El HCD transformará en ordenanza el cambio en el COT para la instalación de un country en el sur

El Concejo Deliberante tendrá una nueva sesión mañana, ocasión en la que se sancionarán ordenanzas claves.

El tema que genera mayor polémica será el proyecto que establece modificaciones en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) para construir un country en ruta 11, a la altura de calle 515, donde comienza el primer gran espacio verde saliendo de Mar del Plata en dirección a Miramar.

Tras quedar en stand by durante casi tres meses, la comisión de Legislación le dio el dictamen clave esta semana a la propuesta que impulsan las firmas Samarde SRL y Marplanauteados SRL, conducidas por los hermanos Santiago y Fernando “El Rata” Aguerre. Si bien el cambio en la zonificación urbana del predio de 100 hectáreas donde se pretende emplazar el barrio privado “Big Sur” será aprobado por el HCD, en el futuro emergen varios interrogantes ante el avance de la iniciativa privada.

Fernando Aguerre

Uno de los ejes centrales es la falta de compensaciones urbanísticas a favor del municipio. Durante el último debate, desde el oficialismo aseguraron que los privados asumieron un “compromiso” con los vecinos. Y que se sigue “trabajando” en torno a las dudas desatadas por los estudios de prefactibilidad de servicios: cuestiones que se deberán zanjar a medida que avance el proyecto inmobiliario, pero que hoy no están reflejadas en el expediente que, casi con seguridad, se aprobará el jueves de esta semana.

En el largo plazo, una vez más, asoma la responsabilidad de la política local de avanzar en una reforma integral del COT. Las excepciones al ordenamiento territorial se hicieron costumbre, mientras el último gran cambio en la normativa fue hace más de 20 años.

Construcción

El expediente de mayor impacto en lo económico en la sesión será la continuidad de los incentivos a la construcción. Tal como informó La Tecla, la propuesta se sostiene en dos proyectos de ordenanza.

 Entre sus ejes centrales apuntan a establecer un régimen promocional a aquellos proyectos privados que emergieron durante el período comprendido entre abril de 2019 y abril de 2020 para “incentivar en capacidad edilicia y altura a los emprendimientos ya presentados, cuya inversión se vio alterada por el contexto socioeconómico generado en nuestro país con motivo de la pandemia COVID-19”, según lo planteado en la iniciativa.

También se propone la continuidad de los incrementos promocionales, de carácter transitorio, para los distritos de Residenciales y Centrales de alta y media densidad (R1,R2, R2e, R3, R4, R4e, C1, C1a, C1e, C2, C3, E1, E2) contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial (COT). Las principales arterias abarcadas aquí se extienden por las calles lindantes a la zona comercial de Güemes, las avenidas Colón e Independencia, la costa y la zona que circunda la Estación Ferroautomotora, entre otras regiones.

Esta serie de incentivos habilita a que se pueda construir hasta un piso más del permitido por el COT en los distritos mencionados. De esta manera habrá “condiciones de habitabilidad más favorables”, sin generar “medianeras expuestas que afecten el paisaje urbano de las áreas centrales”.

Por otro lado, se plantea la continuidad del incentivo a la creación de espacio público sobre suelo privado, agregándose el distrito de media densidad R4 al considerar que, luego del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), se advirtió la falta de espacio público de calidad. Esta situación se observa al tratarse de una región con gran caudal poblacional y concentración comercial. Según el gobierno, esto ayudaría al “distanciamiento social” ante el avance de las actividades económicas, recreativas y de esparcimiento.

Por último, se dispone la obligación de presentar informes técnicos, planos de detalles constructivos y toda otra documentación que acredite el adecuado resultado de su ejecución y funcionamiento de las medidas para la mitigación del impacto ambiental. Como así también la aplicación de “buenas prácticas” orientadas en el mismo sentido.

Violencia de Género

Otro expediente de relevancia será la prórroga por un año de la Emergencia en Violencia de Género. Sancionada por primera vez en 2016, la ordenanza fue prorrogada todos los años y se encuentra vencida desde octubre del año pasado. A grandes rasgos, dispone la creación de un observatorio para “elaborar diagnósticos, recabar información, publicar informes, realizar estadísticas en base a la información recopilada y monitorear las políticas públicas” ligadas a la materia. El organismo deberá emitir un informe de evaluación respecto de las políticas públicas desplegadas en el territorio de General Pueyrredon en base al cual el gobierno “evaluará la solicitud de prórroga por igual término”. 

En el proyecto se prevén asignaciones económicas a víctimas de la violencia contra la mujer y el colectivo LGTB; otorgamiento de cupos de viviendas para quienes sean damnificadas; construcción de refugios y hogares de tránsito para la contención; fortalecer programas de asistencia y prevención para víctimas de violencia de género; ampliación de recursos para la Comisaría de la Mujer;  y avanzar en iniciativas de formación para la inclusión laboral a partir de las desigualdades de género.

A estos ejes se incorporaron una serie de modificaciones. Entre las más importantes, se destaca el aumento de las asignaciones temporales que reciben personas en situación de violencia de género. La intención es que el monto de las mismas “deberá aumentarse, como mínimo, al 65% del haber mínimo jubilatorio nominal determinado por la ANSES al momento de realizarse el pago.

Asimismo, el proyecto de ordenanza pide el cumplimiento de lo establecido en la ordenanza N°25.702 “a fin de que el número final de viviendas destinadas a quienes se encuentren transitando situaciones de violencia de género aumente”. Y “arbitrar los medios necesarios” para garantizar otro tipo de alojamiento en caso de que el Hogar Galé o la Casa de Medio Camino, establecimientos destinados a personas víctimas de violencia de género, estén completos en su capacidad.

También se plantea la incorporación de protocolos de actuación en las dependencias municipales a los efectos de mejorar la atención de quienes están en situación de violencia. Y la gestión de recursos ante Provincia para “una atención con perspectiva de género” por parte del personal policial. Y, por último, se solicita garantizar el cupo laboral trans y el otorgamiento de dispositivos tecnológicos de alerta.