23 de abril de 2018
LICENCIAS TRUCHAS
Con 110 testigos, comienza el juicio por la venta de licencias de conducir truchas
El 2 de mayo se iniciará el debate oral y público en el que se investigará una presunta asociación ilícita encabezada por Juan Carlos Belmonte. También se juzgará al actor Federico Bal.
Uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos fue el de las licencias truchas que se emitían desde el Distrito Descentralizado El Gaucho, en el que se vendían carnet de conducir a personas que no realizaban los exámenes correspondientes o no reunían los requisitos para obtenerlo. Tras una intensa investigación, el 2 de mayo próximo se iniciará el juicio a una decena de personas para determinar si efectivamente conformaban una asociación ilícita, encabezada por el extitular del área, Juan Carlos Belmonte.
Los jueces Tribunal Oral en lo Criminal 2 Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone aceptaron la participación de 110 testigos para el debate, en el que también se juzgará la conducta del actor Federico Bal, una de las presuntas personas que habría obtenido el registro a través de este método ilícito.
Además de Belmonte, están imputados su hijo Luis Alberto Belmonte, Alberto Zelaschi, Sabrina, Soria, Leda Araya, Verónica Benedetti, Raúl Hernández, Fernando Peña, Viviana Pared y Ester Bonifini.
Todos están acusados de haber conformado una asociación ilícita que se encargada desde el municipio de vender registros de conducir a personas que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley, entre ellas personas con discapacidades que le impedían conducir.
En medio de la investigación surgieron casos emblemáticos como el del médico Javier Balestriere, un profesional que se desempeñaba en el municipio y tenía una discapacidad. En junio de 2013 atropelló y mató a Juan Carlos Bernardele cuando circulaba por Playa Grande.
Otro caso fue el de Lucas Carnero, el joven que intentó evitar un control de alcoholemia y en la huida asesinó a Néstor Fabián Mendiola en julio de 2015.
El fiscal Marcos Pagella será representante del Ministerio Público Fiscal, mientras que se aceptó como particular damnificado a la doctora Silvia Forconi, en representación del municipio de General Pueyrredon.
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