Arroyo le deja a Montenegro un reglamento para la selección de personal municipal

A pocos días para dejar el cargo, el intendente Carlos Arroyo firmó el decreto N°2432 mediante el cual dispone un “procedimiento especial” para llevar adelante una “eficaz selección” de personal para el ingreso de agentes a la Administración Central y los entes.

Amparándose en la Ley 14.656 de Empleo Público de los Trabajadores Municipales, el jefe comunal saliente destaca que la normativa, en su artículo 2, plantea que “el ingreso al empleo público municipal se formalizará mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto o procedimiento especial de selección, de conformidad con las reglas que se establezcan por vía reglamentaria o convencional, debiendo ingresar por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento”.

A raíz de ello, en la documentación Arroyo justifica la decisión considerando que, según la norma, “se deberá establecer por vía reglamentaria” el acceso al empleo municipal. Y que que “para ello resulta pertinente ordenar y unificar el procedimiento adecuado y eficaz mediante el cual se cumplirá el citado proceso selectivo de los aspirantes a ingresar a la planta del personal municipal y sus entes descentralizados”. 

En el artículo 1 del decreto, se determina que, cuando se establezca la necesidad de búsqueda de personal, “se deberá elevar un informe disponiendo: los cargos que se necesitan ocupar, las motivaciones de los nombramientos, el perfil buscado, conocimientos técnicos y/o profesionales requeridos y la cantidad de personal que se necesite en la dependencia”.

Luego, “se deberá llevar a cabo el proceso de selección mediante la entrevista individual que cumplirá el personal que a tal efecto se asigne, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa”.

En dicha entrevista, se deberá completar un formulario con datos personales. Además de brindar información sobre su familia y el vínculo con el padre y la madre y lo estudios realizados, el postulante deberá contestar preguntas de diversa índole.

En particular, sobresale el apartado de “autodefinición”, donde figuran interrogantes como “¿Sale a divertirse, con quién lo hace, cada cuánto, qué hace?”, “¿Qué hace en su tiempo libre?, “¿Qué puedes aportarle a la Municipalidad?”, “¿Tiene familiares trabajando en la Municipalidad?”.

Concluida la entrevista personal y completado el formulario, se elevarán las actuaciones administrativas al intendente con los resultados definitivos para la evaluación de los eventuales ingresantes a la planta de personal de la Comuna de General Pueyrredón.

Además de Arroyo, el decreto cuenta con la firma de Pablo Simoni (ex titular del Emvial), Alejandro Vicente (secretario de Gobierno), Alfredo Osorio (Hacienda), Carlos López Silva (Emder), Jorge Zanier (Emtur) y Eduardo Leitao (Emsur).

Polémica

El conflicto por los nombramientos en el municipio se disparó durante la transición entre Arroyo y Montenegro. En efecto, semanas atrás, el fiscal general de la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, elevó una denuncia penal contra el intendente para que se investiguen las sospechas que circulan sobre las contrataciones irregulares de personal en los últimos meses de mandato del jefe comunal saliente. 

En el escrito, el letrado detalla que se habrían “desarrollado diversas irregularidades en la incorporación, contratación, efectivización y ascensos en la administración central, los entes descentralizados u Obras Sanitarias”. También exige que las autoridades judiciales intervinientes en la causa llamen a indagatoria a los "responsables" de los hechos, entre los en donde se destaca el mismísimo Arroyo.

En tanto, desde el Concejo también se hicieron eco y avanzó una ordenanza antinepotismo impulsada por la concejal Angélica González (Coalición Cívica). El martes de la semana pasada todo parecía indicar que la ordenanza que plantea la prohibición de nombrar familiares en la administración pública local sería finalmente aprobada. Ese día, precisamente cuando el proyecto cumplía un año de su presentación, fue aprobada por todos los bloques, a excepción de Agrupación Atlántica, que se abstuvo. El consenso y el reclamo era tal que el oficialismo ni siquiera se expuso con un voto en contra.

Pero algo cambió en 48 horas y el informe de Legal y Técnica que faltaba para confirmar la legalidad del contenido de la ordenanza pasó a primer plano. Pese a que su ausencia ya había sido advertida previamente, fue el concejal arroyista Marcelo Carrara el que la puso de relevancia durante la anteúltima sesión del Concejo Deliberante, donde planteó la vuelta a comisión del proyecto a la espera de esa actuación.

La sorpresa fue que la moción de retorno a comisión alcanzó los 14 votos, ya que además de sus compañeros de bloque, también se inclinaron por ella desde Unidad Ciudadana y el radicalismo. Conservando su posición original quedaron la impulsora del proyecto, Angélica González (Coalición Cívica), Alejandro Carrancio (Crear), Guillermo Volponi (Pro), Mercedes Morro (Frente Renovador) y los dos de Acción Marplatense (Claudia Rodríguez y Marcelo Fernández).

Así entonces, el expediente volverá en las próximas semanas a la comisión de Legislación, donde descansó un año hasta su última aprobación