EL MISMO CUENTO
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Lo que la semana nos dejó
Entre subas que golpean el bolsillo, decisiones que se toman sin control y expedientes que no avanzan, la política local vuelve a mostrar una gestión enfocada en recaudar y una oposición sin peso para ordenar la agenda, mientras los problemas reales siguen sin respuesta.
La tasa vial, entre la caja automática de Montenegro y una oposición que no logra imponer el debate
Con los combustibles por encima de los $2000 en Mar del Plata, la oposición volvió a exigir la eliminación del tributo creado por la gestión de Guillermo Montenegro. Apuntan contra un esquema que aumenta por inercia, pero el proyecto sigue sin avanzar y expone la falta de reflejos del bloque para instalar el tema en agenda.
En medio de una nueva escalada en el precio de los combustibles, que en Mar del Plata ya acumulan aumentos cercanos al 20% en el último mes y llevaron el litro por encima de los $2000, la oposición volvió a la carga con el pedido para eliminar la tasa vial. Sin embargo, el reclamo llega con demora y en un contexto que expone tanto el impacto del tributo como la falta de resultados concretos de quienes ahora buscan capitalizar el malestar.
El planteo apunta de lleno contra la tasa creada en 2024 por Guillermo Montenegro, hoy Intendente en licencia y actualmente en funciones como Senador Provincial. El esquema, atado directamente al precio del combustible, convirtió cada aumento en una doble presión para los vecinos. Por un lado, el golpe en el surtidor. Por otro lado, una recaudación municipal que crece de manera automática, sin discusión política ni revisión del mecanismo.
Pero la ofensiva opositora también deja zonas grises. El proyecto para derogar la tasa fue presentado en enero y desde entonces no logró avanzar en el Concejo Deliberante. La falta de tratamiento no solo expone la dinámica interna del cuerpo, sino también la limitada capacidad del bloque para instalar con fuerza una agenda que ahora intenta reposicionarse al calor de los aumentos.
En ese marco, el tributo se consolida como una herramienta que el oficialismo diseñó para garantizar ingresos en un contexto inflacionario, pero que hoy queda bajo la lupa por su carácter agresivo. Mientras el Ejecutivo defiende que el impacto efectivo ronda el 1,86%, lo cierto es que el recargo del 3% sigue atado a una variable volátil y en constante alza, lo que alimenta la percepción de un esquema que se ajusta solo y siempre a favor de la caja municipal.
Para dar un ejemplo, cada litro que se cargue al tanque de nafta, $60 pesos van al bolsillo del municipio. Es decir, que en un automóvil promedio con una capacidad de 45 litros de combustible, si se carga “lleno” equivale a $90.000 pesos, pero $2.700 le pertenecen al municipio.
La promesa original de financiar el mantenimiento de calles choca con una realidad donde los reclamos por el estado de la infraestructura se mantienen vigentes. La falta de mejoras visibles erosiona el principal argumento de la tasa y refuerza las críticas sobre un uso discrecional de los recursos.
Así, la discusión por la tasa vial termina exponiendo más que una disputa puntual. Revela una gestión que apostó por un mecanismo de recaudación atado a la suba de precios y una oposición que, sin lograr torcer su tratamiento durante meses, intenta ahora subirse a un reclamo social en crecimiento. Entre ambos, el costo político y económico vuelve a recaer sobre los vecinos.
Alerta en el Casino Central: amenaza de bomba activó a la brigada de explosivos
A raíz de un llamado al 911, el equipo especializado inspeccionó el edificio tras recibir un aviso que indicaba que el incidente ocurriría a las 18, mientras se desarrollaba un torneo de ajedrez.
Una amenaza de bomba sacudió este lunes al Casino Central de Mar del Plata y desató un operativo de seguridad que involucró a la división de explosivos, bomberos y la policía local. Todo comenzó con un llamado al 911 que advertía sobre la posible detonación de un artefacto a las 18 durante un torneo de ajedrez.
Las autoridades activaron de inmediato el protocolo de emergencia: el edificio fue desalojado de forma ordenada, incluidos los alumnos del Centro de Educación Física (CEF) que funciona en el mismo predio. Mientras tanto, la brigada de explosivos inspeccionó cada rincón del lugar, acompañada por bomberos y efectivos policiales, en busca de cualquier elemento sospechoso.
