CONFLICTO
19/10
Concurso en Desarrollo Social: impulsan demanda contra el Municipio
Un grupo de trabajadores realizó una presentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 para derogar el decreto que nombró a Gabriel Micas como jefe del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales. Denuncian falta de “criterios objetivos" para evaluar a los concursantes y piden que se abra una nueva instancia de participación para definir el cargo.

Un grupo de trabajadores municipales presentó una demanda contra el Municipio en el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 para pedir la anulación del resultado del concurso en Desarrollo Social que definió el cargo de jefe de Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales.

Tal como informó este medio en febrero, el ganador del concurso fue el agente Gerardo Micas, quien se hizo cargo de un puesto ligado a la atención de personas en situación de calle y a la cobertura de emergencias en caso de, por ejemplo, evacuaciones. Sin embargo, el proceso de selección estuvo salpicado de irregularidades.

Desde la última instancia de evaluación, la controversia se desató en los pasillos del Palacio Municipal. Es que Micas es un empleado de filiación radical que habría sido puesto “a dedo” principalmente por su presunto vínculo con Roberto Ortea, funcionario a cargo del Departamento de Control de Gestión y Suministros, quien además fue miembro del jurado que lo ungió como ganador. 

Durante los días subsiguientes, el repudio creció con rapidez: 6 de los 9 participantes presentaron impugnaciones para que vuelva a realizarse todo el proceso por las “irregularidades” que acontecieron. A grandes rasgos, los concursos para ocupar este tipo de cargos constan de tres instancias: una escrita, la presentación de un plan de trabajo y una exposición oral o entrevista personal.

Fuentes de la comuna aseguraron que el plan de trabajo presentado por Micas “no innovaba”, sino que era una mera repetición de esquemas anteriores; algo que justamente está en las antípodas del espíritu de los concursos, que buscan aggiornar la gestión a partir de ideas que puedan renovar las acciones a realizar. A pesar de todo esto, el agente fue beneficiado con la calificación más alta entre los participantes.

Por su parte, el Ejecutivo desestimó las impugnaciones y una nota elevada por el STM para rever lo ocurrido. Y, a través del decreto 851/21, aprobó el concurso interno que oficializó el nombramiento de Micas.

Justamente dicho decreto es el que ahora buscan derogar los 7 trabajadores municipales que firmaron la demanda contra la Municipalidad, representados por la abogada Telma Jara y con el STM a cargo de las costas. Asimismo, solicitan “el restablecimiento y reconocimiento” del derecho a participar en un “nuevo concurso” con las debidas condiciones legales de “transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público”, de acuerdo a los lineamientos de la Constitución Nacional y el Estatuto para los Trabajadores Municipales de la Provincia. 

Según el expediente al que tuvo acceso a este medio, los demandantes esgrimen que la expectativa de igualdad de oportunidades que había en la previa “no se cumplió” y tampoco se fijaron “criterios objetivos de evaluación del Plan de Trabajo” de cada concursante.

Asimismo, destacan como vicio “la falta de ponderación de la antigüedad y antecedentes académicos y profesionales de los suscriptos”, elemento relevante para el discernimiento del cargo y del cual, sostienen, Micas carecería. Ahora bien, un punto crucial, tal como se mencionó y según se advierte en el expediente, fue el descubrimiento de la amistad “íntima” entre Ortea, integrante del jurado, y Micas. Un vínculo que se hizo “explícito” a través de publicaciones en las “redes sociales”, que trasciende al ámbito laboral.

A raíz de ello, los presuntos damnificados remarcan que Ortea debió haberse excusado de seguir formando parte del procedimiento concursal. Y que “el concurso de oposición y antecedentes para cubrir cargos públicos, como todo procedimiento administrativo, debe ajustarse a la ley y asegurar la garantía de defensa de los derechos e intereses legítimos de los involucrados en el mismo”.

“Se va a intentar establecer que el jurado y el ganador tienen una amistad que benefició a este último. Ahora todos los concursos en la Municipalidad no prosperan por lo ‘pornográfico’ que fue este”, sentenció uno de los trabajadores municipales que impulsa la causa.