El control del jurado del concurso para ocupar el cargo de Director de Personal desató la vía judicial entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). Tal como informó La Tecla, todo comenzó el 27 de diciembre de 2021, cuando a través del Decreto 2292/21 Montenegro llamó a concurso para cubrir el cargo que depende de la Dirección General de Personal de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa de la Secretaría de Gobierno; luego que en 2020 se jubilara la anterior directora, Silvia Ferri. De acuerdo al Decreto N°1843/17 que modificó el Régimen General de Concursos, los miembros de un jurado son propuestos por la dependencia que solicita la realización del concurso. Como mínimo, un integrante deberá pertenecer al área y/o secretaría a la cual pertenezca el cargo. Ante este escenario y como se sospechaba, el STM elevó este lunes una demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon en el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 con la finalidad de anular el decreto N° 2292/21 y el 260/2022. Y, de esa manera, que el lugar de Martinelli en el jurado lo ocupe un empleado de planta permanente. En la presentación a la cual tuvo acceso La Tecla Mar del Plata, la abogada del sindicato,Telma Jara, plantea que los decretos mencionados del Ejecutivo violan el Régimen General de Concursos. Según la apoderada, la normativa establece que “podrán ser miembros del jurado aquellos agentes municipales que revistan en una categoría superior o igual al cargo a concursar, pertenezcan a la planta permanente de la Municipalidad, y acrediten especialidad o experiencia en la especialidad del cargo a cubrir”. “Tampoco tiene valor alguno – a nuestro juicio – que para justificar el acto ilegítimo se manifieste la “intención” del D.E. de modificar en el futuro el Régimen General de Concursos, pues- hasta tanto no lo reforme y publique dicha reforma en legal forma- debe ajustarse al Reglamento General de Concursos sobre cuya base jurídico legal efectuó el llamado (Dec. 1843/17)”, agrega la abogada. Por último, la apoderada remarca que, con la decisión del Ejecutivo “se está habilitando ilegítimamente a un funcionario jerárquico, de carácter político, a integrar un Jurado para un concurso de un cargo de planta permanente, quitando o inhabilitando la posibilidad de que otro funcionario municipal, de planta permanente, integre el susodicho Jurado”. |