Se estableció un perímetro de seguridad alrededor del casino para prevenir riesgos y controlar la circulación en la zona. Hasta el momento, no se detectó ningún artefacto, y la investigación sigue en curso para determinar quién realizó la amenaza y sus motivos.
La situación, que puso en alerta a vecinos y visitantes del centro, subrayó la coordinación entre fuerzas de seguridad y servicios de emergencia ante posibles situaciones de riesgo en espacios públicos.
Taxistas piden menos controles para competir con plataformas
Tras años de resistencia, el sindicato presentó un proyecto que flexibiliza el servicio de taxis y descarga responsabilidades sobre las plataformas, en medio de críticas por la falta de control estatal.
Después de la comisión de Movilidad Urbana que volvió a dejar en evidencia el avance de las aplicaciones de transporte, el Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (SIMPETAX) cambió de estrategia y salió a jugar fuerte en el terreno político. Su secretario general, Miguel Rodríguez, presentó un proyecto ante la comisión de Legislación que propone desregular el sistema de taxis, en lo que ya se lee como una admisión de derrota tras años de pulseada con el Concejo Deliberante.
El giro no es menor. El sector que durante años resistió el desembarco de las apps ahora busca reacomodarse en un escenario que se da por perdido. Pero lo hace con una jugada que también apunta directamente al poder político. Si las plataformas avanzan, que sea bajo reglas que dejen expuestas tanto a las empresas como al propio Municipio.
En ese sentido, Rodríguez no solo cargó contra las aplicaciones, a las que acusó de hacer dumping para quedarse con el mercado, sino que puso el foco en una debilidad estructural de la gestión local, debido a la escasez de inspectores del municipio. “¿Cómo van a controlar a 5.000 autos particulares?”, disparó, en un cuestionamiento que golpea de lleno la capacidad del Ejecutivo para regular un sistema que ya muestra fisuras.
La propuesta del sindicato va más allá de la queja. Plantea dividir el esquema en dos. Un transporte público regulado y un transporte privado manejado por aplicaciones, pero con una condición clave: que toda la responsabilidad legal recaiga sobre las plataformas, dejando al Municipio al margen. Incluso, deslizan que no deberían aplicarse multas a quienes operen mediante apps, un punto que abre interrogantes sobre el rol del Estado y sus límites.
En paralelo, el proyecto incluye una serie de medidas que buscan alivianar las cargas sobre el taxi tradicional. Proponen una actualización de tarifas atadas al boleto de colectivo, extensión de la vida útil de los vehículos, reducción de controles y la habilitación para trabajar con aplicaciones sin sanciones. En otras palabras, el sector pide competir en un terreno mucho más flexible, en espejo con lo que hoy critican.
La discusión entrará en comisión la próxima semana en la misma comisión y promete tensar aún más un debate que ya dejó de ser técnico para convertirse en político. Con este movimiento, los taxistas no solo intentan sobrevivir al avance de las apps, sino que también obligan al Concejo y al Ejecutivo a hacerse cargo de un modelo que, hasta ahora, ninguno termina de ordenar.
Plaza Rumencó: la polémica construcción suma sombras sobre el negocio detrás del shopping
A los trabajos sin autorización y la venta anticipada se suma un entramado que genera dudas. Empiezan a aparecer vínculos con operadores financieros y desarrolladores. Y conexiones con Sur Finanzas y el Minella.
El proyecto para construir el shopping “Plaza Rumencó” en la avenida de los countries suma capítulos y ya no solo está rodeado por cuestionamientos urbanísticos. Mientras el expediente 1154/2026 aún no fue tratado en el Concejo Deliberante, empiezan a emerger dudas sobre los actores del negocio, el financiamiento y un entramado que genera ruido más allá de lo inmobiliario.
En lo inmediato, las críticas apuntan a que en el predio ya se habrían realizado movimientos de suelo y tareas de desmonte sin contar con aval legislativo ni con la Declaración de Impacto Ambiental. A esto se agrega otro punto sensible: la comercialización anticipada de espacios dentro del futuro shopping, pese a que el proyecto todavía no tiene aprobación del HCD.
Ese combo comenzó a generar inquietud entre algunos inversores, que —según distintas fuentes— ya expresarían en reserva dudas sobre el desarrollo y temores ante la falta de certezas. En ese marco, el foco empieza a desplazarse hacia quienes están detrás del emprendimiento.
