30 de diciembre de 2019
INFORME
Bonificaciones docentes: sigue pendiente la resolución de la Suprema Corte
En noviembre, el Concejo Deliberante había reclamado que falle en la causa por competencia de poderes. Al pulso de los tiempos de la política, el máximo tribunal bonaerense mantiene el expediente pisado. Historia de un conflicto con final cercano.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal die un giro de 180° con la asunción de las nuevas autoridades, pero el pasado sigue diciendo presente en el aspecto judicial en el conflicto por las bonificaciones docentes, un conflicto a punto de llegar a su fin con la restitución del derecho a partir del próximo 1 de enero.Es que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aún tramita la causa por competencia de poderes que el exintendente Carlos Arroyo inició contra el Concejo Deliberante en 2018, luego que éste impulsará el rechazo al veto de la ordenanza que restituía el beneficio a los docentes.Tras un año de una lenta tramitación por parte de las autoridades judiciales, la presentación efectuada a mediados de noviembre por el Concejo Deliberante reclamando un “pronto despacho” en la causa, no parece haber movido un milímetro a la Suprema Corte de su posición de ajustarse a los tiempos de la política.
Es que ante el cambio de postura del gobierno tras la asunción de Montenegro, el conflicto sería superado y la causa quedaría abstracta.Pero esos no fueron los tiempos que guiaron al Concejo Deliberante, que el pasado 13 de noviembre y a través de su abogada Carolina Morteo, planteó que “habiendo transcurrido el plazo establecido por el art.262 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, vengo por la presente a solicitar el pronto despacho de esta causa”.
Ese artículo establece un plazo de 30 días en el que los jueces deben fallar a partir de su intervención en conflictos entre poderes, plazo por demás excedido ya que la denuncia se presentó el 13 de diciembre pasado y la Suprema Corte comenzó a tratar el expediente cinco días después.
Esa normativa también plantea que “los miembros de la Corte responderán personalmente cuando excedan el plazo establecido”.
“La Suprema Corte no se va a dejar correr, los tiempos los van a imponer ellos y acá la política ya planteó una solución al conflicto, por lo que no va a haber fallo”, analizó una fuente del Legislativo local ante La Tecla Mar del Plata. En tanto, desde La Plata reina el hermetismo, donde pese a las consultas de este medio no hay precisiones sobre cómo se moverá el órgano presidido por Eduardo Néstor de Lázzari.
La última novedad en la causa fue el 25 de septiembre, cuando la Suprema Corte de Justicia bonaerense le puso un freno al intento del gobierno municipal de dilatar el fallo en la causa de las bonificaciones docentes, luego de la presentación de 15 nuevas pruebas documentales que, de haber sido aceptadas, hubieran significado la suspensión del llamado de autos para resolver.
La decisión del máximo tribunal se basó en lo dispuesto por el art. 482 del Código Procesal Civil y Comercial, donde se estipula que “desde el llamamiento de autos queda cerrada toda discusión entre las partes y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las medidas para mejor proveer”, según destacó la resolución.
La denuncia
El 13 de diciembre el Ejecutivo local presentó su denuncia ante la Suprema Corte bonaerense por conflicto de poderes con el Concejo Deliberante. Fueron dos los argumentos centrales de la presentación realizada por el abogado Miguel Oroz, contratado por la Municipalidad.
Por un lado, que no es competencia del Concejo modificar un presupuesto ya aprobado. “Si nos remitimos a un examen de las normas que regulan esta cuestión en el plano legislativo y reglamentario, se advierten numerosas disposiciones que impiden al Honorable Concejo Deliberante modificar el presupuesto una vez que éste se encuentra aprobado, y que en todo caso, a esos fines la iniciativa corresponde al Departamento Ejecutivo”, sostuvo el Ejecutivo en la denuncia.
