La Tecla Mar del Plata
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El concejal oficialista Agustín Neme (Vamos Juntos) elevó un proyecto de resolución en el que hace público su “rechazo y preocupación” respecto del anuncio del gobierno de avanzar en un “pacto para el buen uso de las redes sociales”.
La iniciativa que impulsa la administración de Alberto Fernández fue presentada ayer por Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, durante un encuentro del Consejo Económico y Social. Según aseguró el funcionario, se trabajará en un estudio “pionero” junto a 40 universidades para que las redes sociales “dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia" y se focalicen en el “bien común”.
El programa apunta a analizar el fenómeno de las redes sociales y la sobreinformación, para lo cual se organizarán una serie de foros a lo largo y ancho del país.
En el oficialismo local, la repercusión llegó de inmediato. “Las prácticas en contra de la libertad de expresión y libertad de prensa en nuestro país durante los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández distan de integrarse en dicha iniciativa que tiene como objetivo principal ‘fomentar marcos jurídicos nacionales e internacionales que promuevan el ejercicio de la libertad de opinión y expresión y el acceso a una información fiable’, sino al contrario”, sostuvo Neme.
En esa línea, el edil citó dos ejemplos de este tipo de prácticas contra la libertad de expresión, como el “Proyecto NODIO”, observatorio bajo la órbita de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el que se pretende “monitorear y controlar la circulación de la información, las ideas y las opiniones en medios y plataformas digitales, en claro detrimento de la libertad de opinión y de expresión, derechos humanos reconocidos constitucionalmente”.
Neme también mencionó el “mal manejo de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la cual desde la renuncia de su primer director, Eduardo Bertoni, vio su función disminuida llegando al punto en que la nueva directora, prorrogó los plazos administrativos vulnerando el derecho de los ciudadanos a obtener información del Poder Ejecutivo en tiempo y forma según lo establece la Ley 27.275”.
Por último, esgrimió que la libertad de expresión “es un derecho humano consagrado en nuestro acervo normativo” y que la Constitución Nacional, en los artículos 14 y 32, “claramente afirma que el Estado no puede intervenir sobre la libertad de prensa”.