Allí aparece, el nombre de Pablo Palmisciano, vinculado a negocios con los barrios privados, cuyo rol dentro del esquema de Plaza Rumencó habría perdido centralidad en las últimas semanas. En paralelo, gana terreno la figura de Catriel Taubenshlag, a quien se lo menciona como parte de la estructura legal y financiera que sostiene este tipo de iniciativas.
Es en torno a este último donde se concentran las principales versiones. De acuerdo a información difundida por el medio Noticias y Protagonistas, su actividad podría haber estado relacionada con circuitos de manejo de fondos de gran volumen, a través de mecanismos que permitirían canalizar dinero mediante múltiples operaciones de bajo monto.
Siempre en potencial, esas operatorias habrían tenido como soporte herramientas tecnológicas vinculadas a sistemas de pago, lo que permitiría fragmentar movimientos financieros y dificultar su trazabilidad. En ese esquema también se mencionan posibles conexiones con la firma Sur Finanzas y con su titular, Ariel Vallejo, actualmente bajo análisis en ámbitos judiciales.
Según fuentes, los flujos económicos que circularían por ese entramado podrían haber tenido como destino distintos negocios, incluyendo desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, estos elementos se mantienen en el plano de las versiones.
El alcance del esquema, además, podría no limitarse a Plaza Rumencó. También se lo vincula con otros proyectos relevantes en la ciudad, como la licitación para la explotación del estadio José María Minella, un proceso que generó tensiones en el ámbito político local.
Incluso, en ámbitos judiciales se analizaría —siempre según versiones— si algunas garantías financieras presentadas en proyectos de gran escala podrían estar respaldadas por fondos cuyo origen aún genera interrogantes.
Por ahora, la discusión formal sigue centrada en el expediente urbanístico. Pero el contexto empieza a complejizarse: a la polémica por obras sin autorización y ventas anticipadas, se suma un trasfondo económico y empresarial que instala dudas sobre el desarrollo.
Así, el shopping de Rumencó avanza —o al menos intenta avanzar— en medio de una doble tensión: la administrativa, que deberá resolverse en el Concejo, y otra más difusa, marcada por sospechas que empiezan a rodear al negocio.
Tensión en Obras: cruces por controles, reclamos barriales y expedientes que llegan tarde
La comisión del HCD dejó al descubierto diferencias por el rol del Estado, cuestionamientos al sistema de cámaras y una seguidilla de pedidos de informes ante la falta de respuestas del Ejecutivo.
La comisión de Obras del Honorable Concejo Deliberante (HCD), presidida por Fernando Muro, Concejal del bloque Vamos Juntos, volvió a mostrar su peor cara con expedientes que se apilan sin resolución, reclamos vecinales que se diluyen en pedidos de informes eternos y una dirigencia que discute mucho, pero resuelve poco. Con una agenda cargada de temas básicos de mantenimiento urbano, se repitió la escena de siempre con proyectos que no avanzan y un Ejecutivo que sigue sin dar respuestas concretas.
Los primeros cruces ya dejaron en evidencia el desorden. Al tratar el expediente 1007, impulsado por la oposición, sobre engranzado y bacheo en la zona delimitada por Antártida Argentina, Fortunato de la Plaza, Mario Bravo y Cerrito, ni siquiera quedó claro quién tiene que hacerse cargo. “Quiero pedir un informe a la Delegación Puerto. Entiendo que pertenecen a la delegación”, deslizaron en plena comisión, dejando expuesta una desorganización difícil de justificar. La salida, como ya es costumbre, fue patear la pelota realizando más pedidos de informes y ninguna solución real para los vecinos.
Pero el papelón mayor llegó con el expediente 1095, presentado por otro bloque opositor, que buscaba rechazar la venta exprés del inmueble de Jujuy 154. La discusión fue casi una parodia. “El terreno en cuestión ya se vendió. El expediente queda extemporáneo” dijeron desde la oposición. Es decir, el Concejo debatiendo algo que ya estaba cerrado. Aun así, se insistió en dejar constancia del rechazo por la pérdida de espacios verdes, mientras que desde otros bloques directamente propusieron archivarlo. Una postal que se repite con decisiones que se toman a toda velocidad por fuera del recinto y concejales que llegan tarde a discutir lo que ya no tiene vuelta atrás, como ocurrió con la subasta de este polémico terreno a metros del Asilo Unzué.
