4 de octubre de 2026
ALERTA JURÍDICA
La gestión del IOMA abre un severo choque institucional por los amparos judiciales
Una controversia normativa iniciada por el directorio provincial busca revisar retroactivamente autorizaciones otorgadas y frenar cautelares dictadas por la Justicia en discapacidad y salud mental. El intento de contener el gasto mediante resoluciones administrativas reaviva la crisis prestacional en Mar del Plata e incrementa los planteos por la vulneración de derechos básicos de los afiliados.
La búsqueda del gobierno provincial por cerrar el déficit del IOMA mediante resoluciones de escritorio provocó un cortocircuito directo con las garantías legales de los afiliados. A la falta de insumos médicos de alta complejidad, la parálisis de cirugías y la pérdida de convenios con los sanatorios privados en General Pueyrredon, se suma ahora un conflicto legal de fondo: la pretensión de la conducción del organismo de limitar de manera retroactiva las coberturas otorgadas y restringir el cumplimiento de mandatos judiciales resueltos en favor de los beneficiarios.
El núcleo de la polémica radica en el dictado de la Resolución 2047 por parte de la cúpula que encabeza Homero Giles. El documento oficial justifica la intervención administrativa en un presunto aumento desmedido de los aranceles pretendidos por las clínicas e instituciones privadas por encima de los valores fijados por el nomenclador provincial. Bajo esa premisa, el texto faculta a las distintas dependencias del ente estatal a modificar, anular o suspender autorizaciones previamente consolidadas en áreas de extrema sensibilidad como Discapacidad, Salud Mental y Asistencia Especializada, extendiendo el criterio de revisión sobre aquellas prestaciones cuyo origen surge de requerimientos judiciales.
El impacto de esta disposición genera un severo foco de conflicto en General Pueyrredon, donde la vía judicial mediante amparos se ha transformado en la principal herramienta de contención para miles de trabajadores y jubilados ante la inoperatividad de los canales habituales de la obra social. La pretensión de revisar por vía ejecutiva actos administrativos regulares y fallos que cuentan con la protección constitucional del debido proceso expone a la administración provincial a sólidos cuestionamientos por el incumplimiento de la estabilidad jurídica y el desacato a las decisiones de los tribunales de justicia.
En este marco de creciente judicialización, los reclamos institucionales, como el de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, elevados hacia La Plata para exigir precisiones sobre el alcance presupuestario y prestacional de la medida vuelven a poner de manifiesto la distancia existente entre los planes de contención del gasto del gobierno bonaerense y la realidad sanitaria de la ciudad. Mientras las autoridades atribuyen las restricciones al desfasaje de los costos médicos globales y a la crisis presupuestaria nacional, en Mar del Plata el endurecimiento de los controles administrativos amenaza con profundizar el vaciamiento de la red de prestadores locales y agravar la vulnerabilidad de los pacientes que dependen de la cobertura estatal.