2 de julio de 2025
CRUCES Y POLÉMICA
Torre de 35 pisos: vecinos cuestionan al Municipio y exponen conflictos en el modelo urbanístico local
En medio de la discusión por la construcción en Stella Maris, organizaciones ciudadanas presentaron una dura respuesta judicial contra la apelación del gobierno municipal. Denuncian opacidad, vacíos legales y un posible conflicto de interés: el estudio ambiental fue firmado por la pareja del secretario de Obras Jorge ‘Guasa’ González, quien además evalúa el mismo proyecto.
A menos de dos meses del cierre de listas y con el clima político recalentado en Mar del Plata, un nuevo capítulo en el conflicto urbano-ambiental del barrio Stella Maris vuelve a poner bajo la lupa el modelo de ciudad que impulsa el gobierno local. Organizaciones vecinales y ambientales, representadas por Mirada Ciudadana y Surfrider, respondieron judicialmente la apelación presentada por el Ejecutivo municipal en defensa del proyecto de un edificio de 130 metros de altura y 35 pisos que pretende construirse en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.
La respuesta, elevada a la Cámara Contencioso Administrativa, no solo cuestiona el fondo del proyecto sino también el procedimiento. Según los vecinos, los indicadores urbanísticos autorizados se basan en croquis “secretos” no disponibles al acceso público, lo que viola los principios de transparencia y participación ciudadana. Además, denuncian que el chalet histórico presente en el predio sería demolido sin haberse respetado su valor patrimonial.
El conflicto expone además posibles conflictos de interés en el propio gabinete municipal: el estudio de impacto ambiental fue realizado por una arquitecta que es pareja del secretario municipal de Obras y Planeamiento, Jorge ‘Guasa’ González, área que evalúa justamente esos proyectos.
La respuesta judicial también advierte que la comisión de preservación patrimonial, obligatoria por ordenanza, nunca fue conformada, y que se estaría utilizando una norma pensada para proteger patrimonio como excusa para avalar excepciones urbanísticas en beneficio de grandes desarrolladores.
Detrás del expediente técnico y legal, lo que subyace es un debate político más amplio: ¿quién define el modelo de ciudad? ¿Se construye para la ciudadanía o para el negocio inmobiliario? En un año electoral, y con la gestión municipal mirando de reojo su proyección política, el caso emerge como un símbolo de las tensiones entre desarrollo, transparencia y participación social.