Conflicto en el Consejo Escolar: elevan el expediente a Provincia

Tal como había adelantado La Tecla Mar del Plata, se viven horas turbulentas en el Consejo Escolar, con un funcionario en la mira.

En concreto, hoy el organismo iba a tener una Sesión Especial ante un pedido de la oposición para sancionar a Bruno Sapere, consejero del oficialismo que responde a Cristina Coria (UCR), por “incumplimiento de deberes y funciones” como presidente de la Comisión de Transporte Escolar.

Sin embargo, según pudo averiguar este medio, tanto el oficialismo como el acusado no asistieron al encuentro. A raíz del faltazo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos sesionó de todas formas y resolvió elevar el expediente a la Dirección Provincial de Consejos Escolares.

En caso de ser encontrado responsable de las falencias en el sistema de transporte, Sapere se expone a una sanción que puede ir de los 30 días, a medidas más laxas como un apercibimiento.

Al funcionario se le objeta el rol en el Consejo Escolar durante 2020 en lo referente a las tareas en la pandemia, como lo respectivo a la distribución de insumos de limpieza, la implementación del Servicio Alimentario Escolar y la distribución del material pedagógico para los estudiantes puedan sostener las clases a distancia.

En tanto, en  marzo, proveedores del servicio de transporte se encuentra trabajando sin contratos vigentes, lo que constituye una práctica ilegal.

El decreto 59 de la Ley 13.681 rige las contrataciones de la Provincia y esta normativa es la que hoy el Consejo Escolar no estaría cumpliendo de acuerdo a las denuncias que se compartieron con este medio. "Por esto tampoco hay seguro para los alumnos que son trasladados en estas unidades, lo que es muy grave si llega a pasar algo en la calle. No sabemos quiénes son los choferes tampoco, no hay registro de eso. Es una irregularidad absoluta, es ilegal", sostuvo una fuente escolar.

Las tensiones de consejeros con Sapere son de larga data. Por caso, en 2019 estuvo en el ojo de la tormenta por las falencias en la ejecución de las obras de refacción en escuelas, con partidas por $140 millones. En ese entonces y ante la falencia en la gestión de Sapere, la Dirección General de Cultura y Educación envió un equipo administrativo compuesto por tres abogadas especialistas en derecho administrativo para dinamizar la labor de la comisión.