Otro foco de tensión se dio con el expediente 1106, que pide explicaciones por una cámara de fotomultas en la Avenida de los Trabajadores, entre Alem y Aristóbulo del Valle. Lo que empezó como un reclamo puntual terminó en una crítica de fondo al sistema. “Muchas veces consideramos que no tienen un sentido de prevención, sino fines recaudatorios. Es una zona de cazabobos”, dispararon, en línea con un malestar cada vez más extendido. Y no es un detalle menor, se trata de un sector donde se realizaron múltiples intervenciones por la cantidad de siniestros, lo que vuelve todavía más cuestionable el criterio con el que se instalan estos expedientes al recinto debido a que esta es una medida de prevención para evitar que ocurran más accidentes en la zona.
El expediente más áspero fue el 1146, impulsado por La Libertad Avanza, que propone un régimen para acelerar la construcción con menos controles y aprobaciones automáticas si el Municipio no responde en 180 días. Desde ese espacio defendieron la iniciativa con el argumento de “incentivar inversiones”, pero la oposición salió al cruce sin medias tintas diciendo que “modernizar no es quitar controles. Estamos legalizando que se habiliten proyectos que pueden no cumplir requisitos”. En otras palabras, el viejo dilema entre agilizar trámites o abrir la puerta a desmanejos más grandes. El proyecto quedó frenado, pero la discusión dejó al descubierto una tensión de fondo sobre qué tipo de ciudad se quiere construir.
En contraste, cuando se trata de habilitar negocios, los consensos aparecen rápido. El expediente 1193, enviado por el Ejecutivo, que autoriza el uso de suelo para la firma Bioenergy sobre la Ruta 226, se aprobó sin mayores objeciones, aun cuando ese uso hoy no está permitido en la zona. Lo mismo ocurrió con el expediente 1198, que flexibiliza la veda de obras en veredas durante el verano. Ahí no hubo mayores resistencias. Cuando hay que destrabar intereses económicos, la maquinaria política funciona con otra velocidad. Para algunos, demasiado aceitada.
La comisión cerró así, con una sensación que ya no sorprende pero sí preocupa. Entre expedientes que duermen, pedidos de informes que se acumulan y decisiones que se toman por fuera del recinto, el Concejo parece correr siempre de atrás. Y mientras tanto, en la calle, los problemas siguen igual. Porque detrás de cada debate inconcluso hay algo más profundo. Un Estado que no ordena, una política que llega tarde y una ciudad que sigue esperando respuestas.
El Ejecutivo elevó la Rendición de Cuentas 2025 al Concejo Deliberante
El gobierno municipal subió al HCD la rendición de gastos del año pasado con cifras millonarias y los ediles tienen 60 días para analizarla. Aunque, la decisión final dependerá del Tribunal de Cuentas.
El Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2025, cumpliendo con el plazo fijado por la Ley provincial 13.963, que establece el 31 de marzo como límite para entregar el detalle de la ejecución presupuestaria. En total se presentaron seis rendiciones: una de la Administración Central, otra de Obras Sanitarias y cuatro de los entes descentralizados (EmturyC, Emsur, Emder y Emvial).
La presentación incluye los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Departamento Ejecutivo, que ascienden a más de 22.919 millones de pesos, y los del Concejo Deliberante, por un total de 232 millones de pesos, sumando también los anexos correspondientes que detallan partidas y economías.
De acuerdo con la normativa vigente, los ediles disponen de 60 días corridos para analizar la rendición y emitir dictamen. Si el plazo se cumple sin resolución, las cuentas se aprueban automáticamente y se envían al Tribunal de Cuentas, que tiene la última palabra.
La rendición se convierte en uno de los próximos grandes debates en el Concejo, junto con otros expedientes como las aplicaciones de transporte, y será clave para analizar el manejo de fondos durante el año pasado.
Con la pólvora mojada y pocas ideas en el Concejo
A más de tres meses como concejales, Pablo Obeid y Gustavo Pulti exhiben una producción legislativa escasa y reiterativa, marcada por alineamientos políticos antes que por iniciativas con impacto real en los vecinos.
