad" de la gestión: "El EMSUR sostiene que en la zona sur se recolecta cada vez menos. Eso es porque pasan cada vez menos debido a un contrato obsoleto y las calles rotas". El expediente fue aprobado por mayoría, con el voto negativo de AM, UP y FR y la abstención de LLA, dejando al descubierto una grieta histórica entre la gestión saliente y parte de la oposición, en un tema sensible para el vecino.
La doble jornada legislativa, demorada, ruidosa y con picos de tensión, sirvió como termómetro para medir la temperatura política a poco más de un mes de la renovación de mandatos. Los cruces entre oficialismo y oposición por las formas, la tensa relación con los municipales y el impacto de los temas nacionales en el Concejo marcan una recta final que, al contrario de lo que podría esperarse, promete ser cualquier cosa menos tranquila.