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Viernes, 26 abril 2024
POLÉMICA
7 de diciembre de 2019

Antes de dejar el poder, el oficialismo intentó reflotar la cesión de un predio al lado del faro a un ex militar

El jefe del bloque de Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo, buscó introducir sobre tablas el expediente, pero fue rechazado por los otros jefes de bloque. El lugar se encuentra en Avenida de los Trabajadores al 5700 y está ocupado por la Asociación “Luis Piedrabuena”, conducida por un ex miembro de grupos de inteligencia.

Antes de dejar el poder, el oficialismo intentó reflotar la cesión de un predio al lado del faro a un ex militar - La Tecla Mar del Plata

A pocos días de dejar el mando de la ciudad, el oficialismo se vio frustrado en el intento de ceder con carácter precario unos terrenos lindantes al Faro de la Memoria a la Asociación “Luis Piedrabuena”, conducida por Augusto Menecier, un ex integrante de la división de Inteligencia Naval durante la última dictadura militar entre 1978 y 1979.

Según supo este medio, el jefe del bloque de Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo, intentó introducirlo sobre tablas en la última Sesión Ordinaria del año; pero no obtuvo los consensos necesarios en la Comisión de Labor Deliberativa, en donde se reúnen los presidentes de bloque del Concejo.

Esta iniciativa ha generado el repudio de diversos sectores de la ciudad. En este sentido, Desde la Organización Mar, que busca “promover el derecho a la ciudad mediante la transformación cultural, la sostenibilidad ambiental y la incidencia estratégica en políticas públicas”, rechazaron en su momento la medida del intendente y detallaron las inconsistencias de la iniciativa. 

 “En el año 2014, el Estado Municipal inició un juicio de desalojo contra la Asociación Civil Centro Recreativo Comandante Luis Piedrabuena (ACCRCLP) con el objetivo de recuperar un predio municipal de 16.900 mts.2 ubicado en la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur, que esta Asociación ocupa ilegalmente”, aseguran a través de un comunicado. Y agregan: “Del análisis de la acción judicial y la investigación llevada adelante por la Organización MAR, surge que el desalojo fue impulsado tras constatar que la asociación explotaba el camping “La Cabaña” (con una capacidad para 400 personas) en el predio municipal, sin pagar un canon al Estado ni contar con una habilitación para ese negocio”.

Por otro lado, según apuntaron desde la ONG, en febrero de este año el Municipio desistió de continuar con la acción judicial de desalojo y, mediante un acuerdo el 19 de marzo entre el Intendente Municipal, Carlos Arroyo, y Augusto Menecier, consensuaron proseguir con la explotación del predio por cinco años más en tanto sea aprobado por el Concejo Deliberante.

 El terreno en cuestión está valuado en más de once millones de pesos ($11.802.960). Según se detalla en el expediente elevado por el Ejecutivo en el Concejo, la permisionaria deberá pagar un canon anual de $80.000, lo que arroja una erogación mensual de apenas $6.666. Según la legislación vigente del artículo 28 inciso B del Decreto Ley 9533, Luis Piedrabuena no debería pagar menos del 10% de la valuación fiscal, lo que representa más de $98.000 por mes.

“Otros privados deben pagar un 85% más del canon exigido a la ACCRCLP por la concesión de predios municipales destinados a la explotación de campings, en una clara situación de competencia desleal. Cabe remarcar que las actividades filantrópicas que alega la ACCRCLP para justificar un canon irrisorio como el acordado, no se corresponden con la información que surge del negocio “Camping La Cabaña” del buscador Google, en el que se puede corroborar el cobro de $300 pesos por persona por día para acampar durante la temporada 2019”, sentenció en un comunicado la Organización Mar, 

Hasta el momento, el expediente 1368, por el que el Ejecutivo solicita convalidar el convenio con Luis Piedrabuena por cinco años para la explotación del lugar, tan sólo se trató el pasado 21 de mayo en la comisión de Obras. En aquel entonces, el oficialismo prometió realizar modificaciones al acuerdo. Sin embargo, desde aquella fecha, hace tres meses, el proyecto de Ordenanza acumukó polvo en la comisión presidida por la edil Cristina Coria (UCR). Y, el pasado jueves, el intento del bloque atlántico por reflotarlo no prosperó.

 

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