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El Concejo retoma el debate por la Emergencia Alimentaria
El proyecto busca reforzar las partidas destinadas a comedores y merenderos de los barrios populares. Lo tratarán hoy en la comisión de Salud.
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Hoy, a las 10, la comisión de Salud retomará el debate sobre el proyecto de ordenanza para declarar, por el término de 12 meses, la Emergencia Alimentaria en el Partido de General Pueyrredon.
En la iniciativa, impulsada por el Frente de Todos, se esgrime que el Poder Ejecutivo prorrogó hasta diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional, la cual plantea “como política de Estado garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada”.
En el plano local, el bloque opositor sostiene que hay unos 41.471 alumnos que forman parte del Servicio Alimentario Escolar y que entre abril de 2020 y febrero de 2021 la provincia de buenos aires entregó 90.9734 módulos alimentarios, lo que implica una inversión de $724.934.061,88. En esa línea, de acuerdo a los datos del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) hay un “69,3% de pobreza infantil” en la Comuna, “la cuarta región del país con mayor índice”.
Asimismo, el Municipio cuenta con 369 centros comunitarios activos, con un total de 41.285 viandas semanales y 2.912 voluntarios y voluntarios. Mientras que hay más de 30 Comités Barriales de Emergencia (CBE), distribuidos en 81 barrios de la ciudad. “Dar respuesta a la problemática del hambre requiere un enfoque integral, en tanto la soberanía/seguridad alimentaria está asociada al bienestar social”, apuntan desde el Frente de Todos en el proyecto.
Con este escenario, a partir de la declaración de la Emergencia Alimentaria, el proyecto exige ampliar los programas municipales de atención alimentaria; actualizar el monto de las tarjetas alimentarias a nivel local; reforzar el envío de alimentos secos y leche a partir de gestiones con Nación y Provincia; y actualizar el Registro Único de Comedores y Merenderos, entre otros ejes.
El último tratamiento del expediente fue en julio del año pasado. En aquel entonces, el Legislativo pidió informes a Desarrollo Social y Hacienda para saber, en primer lugar, “en qué estado” se encuentran las entregas de víveres y, en segundo lugar, la situación presupuestaria de la Comuna para hacer frente a esta demanda.