DEBATE URBANO
La Tecla Mar del Plata
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
El Concejo vs el Ejecutivo
El enfrentamiento entre gran parte de los ediles con el intendente y algunos funcionarios resiente el tratamiento de expedientes de importancia para la ciudad. El último caso fueron las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, cuyo debate aún continúa. Éstas y otras discusiones se siguen postergando.
Agrega La Tecla Mar del Plata a tus medios preferidos en Google.
La relación conflictiva entre el Concejo Delibertante y el Departamento Ejecutivo ha sido una constante que se agudizó en los últimos tiempos de gestión arroyista.
Esta dificultad para alcanzar acuerdos provocó, y sigue provocando, dilaciones para avanzar con expedientes centrales para la vida política de General Pueyrredón. Aquí, un repaso por las normativas que más retraso o controversia han generado en la vida política marplatense.
Presupuesto
Presentado el 31 de octubre de 2018 por el Ejecutivo, el Concejo recién lo aprobó el 18 de julio de este año. El proyecto estipula que sean $11.345.957.700 los destinados para este año, que suponen un incremento del 33,5% respecto a 2018.
La controversia se dio con el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle. Según lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades, el funcionario dispuso realizar la Audiencia Pública Informativa para brindar detalles sobre cómo se utilizarán los recursos del municipio a la ciudadanía durante el Ejercicio 2019.
Sin embargo, el 26 de diciembre pasado, el intento falló, ya que hubo paro del Sindicato de Municipales, y los trabajadores administrativos no asistieron al Palacio Municipal. Esto frenó la Audiencia, aunque el secretario la dio por hecha.
Esto desembocó en un cúmulo de idas y venidas durante seis meses, hasta que el pasado 24 de junio se realizó la Audiencia Pública y luego, en Sesión Ordinaria, se le dio el visto bueno a la Ordenanza.
Fiscal e Impositiva
Su suerte también dependió de la retrasada convocatoria a la Audiencia Pública. Sin embargo, las normativas aún deben tener la aprobación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Con lo cual podrían aprobarse a casi un año de que fueran presentadas por el Ejecutivo.
Ayer, en el Recinto, los ediles decidieron apoyar por mayoría el incremento de las tasas municipales en un 35%. Pero el proceso para arribar a la votación fue arduo. En el transcurso de la tarde, no se sabía si habría Sesión.
En verdad, el oficialismo no encontraba la manera de disminuir el 37% de aumento propuesto, algo que le impedía un acuerdo con la UCR para obtener la aprobación. Las indefiniciones de Mourelle y del intendente resintieron varias reuniones de Hacienda a lo largo de estos meses, con cuartas de intermedio de más de una hora y, el último, de más de dos horas y media.
El intendente, por su parte, tuvo una actitud contradictoria. La semana pasada, manifestó su voluntad de avanzar con exenciones de tasas y de reducir los porcentajes del incremento. Mientras que, en la previa de la Sesión de ayer, “apuró” a los ediles para que aprobaran las normativas. Dos Ordenanzas que, en el mejor de los casos, finalmente podrán ser aprobadas a mediados de septiembre.
Juzgado de Faltas
Quizás el expediente de mayor relevancia que el Concejo aún no trató. El 21 de diciembre de 2017 Arroyo elevó al cuerpo legislativo las dos ternas para llenar las vacantes en los Juzgados N°2 y N°5. Desde aquel entonces el expediente acumula polvo.
La situación de acefalía en los Juzgados Municipales de Faltas N°2 y 5 le sube el tono a la disputa entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, en un enfrentamiento que acumula capítulos.
El conflicto se registró a partir de la jubilación de las Dras. Ana Maria Castelao y Carmen Susana Maffioni. A partir de allí, “se ha generado un notorio desborde en la estructura organizativa de dichas dependencias, y una notable afectación en su actividad y funcionamiento, repercutiendo todo ello en la atención al público”, aseguró a La Tecla Mar del Plata Alejandro Vicente, secretario de Gobierno.
