Aprueban un pedido de informes para que Gobierno de explicaciones sobre la privatización del psicofísico

El Concejo Deliberante se encamina a pedir explicaciones a la Secretaría de Gobierno sobre la licitación mediante la cual se privatizó la realización del examen psicofísico para obtener la licencia de conducir, adjudicada a una empresa que cobrará $30 millones en unos seis meses y que, a priori, no habría cumplido con requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Con el voto positivo de todos los bloques, la Comisión de Salud aprobó el pedido de informes presentado por Crear Juntos, en un debate donde el oficialismo no hizo uso de la palabra pero voto a favor la moción que pone en tela de juicio el accionar del secretario Santiago Bonifatti, impulsor de la licitación con la que, sostiene desde el gobierno, buscan resolver el retraso en el otorgamiento de turnos para gestionar las licencias.

“Queremos saber si realmente esta suma de $30 millones no se podría haber achicado contratando personal temporario, porque los exámenes médicos los realizaba la secretaría de Salud”, expuso Nicolás Lauría, quien defendió el proyecto y focalizó en que ahora se pasó a “un servicio tercerizado que deja de ser parte de la cartera de salud”. Esa suma será destinada para el pago de los 93.600 exámenes que la firma Autotransporte SRL realizará a razón de 600 prestaciones por día, durante un plazo estimativo de seis meses.

El proyecto llegó al tratamiento con modificaciones, ya que su autor Alejandro Carrancio agregó al escrito inicial un ítem que arrojó mayores cuestionamientos sobre el procedimiento. La observación puso en foco la falta de capacitación de la empresa para llevar adelante los exámenes psicofísicos. De acuerdo a la documentación obrante en AFIP, Autotransporte SRL tiene habilitada las actividades de servicio de transporte automotor y servicio de emergencia y traslados, por lo que no estaría capacitada para brindar el servicio en cuestión.

Esto mismo fue inicialmente observado en la apertura de sobres del segundo llamado realizado el 28 de julio, donde la Dirección General de Contrataciones certificó que la propuesta “no acredita cumplimiento de artículos 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6” del Pliego de Bases y Condiciones, presentando “en su lugar la documentación aportada en el primer llamado”. Dichos artículos hacen referencia a que la empresa debe presentar matrícula profesional vigente y constancia de capacitación del personal médico afectado (5.3), demostrar capacidad técnica e idoneidad (5.4) y aportar todo instrumento que demuestre capacidad operativa y económico/financiera (5.5), entre otras.

Sin embargo, en los escuetos considerandos del decreto municipal que otorgó la adjudicación se sostiene que la Comisión Asesora de Adjudicación, “luego de realizar el análisis de la documentación”, sugirió “declarar válida la propuesta presentada por la firma Autotransporte SRL”. En tanto, no hay referencia alguna a lo planteado inicialmente por Contrataciones. Todo eso ahora fue retomado por Crear Juntos, que pide explicaciones a Gobierno.

Tras la aprobación del proyecto en Salud, ahora el mismo cumplimentó el tratamiento en comisiones por lo que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante, en septiembre.