Luego de dos prórrogas otorgadas, el gobierno de Guillermo Montenegro presentó el Presupuesto 2022 como así también las ordenanzas Fiscal, Impositiva y Complementaria, abriendo el proceso que tendría que encarar la nueva composición del Concejo Deliberante que aguarda por la definición en la composición de sus comisiones para comenzar con el trabajo legislativo.
El número global del presupuesto proyectado para la Administración Central y los cuatro entes descentralizados se plantea como el principal aspecto a observar. No solo por su peso específico sino también por su vinculación con la pauta inflacionaria, tras un 2021 donde se evidenció un fuerte ajuste a razón de su disminución real: los $21,9 mil millones del Presupuesto 2021 significaron un incremento anual del 23,8%, cuando la inflación interanual se ubicó a más del doble, en torno al 51,2%, según informó el INDEC.
El aumento de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) es otro de los aspectos sensibles del proyecto del Ejecutivo. Un factor de la economía y otro de la política influyen fuertemente en el debate: en cuanto al primero, el retraso tarifario que significó el incremento promedio del 27% en 2021 respecto a la inflación del 51%; respecto al segundo, el gobierno recién en mayo, cuando se cambie la composición de los Mayores Contribuyentes, contará con una mayoría para poder aprobar el aumento de tasas, siempre y cuando no tenga el apoyo del sector más duro de la oposición, el Frente de Todos y Crear Juntos.