La necesidad de cubrir la primera vacante, que se produjo el 1 de enero del año 2018 por hacerse efectiva, a partir de esa fecha, la jubilación de Maffioni, el Intendente Carlos Arroyo elevó al Honorable Concejo Deliberante el expediente administrativo. En el mismo, tras haber conformado la terna de candidatos a ocupar dicho cargo, le hacía saber al Cuerpo Legislativo que los elegidos eran era el actual Subsecretario de Legal y Técnica de la Comuna, Gustavo Gil de Muro, y Andrés Barbieri, el extitular de Defensa del Consumidor durante el gobierno de Pulti. Allí, se le solicitaba a los ediles que presten formal acuerdo para su designación.
Ante las dilaciones del Concejo, Arroyo dispuso que Héctor Peláez, Director de Dictámenes de la comuna, y Gil de Muro como instructores y colaborares de los jueces subrogantes de los Juzgados 2 y 5, respectivamente. En la actualidad, quienes ofician como subrogantes son los magistrados José Luis Oteiza, Pablo López Martucci y Fernando Mumare, quienes integran los Juzgados 1, 3 y 4, respectivamente, y se turnan para asumir las tareas.
A pesar de ello, a más de un año y medio de presentarse las ternas, el Honorable Cuerpo Legislativo no ha prestado aún el acuerdo -conformidad – exigido por la ley, no existiendo impedimentos de tipo formal o legal que imposibiliten avanzar con la designación.
Por último, también se cumple un año desde que el Ejecutivo presentó un proyecto para crear el Juzgado de Faltas N°6. El motivo oficial fue para aliviar la carga de los otros juzgados ante el aumento de causas, teniendo en cuenta que el último juzgado fue creado en 2011. Sin embargo, el cuerpo legislativo tampoco avanzó en ese sentido.
Acta Transaccional
Tal como informó La Tecla Mar del Plata, en abril pasado, el gobierno habilitó un proyecto gastronómico en el Estacionamiento de Playa Grande a cambio de obras públicas.
El intendente Carlos Arroyo, que debía dictar la caducidad de la concesión del Estacionamiento de Playa Grande por una tercera multa por falta de obras en el lugar, no sólo no lo hizo, sino que habilitó a la empresa Playa Azul a que desarrolle un proyecto gastronómico a cambio de la realización de obra pública por casi $80 millones.
El acuerdo transaccional firmado por Arroyo y Osvaldo Alonso, el presidente del Directorio de la empresa, admite “los usos peticionados por Playa Azul y que involucran actividades de gastronomía (bar, restaurante, etc), salón multiespacio de fiestas y eventos sociales y culturales, con shows en vivo, los cuales quedarán sujetos a las condiciones de habilitación que cada rubro demande”.
A cambio, Playa Azul desarrollará “un proyecto de inversión en obas que no disminuye la cantidad de metros cuadrados destinados a estacionamiento, sino que amplía la cantidad de metros cuadrados destinados a usos complementarios compatibles con la actividad básica de estacionamiento”. El mismo fue valuado en $54.871.022, aunque sus detalles no fueron dados a conocer aún.
La reacción en el Concejo fue inmediata, con pedidos de reuniones con el Emtur. En mayo pasado, además, se le solicitó al Ejecutivo que remita los informes técnicos que avalan la firma del Acta Transaccional con Playa Azul.
Los ediles exigieron los “dictámenes de las Secretarías de Obras y Planeamiento, Hacienda, Ente Municipal de Turismo y Recreación, Subsecretaría de Legal y Técnica, así como toda otra documentación que haya resultado pertinente para a hacer lugar al recurso interpuesto por Playa Azul S.A. contra la Resolución Emtur 91/19”. Tras presentar la documentación, las distintas áreas se pronunciaron en contra del Acuerdo Transaccional.
Sin embargo, al día de hoy, el Ejecutivo aún no remitió algo más importante incluso, las actuaciones del expediente en torno al Acta Transaccional, con todos los detalles del acuerdo rubricado con la empresa. Esto se solicitó en la Sesión del 15 de agosto y aún no se avanzó al respecto.
Con esta postura, el Ejecutivo viola la LOM, ya que en su artículo 41, el cual plantea que plantea que corresponde al Concejo autorizar consorcios, cooperativas y convenios que se realizan en el municipio.