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Abad: “Es un retroceso dejar de ser querellante en causas de corrupción”
El diputado bonaerense Maximiliano Abad criticó la decisión del Gobierno Nacional de disolver la oficina de litigios dentro de la Oficina Anticorrupción y dejar de participar como querellante en causas contra funcionarios y exfuncionarios.
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El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense apuntó contra una de las últimas medidas del Gobierno Nacional, que decidió disolver la oficina de litigios dentro de la Oficina Anticorrupción, además de dejar de participar como querellante en causas contra funcionarios y exfuncionarios.
“El gobierno justifica esta medida diciendo que la Oficina Anticorrupción en el gobierno anterior estaba muy enfocada en un rol acusatorio, pero eso es lo que debe ser. Es inadmisible que la Oficina deje de ser querellante en las causas que tienen relevancia institucional, patrimonial y social. Y, además, no puede hacerlo, porque así lo mandan las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, que exigen un organismo especializado, y la propia normativa de creación de la Oficina”, explicó el legislador de la Quinta Sección.
“Medidas como estas ponen en cuestionamiento una política de Estado que es la de la lucha contra la corrupción disponiendo de todos los recursos que se tuvieran al alcance para combatirla: ese debe ser el compromiso del Poder Ejecutivo contra la corrupción. Pero ahora desertan de ejercer una parte importante de esa lucha, que es el castigo del delito”, agregó.
Por otro lado, consideró que esta medida es “por la impunidad”. Y que esto “no es un hecho aislado” si se tiene en cuenta “la embestida que hay sobre la Procuración, sobre la que están pretendiendo avanzar, y que a partir de este cambio quedaría como el único decisor sobre iniciar e investigar causas de corrupción”..
En tanto, el diputado marplatense destacó que la cuestión de fondo “es que el Gobierno quiere desarticular las investigaciones en su contra, algo que fue un avance institucional enorme del Estado Argentino, que decidió la creación de un organismo específico para ir a fondo contra los delitos de corrupción. Hay 28 causas que involucran a personas cercanas al gobierno, por eso vuelven a llevarse por delante a las instituciones del Estado.”
Por último, el referente radical sentenció: “Es posible que haya que repensar algunos aspectos de las funciones, roles y acciones de la Oficina Anticorrupción, lo que no se puede admitir es que se retire como querellante de las causas de corrupción con relevancia institucional, y que renuncie a su compromiso con la búsqueda de la verdad en las causas en las que se vio afectado el Estado argentino, cuyos intereses están por encima de cualquier gobierno”.