La Tecla Mar del Plata
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Desde 2018, los Juzgados Municipales de Faltas N°2 y N°5 permanecen vacantes tras las jubilaciones de Ana María Castelao y Carmen Maffioni. A siete años, sin consensos políticos firmes, la designación de sus reemplazos sigue paralizada, mientras los expedientes se acumulan y la capacidad operativa del sistema judicial se debilita.
Actualmente, solo tres jueces están en funciones: José Luis Oteiza (Juzgado N°1), Pedro López Martucci (N°3) y Fernando Mumare (N°4). Entre ellos rotan las subrogancias de los juzgados vacantes, en un esquema de emergencia que se sostiene desde hace tiempo.
“El intendente municipal designará a los jueces de Faltas con acuerdo del Concejo Deliberante, mediante mayoría simple”, indica el Código de Faltas Municipales. No obstante, ese mecanismo lleva años trabado por diferencias internas dentro de la coalición oficialista, que aun con mayoría en el Concejo no logra alinear posturas.
La presión para resolver el tema en este 2025 es creciente, ya que existe el riesgo de el oficialismo pierda el control legislativo. Sin embargo, en un año atravesado por un intenso calendario electoral —con elecciones provinciales en septiembre, nacionales en octubre y una campaña que ocupará el centro de la escena política—, parece improbable que se destrabe el conflicto. En este escenario, los tiempos institucionales se subordinan a las urgencias electorales.
Más allá del daño institucional, la prolongada acefalía también impacta en lo económico: se ralentiza el procesamiento de causas, cae la recaudación por multas y se agrava el cuadro con la ausencia de licitación del sistema de estacionamiento medido, que también afecta los ingresos municipales.
El problema comenzó a fines de 2017, cuando Castelao y Maffioni iniciaron sus trámites jubilatorios, efectivos entre enero y marzo del año siguiente. La gestión de Carlos Arroyo intentó cubrir los cargos con las postulaciones de Andrés Barbieri (fallecido en 2019 por Covid) y Gustavo Gil de Muro. Aunque tenía mayoría, las tensiones entre el arroyismo y otros sectores frenaron el avance.
En paralelo, en julio de 2018, se aprobó la creación del Juzgado N°6, pero tampoco fue implementado. Un intento de Arroyo por avanzar vía decreto fue anulado por un dictamen legal que lo declaró inválido.
La gestión de Guillermo Montenegro, iniciada sin mayoría propia, tampoco logró destrabar el conflicto. Los acuerdos con la oposición no prosperaron y, desde entonces, la estructura judicial permanece incompleta, con efectos negativos tanto en lo institucional como en lo financiero.