En segundo término, discutió el procedimiento por el que se aprobó por insistencia la ordenanza. “Finalmente un aspecto vinculado al desarrollo irregular en el trámite de sanción, que afecta seriamente la validez de lo actuado por el Honorable Concejo Deliberante. Adviértase, que la sesión del 04/12/2018, tenía un único y excluyente objetivo, que era exigir a los Auxiliares del Departamento Ejecutivo (Secretarios de Economía y Hacienda como de Educación), que brindaran explicaciones acerca del Decreto 2272/2018, emitido en fecha 25/10/2018, por el Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon, por el cual se reglamentó el pago de las bonificaciones a los docentes.
Todo hacía presuponer, que de haberse cumplido con lo previsto en el orden del día, el Honorable Concejo Deliberante no tenía otros temas que tratar. Sin embargo, la realidad de lo acontecido contradice esta afirmación”, plantearon.Pero lo más jugoso de la denuncia fueron las apreciaciones políticas. Luego de hablar de unos primeros tres años de gobierno de coalición entre los partidos integrantes de Cambiemos en Mar del Plata, “en los últimos meses, este marco de concordia, se ha visto sustancialmente alterado, debido al venidero calendario electoral y la proximidad de renovación de autoridades municipales convocadas para el año próximo”.
“Por eso, muchas decisiones ordinarias, que antes discurrían con toda normalidad, actualmente, se tiñen de una clara connotación política, ante la necesaria reagrupación de fuerzas internas, incluso dentro de la propia alianza CAMBIEMOS”, planteó el gobierno de Arroyo.
Las motivaciones que llevaron a la persistencia legislativa no tienen ningún fundamento legal, sino que obedecen a una clara especulación de orden político tendiente a satisfacer reclamos del sector educativo que, como es de público conocimiento, viene adoptando, en los últimos tiempos, un tono combativo y virulento, contra la administración nacional, provincial y municipal”.
“Las agrupaciones sindicales, motorizadas por algunos grupos políticos que tienen intenciones de poder, con el propósito de desgastar y debilitar políticamente a la administración municipal, incentivan y acompañan este reclamo docente para posicionarse en los medios”.
La respuesta del Ejecutivo
Con la firma de Sáenz Saralegui y el patrocinio de la abogada Carolina Morteo, la presentación fue incorporada al expediente judicial el pasado 26 de febrero, donde el Concejo no solamente rebatió técnicamente los argumentos presentados por el Ejecutivo, sino que realizó duras consideraciones políticas en el caso donde se dirime la continuidad o no de las bonificaciones docentes.“Vengo a contestar la insólita denuncia planteada en estos autos, sólo demostrativa de la incapacidad de la política para consensuar y resolver los disensos, e intentar judicializar los mismos, pretendiendo que los órganos judiciales los resuelvan”, dice el escrito de 22 fojas que fue acompañado de 20 pruebas documentales.“Pido que se rechace la demanda interpuesta por el D.E. Municipal, por improcedente, ilegítima y (sic) inconstitucional, en tanto implica la pretensión de arrogarse funciones y atribuciones propias de este Cuerpo Deliberativo, impugnando e impidiendo por esta vía impropia, la ejecución de Ordenanzas sancionadas por el mismo”, continúa.
El descargo de la defensa fue añadido a la causa el 26 de febrero.El Concejo sostuvo que en realidad la figura de competencia de poderes es una maniobra para limitar su iniciativa. Entre otras consideraciones, el HCD negó “que en realidad exista un caso configurativo de verdadero conflicto de poderes, sino de un intento jurisdiccional de suspender la ejecución de dos Ordenanzas sancionados por el HCD en ejercicio de su competencia”.“La realidad es que esta bonificación la vienen percibiendo los docentes municipales desde el año 1989, en forma pacífica y continua, siendo reconocida y abonada por todos los gobiernos municipales desde esa época, incluso por el actual D.E. Municipal durante los dos primeros años y nueve meses de su gestión”.“Ese decreto causó un profundo malestar en los docentes municipales, pues ---implica una reducción de sus haberes de Aproximadamente $6.000 mensuales, ocurrida en pleno transcurso del ciclo lectivo 2018”, concluyó.