4 de noviembre de 2025
COSTA EN DISPUTA
¿El fin de la cartelización costera?: impulsan un límite a las concesiones de playas
El bloque de la UCR, con apoyo del PRO, impulsa un proyecto de ordenanza para limitar a dos el número de concesiones de playa por grupo económico. La medida apunta a "democratizar" la explotación costera y frenar la cartelización consolidada en contratos que, en algunos casos, se extienden hasta el 2046, hipotecando el futuro de las playas marplatenses.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon se ha convertido en el nuevo campo de batalla de una disputa que excede la política: la concentración de la explotación de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), el motor económico y turístico del partido. En este marco de concesiones de ultra-largo plazo y tarifas de lujo impuestas por un puñado de actores, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ordenanza que busca poner un límite objetivo y preventivo a la acumulación de poder en la costa.
El proyecto de ordenanza es una respuesta directa al diagnóstico que aqueja a Mar del Plata: la cartelización de sus playas. La radiografía del litoral costero revela que la mayoría de las 50 UTFs están en manos de un reducido grupo de empresas, muchas de ellas adjudicadas durante la intendencia de Gustavo Pulti, con contratos que alcanzan vigencias insólitas, como el Torreón del Monje y algunos balnearios de La Perla, extendidas hasta el año 2046.
Esta situación, donde nombres como Arena Grande S.A. o Salimar S.A. se repiten en puntos neurálgicos, ha consolidado un monopolio de facto. La consecuencia más palpable de este dominio es la fijación de precios oligopólicos que, según los datos, disparan el alquiler de una carpa de temporada en zonas codiciadas a cifras que rondan los $6.000.000 o los $220.000 diarios, transformando el acceso a la costa, un bien de dominio público, en una experiencia segmentada y exclusiva para el turismo de alto poder adquisitivo.
La iniciativa radical, plasmada en su articulado, prohíbe explícitamente presentarse a futuras licitaciones a aquellas personas humanas o jurídicas que, directa o indirectamente, sean titulares o controlantes de dos (2) o más concesiones de playa dentro del ejido municipal. La letra del proyecto es exhaustiva en su definición de "control indirecto", abarcando desde la pertenencia a un mismo grupo económico según la Ley de Defensa de la Competencia, hasta participaciones accionariales superiores al 25% o vínculos familiares de hasta tercer grado que impliquen control en la administración.
Contexto de presiones y la batalla por el futuro costero
Los ediles de la UCR sostienen que la norma no busca revisar situaciones pasadas —los contratos vigentes hasta 2046 quedan firmes, aunque no podrán renovarse, ampliarse ni transferirse si superan el límite—, sino "preservar hacia adelante un principio de equidad distributiva" y "democratizar el otorgamiento de concesiones". Se apoyan en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza la libre competencia y exige prevenir monopolios.
Este proyecto se presenta en un momento de alta tensión política y económica. El Ejecutivo municipal, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), ha priorizado la concreción de licitaciones en la Zona Sur y Norte para saldar deudas de precariedad y asegurar inversiones millonarias, a veces con únicos oferentes y a costa de críticas por falta de competencia y transparencia, como sucedió con la UTF Playa Dorada.
Además, los concesionarios históricos no se quedan de brazos cruzados, presionando con Notas Particulares (NP) en el Concejo ante el avance de nuevos jugadores y la inminente caducidad de contratos como los de Playa Mariano o Punta Iglesia en el corto plazo.
La propuesta de la UCR, al establecer un techo claro, intenta recuperar la potestad pública sobre los bienes del dominio, que ha quedado reducida a un rol pasivo de fiscalización ante la rigidez de los contratos. La aprobación de esta ordenanza marcaría un punto de inflexión, transformando la cesión del uso público en una política de Estado que priorice la pluralidad de oferentes y la competencia efectiva sobre la consolidación de un monopolio costero que hoy define el perfil turístico y los precios de la ciudad.