Auditorías de planes sociales: sin lineamientos para la 5ta Sección
El gobierno anunció el encargo de controles sobre los distintos programas a tráves de Municipios y Universidades. Sin embargo la medida tiene "tufillo a Conurbano": General Pueyrredón, uno de los distritos más grandes, no recibió instrucciones a la fecha. Organizaciones acamparán hasta el jueves frente al Palacio.
El Gobierno nacional ratificó su intención de avanzar con las auditorías a los programas sociales en el medio de la disputa política con las organizaciones piqueteras. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, tendrá reuniones con intendentes, aunque de momento, solo del Conourbano bonaerense, más específicamente, de la Primer y Tercera Sección Electoral.
Según pudo saber La Tecla, los Municipios de la 5ta Sección no habrían recibido instrucciones a la fecha. En el distrito existen numerosas organizaciones sociales pertenecientes tanto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como de la Unidad Piquetera (UP).
Aunque de forma separada, ambos espacios han realizado medidas de fuerza con principal foco en el Palacio Municipal, Desarrollo Social y Tribunales, incluyendo cortes de la ruta 88 y sobre la Avenida Feliz U. Camet, arteria principal de la costa.
En general, las movilizaciones son eco de discusiones a nivel nacional, puesto que la asignación de programas y planes, corre por cuenta del Ministerio y su secretaría. Algo similar ocurre con los reclamos frente a Tribunales, dónde exigen el archivamiento de causas y el cese de la "persecusión". Dicho elementos no han revestido hechos -a la fecha- en la ciudad sino en otras partes del país.
El pase de manos del control a manos del Municipio en conjunto con universidades (se presume que la encargada sería la UNMdP) supone un desafío a nivel local. Desde el mediodía del miércoles hasta la tarde del jueves, las distintas organizaciones acamparan frente al Palacio Municipal con el pedido de un bono de 20.000, la reapertura del Potenciar Trabajo (el gobierno anunció que no habría nuevos cupos) y contra al criminalización de la protesta.