La Tecla Mar del Plata
Todos los derechos reservados
La Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, y con la intervención del juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N°3, avanza en la causa contra Jonestur y Transcambio.
Todo comenzó en 2014, con una investigación iniciada contra casas de cambio de la ciudad vinculadas con el lavado de dinero. En abril de 2017, la Cámara de Apelaciones resolvió la nulidad de todas las actuaciones y sobreseyó a los 25 imputados.
Dicha instancia se revocó a fines de ese año, cuando la Cámara de Casación ordenó poner nuevamente en marcha la investigación y revocar los 25 sobreseimientos. En tanto que, en febrero de 2019, tras casi dos años sin novedades, la Corte Suprema de la Nación ratificó esa decisión.
Desde ese entonces, la investigación avanzó y los letrados ya comenzaron a tomar declaraciones indagatorias. En principio, se citaron a ocho miembros de Transcambio la semana pasada, de los cuales se presentaron cinco. Todos se negaron a prestar declaración y presentaron un descargo. Los restantes comparecerán la semana próxima. En tanto que, sobre fin de mes, llegará el turno de citación para los integrantes de Jonestur.
Los delitos que se investigan son, en principio, los de asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera. Todo ello, a cargo de directivos, accionistas y empleados de las dos principales empresas financieras de la ciudad. Además, se determinaron posibles conexiones entre Jonestur y la “Causa de los Cuadernos” y la Banca privada de Andorra. En tanto que Transcambio tendría vinculaciones con los “Panamá Papers”.
Por el lado de Transcambio, habría unos tres millones de dólares sin justificar, hallados en las cajas de seguridad del grupo económico. Por su parte, en Jonestur está en la mira por transferencias bancarias con la Banca de Andorra; los imputados tendrían allí cuentas con sumas millonarias, a través de personas jurídicas, que alcanzarían los 80 millones de euros, aproximadamente.
El juez Santiago Inchausti
A raíz de estas pruebas, desde la Fiscalía y el Juzgado se retomaron las medidas probatorias y cautelares dispuestas entonces, como la inhibición general de bienes y las prohibiciones para salir del país. Según se detalló desde el Ministerio Público Fiscal, los grupos económicos que están en la mira operaban como “agentes recicladores de distintas maniobras de distracción sobre fondos provenientes de diversos delitos”, aseguraron desde la Fiscalía. En otras palabras, introducían en el mercado el dinero de los clientes habido como consecuencia de actividades ilícitas.