Desde su llegada al concejo deliberante, son más figuritas que otra cosa. Tanto Pablo Obeid como Gustavo Pultí han caído bajo para tener que arrastrarse hasta el concejo deliberante para poder seguir viviendo del estado y “proponiendo proyectos que beneficien a los vecinos”. Después de 110 días en el concejo deliberante, ambos militantes de los partidos políticos que tienen una guerra interna han pasado de ser percibidos y su presencia es nula.
Empezando por el ex Senador Provincial y ahora Concejal por el Bloque que pertenece su mujer, Pablo Obeid. Desde su llegada ha demostrado poco interés en realizar proyectos que tengan un verdadero impacto en la vida de los marplatenses. Durante estos meses que ha estado calentando su banca y percibiendo los aportes de los marplatenses, ha presentado un solo proyecto de ordenanza que resulta paupérrimo.
Dicho proyecto dice lo siguiente: “Derogando el Artículo Nº 83 del Capítulo XXV de la Ordenanza Nº 26.568, correspondiente a la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal”, en otras palabras, quiere eliminar la tasa vial del 3% cada vez que se carga nafta. Haciendo lectura política, luces es lo que le falta al ex Senador porque acata a las órdenes de sus compañeros y por ahora no ha presentado ningún proyecto que resulte interesante para los vecinos de la ciudad. Misma bajada política de siempre sin proponer un plan de acción nuevo.
Por lo que sus más de cien días en el concejo han sido un acompañamiento a la oposición y los mismos proyectos de ordenanza de siempre, que, por cómo pintan las cosas en el concejo, nunca le van a dar el aval de derogar el 3% de la tasa vial. Además, de que se aprovechó del fracaso monumental de su mujer cuando se postuló para Senadora Provincial y así su puesto como concejal.
Por el otro lado, desde el bloque kicillofista encontramos a Gustavo Pulti, que tampoco sorprende con los expedientes que está haciendo. Si bien tiene dos ordenanzas más que su compañero fantasmagórico, la realidad es que son de muy bajo impacto.
El primer proyecto de ordenanza que presentó parece que quiere revivir un poco lo que fue su mandato como intendente de la ciudad. El expediente dice “Creando el Compromiso Social Marplatense frente al Cambio Climático, orientado a coordinar esfuerzos públicos y privados con el fin de mitigar los efectos del cambio en los comportamientos del clima en el Partido de General Pueyrredon”. Por lo que, además de innovar poco con la propuesta, pone en escena la clásica medida del medio ambiente. Por lo que sería interesante ver cómo ajusta un par de tuercas e innova con sus pedidos de hace más de una década que los viene haciendo.
El segundo de ellos es directamente una bajada de línea de su superior, Axel Kicillof. Por lo que mostrarlo sería lo mismo que nada. En resumidas palabras, lo que dice el expediente es reclamar que el Municipio cumpla con presentar un plan de seguridad local que prometió hace años (2020/2021), pero que aparentemente no se concretó. Por lo que es un enviado del Gobernador a hacerle propaganda.
Por último, su tercer expediente es otra bajada de línea más que no va a llevar a ningún lado. En otras palabras, el expediente le pide al Municipio que gestiona su incorporación a un programa provincial orientado a prevenir el delito juvenil, trabajando de forma coordinada entre distintas áreas. Pegando cada vez más panfletos del kicillofismo en la ciudad.
Otro punto a tener en cuenta es que desde que llegaron a la ciudad como concejales, es que se han preocupado más por las internas que se viven dentro del peronismo que por la ciudad en sí. Razón más que extraña por la que ser concejal cuando su preocupación máxima deberían ser los vecinos y el desarrollo efectivo de la ciudad. No la política.
¿Qué podemos esperar de estos dos personajes que no se les cae ni una idea? La verdad es que se puede responder en una sola palabra: nada. Debido a que ellos vienen de una carrera deplorable en sus otras posiciones y han tenido que venir hasta la ciudad de Mar del Plata a seguir viviendo del Estado para que mantengan un trabajo. Si a ellos se los largase al mercado de trabajadores, la realidad sería mucho más dura con ellos. Están en la posición que se encuentran gracias a los entramados opacos que manejan, sino, quién sabrá lo que estarían haciendo.